lunes, 22 de julio de 2013

Acuerdo con Chevron: una cuña en la relación con Ecuador?

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En el plano internacional, el reciente acuerdo del gobierno argentino con Chevrón requirió dar marcha atrás con el apoyo a la condena que la empresa recibió en Ecuador.

Mientras Cristina Fernandez pronunciaba su enérgico discurso en la Asamblea anual de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre pasado, el recién ascendido a director de YPF Miguel Galuccio se encontraba en Londres, negociando parte del acuerdo que permitió el desembarco de Chevrón en Argentina.
El anuncio de acuerdo se hizo público recién en diciembre y, siete meses después, el gobierno argentino firmó el decreto que permite la inversión de la multinacional en el país. Durante todo este periodo, los encuentros fueron periódicos y las acciones que diplomáticos, ingenieros y funcionarios implementaron para lograr el acuerdo fueron varias. Una sobre todas viaja contra la corriente de la política diplomática que la Argentina ha llevado adelante en los últimos años.
Sobre Chevrón pesaba un embargo a sus capitales en Argentina, unos 2.000 millones de dólares, como consecuencia de la condena recibida en Ecuador por el desastre ambiental causado por la empresa. Fue el mismo Galuccio quien solicitó a la Corte Suprema que se diera marcha atrás con el embargo sobre activos y cuentas bancarias de Chevron, medida que se hizo efectiva en junio pasado.
Pero la historia de ese fallo es larga y compleja. Sus consecuencias en el plano internacional son aún inciertas, aunque el “caso Chevrón” llevó a muchos diplomáticos latinoamericanos a esbozar nuevas propuestas de reforma de los organismos judiciales internacionales, y hasta la creación de mecanismos multinacionales regionales para evitar ciertos “vicios” que premian las grandes transnacionales y condenan, en muchos casos, a los Estados.
El “juicio del siglo”, como lo ha definido la prensa ecuatoriana, fue iniciado por los habitantes de las zonas afectadas por el derrame de 17 millones de galones de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Cinco nacionalidades indígenas, ochenta comunidades y más de 30.000 personas se presentaron como demandantes, reclamando que Chevrón limpiara las 450.000 hectáreas que dejó contaminadas luego de su salida del país en 1992.
La empresa siempre negó las acusaciones, y pidió que el juicio se realizara en Estados Unidos donde se encuentra su casa matriz. Sin embargo, la corte norteamericana obligó a Chevrón a someterse ante la justicia ecuatoriana, que comenzó el procedimiento en Lago Agrio en 2003.
El costo de la reparación del daño ambiental causado rondaba los 6.000 millones de dólares. Sin embargo, la condena dictada en febrero de 2011 incluyó una multa de 8.600 millones de dólares, que la corte ecuatoriana subió a más del doble porque Chevron no pidió disculpas públicas. En julio de 2012 la multa que debía pagar al Estado ecuatoriano ascendió a 19.000 millones de dólares, contando los distintos fallos adversos. La empresa declaró que se rehusaría a pagar y decidió recurrir a la Corte Federal de Apelaciones de Nueva York y a un tribunal arbitral internacional constituido en La Haya bajo reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Chevrón sostiene que el gobierno ecuatoriano faltó a su obligación de indemnizar a la compañía por cualquier pérdida producto de una sentencia adversa, cláusula prevista por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TPPRI) que Ecuador firmó con los Estados Unidos en 1998.
“Una antología del coloniaje y el entreguismo”, lo definió recientemente el presidente Rafael Correa. Quien al mismo tiempo recordó a la multinacional que sus operaciones en el país terminaron en 1992, con lo cual no estaban bajo la órbita de un tratado firmado seis años después. Sin embargo, la corte internacional de la Haya condenó al Ecuador a pagar una indemnización de 96 millones de dólares, decisión que fue apelada y que aún se encuentra en litigio.
La respuesta no se hizo esperar. El Presidente Subrogante de la Corte Provincial de Sucumbíos, Dr. Wilfrido Erazo, dispuso el embargo de 96.355.369,17 dólares más intereses contra Chevrón, la misma cifra que Ecuador debería pagar para indemnizar a la multinacional. La decisión del tribunal internacional llevó al gobierno ecuatoriano a esbozar la posibilidad de crear instancias regionales de resolución de conflictos, ya que las que actualmente existen estarían signadas por una evidente parcialidad a favor de los grandes capitales multinacionales, como demuestra la sentencia de La Haya.
La condena de 2011 alcanzó a los capitales y propiedades de la empresa en Brasil, Canadá y Argentina. El juez civil Adrián Elcuj Miranda resolvió dar paso al pedido de embargo avanzado por un magistrado de Quito en 2012, que fue luego levantado por la Corte Suprema de Justicia a días de conocerse el acuerdo de inversión en Vaca Muerta. “Chevron Argentina va a continuar trabajando intensamente en el país para ayudarlo en su objetivo (el del Gobierno nacional) de lograr la independencia energética”, sostuvo la empresa en un comunicado oficial al conocerse el fallo que liberaba los 2.000 millones de dólares que tenía embargados en el país.
Un paso atrás que ya se veía venir. Mientras en diciembre Correa pedía públicamente firmeza a la Argentina con respecto al embargo a Chevrón, la mandataria invitaba al vicepresidente de Chevron Corporation, Ali Moshiri, a vacacionar en sus propiedades en el Calafate. Un gesto que quizás pondrá en otra posición a la Argentina en vista de las medidas que se podrían implementar en la región luego de la resolución de la apelación presentada por Ecuador ante el fallo dictado en la Haya.

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