MAYOR PESO REGIONAL DEL BLOQUE QUE LIDERAN LA ARGENTINA Y BRASIL
Tanto la discusión sobre Paraguay como el caso
Assange mostraron la presencia del bloque sudamericano como factor de
poder en la única dimensión regional donde se sientan también los
Estados Unidos.
Por Martín Granovsky (Página/12)
Dos
palabrejas tan simples como “tomar nota” pueden ser una banalidad o un
síntoma. El miércoles último, durante un debate en la OEA sobre
Paraguay, esas palabras fueron un síntoma de que Unasur, con un papel
protagónico de la Argentina y Brasil, pasó a ser un bloque político en
acción. No toleró que la actual situación paraguaya fuera presentada
como “normal”. El bloque se mantuvo activo y sólo dos días después, el
viernes, logró una declaración de consenso a favor de Ecuador por el
caso Assange.
Todo comenzó cuando se realizó una sesión extraordinaria sobre
Paraguay en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos. El chileno José Miguel Insulza, secretario general, dijo que
en Paraguay observa “una situación que desde el punto de vista político
es de plena normalidad” y que, por eso, “existen buenas condiciones
para iniciar un diálogo político sobre la posibilidad de superar esta
fuerte división que ha provocado la destitución del presidente Fernando
Lugo”. Uno de los datos del informe de Insulza era que Lugo no había
sufrido restricciones a su libertad personal.
Después de tres horas de debate sobre Paraguay y tras constatar el
desacuerdo, Insulza pidió “tomar nota” de lo que habían dicho los
delegados de cada país.
Pablo Bustamante, en representación de la Argentina, dijo que se
oponía a la idea de Insulza y que, en cambio, sólo quedaran reflejadas
las intervenciones en el acta de sesiones.
“Tomar nota significa reflejar en acta”, replicó Insulza. “No pretendí que se dé un acuerdo, sino simplemente que se tome nota.”
Roy Chaderton Matos, embajador de Venezuela, apoyó al argentino. “Tomar nota es una decisión”, dijo.
José Hernández García, de México, pidió apoyar a Insulza y su
iniciativa de enviar una misión preelectoral que facilitara el diálogo
político.
“Una misión de la OEA sería la acción apropiada para fortalecer el
diálogo en el país”, dijo la representante norteamericana, Carmen
Lomellín.
En cambio, el delegado de Brasil cuestionó el informe preliminar de Insulza.
Uruguay hizo lo mismo: recordó que en Paraguay, para la Unión
Suramericana de Naciones, se produjo una ruptura del orden
constitucional.
Perú siguió igual posición. También Ecuador.
Tras las expresiones “tomar nota” y “normalidad” se esconde el fondo
del debate americano, que refleja la existencia de dos posiciones
encontradas.
Por un lado la postura de Unasur, que quiere dejar registrada su
conclusión sobre que la destitución de Lugo fue una interrupción del
orden constitucional. El bloque llegó a esa interpretación luego de
cuestionar, por ejemplo, que el presidente no tuvo derecho a defensa y
que todo el proceso de juicio político insumió menos de 48 horas. El de
Fernando Collor de Mello en Brasil superó los seis meses.
Por otro lado está la posición paraguaya, que funciona en sintonía
con Washington y con algunos de los mejores amigos de los Estados Unidos
en el continente. Es el caso de México, que además, desde que gobiernan
los conservadores del PAN, suele diferenciarse de los sudamericanos. En
todo momento, desde la destitución relámpago de Lugo, el gobierno de
Federico Franco intentó demostrar que en Paraguay reina la calma. En
parte se apoyó en la falta de resistencia popular ante el desplazamiento
de Lugo. Tanto Lugo como Franco evitaron los choques directos en la
calle. El nuevo gobierno parece concentrado, más bien, en aprovechar los
meses que faltan hasta las elecciones de abril para consolidar el
proceso de desplazamiento de pequeños agricultores en beneficio de
plantaciones de soja cada vez más extensas. Los partidarios de Lugo,
entretanto, construyen una alternativa política en la que el ex
presidente puede acompañar a un candidato presidencial desde una
postulación para el Senado. Rota la alianza con el sector liberal de
Franco, que había sido electo vicepresidente en la fórmula de Lugo, las
fuerzas de éste no se las ven fáciles para remontar la cuesta y ganar un
apoyo popular que las instale otra vez en el gobierno.
Hay dos hechos consumados. Un hecho es la propia destitución de
Lugo, que como se sabe no tuvo vuelta atrás. El otro hecho es que habrá
elecciones en abril. Era la fecha original de recambio de autoridades en
Asunción y no se produjo modificación alguna.
Ante los dos hechos consumados, tanto para Unasur como para el
bloque de países más próximo a Washington la discusión sobre las formas
de tratar el caso paraguayo se parece a una disputa para dirimir qué
precedente queda establecido en los distintos niveles regionales: del
Mercosur, de Sudamérica, de América latina y de América entera. La
última dimensión es la que, a falta de otros organismos, se tramita de
manera multilateral en la OEA.
La cuestión paraguaya tiene otro trasfondo continental: Venezuela.
Durante seis años, después de un acuerdo de los presidentes de Mercosur
para la incorporación de Venezuela como miembro pleno, la bolilla negra
la puso de hecho el Senado paraguayo, que no trató la ratificación del
miembro que se sumaría al bloque integrado desde 1991 por la Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
La suspensión temporaria de Paraguay en sus derechos en el Mercosur
estuvo acompañada de la incorporación de Venezuela, el 31 de julio
último.
En la semana que pasó, el Senado paraguayo votó lo que José Dirceu,
el ex ministro y mano derecha de Lula, calificó en su blog de “chiste de
la semana”. Se trata del rechazo a la entrada de Venezuela al Mercosur.
Pero Dirceu reparó en que no todo es chiste. El texto que niega la
ratificación habla de impedir la entrada del gobierno de Hugo Chávez por
su presunto carácter “dictatorial y autoritario”. En el futuro, debería
entenderse, si cambia el gobierno de Venezuela, el Senado paraguayo
podría revisar su actitud.
Assange
La discusión sobre Paraguay antecedió a la polémica en la OEA sobre
qué hacer con Julian Assange, aunque en el organismo interamericano el
punto se planteó de otro modo. Ecuador y los países de Unasur hicieron
hincapié en el costado amenazante de la declaración original británica
de la que podía inferirse, por una referencia a una ley de 1987, que el
Reino Unido podía violar el territorio de la embajada de Ecuador donde
está asilado el creador de Wikileaks.
Al principio, los Estados Unidos, Canadá y Honduras se mostraron
reticentes a tratar el caso Assange, pendiente de asilo territorial
absoluto, y no sólo asilo diplomático como hasta ahora, a favor de
Ecuador. Con el correr de los días, la presión de las naciones de Unasur
creció y, tal como informó ayer este diario, al final hubo una
resolución de consenso. Si bien la OEA omitió un nombre propio, el del
Reino Unido aludió al tema al expresar su solidaridad con Ecuador ante
la chance de que fuese violada su representación diplomática. Y para que
no quedasen dudas, exhortó a Londres y Quito a entablar un diálogo
sobre la cuestión.
En la OEA una resolución por consenso significa un texto aprobado
también por Washington. En este mundo, cuando hay bloques de por medio,
hasta las grandes potencias terminan negociando.