Trump y la democracia en jaque
Las elecciones de medio término del 3 de noviembre serán las menos democráticas en décadas. Plutocracia, mapas a medida, cheques condicionados al resultado y un ICE convertido en fuerza de ocupación interna: así se vacía una elección sin necesidad de suspenderla.
El 3 de noviembre, cuando los estadounidenses renueven la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de gobernadores y otras autoridades, la escena será en apariencia la de siempre: filas frente a los centros de votación, conteos, discursos de victoria y de derrota. Todo sugiere que el oficialismo republicano puede sufrir un revés electoral. Pero la pregunta relevante no solo cómo será el resultado de las elecciones, sino en qué condiciones se celebrarán. Nuestra hipótesis es que serán las menos democráticas de las últimas décadas. No por una ruptura abierta del orden constitucional, sino por la convergencia de procesos que sesgan estructuralmente el campo de juego: una plutocracia habilitada por la desregulación del financiamiento político; la compra lisa y llana de voluntades con recursos públicos; la ingeniería para modificar las circunscripciones electorales y controlar los padrones; la militarización de la agencia migratoria y la degradación de las defensas contra la desinformación, en un ecosistema digital controlado por los mismos tecnomagnates que financian las campañas.
No es un diagnóstico aislado. En septiembre, el informe anual de IDEA Internacional ubicó la calidad democrática estadounidense en su nivel más bajo en décadas: casi la mitad de los indicadores que releva registran su peor valor desde 1975. Desde otra tradición, Carolin Amlinger y Oliver Nachtwey recuperaron en estas páginas una intuición de Bertolt Brecht de 1942: el fascismo en Estados Unidos sería «democrático a la manera estadounidense». Más allá de la discusión sobre si corresponde hablar de fascismo, la fórmula captura algo esencial: el trumpismo no necesita abolir las elecciones para vaciarlas.
En una nota reciente señalamos la paradoja que define el segundo mandato de Trump: nunca un presidente estadounidense concentró tanto poder interno gobernando un país tan debilitado en términos relativos, a pesar de lo que presuma constantemente el actual inquilino de la Casa Blanca. Aquí nos ocupamos de la otra cara de esa paradoja: cómo esa concentración de poder puertas adentro erosiona las condiciones mínimas de la competencia electoral. En otras palabras, como se está acentuando y agravando el proceso de desdemocratización en Estados Unidos, que avanza hacia tendencias cada vez más neoliberales en lo económico e iliberales en lo político.
Una plutocracia sin diques
El punto de partida es jurídico. El fallo Citizens United de la Corte Suprema (2010) y la decisión SpeechNow.org de ese mismo año habilitaron los super PAC, vehículos que pueden recaudar y gastar sumas ilimitadas siempre que no coordinen formalmente con los candidatos. Hace años advertíamos que en Estados Unidos vota menos de la mitad del padrón para elegir un gobierno que incide en todo el mundo. Hoy habría que agregar que quienes financian a los candidatos son cada vez menos y cada vez más ricos.
Según Public Citizen, las corporaciones declararon 517 millones de dólares de gasto en estas elecciones en apenas quince meses, superando el récord de 461 millones de todo el ciclo presidencial de 2024. Más de la mitad provino de cuatro sectores: criptomonedas, inteligencia artificial, grandes tecnológicas y apuestas en línea. La consultora AdImpact proyecta 11.600 millones de dólares en publicidad política para esta elección legislativa que, sin candidatura presidencial en juego, será la más cara de la historia.
Los nombres propios importan. Fairshake, el super PAC de la industria cripto, comenzó el año con 193 millones de dólares aportados casi íntegramente por Coinbase, Ripple y el fondo Andreessen Horowitz. Leading the Future, el de la inteligencia artificial, reunió unos 140 millones, con aportes del presidente de OpenAI, Greg Brockman, y del propio Andreessen Horowitz. Según The New York Times, Marc Andreessen y Ben Horowitz donaron en este ciclo 115 millones, incluidos 12 millones al super PAC del presidente. En una sola primaria demócrata en Nueva York, grupos vinculados a OpenAI y a Anthropic, enfrentados por la regulación de la IA, gastaron más de 23 millones en un mes. El antecedente inmediato es Elon Musk, que en 2024 volcó unos 270 millones a la campaña de Trump antes de desembarcar en su gobierno.
Como mostró Vladimir Bortun en Jacobin, el trumpismo expresa un nuevo bloque de poder articulado en torno al complejo tecnológico-militar, el capital cripto y el extractivismo. Ese bloque no invierte en ideas sino en regulación: compra legisladores que legislarán sobre su propio negocio. Y lo hace de manera transversal, interviniendo tanto en primarias republicanas como demócratas, de modo que el abanico de opciones se estrecha antes de que el votante llegue a la urna. Como sintetizó Matt McManus, el capitalismo realmente existente subvierte la democracia que los gobiernos occidentales dicen defender.
Cheques con nombre propio
A la plutocracia privada se suma la novedad del uso del erario público como herramienta de campaña. El sábado 3 de octubre, en un video publicado en Truth Social, Trump reiteró su promesa de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos conservan la Cámara y el Senado. La había lanzado en septiembre, en la convención republicana de medio término en Dallas, bautizándola «dividendo Trump». En el nuevo mensaje planteó la alternativa en términos extorsivos: si ganan los demócratas, habrá depresión económica; si ganan los republicanos, cada votante tendrá 5.000 dólares en el bolsillo. No hay proyecto de ley, ni reglas de elegibilidad, ni fuente de financiamiento. Según Axios, el pago costaría unos 1,2 billones de dólares, más del 15% del gasto federal anual. No tiene cómo materializarse.
La promesa no es un hecho aislado. En los mismos días, Trump anunció cheques de reembolso para más de 20 millones de jubilados de Medicare. Y el miércoles 7 de octubre, a menos de un mes de los comicios, anunció que el gobierno abrirá automáticamente «cuentas Trump» a nombre de unos 70 millones de niños y adolescentes. Creadas por la ley fiscal de 2025 y lanzadas el 4 de julio, en el 250º aniversario de la independencia, estas cuentas de inversión en acciones incluyen un depósito federal de 1.000 dólares para los nacidos entre 2025 y 2028. Con la inscripción automática dispuesta por el Tesoro, millones de familias recibirán, en plena campaña, una cuenta bancaria con el apellido del presidente.
Condicionar un pago masivo al resultado electoral y personalizar los programas estatales con el nombre del jefe de gobierno, en forma tan descarada, es la transformación de recursos públicos en ventaja electoral del oficialismo.
Elegir a los votantes
Un principio básico de toda democracia representativa es que los votantes eligen a sus representantes, y no al revés. En 2025-2026 Estados Unidos invirtió esa lógica a una escala inédita. En el verano de 2025, Trump le pidió a los republicanos de Texas que redibujaran el mapa para obtener cinco bancas adicionales. Missouri, Carolina del Norte, Ohio y Florida siguieron el camino; California respondió con un contramapa aprobado por referéndum. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, diez estados modificaron sus distritos desde mediados de 2025, un ritmo de redistritación a mitad de década que no se veía desde el siglo XIX. Hasta entonces, solo dos estados lo habían hecho voluntariamente desde 1970.
La Corte Suprema completó la operación. El 29 de abril, en Louisiana v. Callais, una mayoría de seis votos contra tres restringió drásticamente el Artículo 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965, la principal herramienta para impugnar mapas que diluyen el voto de las minorías. El fallo admitió que los objetivos partidarios pueden justificar un mapa aun cuando perjudique a votantes negros o latinos. Como se señaló en Jacobin, el tribunal que desmanteló esa conquista del movimiento por los derechos civiles es un órgano no electo, cuya mayoría fue designada por presidentes que habían llegado a la Casa Blanca sin ganar el voto popular.
A la manipulación del mapa se suma la del padrón. La SAVE Act exigiría acreditar la ciudadanía con pasaporte o partida de nacimiento para registrarse a votar. Como argumentó Ben Burgis, unos 21 millones de ciudadanos no tienen esa documentación a mano, mientras que un relevamiento de la propia Heritage Foundation encontró apenas un centenar de casos de extranjeros que votaron en más de cuatro décadas: el objetivo no es prevenir un fraude inexistente sino reducir la participación. A ello se agregan dos órdenes ejecutivas sobre elecciones, parcialmente frenadas por los tribunales, y la exigencia del Departamento de Justicia de acceder a los registros electorales de los estados. Un dato condensa el clima: Heather Honey, quien en marzo de 2025 había contado que la administración evaluaba declarar una «emergencia nacional» para quitarles a los estados el control de los comicios, es hoy la funcionaria de Seguridad Nacional a cargo de la «integridad electoral».
Conviene, igualmente, no personalizar. Como sostienen Elliot y Zach Lewis, el despotismo ejecutivo de Trump se apoya en rasgos antidemocráticos de larga data del Estado estadounidense —el Colegio Electoral, el Senado, una Corte vitalicia—. Trump no inventó esas herramientas: las radicalizó.
El imperio llega a las urnas
El mecanismo más inquietante es la militarización de la agencia migratoria. En 2025, el Congreso republicano otorgó al ICE 75.000 millones de dólares adicionales a su presupuesto anual de unos 10.000 millones, y en junio sumó otros 70.000 millones hasta 2028. Su despliegue en Minneapolis y Saint Paul a partir de diciembre, con unos cuatro mil agentes, dejó miles de detenciones y dos ciudadanos estadounidenses muertos, Renee Good y Alex Pretti, a quienes el gobierno intentó presentar como amenazas. Solo una resistencia masiva, que incluyó una huelga política metropolitana, forzó el repliegue federal.
Stelios Foteinopoulos lo resumió con precisión: el imperio llega a casa. Las herramientas de la intervención en el exterior se reutilizan dentro de las fronteras. La gramática del «narcoterrorismo» y del «enemigo interno» que justificó el bombardeo de Caracas y la captura de Maduro organiza hoy la acción del Estado sobre los barrios latinos de Estados Unidos. Como advirtieron Jennifer Adair, James Woodard y Margaret Power, la administración Trump comparte pocas condiciones con las dictaduras del Cono Sur, pero su retórica sobre el enemigo interno no es menos peligrosa. El Escudo de las Américas, no casualmente, va en esa dirección.
La proyección electoral de ese dispositivo está a la vista. Steve Bannon reclamó un ICE blindado que rodee las urnas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró que no podía garantizar la ausencia de agentes y luego que podrían presentarse ante «amenazas específicas». Durante las primarias ya hubo agentes en los estacionamientos de centros de votación en California y Texas. La NAACP, UnidosUS, LULAC y Common Cause, entre otras organizaciones, demandaron al gobierno para impedir cualquier despliegue armado.
La ambigüedad es el instrumento. No hace falta que el ICE se presente en cada escuela: basta con que la amenaza sea verosímil. Según una encuesta difundida a fines de septiembre, la presencia de agentes migratorios en los centros de votación reduciría la probabilidad de votar del 21% de los estadounidenses no blancos, frente al 10% de los blancos, y del 29% de los menores de treinta años. El efecto disuasivo opera exactamente sobre los sectores que más rechazan al gobierno. Y tiene un claro sesgo racial y demográfico.
La plaza pública, propiedad privada
La agencia federal creada para proteger los sistemas electorales, CISA, perdió más de un tercio de su personal desde 2025, suspendió la mayoría de sus programas electorales y cortó el financiamiento del centro que compartía información sobre amenazas con los estados. Su plan de seguridad para estos comicios se publicó a apenas cuarenta días de la votación. La justificación oficial es que esas tareas habrían servido para «censurar» a los conservadores en 2020, pero el efecto práctico es que las defensas contra la desinformación quedaron desmanteladas en el peor momento.
Ese momento está signado por la inteligencia artificial generativa. Un grupo de legisladores advirtió en agosto que los deepfakes de candidatos ya circulan como contenido de campaña corriente, mientras Meta reemplazó la verificación de datos por notas comunitarias. X, por su parte, es propiedad del mayor aportante de la campaña de Trump en 2024. El contraste con América Latina es elocuente: en Brasil, el Tribunal Superior Electoral prohibió los deepfakes y estableció la responsabilidad de las plataformas. En Estados Unidos ocurre lo contrario: el Estado se retira y deja la regulación del debate público en manos de las corporaciones.
Aquí se cierra el círculo. Los mismos actores que financian las campañas son dueños o socios de las infraestructuras donde se forma la opinión pública y, cada vez más, de los sistemas que median el acceso a la información. La plaza pública digital es propiedad privada de los megaaportantes.
¿Un autoritarismo competitivo plutocrático?
¿Cómo caracterizar este régimen? Steven Levitsky y Lucan Way acuñaron la noción de «autoritarismo competitivo» para designar sistemas en los que las elecciones son reales y la oposición puede ganar, pero el campo de juego está sesgado por el control del Estado. En el caso estadounidense, el sesgo proviene tanto del Estado como del capital. Por eso proponemos hablar de un autoritarismo competitivo plutocrático, en el que la manipulación institucional y la coerción estatal se combinan con una concentración inédita del poder económico y comunicacional.
Lo competitivo, en efecto, sigue en pie. Las encuestas más recientes muestran que los republicanos no solo están en riesgo de perder la Cámara de Representantes, sino también el Senado. El modelo de Nate Silver le asigna a los demócratas un 74% de probabilidades de controlar el Senado y un 93% de ganar la Cámara, y los muestra adelante en estados que Trump ganó por más de diez puntos en 2024, como Ohio, Texas, Alaska, Iowa y Kansas. En Ohio, Sherrod Brown aventaja al senador Jon Husted 49% a 43%; en Texas, James Talarico empata o supera a Ken Paxton; en Carolina del Norte, Roy Cooper lleva once puntos de ventaja. Algunas predicciones todavía favorecen a los republicanos en el Senado, pero la tendencia es clara.
¿Desmiente esto nuestra tesis? No. La pregunta no es si el oficialismo puede perder, sino cuánto debe crecer el rechazo social para superar un campo cada vez más inclinado. Los demócratas necesitan varios puntos de ventaja en el voto nacional solo para compensar el gerrymandering en la Cámara. Y, como se planteó en Jacobin, la impopularidad de un gobierno solo importa en una democracia: cuanto peor le va en las encuestas, mayor es el incentivo para recurrir a la supresión de votos, a los cheques condicionados y a la intimidación. Tampoco se trata de una deriva exclusivamente republicana: buena parte de la dirigencia demócrata depende de los mismos donantes y aportó los votos que mantuvieron financiado al ICE. Por eso las protestas «No Kings», como señaló Burgis, se volvieron explícitamente antioligárquicas. Una precisión histórica: antes de 1965 millones de afroamericanos estaban directamente excluidos del voto en el Sur, por lo que no hablamos de la elección menos democrática de toda la historia del país, sino de las últimas décadas.
Nuestra América ante la democracia del Norte
Las implicancias exceden a Estados Unidos. La potencia que se arroga el derecho de certificar o desconocer elecciones ajenas, que intervino en las campañas de Honduras y de la Argentina en 2025 y que bombardeó Caracas, celebrará los comicios menos democráticos de su historia reciente. El corolario Trump de la doctrina Monroe ya había abandonado el lenguaje de la «promoción democrática» para recuperar sin eufemismos la gramática de las esferas de influencia. La degradación de la democracia interna completa esa operación y erosiona una de las fuentes de la hegemonía estadounidense: su capacidad de presentarse como modelo. En términos gramscianos, es una pérdida de consenso que el imperio intenta compensar con coerción, afuera y adentro.
Para los gobiernos latinoamericanos que optaron por el alineamiento incondicional con Washington, empezando por el de Javier Milei, el resultado del 3 de noviembre no es un dato menor, porque un Trump debilitado en el Congreso debilitará también a sus aliados en la región. Pero cualquiera sea el resultado, el problema es estructural. La plutocracia electoral, una Corte que vació la Ley de Derecho al Voto, los mapas redibujados y un ICE con presupuesto garantizado hasta 2028 seguirán allí al día siguiente. Trump, quizás, pase y la estructura que lo hizo posible, probablemente, perdure. Es hora de empezar a discutir en serio la crisis profunda de la democracia liberal estadounidense y sus consecuencias para la región.
