EEUU: la Corte respaldaría la polémica ley migratoria de Arizona
Por Mark Sherman (InfoBae)
Los magistrados dieron indicios claros de que están dispuestos a permitir que se apliquen las partes más controversiales de la norma que criminaliza la inmigración ilegal.
Jueces liberales y conservadores por igual reaccionaron escépticos al argumento esgrimido por el Gobierno del presidente Barack Obama,
en el sentido de que el estado se extralimitó en su autoridad al
permitir que autoridades verifiquen el estatus migratorio de ciertas
personas si tienen motivos para creer que están sin permiso en el país, y
otra medida, que permitiría la detención de presuntos inmigrantes
carentes de permiso sin una orden judicial. Se trata de dos de las
partes más polémicas de una ley estatal que busca combatir severamente
la inmigración no autorizada.
"Puede verse que esto no es muy convincente", dijo la jueza Sonia Sotomayor, primera hispana en llegar a la Corte Suprema, en un comentario al representante del Gobierno de Obama ante el tribunal, Donald Verrilli.
Se desconocía la decisión que tomará la corte respecto de otros
aspectos de la ley que han sido suspendidos por tribunales federales
inferiores. Las otras provisiones bloqueadas convierten en un delito el que los inmigrantes no tengan documentos de registro sobre su ingreso al país, y el que busquen o tengan un empleo.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien firmó
la ley hace un par de años, estuvo presente durante los argumentos
finales. "Estoy muy animada por todo lo que pudimos ver y escuchar hoy.
Creo que la audiencia fue muy, muy bien", dijo después afuera de la
corte. "Me siento confiada al salir de aquí, que tendremos una decisión
favorable a fines de junio".
La confrontación más reciente ante el máximo tribunal entre el
Gobierno federal y los estados se centra en el papel que pueden ejercer
estos últimos para fijar políticas de inmigración. Esencialmente, ese
tema está bajo el control de la Casa Blanca.
Verrilli trató de persuadir a los magistrados de que debían ver la ley entera, como algo inconsistente con la política federal
de inmigración. Añadió que la verificación del estatus permitiría que
el estado se "involucrara en términos efectivos en la detención masiva"
de inmigrantes carentes de permiso.
Pero el juez presidente John Roberts figuró entre
los que criticaron la descripción hecha por Verrilli sobre las
verificaciones del estatus migratorio, al considerar que el estado sólo
quiere notificar a las autoridades federales cuando tengan bajo custodia
a alguien que probablemente se encuentra sin autorización en Estados
Unidos. "Me parece que el gobierno federal no quiere simplemente saber
quién está aquí ilegalmente o no", dijo.
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