Brecha
Los cincuenta
países que negocian el pacto secreto Tisa mantienen el rumbo para abrir las
puertas de los servicios públicos al sector privado. La Comisión Europea ha
fijado su posición en las conversaciones del acuerdo que afectará a
prácticamente todos los servicios, desde los postales hasta los transportes, a
pesar de la exigencia del Europarlamento de que el Trade in Services
Agreement (Tisa, en inglés) deje fuera los servicios públicos. Y todo ello
tiene lugar en una atmósfera de secretismo aun más densa que la que envuelve al
Ttip, el acuerdo en negociación entre Europa y Estados Unidos.
Una nueva
filtración de Wikileaks muestra que las negociaciones han mantenido, e incluso
endurecido en algunos aspectos, la línea hecha pública entre junio y julio de
2015. Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de
informar al resto de los países –y por tanto a sus empresas– antes de aprobar
normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y, mientras algunos
de los estados negociadores piden acotar esta imposición, Estados Unidos,
Canadá y otros exigen que se mantenga ante prácticamente cualquier escenario.
Esto afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos
gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una “oportunidad
razonable” al resto de los estados firmantes para hacer comentarios con
base en sus intereses o los de sus empresas. Si Estados Unidos logra imponer su
posición, la obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones
“a cualquier nivel de gobierno”, por lo que, según los expertos de
Wikileaks, esto obligaría hasta al más pequeño de los ayuntamientos a informar
sobre las normativas que planee aprobar por su posible impacto en los intereses
económicos y financieros de los inversores extranjeros.
Por otro
lado, el documento establece restricciones a las tasas que cada uno de los
países pueda imponer al resto por los procedimientos para prestar servicios a
lo “razonable”, y la UE respalda que la cantidad fijada no pueda superar
el coste administrativo. El análisis de la organización que dirige Julian
Assange advierte que el texto en cuestión “lleva las negociaciones mucho más
allá de los aspectos legítimamente vinculados al comercio hasta el territorio
de una agenda política profundamente liberalizadora”. Advierte que, tal y
como está contemplado hoy, el Tisa “obstruye” la capacidad normativa de
los estados para imponer la desregulación que los lobbies corporativos
están exigiendo a los negociadores.
El
referido documento es el borrador del anexo sobre regulación nacional de la
ronda de reuniones del 10 de octubre de 2015, una versión actualizada del
escrito fechado en febrero de ese mismo año. También recoge la propuesta
alternativa de Estados Unidos en esta materia, fechada en 2014, y sorprende
cómo parte de sus postulados han sido incluidos de forma casi literal en la
versión del acuerdo filtrada.
En marzo
de 2013, prácticamente en el momento en que se lanzaron las negociaciones, el
entonces vicepresidente de la Coalición de Industrias de Servicios, Samuel di
Piazza, llegó a afirmar ante el Congreso que el Tisa debe “modificar o
eliminar regulaciones”, como recuerdan desde la organización de Assange. En
el mismo año, la National Retail Federation estadounidense llegó a pedir que el
acuerdo suavice las regulaciones en lo que respecta a los tamaños de los
locales y a las horas de apertura y cierre para lograr “eficiencias
operativas” y trabajar “relativamente libres de regulación gubernativa”.
“Los
borradores filtrados y los documentos estratégicos de los negociadores revelan
que los lobistas corporativos están en lo cierto al pensar que podrán comenzar
su causa desreguladora”, sentencia el análisis de Wikileaks.
El marco
de actuación del acuerdo es enorme –desde las normativas sobre la expedición de
licencias para prestar servicios hasta, posiblemente, los estándares técnicos–,
y en función de qué propuesta tenga un mayor apoyo, más duro será el acuerdo
final. Una de ellas es impedir que las regulaciones sean “más gravosas de lo
necesario para asegurar la calidad del servicio”; otra que estén basadas en
“criterios objetivos y transparentes” relacionados con su prestación, lo
que situaría en un segundo plano los objetivos ambientales o sociales.
El
acuerdo también pretende acelerar los tiempos a la hora de tomar decisiones
normativas en las que haya que contar con las opiniones de estos estados. Los
acota a “períodos de tiempo razonable”, sin “retrasos injustificados”.
Los expertos de Wikileaks cuestionan si dentro de lo “razonable” entraría un
estudio de impacto ambiental sobre una nueva normativa, pero la respuesta de
nuevo depende de la propuesta que finalmente se imponga, o del nivel de
inconcreción del lenguaje que plantee este texto.
