martes, 21 de enero de 2014

Hacia la II Cumbre de la CELAC



Hacia la II Cumbre de la CELAC

Por Juan Manuel Karg


El gobierno de Raúl Castro planteará declarar a América Latina y el Caribe como “zona de paz” en la II Cumbre de la CELAC, a realizarse en La Habana este 28 y 29 de enero. La reunión presidencial también discutirá la toma de una serie de decisiones para combatir el hambre y la pobreza, y la promoción de la “seguridad alimentaria” en la región. Por último, se espera el tratamiento de una veintena de comunicados, para que el organismo se posicione frente al bloqueo de EE.UU. a Cuba, por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y por la independencia –y el ingreso a la CELAC- de Puerto Rico, entre otros temas.
“Es preciso que los jefes de Estado y gobiernos de la región lleguen al acuerdo de que cualquier diferencia, cualquier conflicto, siempre se resuelva por las vías del diálogo, de la negociación y que nunca se llegue ni a la amenaza ni al uso de la fuerza”, afirmó recientemente el vicecanciller cubano Abelardo Moreno, en referencia a la propuesta del gobierno de Raúl Castro de declarar a América Latina y el Caribe como “zona de paz”.
Moreno hizo hincapié en que los 33 países que componen la CELAC son a su vez socios en el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), espacio que se propone “una región libre de armas nucleares”. En la última Conferencia General de OPANAL, realizada en Buenos Aires en 2013, Cristina Fernández criticó la creciente presencia de “submarinos nucleares” del Reino Unido en las Islas Malvinas. Esta denuncia sobre la violación del Tratado de Tlatelolco –acuerdo internacional firmado en el marco de OPANAL, que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe- debe ser refrendada por la CELAC en el marco de la declaración de “zona de paz” que pretende impulsar La Habana.
La erradicación del hambre y la pobreza, eje transversal
Otro eje trascendental a ser tratado entre los mandatarios será el de proponer y definir acciones para el combate del hambre y la pobreza en nuestro continente, problemas que aún afligen a más de 50 millones de latinoamericanos y caribeños. En diciembre pasado, los países miembros de Petrocaribe y ALBA suscribieron un plan de acción para la erradicación del hambre y la pobreza, que contará con el apoyo técnico de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
El combate a estos problemas estructurales de nuestros países también encuentra antecedentes en la propia CELAC: como resultado de la I Cumbre en Santiago de Chile, en enero de 2013, se definió promover la “seguridad alimentaria” –es decir, la disponibilidad y el acceso físico y económico a los alimentos- en los países de la región, tras lo cual meses atrás se llevó a cabo la I Reunión de Altos Funcionarios sobre Agricultura Familiar de la CELAC, en Brasil. “Una de las lecciones que nos dejó la crisis alimentaria de 2007 fue que los países más afectados por ella fueron aquellos que dependían de las importaciones agrícolas. Por ello, fortalecer a la agricultura familiar es fortalecer la seguridad alimentaria de un país”, señaló en esta reunión Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO.
Se espera que, durante la reunión de La Habana, la CELAC pueda avanzar, tal como ya hicieron ALBA y Petrocaribe, en el diseño de planes conjuntos para atacar este problema regional, fomentando la “seguridad alimentaria” a través de un reimpulso de la agricultura familiar. El tratamiento es necesario: si bien en general hubo avances en este tema en los últimos años, países como Haití, Guatemala y Paraguay, entre otros, aún afrontan complicadas situaciones relacionadas con no priorizar la resolución de estas problemáticas.
La soberanía de nuestros pueblos, el punto impostergable
Más de una veintena de documentos sobre diversos temas vinculados a la soberanía de nuestros pueblos están siendo elaborados al momento de escribir estas líneas. Algunos caen de maduro por el consenso que han generado en las últimas cumbres: el rechazo –una vez más- al bloqueo comercial, financiero y económico que EE.UU. impone sobre el país anfitrión, Cuba, y la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
La novedad será sin dudas la propuesta venezolana, que se encuentra en estos momentos siendo trabajada por el canciller Elías Jaua: un documento para exigir el ingreso de Puerto Rico a la CELAC, que sirva asimismo para promover el debate sobre el status neocolonial del país, y la –aún perdurable- injerencia norteamericana en América Latina y el Caribe. Diversas organizaciones sociales y políticas puertorriqueñas saludaron rápidamente la propuesta, afirmando que “la CELAC no está completa sin Puerto Rico”, tal como lo hiciera recientemente Héctor Pesquera Sevillano, presidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.
Todas estas definiciones (y agendas) de carácter progresivo para América Latina y el Caribe –declarar al continente como “zona de paz”, implementar políticas para la erradicación de la pobreza con “seguridad alimentaria”, y ratificar diversas luchas por la soberanía que dan nuestros pueblos- dan cuenta del momento histórico en el que llega la CELAC, posiblemente el punto más importante en la integración regional de nuestros tiempos.
El gran desafío de los gobiernos postneoliberales en nuestro continente, precisamente aquellos que mayoritariamente han impulsado la aparición de este organismo, será el de reimpulsar esta y otras instancias autónomas (ALBA y UNASUR, principalmente). De la mano de ese reimpulso, América Latina transitará con menores riesgos los intentos de algunos gobiernos de avanzar en una “restauración conservadora”, tal como denunciara recientemente Rafael Correa en alusión a la Alianza del Pacífico y su subordinación a Washington, el gran ausente de la reunión en La Habana.

El inicio del fin del TIAR? Debate sobre una rémora de la guerra fría

El TIAR, un tratado ya inservible

OEA en Cochabamba. En este encuentro de 2012 comenzó a gestarse el despegue./ Colaboración pasada. El portaaviones estadounidense Carl Vinson, ante las costas de Perú, en el operativo Unitas 2010 del Tiar.

Cuando se creó suponía un enemigo externo común para toda América, pero sólo sirvió a los fines de dominio regional de Estados Unidos. Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela se van del organismo y proponen su definitivo entierro.
El 5 de junio de 2012, en ocasión de la 42º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en la ciudad boliviana de Cochabamba, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en nombre de su país, pero también de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, anunció que dichas naciones se retirarían del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Para realizar este paso, que no implica un simple anuncio, el pasado 9 de enero la Asamblea General de Ecuador dio el inicio formal al tratamiento concerniente a la renuncia que el país andino hará con respecto a dicho tratado. Desde el ámbito legislativo se debe aprobar la denuncia del TIAR, que inició el Ejecutivo, para que vuelva al mismo y que éste la haga llegar ante la OEA. Una vez cumplimentada tal acción, Ecuador dejará de integrar el tratado en el plazo de dos años.
La dependencia, sujeción y falta de autonomía de los diferentes países latinoamericanos con respecto a la orbe del capitalismo de Occidente en general, y de los Estados Unidos en particular, no sólo se implementa y reproduce a partir de la incidencia directa de los países imperiales, o a través de la expansión económica de los mismos en la región. Es sustancial remarcar también que dicha sujeción se ejerce a través de una complicada telaraña de tratados, normativas y reglamentaciones de cooperación, que en la mayoría de los casos hasta fueron incorporados a las diferentes constituciones nacionales. El menú de enmiendas, modificaciones y reformas constitucionales que tuvieran lugar en los noventa, durante el auge neoliberal y el desarrollo de la unipolaridad, no fueron más que la aceptación tácita de un tipo de institucionalidad que no se distingue demasiado de lo que es una “Carta otorgada”, en la cual el Rey se comprometía a gobernar a sus súbditos de una manera expresa. El intento de constituir un nuevo bloque regional, no sujeto a pautas heterónomas, necesariamente debiera además de constituir nuevos acuerdos multilaterales, ir desterrando gradualmente todos aquellos que fueron funcionales a la sujeción. La iniciativa de los cuatro países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) de iniciar la salida del TIAR debe ser entendida de esa forma. El surgimiento de nuevas herramientas de integración económica, al igual que las diferentes experiencias de reforma de las constituciones realizadas este siglo, marchan en el mismo sentido.
La salida del TIAR. Había sido anunciada en junio de 2012 –como anteriormente se señalaba– en ocasión de la cumbre de la OEA en Cochabamba. Allí, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, acompañado por sus pares de Nicaragua, Venezuela y Bolivia, fue el vocero que en conferencia de prensa expresó los diferentes argumentos que los cuatro países del ALBA esgrimieron para decidir abandonar el tratado. “Hay algunas instituciones que ya hace mucho tiempo dejaron de existir, aunque formalmente sigan existiendo”, dijo Patiño, asegurando luego que “hay que limpiar la casa”. Entre otras consideraciones también dijo: “Nuestros países han tomado la decisión de enterrar lo que merece ser enterrado, o de tirar al tacho de la basura lo que ya no sirve. El TIAR fue creado en condiciones en que se suponía que podría servir como un instrumento de protección mutua de los países de nuestra América en caso de supuestas agresiones extra continentales y que en el momento más importante en que debió haber sido utilizado, cuando el grave episodio de las Islas Malvinas en la década de los ochentas, no se aplicó. Y no sólo no se aplicó, sino que uno de los miembros, Estados Unidos, respaldó y apoyó a Inglaterra. Desde allí ha dejado de tener sentido y estaba prácticamente sin referencia alguna por parte de alguno de los países de América para utilizarlo contra todas esas supuestas agresiones de fuera del continente, mientras se producían problemas en el interior del Continente, nuestros países han tomado la determinación de denunciar el referido Tratado”, dijo el canciller, asegurando que en la actualidad es necesaria la conformación de otra clase de organización, que esté a favor de los pueblos y no de intereses hegemónicos, y recalcó que “los cuatro países aquí representados damos los pasos para la sepultura del TIAR, como un primer paso para esas transformaciones que la OEA necesita”, dijo, aclarando luego que “esta decisión la hemos pensado muy bien, la hemos consensuado muy bien con nuestros gobiernos para limpiar la hojarasca de esta institución de la OEA, que, como han dicho algunos presidentes, tiene la obligación de reinventarse”.
La decisión de los cuatro países no cayó para nada bien en los Estados Unidos, y muy rápidamente el portavoz del Departamento de Estado William Ostick consideró como “desafortunado” el proceder de los mismos, asegurando casi de modo amenazante que por dos años hasta que se efectivice la salida de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua del TIAR, esos países deben seguir cumpliendo con sus obligaciones.
El pasado viernes 10, la comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales del Parlamento de Ecuador aprobó el informe elaborado por la cancillería en el cual se esboza la denuncia que el país andino hace del TIAR. De esta manera esa comisión le recomienda al pleno de la Asamblea, que apruebe en próximas sesiones el informe, para devolvérselo al presidente Rafael Correa, y que éste lo gire a la OEA. Una vez realizado todo este trámite, recién luego de dos años se hará efectiva la renuncia. Los diferentes integrantes de la comisión legislativa escucharon el jueves 9 los distintos fundamentos que les aportaron los diplomáticos Mauricio Montalvo, Marcelo Vásquez, Benjamín Villacís y Denys Toscano, todos ellos representantes de la Cancillería ecuatoriana. Según dijera Mauricio Montalvo en esa ocasión, el Gobierno ecuatoriano fundamenta su renuncia a dicho tratado “en la superación de las condiciones políticas, materiales e históricas que determinaron la firma del instrumento, tras el fin de la Guerra Fría”, sostuvo el diplomático, y recordó que el TIAR, que se estableció en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947, fue firmado por Ecuador el 10 de noviembre de 1949 y ratificado en 1950. Montalvo hizo hincapié en que este tratado fue promovido por Estados Unidos para hacer frente a supuestos atentados contra la paz, la seguridad y la soberanía de las naciones americanas, resultantes de la intervención de potencias extracontinentales, en particular del bloque comunista de Europa Oriental y Asia. Pero a pesar de sus fundamentos indicó Montalvo que el documento del TIAR fue utilizado en los últimos años para justificar el intervencionismo y el uso de la fuerza en contra de países y gobiernos americanos de tendencia popular, socialista o nacionalistas. A su vez el diplomático ecuatoriano indicó las contradicciones del tratado, dando el ejemplo de la invasión británica a las islas Malvinas en 1982, cuando Estados Unidos tomó partido por el Reino Unido en contra de los intereses de Argentina, a pesar de que este país sea uno de los integrantes del TIAR.
El pasado lunes la comisión de relaciones internacionales, le remitió a la Secretaría General del Parlamento unicameral, la recomendación para que el pleno de la asamblea apruebe el informe que denuncia al TIAR y solicita la salida del mismo. Según informaba el ente legislativo ese lunes, en nota de prensa, el informe que había sido aprobado el día 10 había contado con el voto favorable de 8 asambleístas sobre los 9 que conforman la comisión. Según le expresaba a la prensa la asambleísta María Augusta Calle, quien además es vicepresidenta de la Asamblea General, y presidenta encargada de la Comisión de Relaciones Internacionales, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca “es vejatorio de la soberanía del Ecuador”. El también conocido como Tratado de Río, dijo Calle, “fue suscrito por los Estados para resguardar la seguridad hemisférica frente a agresiones de otros continentes en el marco de la Guerra Fría” y “para formar círculos de seguridad en torno de los Estados Unidos”, y éste lo utilizó “para invadir” otros países, recordando que “cuando tuvo que ser aplicado en rigor en la guerra de las Malvinas (1982), Estados Unidos no lo aplicó, no entró a defender a Argentina de la agresión de un Estado que está fuera del continente”, sino que “más bien ayudó” al Reino Unido, lo que “da cuenta de la obsolescencia del tratado”, señaló la asambleísta.
Además dijo que “las amenazas (que justificaban el tratado) no existen ya, el mundo ha tenido un cambio radical, no existe el eje socialista que era la razón de existencia del TIAR, sino una nueva correlación de fuerzas en el continente”, agregó Calle, sugiriendo que ahora existen en la región otras herramientas de defensa como son la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y su Consejo Suramericano de Defensa, “lo que hace necesario que el TIAR muera”, aseguró. Para Calle, hoy en la región se están dando nuevos elementos relacionados con la seguridad. “Las nuevas amenazas que tenemos en el continente son el espionaje global, es una seria amenaza a la soberanía y seguridad de los estados, el crimen trasnacional, dentro de él la trata de personas”, dijo Calle, observando que “son nuevos escenarios de inseguridad y de amenazas los que ahora se manifiestan”, por lo que “mal haríamos en ser parte de un tratado cuyo escenario fundamental era la agresión del bloque socialista contra los Estados Unidos”, dijo.
Por su parte el asambleísta Rodrigo Collaguazo, vocal de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, al referirse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), subrayó que este instrumento no responde a los intereses de los pueblos latinoamericanos sino, más bien, a los de Estados Unidos, razón por la cual se debe aprobar el pedido de denuncia solicitado por el Presidente de la República.
Según la información dada por el portal de la Asamblea Nacional de Ecuador, Collaguazo precisó que desde sus inicios el tratado nunca tuvo una real defensa de los países y ha sido un arma que ha favorecido únicamente a los intereses de Estados Unidos. Además de citar el caso de Malvinas, el legislador señaló lo ocurrido en Londres, cuando se pretendió allanar la embajada de Ecuador para tratar de capturar a Julian Assange.
El parlamentario, al indicar que, si bien luego de la denuncia del tratado éste aún regirá por dos años más, porque las disposiciones del convenio así lo establecen, precisó que lo importante es impulsar nuevos espacios y mecanismos de cooperación en materia de seguridad colectiva internacional, que garanticen la soberanía de los países y que los procesos de integración sean, no solamente de carácter militar, sino principalmente en los ámbitos de la economía, lo político y lo social.
El rodaje que Ecuador comenzó a darle a su salida formal del TIAR, más allá de algunas consideraciones como enunciar que el tratado ya es “obsoleto” o que hay que “limpiar la hojarasca” si bien considerarlos de esa forma conlleva cierta validez, habría que precisar que antes que nada responden a una necesidad de afinar más aún todos los mecanismos que aseguren que se ejerza un grado mayor de autonomía, y prevenirse de injerencias futuras. La mayoría, por no decir todos los acuerdos que la potencia del Norte mantuvo y mantiene con respecto a los países latinoamericanos, siempre son armas de doble filo, que en primer lugar le dan la facultad para intervenir en cuestiones soberanas, en las cuales no debiera existir intromisión. El caso de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tal vez sea uno de esos ejemplos paradigmáticos, y la expulsión que Bolivia hiciera de la DEA, el contraejemplo necesario.
Un dato a tener en cuenta también es que, la Corte Constitucional ecuatoriana declaró el 23 de octubre de 2013 que la denuncia del TIAR y su consecuente salida del ordenamiento jurídico no afecta, ni disminuye, ni menoscaba los derechos constitucionales de las personas de ese país.
Un pacto de seguridad contra una URSS que ya no existe
El TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) también conocido como Tratado de Río tuvo su conformación el 2 de septiembre de 1947, precisamente en la ciudad de Río de Janeiro, dos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es un pacto de seguridad mutua entre los distintos Estados de todo el continente americano, que a lo largo de todo el hemisferio tiene alcance desde el Polo Norte hasta los confines de la zona patagónica. El área de protección del tratado comprende toda la masa continental, más 300 millas marinas contadas desde la costa, lo que equivale aproximadamente a unos 483 kilómetros. Según el artículo 3.1 del TIAR en caso de “(...) un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva” haciendo valer de esa forma el Artículo 51 de la Carta de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
Tras la finalización de la segunda guerra, el TIAR fue el primer acuerdo multilateral en materia de seguridad, ya que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue conformada en 1949. También el TIAR tuvo su inicio, un año antes que la Organización de Estados Americanos (OEA), que sería a partir de 1948 su ámbito de incumbencia. La OEA se convertiría, a partir de ese año, en la recreación de la antigua Unión Panamericana, y por ende, el organismo a partir del cual los Estados Unidos mantendrían un nivel de injerencia superlativo al sur del Río Bravo. De esta forma, tanto el TIAR como la OEA serían la continuación de la Doctrina Monroe por otros medios. La misma, elaborada en 1823 decía: “América para los americanos” y le daba a los Estados Unidos la facultad para interponerse y actuar ante cualquier atentado externo realizado contra cualquier región o país del nuevo continente, con lo cual ya se sentaba la base de la tutela yanqui con respecto a su patio trasero.
Según precisa el politólogo brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, en su libro De Martí a Fidel. La Revolución Cubana y América Latina, los Estados Unidos –tras la finalización de la guerra–, si bien de palabra condenaban “las políticas de esfera de influencia y de equilibrio de poder, apelando a una era de paz apoyada en la seguridad colectiva de la ONU, no estaban dispuestos a renunciar a la hegemonía en América latina”. De igual manera que en 1919, tras la finalización de la primera guerra, cuando se conformó el Pacto de la Liga de las Naciones, los Estados Unidos tomaron muchas precauciones para que la ONU no ejerciera ninguna clase de injerencia en el hemisferio occidental. Fue así que de acuerdo con el Artículo 52 de la Carta de la ONU, firmada en San Francisco en 1945, encontraron la legitimidad para llevar adelante tanto acuerdos como organismos regionales para tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. De acuerdo con el Artículo 53 de la Carta de San Francisco, estaba previsto que los acuerdos enunciados en el Artículo 52 serían utilizados por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero según Moniz Bandeira en tanto los Estados Unidos preservaron la Doctrina Monroe “se reservaron el derecho de tratar unilateralmente los negocios en el hemisferio occidental, sin el riesgo de enfrentarse al veto del Consejo de Seguridad de la ONU, y emprendieron la modernización del sistema interamericano”. En el marco señalado tuvo nacimiento el TIAR.
La firma del Tratado de Río tuvo un antecedente también en la Conferencia de Chapultepec (México) cuando en 1945 se acordó un acta con diversos acuerdos panamericanos. La Resolución VIII del Acta de Chapultepec ya preveía la conformación de un organismo como el TIAR, pero se objetaba la posición de la Argentina en ese entonces. Estados Unidos sostenía que no podía firmar un acuerdo de ese estilo con el gobierno de Edelmiro Farrell, ya que este violaba los derechos civiles de los argentinos, por lo cual en el ’45 pospusieron la realización de la Reunión de Río. En el artículo “Del TIAR a la OEA: Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano”, escrito por Leandro Ariel Morgenfeld, este autor señala que cuando llegó Juan Domingo Perón a la presidencia argentina en 1946, el mismo día de su asunción “anunció en su discurso inaugural que enviaría al Congreso para su ratificación el Acta de Chapultepec y la Carta de San Francisco” sosteniendo que “El nuevo presidente tuvo varias iniciativas para mejorar el vínculo bilateral, como fue el envío del General Carlos M. von der Becke a los Estados Unidos con la misión de obtener armas modernas para las fuerzas armadas nacionales” pero que “la Casa Blanca sólo autorizaría la venta de armas al país del sur una vez que se cumplieran los compromisos que se habían votado en la Conferencia de Chapultepec”.
El conflicto inaugural en la conformación del TIAR, entre los Estados Unidos y la Argentina, estaba marcado principalmente por la neutralidad que el país había mantenido durante la Segunda Guerra, y también según Moniz Bandeira, debido a que el embajador estadounidense en Buenos Aires George S. Messersmith, sospechaba que Perón pudiera tener un estrecho entendimiento con la Unión Soviética, y de esa forma el sistema interamericano correría el riesgo de desintegrarse.
En 1982, cuando la guerra de Malvinas, casi como un destino prefijado por aquel conflicto inaugural, los Estados Unidos omitieron la aplicación del TIAR y tomaron partido por la OTAN.

jueves, 16 de enero de 2014

La DEA se asoció con carteles de narcotráfico de México, sin notificar a las autoridades de ese país

Secreto inconfesable: la DEA se asoció con carteles en una guerra oculta

Sin que el gobierno mexicano supiera, la agencia norteamericana selló alianzas con grupos narcos para obtener información clave sobre sus rivales y, así, alimentó la violencia.

Por   | El Universal / GDA
CIUDAD DE MÉXICO.- Agentes antidrogas y fiscales de Estados Unidos negociaron en suelo mexicano con miembros de carteles del narcotráfico para obtener información de sus rivales, lo que condujo a capturas de cargamentos y detenciones, una situación que incrementó la violencia en todo el país durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Según documentos judiciales obtenidos por El Universal durante una investigación de un año con más de cien entrevistas, Washington conocía y autorizó esas reuniones de fiscales y agentes con narcotraficantes. Los contactos comenzaron con el poderoso cartel de Sinaloa, que lidera Joaquín "el Chapo" Guzmán, buscado desde que se fugó, en 2001, de una cárcel mexicana de alta seguridad.
Durante los gobiernos de Fox y Calderón, fiscales federales norteamericanos y agentes de la DEA se reunieron con traficantes de droga en México. David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en la Ciudad de México, autorizó a sus agentes a que se reunieran con miembros de carteles sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos escritos, que los narcotraficantes siguieran operando.
Entre 2000 y 2012, en especial entre 2006 y 2012, durante el gobierno de Calderón, Estados Unidos estableció con México convenios de colaboración sin precedente para el combate del narcotráfico. Y en forma paralela creó una guerra secreta a través de sus agentes, que se reunieron directamente con miembros de los carteles.
En junio de 2009, un acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos permitió que tanto agentes de la DEA como de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tuvieran autoridad para investigar a sospechosos de narcotráfico en la frontera y a nivel internacional.
Sin la presencia de alguna autoridad mexicana, como lo establecen los acuerdos binacionales, y sin informar al gobierno de México, los agentes construyeron una red de informantes de narcotraficantes, quienes firmaban acuerdos de cooperación, sujetos a resultados, para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos la cancelación de cargos en Estados Unidos.
En algunas ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de México para que los policías o militares mexicanos realizaran detenciones. Durante la presidencia de Calderón, 12 de las detenciones más importantes fueron producto de la DEA.
En Colombia, la DEA y otras agencias estadounidenses obtuvieron, hace años, información de organizaciones rivales del cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Ese trabajo, realizado en colaboración con la policía local, fue calificado como "un gran éxito" por Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Bogotá.
"El problema del narcotráfico sigue en Colombia, pero se logró la reducción del tráfico de cocaína y otras drogas", dijo Frechette en entrevista con El Universal.
Desde los años 80, la DEA operó de la misma manera tanto en Colombia como en Camboya y Tailandia, y desde hace más de diez años actúa bajo esa estrategia en Afganistán, según Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia. "Claro que este modus operandi implica una violación del derecho internacional público, además de tirar más combustible al fuego de la violencia, con violaciones al debido proceso y a los derechos humanos", dijo Buscaglia.
El caso que estableció en detalle las tácticas de los agentes de la DEA para reunirse en México y negociar con miembros de los carteles es el proceso judicial que se le sigue en una corte en Chicago a Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael "el Mayo" Zambada, considerado el "número dos" del cartel de Sinaloa. Esas reuniones se realizaron en más de 50 ocasiones en territorio mexicano, de acuerdo con documentos judiciales.
"El gobierno de Estados Unidos y sus agencias tienen una larga historia de proporcionar beneficios e inmunidad a criminales para cometer crímenes, en pago por recibir información en contra de otros criminales", dijo la defensa de Zambada Niebla.
Dicha táctica, menciona la defensa, fue ampliamente usada por el Departamento de Justicia y sus agencias en "la guerra contra las drogas", sin que se tuvieran en cuenta las pérdidas de vidas ocasionadas ni la evolución del tráfico de drogas a Estados Unidos.
Basado en sus conversaciones con otro agente y con la dirección de la DEA, Manuel Castañón, que tomó parte en el caso de Zambada Niebla, explicó que la reunión inicial en México con los narcotraficantes debía explorar una cooperación potencial. "Es común que en un encuentro inicial con potenciales acusados cooperantes intentemos obtener la admisión de la mayoría de sus conductas criminales posibles y explorar qué tipos de información podría proporcionar acerca de la conducta criminal de otros, nosotros hablamos lo menos posible y escuchamos lo más posible", dijo Castañón.
Entre 2009 y 2011, la DEA estableció también contactos con miembros destacados del cartel del Golfo y de Los Zetas. Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de agentes de la DEA en México disminuyó. Sin embargo, se ignora si la agencia mantiene los contactos con los carteles de la droga en busca de información sensible.

Tensión en Michoacán

Tras el envío de tropas al convulso estado de Michoacán, el gobierno mexicano pidió ayer a los civiles organizados en autodefensas que se desarmen y colaboren con las fuerzas del orden, aportando información sobre las actividades de los carteles del narcotráfico que operan en la zona.
Hipólito Mora, vocero de los civiles armados, dijo que los grupos de autodefensa no tomarían el control de más pueblos en el sur de Michoacán, después de que el ejército y la policía federal se desplegaron en la localidad de Apatzingán, principal bastión de los narcotraficantes.

miércoles, 15 de enero de 2014

México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos: a dos décadas de su ingreso al NAFTA

México 1994-2014: la historia de una tragedia

México 1994-2014: la historia de una tragedia


A contramano de lo que planteaba la semana pasada Emilio Cárdenas en La Nación ("El éxito del NAFTA, 20 años después"), publicamos un análisis crítico de la implementación de las dós décadas de TLC entre México, Estados Unidos y Canada:


Por Andrea Santos Baca, desde México. 
www.marcha.org.ar

La peculiar condición mexicana, de país dependiente y en estrecha vecindad con la economía capitalista más poderosa, colocó históricamente su riqueza bajo constante amenaza de despojo. Análisis sobre un proceso que se profundizó con la firma del TLC con EEUU y Canadá, de la que se cumplieron 20 años.

Esta tendencia al saqueo del país adquirió una reforzada efectividad con el neoliberalismo, el cual ha significado uno de los mayores despojos de riqueza que ha enfrentado México por parte del capital extranjero con una firme colaboración de un pequeño número de políticos y empresarios corruptos. Por eso, la historia del libre comercio en México es la historia de una tragedia.
Enero de 1994 fue la fecha asignada para que entrara en vigor el Tratado Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aquel que -en palabras de sus promotores- llevaría al país al primer mundo. Consistía en un tratado inédito por involucrar economías muy asimétricas y por su radicalidad al incluir sectores y plazos nunca antes considerados. Si bien el programa neoliberal se instaló en México desde la crisis de la deuda en 1982, el TLCAN constituyó el mecanismo para llevar a cabo la entrega sistemática y a largo plazo de las riquezas nacionales y por encima de cualquier alternancia en el poder. Después de 20 años, México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo (14 con 42 países).
El saldo es indiscutiblemente negativo. Un raquítico comportamiento del PIB (el PIB per cápita creció 1,1% promedio entre 1994 y 2013). En la actualidad se estima que el 52% de la población está en situación de pobreza, mismo nivel que en 1992. La destrucción, despojo, privatización y desnacionalización sistemática de la economía abarcó todas las ramas. Aquí destacaremos sólo la destrucción del sistema alimentario nacional, por ser un caso ejemplar de pérdida de soberanía, las falsas promesas del libre comercio y sus consecuencias nefastas.
Para los promotores del TLCAN, Estados Unidos debía ser el proveedor de alimentos e insumos baratos. En el campo, argumentaban, tendría un efecto modernizador en donde algunos perderían (los pequeños productores) pero todos ganaríamos como consumidores de alimentos. Después de 20 años, la agricultura mexicana parece como si “un paquete de bombas atómicas lo hubiera arrasado”, como señala el Subcomandante Marcos (EZLN). La dependencia alimentaria se disparó en los principales alimentos consumidos por la población, dependencia que no se acompañó por precios más bajos sino, por el contrario, hizo al sistema alimentario mucho más sensible al alza en los precios internacionales.
Un puñado de corporaciones agroalimentarias controla los insumos para la producción comercial y de exportación, y el sistema de distribución y comercialización de alimentos es casi un monopolio. Las empresas de alimentos chatarra (Nestlé, Pepsico, Coca-Cola, Bimbo) son las más beneficiadas por los insumos importados baratos y estas redes de comercialización.
Este dominio corporativo del sistema alimentario, aunado a los niveles de pobreza y al deterioro de las condiciones de trabajo de la población, ha desencadenado una crisis alimentaria sin precedentes: los niveles de pobreza alimentaria son los mismos que hace 20 años (20% de la población no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica).
México superó a Estados Unidos en niveles de obesidad (70% de la población, siendo los niños los más afectados) y la diabetes se convirtió en la principal causa de muerte, cobrando la vida de por lo menos 500 mil mexicanos entre 2006 y 2012.
El resultado global es una economía monstruosa basada en tres fuentes perversas de recursos: las remesas de los migrantes ilegales en Estados Unidos, el empleo informal (de largas jornadas, inestabilidad y salarios bajos) y el crecimiento de las actividades criminales (narcotráfico, trata de personas, saqueo ilegal de los recursos naturales, etc). El combate a éstas tiene como saldo unos 70 mil mexicanos muertos en los últimos seis años, a los cuales habría que sumar: los muertos por diabetes y otras enfermedades provocados por el nuevo patrón alimentario impuesto por las corporaciones; las personas que mueren por causa de la corrupción y la negligencia que hacen de accidentes o eventos naturales verdaderas catástrofes sociales; periodistas y luchadores sociales asesinados; los comuneros asesinados que intentan defender su riqueza natural ante el saqueo y la contaminación de los mismos; y los múltiples feminicidios que acosan al país.
¿Y qué hay después de 20 años de tragedia neoliberal en México? Más neoliberalismo. Con la diferencia que ahora el discurso neoliberal y su promesa de un futuro mejor para todos no es fácilmente sostenible. Ante la realidad no puede más que convertirse en un discurso grotesco. Aquí comienza la farsa: fraude electoral, un presidente construido por el poder mediático a la forma de “galán” de telenovela, cuyo carácter de marioneta no deja de hacerse evidente en cada una de sus intervenciones públicas; la simulación de una “cruzada contra el hambre“, con importante participación de las principales corporaciones agroalimentarias que la provocaron.
Y para iniciar el 2014, un acto que nos recuerda el inicio de la tragedia de 1994: la modificación constitucional que permite la privatización del sector energético nacional, unos de los pocos reductos de soberanía que había sobrevivido a los embates del neoliberalismo. El Estado mexicano no puede ya tomarse en serio, hemos llegado al límite del cinismo que muestra la crisis humanitaria como progreso, la dictadura del capital extranjero como democracia nacional, la imposición autoritaria como cambio democrático. Y todo sea para perpetuar el despojo iniciado en 1994.

lunes, 13 de enero de 2014

Peligro: una "propuesta indecente" de la Unión Europea al Mercosur

13.1.2014

Blog de Atilio Borón: Comparto esta nota del compañero Aharonian. Agrego a lo que él dice lo siguiente:

a) el tratado está siendo negociado en el mayor de los secretos. ¡Ni siquiera los expertos de la oficina de la Secretaría del Mercosur en Montevideo saben de su contenido! Si fuera tan bueno para nuestros pueblos, ¿por qué no lo exhiben? Por lo poco que se ha filtrado tiene cláusulas peores que las del ALCA. No olvidar que hoy Europa está bajo el total dominio de los neoliberales, de la infame troika formada por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo.

b) Hay un sector de la clase dominante brasileña que lo está impulsando. Mandan para ello a sus representantes políticos. Hace poco vinieron a Buenos Aires con esa intención. Les fue mal, por suerte. No creo que les vaya a ir mejor en Caracas. Pero habrá que estar en guardia.

c) Aún si se aprobara a espaldas de nuestros pueblos, el Tratado tendría que ser ratificado por los parlamentos y los gobiernos de cada uno de los países de la Unión Europea. Difícil, muy difícil. Franceses y polacos, sobre todo, no quieren conceder absolutamente nada en materia de proteccionismo agrícola.

d) De todos modos, lo que hay que revisar, con urgencia, es el Mercosur. Hacerlo más abarcativo (Mercosur laboral, educativo, previsional, etcétera) y  sacarlo del marco neoliberal que lo concibe como un recurso para optimizar ganancias de las empresas y ver la forma de reducir las grandes asimetrías (por ejemplo, entre Paraguay y Brasil) que existen en el proyecto.

e) Exigir la inmediata divulgación de los borradores que están siendo negociados, y que los movimientos sociales y las fuerzas políticas tengan acceso a ellos y hagan conocer su opinión.¡Nada debe ser aprobado a libro cerrado! El tratado, en caso de proponerse, debería ser sometido a un plebiscito, para que sean los pueblos y no unos pocos burócratas de uno y otro lado los que decidan por nosotros.

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TLC entre la UE y Mercosur: ¿Por qué sólo los negociadores lo quieren firmar?

 

Por Aram Aharonian



Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región
Un acuerdo de libre comercio (TLC) en las condiciones que ha venido planteando la UE para otros países (como Colombia y Perú) es totalmente  contradictorio con los propósitos de desarrollo económico independiente que han proclamado en forma reiterada los gobiernos mercosureños, que rechazaron en 2005  la propuesta de un acuerdo similar, el  ALCA con EEUU.
Aun sin denominar su acuerdo como de “libre comercio”, sino como de “cooperación económica”, como ha hecho la UE en otros casos, lo que se plantea un acuerdo similar, y hasta tal vez más negativo, que muchos TLCs, que encuentra duras resistencias en Argentina y Venezuela, e importantes oposiciones en Brasil.
Algunos de los impactos pronosticados de un TLC son un significativo aumento del desempleo, debido a la liberalización del comercio de productos industriales y agrícolas; la caída de los niveles salariales asociada con el aumento del desempleo; además de una sensible caída de los ingresos fiscales, con los impactos vinculados a través de la reducción de gastos de salud, educación y programas de apoyo social.
Pero lo más grave es el sigilo con que se maneja la cosa pública. Por las consecuencias que puede acarrear para todos los pueblos no puede quedar sólo en  manos de un grupo de “especialistas” y la presión de grupos de interés o medios de comunicación, sectarizados  o interesados. Es necesario hacer una consulta a nuestros pueblos, tras poner en debate todas las condicionalidades, eliminando los niveles de confidencialidad que exigen los europeos, en nombre de la transparencia.
Se había convenido entre las partes que las ofertas se iban a intercambiar en el tercer trimestre de 2013, pero hasta el momento no se ha hecho. Incluso, la presión realizada por el negociador brasileño de Simoes  (“La UE no es un menú a la carta”), fue duramente enfrentada en la última reunión de cancilleres en Caracas.
El acuerdo de los negociadores con la UE fue anterior al ingreso al Mercosur de Venezuela, que no participó en los términos de  la negociación
Pero entregar las ofertas no significa que la negociación esté cerca y menos si la UE no termina con la práctica deshonesta de los subsidios agrícolas. Para recordar, que en enero de 2014 caen las preferencias del SGP, que preocupan a productores de mandarina y arándanos uruguayos. La Unión Europea reformuló su Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y excluyó a 87 países, entre ellos Argentina, Brasil y Uruguay. La decisión de eliminar los beneficios comerciales para un conjunto de economías. Un documento de la Cancillería, señala que “la proporción de las importaciones de la Argentina que ingresan a la UE por el sistema de preferencias se ubica por debajo del 20 por ciento del total”, por lo cual el impacto de esta decisión europea será reducido.
Hace dos años,, Estados Unidos eliminó a Argentina del listado de beneficiarios de su esquema de preferencias, lo que implicó que empresas exportadoras, principalmente de commodities, dejaron de recibir un beneficio que en 2011 había ascendido a sólo 18 millones de dólares.
En el Mercosur, el recientemente reincorporado Paraguay es el único país que conservará los beneficios, para satisfacción de las trasnacionales exportadoras de soja.
Brasil no quiere dejar lugar a dudas de su lealtad hacia la alianza sudamericana Mercosur. Incluso a pesar de 15 años de negociaciones infructuosas entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, Brasil parece negado por ahora a alcanzar un acuerdo de libre comercio bilateral con la UE y prefiere enfocarse en apoyar las negociaciones bloque a bloque, sin olvidar que los europeos van a presionar por negociaciones país por país apenas fracasen o se dilaten las interbloques  (ya lo hicieron con la Comuidad Andina).
Según cifras de la oficina europea de estadísticas Eurostat, la Unión Europea exportó en 2012 productos por un valor de 50,3 mil millones de euros a Mercosur. Los envíos desde el bloque sudamericano hacia la UE sumaron un total de 49.200 millones de euros.
La principal razón por la que las negociaciones siempre terminan quedando en punto muerto son los subsidios agrícolas europeos, los que dificultan el ingreso de los productos sudamericanos al mercado de la UE. Por ello, Brasil ya en el año 2005 presentó una demanda por prácticas desleales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los analistas europeos insisten en que Mercosur ya no goza de la misma prioridad de hace cinco años. ¿Estrategia distraccionista? Según el Ministerio de Economía de Alemania, la principal preocupación en este momento es el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos.
Pero lo cierto es que el tándem UE-EEUU, en su último documento del Consejo Atlántico (“El vínculo trilateral, Una nueva era para América Latina, Estados Unidos y Europa”), vuelve a la carga en la búsqueda de “traer al redil atlántico” a una América Latina que cada día es más potencia política y económica, recuerda el español Alfredo Serrano.
La UE sigue interesada en firmar el acuerdo, a pesar de que hay sectores en su interior –sobre todo los que se benefician de la política agrícola común- que se oponen, y muchos dudan hoy de su capacidad económica para adelantar el acuerdo.
También del lado del Mercosur  hay gente a favor y gente en contra. Por un lado los productores y exportadores primarios y también algunos industriales brasileños, y en contra están los proteccionistas de Argentina, Brasil y de Venezuela. Así que no es verdad que la UE quiera firmar un acuerdo y no es verdad que Mercosur quiera firmar un acuerdo. Son los negociadores de ambos bloques los que quieren firmarlo. Y aún en el hipotético caso que se firmase, para su ratificación habrá bloqueos, vaticinan los analistas europeos.
El análisis uruguayo
El análisis del impacto de la eliminación de los beneficios del SGP de la UE Las exportaciones de Uruguay al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea (UE) –realizado en mayo de 2013 por el ministerio de Finanzas- alcanzan el 4% del valor exportado al mundo.(1)
Las exportaciones  uruguayas que se hacen a la UE con cobertura potencial del SGP ( 200  millones deanuales ) , si bien tienen  un espectro  muy amplio,  de dólares) se concentran en unos pocos productos (filetes y carne de merluza, mandarinas, cueros, madera contrachapada,  carne equina y  arándanos).
Aun siendo que se lo utiliza como elemento de presión  para apurar la firma del acuerdo Mercosur -Unión Europa, la eliminación de las preferencias a partir del 1° de enero carece de significación económica real  (menos de seis millones de dólares anuales) y podría ser compensada fácilmente con medidas  tales como  el apoyo a productores o el  mejoramiento  de costos.   Paraguay, la soja trasnacional   Las declamativas presiones paraguayas para la firma del acuerdo, no condicen con sus acciones. Paraguay no ha participado en ninguna de las reuniones realizadas por el bloque en el último semestre, pese a ser permanentemente invitada por la presidencia pro tempore del Mercosur.
Un documento de la Delegación de la Unión Europea en Paraguay  (2), señala una desaceleración en el 2012, debido al mal tiempo y al brote de fiebre aftosa, pero lo cierto es que entre los años 2009 y 2012, las ventas de Paraguay  han venido cayendo en forma recurrente por la crisis económica  europea, pese a  acceder  su exportadores  a un  régimen especial de preferencias europeas (SGP plus).
Pese a todas las majaderías expresadas en los últimos meses, Mercosur es el principal socio comercial de Paraguay, tanto en términos de exportaciones como importaciones. El comercio con el bloque representa el 45% del comercio total en el período 2010-2012. La UE es el segundo destino de las exportaciones paraguayas (13,9% del valor total en 2012). China es el país más importante en términos de las importaciones (40% del valor total en 2012).   El comercio con los países de la Alianza del Pacífico sigue siendo pequeño en comparación con el Mercosur. La balanza comercial es negativa para Paraguay (déficit de 976 millones de dólares en 2012).   Las exportaciones de Paraguay a la región consisten principalmente en tres productos: la energía, los aceites vegetales y cereales no transformados. La energía, que consiste en la retrocesión de las acciones nacionales elaboradas por Itaipú y Yacyretá, respectivamente, con Brasil y Argentina, es de lejos la parte más importante de las exportaciones (61% del valor total en 2012).   Las importaciones son principalmente aceites de petróleo, los fertilizantes y los productos manufacturados (maquinaria, vehículos). Brasil es de lejos el principal socio comercial de Paraguay en la región, tanto para las exportaciones como las importaciones, sólo seguido por Argentina. El comercio con Uruguay y Venezuela es aún débil.
El intento de la Unión Europea de negociar un acuerdo comercial con Mercosur, parece el retorno de las carabelas y los espejitos de colores, esta vez con dos objetivos: buscar salida para la crisis europea, y ver si logran con Mercosur lo que hicieron con la Comunidad Andina de Naciones, desintegrar un bloque homogéneo e integrado.
Nota: 1.- Análisis del impacto de la eliminación de los beneficios del SGP de la Unión Europea, Ministerio de Finanzas, Unidad de Análisis – Asesoría de Política Comercia, Mayo de 2013 .http://www.mef.gub.uy/apc/publicaciones/serie_estudios_apc/beneficios_sgp_ue.pdf 2.- Relaciones comerciales UE-Paraguay. Delegación de la UE en Paraguay.http://eeas.europa.eu/delegations/p… index_es.htm
* Periodista, Magister en Integración, director del Observatorio en Comunicación y Democracia (ULAC), presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana. 

sábado, 11 de enero de 2014

El FBI, la NSA y la revelación de un viejo secreto



El FBI, la NSA y la revelación de un viejo secreto


Por Amy Goodman y Denis Moynihan (Democracy Now)

Esta semana, surgió nueva información acerca del robo y la filtración a la prensa de documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos que revelaron un amplio programa de vigilancia ultra secreto del Gobierno. No, la noticia no está relacionada con Edward Snowden y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), sino con un grupo de activistas opositores a la guerra de Vietnam que cometieron uno de los robos más audaces de secretos del Gobierno en la historia de Estados Unidos, lograron evitar ser capturados y permanecieron en el anonimato durante cuarenta años. Entre ellos había dos profesores universitarios, una maestra de guardería y un taxista.
El grupo de siete hombres y una mujer, que se oponía enérgicamente a la Guerra de Vietnam, estaba seguro de que el FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, estaba espiando a ciudadanos y reprimiendo activamente a los opositores. Para demostrarlo, irrumpieron en la oficina de campo del FBI en el barrio Media de Filadelfia, Pensilvania, el 8 de marzo de 1971 y robaron todos los archivos que había allí. Lo que encontraron, y enviaron por correo a la prensa, dejó al descubierto el programa de contrainteligencia del FBI, denominado COINTELPRO. El programa de espionaje consistía en una práctica de alcance mundial, clandestina e inconstitucional, de vigilancia, infiltración e intimidación de grupos de oposición que participaban en los movimientos de protesta y abogaban por el cambio social. El valiente robo no violento de este grupo de ladrones-activistas sacudió por completo al FBI, la CIA y a otras agencias de inteligencia. Su acto motivó investigaciones por parte del Congreso, un mayor control y la aprobación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Estos ladrones-activistas, la mayoría de los cuales recién ha salido a la luz pública esta semana, tras revelar sus identidades por primera vez, no solo tienen una historia fantástica que contar acerca del pasado, sino que además su historia proporciona una perspectiva crítica e informada acerca de Snowden, la NSA y el espionaje del Gobierno en la actualidad.
John Raines me dijo: “Decidimos que era hora de llamar la atención pública acerca de la vigilancia y la intimidación del Gobierno y el derecho de los ciudadanos a oponerse abiertamente. Creo que el combustible de la democracia es el derecho a oponerse, a disentir, debido a que donde hay poder y privilegios, el poder y los privilegios procuran eliminar del discurso público, en la medida de lo posible, todo lo que quieren. Eso hace que el derecho de los ciudadanos a disentir sea la última línea en la defensa de la libertad”. Raines era profesor de religión en la Universidad de Temple cuando él, su esposa, Bonnie, y los otros miembros del grupo que irrumpió en la oficina del FBI formaron lo que denominaron “Comisión de Ciudadanos para Investigar al FBI”. Como John y Bonnie Raines tenían tres hijos menores de diez años al momento del robo, les pregunté cómo fue que decidieron participar en una acto que les podría haber significado pasar años en prisión. John Raines respondió: “Como sociedad, a menudo pedimos a madres y padres que asuman actividades sumamente peligrosas como parte de su trabajo. Se lo pedimos a todos los policías, se lo pedimos a todas las personas que trabajan en el departamento de bomberos. Se lo pedimos a las madres y los padres que, como miembros del Ejército y de la Armada, son enviados a otros países para defender nuestras libertades. Le pedimos con frecuencia a la gente que realice trabajos que ponen en riesgo a sus familias. Ahora estamos de nuevo analizando al año 1971, cuando nadie en Washington iba a hacer lo necesario para revelar lo que J. Edgar Hoover estaba haciendo en el FBI. Éramos la última línea de la defensa. De modo que, como ciudadanos, tomamos la iniciativa e hicimos lo que debíamos hacer porque nadie en Washington lo iba a hacer”.
Bajo la dirección de Bill Davidon, un profesor de física de la Universidad de Haverford, el grupo se reunió y planificó meticulosamente la acción. La mayoría de las reuniones se llevaron a cabo en el ático de John y Bonnie Raines. Bonnie se hizo pasar por una estudiante universitaria que estaba escribiendo un trabajo acerca de las oportunidades laborales para las mujeres en el FBI, y logró echar un vistazo por dentro a la oficina de campo de Media. Keith Forsyth, el taxista, realizó un curso de cerrajería por correspondencia y fabricó sus propias herramientas para no levantar sospechas de las autoridades. Eligieron la noche del 8 de marzo de 1971 porque la atención internacional estaba puesta en la pelea de boxeo de peso pesado entre Mohamed Ali y Joe Frazier. Keith Forsyth dijo por qué esto fue importante: “Hicimos muchas cosas para tratar de evitar que nos atraparan y esta fue una de ellas. Quien lo haya sugerido, no tengo idea de quién fue, pensó que funcionaría como distracción, no solo para la policía, sino para el público en general”.
Entraron a la oficina, robaron los archivos y se los llevaron a una granja a una hora de Filadelfia. Revisaron los documentos y quedaron estupefactos por lo que leyeron. Un memorando detallaba las conclusiones de una conferencia del FBI sobre la Nueva Izquierda que pronosticaba que si el FBI aumentaba los interrogatorios de activistas, eso “incrementaría la paranoia endémica en esos círculos y serviría para enviar el mensaje de que hay un agente del FBI detrás de cada buzón”. Esto encontró eco en una periodista que recibió los documentos filtrados, Betty Medsger, del Washington Post. El fiscal general durante el Gobierno del Presidente Richard Nixon, John Mitchell, intentó que el Post censurara los artículos de Medsger.
Betty Medsger me contó: “Debo señalar dos cosas: primero, que fue la primera vez que un periodista recibía documentos secretos del Gobierno de una fuente externa que los había robado. De modo que eso planteó una serie de consideraciones con respecto a qué hacer con los documentos. Pero fue una decisión muy difícil para Katharine Graham, la editora responsable del Washington Post, que, hasta ese momento, nunca se había encontrado con algo similar, porque fue la primera vez que se vio enfrentada a un pedido del Gobierno de Nixon de no publicar un artículo. Y ella no quería publicarlo. Y el asesor interno y los abogados tampoco querían publicarlo, pero dos directores del diario se dieron cuenta desde un comienzo de que era un tema muy importante y lo promovieron. Se trata de Ben Bradlee y Ben Bagdikian. Mientras tanto, yo estaba allí, escribiendo inocentemente mi artículo, una simple periodista de Filadelfia, y no supe hasta las seis de la tarde que estaban considerando no publicarlo”. El periódico se imprimió y se hizo historia. En aquel entonces, Medsger desconocía la identidad de los activistas. Esta semana publicó un libro titulado The Burglary: The Discovery of J. Edgar Hoover’s Secret FBI (El robo: el descubrimiento del FBI secreto de J.Edgar Hoover), en el que menciona el nombre de la mayoría de los activistas-ladrones, con su consentimiento. También se produjo un documental sobre el caso, titulado “1971”, que se estrenará próximamente.
En respuesta a las revelaciones del libro, el portavoz del FBI, Michael Kortan, sostuvo: “Varios acontecimientos de esa época, entre ellos el robo, contribuyeron a que se cambiara el modo en que el FBI identificaba y trataba las amenazas a la seguridad nacional, lo que dio pie a la reforma de las políticas y prácticas de inteligencia del FBI, entre ellas, la creación de directrices de investigación por parte del Departamento de Justicia”.
Si aplicáramos el criterio de Michael Kortan sobre el robo de documentos de 1971 a las revelaciones de Edward Snowden acerca de la NSA, el Presidente Barack Obama debería abandonar los cargos en su contra y recibirlo de regreso en Estados Unidos, con un agradecimiento. Esperemos que Snowden no tenga que esperar 43 años.

Fondos buitre: la Corte Suprema de EEUU aceptó analizar una de las apelaciones argentinas

fondos buitre

La Corte Suprema de EEUU aceptó analizar un pedido de la Argentina

Télam
La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó una apelación interpuesta por el Gobierno Argentino para que estudie una sentencia de la Corte de Apelaciones que obligaría al país a divulgar los activos que mantiene en el extranjero.

Este caso responde al pedido del Fondo NML-Capital y que tuvo eco en la Corte de Apelaciones de Nueva York, lo que fue inmediatamente apelado por el gobierno argentino.

El juez estadounidense Thomas Griesa dio lugar al planteo de NML el pasado 25 de septiembre, para que una serie de bancos privados brinden la información que tuvieran sobre activos del país con posibilidad de ser incluidos en hipotéticos embargos, con el objetivo de cobrar la deuda en default que mantienen estos fondos.

El magistrado de primera instancia había ordenado la entrega de datos de activos por parte de Citibank, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Standard, UBS, Wells Fargo y BNP Paribas, entre otros.

Entonces el gobierno argentino sometió el caso a consideración de la Corte Suprema estadounidense, tribunal que aceptó hoy rever el caso, según se conoció oficialmente.

A fines de diciembre, el Procurador General de los Estados Unidos presentó un escrito en apoyo de la petición argentina, donde se argumentó que la inmunidad soberana del país debería impedir a NML obtener la información que busca.

Cuando a principios de septiembre Griesa había dicho que estaba dispuesto a firmar una orden para avanzar en la búsqueda de activos embargables de la Argentina en el exterior, el entonces secretario de Finanzas, Adrián Cosentino -hoy integrante de la Unidad Ejecutora de la reestructuración de la deuda-, puso reparos. Había planteado que no se podía deducir que existieran nuevos bienes embargables.

"De ninguna forma se afecta la inmunidad sobre activos soberanos que otorga la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos", había planteado ante la posibilidad de que, tal como pasó, se concretara la orden de "discovery".

Este caso responde al pedido del Fondo NML-Capital y que tuvo eco en la Corte de Apelaciones de Nueva York, lo que fue inmediatamente apelado por el gobierno argentino
La decisión era esperada por los abogados de Wall Street. De hecho, la revista Forbes apuntó en un artículo conocido esta semana que "a pesar de que la Corte (Suprema de EEUU) revisa sólo una mínima fracción de las miles de peticiones que recibe cada año, hay razones para concluir que le está dando una seria consideración al reclamo de la Argentina", adelantó.

Este caso es paralelo al juicio que Argentina enfrenta ante los tribunales de los Estados Unidos, que se conoce como "el fallo del siglo", y que casualmente es liderado por el fondo Elliott, el mismo dueño de NML, perteneciente al magnate republicano Paul Singer.

En este último caso, el pasado 23 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York falló en contra del país y lo sentenció a pagar los 1.330 millones de dólares que le reclaman.

El polémico fallo en realidad fue dividido en dos, y la primera parte se conoció en junio último. La misma ya fue apelada por la Argentina y luego rechazada para su consideración por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En tanto sobre la segunda parte del fallo, referida al método de pago, está ahora en proceso de ser apelada por la Argentina ante el máximo tribunal del país del norte, hecho que ocurriría durante febrero próximo, según los tiempos legales que marcan los expertos.

miércoles, 8 de enero de 2014

Respuesta del Ministerio de Defensa a la nota de La Nación. Aunque no niega la compra de vehículos Hummer a EEUU

 

Defensa desmiente al diario La Nación

El Ministerio de Defensa, que conduce Agustín Rossi, en referencia a la nota publicada hoy en el diario La Nación (Narcotráfico: El ejército busca apoyo de EE.UU.), informa que la compra de vehículos Hummer no está relacionada con el Operativo Fortín II.
Los vehículos Hummer están destinados a otras unidades del Ejército Argentino, a saber, Unidad de Caballería y Exploración (ubicada en Posadas, provincia de Misiones) y Unidades de Inteligencia que se encuentran en el centro y sur del país.
La compra de los vehículos se inició a principios del año 2013, antes de que comenzara el patrullaje de las fronteras terrestres y fluviales, en el norte de nuestro país por parte del Ejército Argentino. La adquisición se realizó bajo el Sistema Foreing Military Sales (FMS) y no tiene relación con el Comando Sur. El método FMS permite la obtención de unidades usadas, reacondicionadas, a los EEUU, a un valor inferior con respecto a las nuevas.
El método de compra por FMS es de uso habitual, utilizado por las Fuerzas Armadas de todos los países latinoamericanos.
Cabe señalar que el Ejército Argentino tiene 34 Hummer distribuidos en Arana (La Plata) y en Río Gallegos (provincia de Santa Cruz).En tanto la Fuerza Aérea cuenta con 30 unidades y la Armada con 12.
El Ministerio de Defensa desmiente absolutamente que haya un intento de cambio de las normas de Seguridad Interior, la cual impide expresamente la participación de las Fuerzas Armadas.
La posición de diferenciar las tareas de Defensa y Seguridad han sido sostenidas en la Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en México durante el mes de octubre pasado, donde el Ejército Argentino planteó que las cuestiones de Defensa y Seguridad sean tratadas de manera independiente. Esto, contó con el amplio respaldo de Chile, Uruguay y Brasil.
El Operativo Fortín II se realiza cumpliendo estrictamente lo que prescriben las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. 

Dirección de Comunicación Social

martes, 7 de enero de 2014

Avance del Comando Sur en la Argentina? Preocupantes declaraciones de Milani

Frontera norte

Narcotráfico: el Ejército busca apoyo de EE.UU.

Milani quiere 35 vehículos blindados Hummer para hacer patrullajes.
Por   | LA NACION

Decidido a dar sus primeros pasos en la lucha contra las drogas, el Ejército busca el apoyo de los Estados Unidos para combatir a los narcos. Luego de la orden inicial de la Presidenta para desplegar unidades militares en la frontera norte, el recientemente ascendido teniente general César Milani procura la asistencia tecnológica del Comando Sur norteamericano para fortalecer los patrullajes terrestres. Y está cerca de conseguir 35 vehículos blindados Hummer para exploración, varios de los cuales serán asignados a perseguir el tráfico de drogas.
El propio jefe del Ejército mencionó el proyecto durante un discurso realizado a fines de noviembre en Campo de Mayo. El permiso oficial para involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico es considerado por Milani "una inmejorable oportunidad" para conseguir nuevos equipos militares, tal como repitió más de una vez ante las formaciones de tropas.
La semana pasada, la presidenta Cristina Kirchner prorrogó la participación militar en la lucha contra las drogas hasta diciembre de 2014. En el llamado operativo Fortín II, el Ejército participa con elementos de las Brigadas de Monte III y XII y la Brigada de Montaña V. Además, se abrió en Tartagal una sección de inteligencia dedicada sólo a conseguir información sobre grupos narco.
Pero el operativo colisiona con un serio tropiezo: las leyes de seguridad interior y de defensa prohíben a los militares participar en acciones policiales, como es la lucha contra el narcotráfico.
Las unidades del Ejército que patrullan la frontera norte se mueven por zonas alejadas de las poblaciones, por ahora, aunque con los refuerzos de vehículos blindados previstos se harán más visibles sus acciones.
"En esta misión tan importante la inteligencia militar tiene un rol protagónico de apoyo a las fuerzas de tarea y equipos de combate desplegados en el terreno, proporcionándoles la información necesaria para que puedan planificar y ejecutar eficazmente sus patrullas", dijo Milani durante su discurso en el día de la tropa de inteligencia.
Mencionó concretamente a los "equipos de combate" que están desplegados contra el narcotráfico, pese a que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, siempre afirma que los soldados dan sólo apoyo técnico a las unidades de Gendarmería.
La reglamentación de la ley de defensa firmada en 2006 por el presidente Néstor Kirchner y la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, cierra todas las posibilidades a las Fuerzas Armadas para actuar siquiera como hipótesis o inteligencia sobre situaciones que no sean generadas por un ejército regular enemigo, de un país agresor.
El cambio de esa reglamentación podría realizarse mediante otro decreto, situación que empezó a ser analizada en las reuniones de coordinación entre autoridades políticas, militares y fuerzas de seguridad, que empezaron a desarrollarse en septiembre pasado.
A las tropas de Monte Milani les prometió que en breve los participantes del Operativo Fortín II contarán con nuevos equipos individuales y vehículos. Entre esas unidades se desplegarán los Hummer pedidos al Comando Sur. Esa división norteamericana que sostiene la relación con las fuerzas militares de la región tiene una histórica posición favorable a la incorporación militar a la lucha contra las drogas. Vehículos Hummer llegaron también a fines de los 90 como contrapartida al apoyo argentino en la Guerra del Golfo.
Las negociaciones del Ejército y el Ministerio de Defensa con sus pares norteamericanos descongelarían las relaciones castrenses tras el incidente en Ezeiza de febrero de 2011. En ese momento se desató un escándalo con la acción del canciller Héctor Timerman, que incautó un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sensibles equipos de comunicaciones bajo la acusación de tráfico de armas y terrorismo. En realidad, esa aeronave transportaba personal norteamericano que debía estar al frente de un curso para fuerzas de seguridad argentinas.
Los militares argentinos mantuvieron, mientras tanto, las buenas relaciones con Washington; y volvieron a designar a un general como agregado en los Estados Unidos luego de que ese puesto fue degradado por el Ministerio de Defensa al rango de coronel durante varios años, en señal de desagrado por las políticas militares norteamericanas en la región. La orden presidencial para involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico puede ser entendida como un gesto hacia los EE.UU.
Para el Ejército representa un triunfo histórico, ya que no sólo la gestión de Milani tuvo en mente quedarse con el control de las fronteras para relegar a la Gendarmería (que hoy cuenta con 32.800 efectivos) a misiones de control social y policial. Esa idea transita el Edificio Libertador desde el año 2000.
Por lo pronto, Milani logró mostrarse puertas adentro como el militar con peso propio que consigue lo que otros no pudieron. Y en todos sus discursos a las tropas habla de esa recuperación del espíritu del Ejército, del protagonismo que tendrá su fuerza. También expone señales de poder. El viernes pasado dejó finalmente la jefatura de Inteligencia, que retuvo durante cuatro años mientras ocupaba el puesto de subjefe y luego de jefe del Estado Mayor General del Ejército. Lejos de una señal de debilidad, esa decisión es una muestra del control alcanzado en su fuerza. Y hacia afuera, también.
Elevó el número de generales de 38 a 55. Casi un general cada mil soldados. Incrementó su cúpula sin provocar los naturales pases a retiro de generales de cada año. Uno de sus generales de mayor confianza fue asignado al control directo del combate contra las drogas. Y ahora busca el apoyo de Washington.