EL GOBIERNO Y LOS BONISTAS
Clarín
Lo anunció la Presidenta. Es un gesto hacia la
Corte de EE. UU. También ofrecen cambiar todos los bonos que entraron
al canje por otros de similares características, pero que se rijan por
ley argentina.
La Presidenta Cristina Kirchner anunció ayer
que enviará un proyecto de ley al Congreso para reabrir por tercera vez
el canje de deuda pública, una medida que ya había tomado Néstor
Kirchner en 2005 y ella misma en 2010. Fue luego de la reiterada
negativa del Gobierno a hacer una nueva oferta a los bonistas, y a
través de un mensaje grabado y emitido a través de la Cadena Nacional.
La nueva reestructuración de deuda llegará además acompañada de una
propuesta para quienes posean títulos ya canjeados
en las dos ocasiones anteriores, que reúnen el 93% de los papeles que
podían entrar en esa operación. Cristina anunció que a ellos se les
ofrecerá
cambiar sus bonos emitidos bajo legislación extranjera -la mayoría de los cuales se rigen por la jurisdicción de Nueva York-
por otros pagaderos en la Caja de Valores de Buenos Aires bajo legislación local.
Luego de haber insistido en numerosas ocasiones sobre que quien no entró al canje no cobraría nada (ver
Negativas),
la primera de las medidas busca ser un gesto para tratar de influir
sobre la Suprema Corte de Estados Unidos, que desde hace dos meses
analiza si toma en sus manos el juicio que hicieron un grupo de fondos
buitre en Nueva York y que tuvo en primera y segunda instancia un
resultado desfavorable para las pretensiones argentinas. Según afirmó
Cristina en su mensaje, esos litigantes -encabezados por NML Capital y
Aurelius Capital- representan el 0,45 por ciento de la deuda nacional.
La
pretensión de mostrar a los magistrados estadounidenses la disposición
argentina a pagar quedó en evidencia en el discurso presidencial. Luego
de un largo y detallado recorrido por la historia de los pagos y las
reestructuraciones ocurridas luego del default declarado en diciembre de
2001 por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, Cristina anunció tres
decisiones. La primera de ellas, dijo, fue
“pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de los Estados Unidos”. La segunda fue
enviar al Parlamento el proyecto para reabrir el canje de deuda dejando sin efecto la “Ley Cerrojo” de 2010, que impedía nuevas reestructuraciones. Con esa decisión, buscó mostrar a la justicia norteamericana la
disposición del país a pagar a esos bonistas, dado que el “Cerrojo” fue criticado en los fallos sobre el tema en los EE. UU..
Pero ese gesto de acercamiento a la Corte
podría quedar neutralizado
por la tercera medida anunciada, la de proponer a todos los bonistas
que cambien sus papeles emitidos bajo jurisdicción extranjera por otros
suscriptos según leyes argentinas y pagaderos en Buenos Aires. Es que
esto
implica vaciar la discusión jurídica en los EE. UU.: el
efecto buscado es, precisamente, evadir el alcance de los tribunales de
ese país, que no puedan afectar más al pago de los bonos argentinos (ver
Un nuevo canje...).
En su exposición, cargada de cifras, la Presidenta aseguró que desde 2003,
el Estado abonó US$ 173.733 millones a diferentes acreedores.
Diferentes organismos públicos nacionales recibieron 41.044 millones de
ese monto, 81.487 millones fueron para tenedores de bonos privados de
la Argentina y el extranjero y 51.201 millones volvieron a manos de los
organismos internacionales de crédito.
Esas precisiones le sirvieron a la Presidenta para argumentar que la Argentina
es un “pagador serial” y no “un deudor recalcitrante”,
como figura en el fallo que emitió el viernes la Corte de Apelaciones
de Nueva York. Esa decisión del tribunal de segunda instancia ratificó
el dictamen que había tomado el juez Thomas Griessa, quien ordenó al
Estado pagar los 1.550 millones que reclaman los fondos buitre en esa
demanda. Cumplir con la decisión de Griesa reafirmada por la segunda
instancia neoyorkina implicaría el riesgo de juicios por 43.000 millones
de dólares, según calculó el Gobierno argentino.
Hasta ayer, la
Corte Suprema estadounidense no había dicho si tomará o no el caso
argentino. Esa decisión podría demorarse hasta por seis meses, un
período durante el cual, según dictaminó el fallo del viernes, la
Argentina no estará obligada a pagar.
Sin embargo, si la Corte
Suprema decide no escuchar las invocaciones a lo sobrenatural de la
Presidenta y no tratar el caso, quedará firme el fallo que obliga a
pagar el 100% sin ninguna quita, como pretenden los fondos buitre. Las
medidas de ayer buscan amortiguar el impacto de esa puja ante los
tribunales de EE.UU.
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CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER ANUNCIO QUE SE ENVIARA AL CONGRESO UN PROYECTO PARA ABRIR EL CANJE POR TERCERA VEZ
Busca dejar en claro que no discrimina a los
buitres, pero al mismo tiempo reiteró que no cederá a sus reclamos.
Además, a los que entraron a los canjes anteriores les ofrece reemplazar
sus títulos por otros que se abonarán en Buenos Aires para evitar
embargos.
Por Fernando Krakowiak (Página/12)
Cristina
Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará un proyecto de ley al
Congreso para abrir el canje de deuda por tercera vez y que el siete por
ciento de los bonistas que nunca ingresó tenga las mismas posibilidades
que el resto. Además, le ofrecerá al 93 por ciento que entró a los
canjes anteriores la posibilidad de reemplazar sus títulos por unos
nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa, pero que se abonarán en
Buenos Aires para dar una garantía adicional. De este modo, el Gobierno
deja en claro que no les pagará a los fondos buitre el ciento por ciento
de lo que reclaman y busca evitar que la reestructuración de la deuda
se caiga en caso de que quede firme el fallo del juez de Estados Unidos
Thomas Griesa, que ordenó cumplir con lo que reclaman los buitres. Ambas
medidas son a su vez un mensaje para la Corte Suprema de ese país, la
cual debe decidir si revisa el dictamen de Griesa, ratificado por la
Cámara de Apelaciones de Nueva York. “La decisión que hemos tomado es
pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos porque
estaríamos ante un caso que no sólo tiraría abajo una de las
reestructuraciones de deuda más importantes de las que se tenga memoria,
sino que también invalidaría otras reestructuraciones de deuda”,
aseguró la Presidenta.
El anuncio es en respuesta a la decisión de la Cámara de Nueva York
que el viernes respaldó a Griesa, aunque dejó en suspenso la ejecución
del fallo hasta que el máximo tribunal decida si acepta o no la
apelación del gobierno argentino. Cristina Fernández de Kirchner
comunicó las novedades a las 19.30 por cadena nacional durante un
discurso de media hora, en el que además reivindicó la reestructuración
que encaró el gobierno de Néstor Kirchner para hacer sustentable la
deuda y buscó dejar en claro la voluntad de pago, al recordar que desde
2003 a la fecha el país desembolsó la friolera de 173.733 millones de
dólares para hacer frente a sus compromisos financieros.
De ese total, 41.044 millones de dólares correspondieron a
cancelaciones intra sector público, 81.487 millones se le abonaron al
sector privado extranjero y nacional y 51.201 millones a organismos
multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. “Más que deudores
recalcitrantes somos pagadores seriales”, aseguró la Presidenta, en
respuesta a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York
que en su fallo del viernes calificaron a la Argentina como un “deudor
recalcitrante”.
“Creo que así como fuimos el país que entró en el Guinness por ser
la deuda soberana más importante que se ha defaulteado, creo que también
debemos estar en el Guinness de los países que más han pagado. Por eso
me parece importante que todos los argentinos sepamos el esfuerzo que
hemos hecho y que también el mundo tome conocimiento”, resaltó la
Presidenta. Luego recordó que el 12 de septiembre se van a pagar 2000
millones de dólares del Bonar VII y sostuvo que a partir de ese momento
la deuda en moneda extranjera pasará a representar apenas el 8,3 por
ciento del PBI.
Además de recordar lo que se pagó de deuda, Cristina Fernández de
Kirchner destacó que fue con recursos genuinos, ya que Argentina no
accedió al mercado de capitales durante la década kirchnerista. “Nuestro
gobierno es un pagador serial, pero no es un endeudador serial porque
la deuda se tomó durante otras gestiones y se defaulteó durante otras
gestiones”, agregó.
Después de reivindicar lo hecho en materia financiera durante la
última década, la Presidenta sostuvo que el fallo judicial de Griesa,
que pone en riesgo la reestructuración, recién podría quedar firme el
año próximo o en 2015, pero anunció que ahora impulsarán la reapertura
del canje y la oferta para que los que canjearon sus bonos defaulteados
en el pasado puedan reemplazarlos por otros con legislación argentina y
cobrar a través de la Caja de Valores. “No podemos tener como país una
espada de Damocles sobre nuestro cuello y esperar a que en cualquier
momento alguien tome una decisión y se caigan los canjes de 2005 y 2010 y
el país vuelva al 2001. Esto es lo único que no vamos a permitir. No
por lo menos mientras yo sea presidenta”, dijo para justificar los
anuncios.
En lo que respecta a la reapertura del canje, la consultora
Econométrica estimó que si el 7 por ciento que no ingresó antes lo
hiciera ahora, los 11.200 millones de dólares que reclaman se reducirían
a 4200 millones, aunque el objetivo del Gobierno no es seducir a ese
núcleo duro que hasta ahora se negó a negociar una quita sino
simplemente volver a ofrecerle lo mismo que al resto para demostrar que
no los discrimina. Es la propuesta que ya le hizo a la Cámara de
Apelaciones de Nueva York el 29 de marzo y que ese tribunal no tomó en
cuenta.
Además de dejar en claro que no discrima a los buitres, el Gobierno
buscó remarcar que son una expresión muy minoritaria dentro del conjunto
de los acreedores. La Presidenta recordó que los que no aceptaron los
canjes son el 7 por ciento del total, pero los que obtuvieron el fallo a
favor en el juzgado de Griesa son sólo el 0,45 por ciento. También dijo
que esos fondos no tenían los títulos cuando Argentina defaulteó sino
que los compraron en 2008 a precio de remate. “Si se hace lugar a lo que
ellos pretenden, la ganancia en dólares que obtendrían sería de algo
más del 1300 por ciento”, recalcó.
La Presidenta sostuvo que si se les da la razón a los fondos buitre
que litigan en Nueva York, no sólo se afectará la reestructuración que
concretó Argentina sino que se dificultarán las futuras
reestructuraciones de deuda a nivel mundial. “No en vano se han
presentado ante el tribunal numerosos amicus curiae, que no son
precisamente amigos de Argentina. Basta recordar a la ex directora del
FMI, Anne Krueger”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner.
El discurso presidencial buscó llevarle tranquilidad al conjunto de
los argentinos y a los tenedores de títulos públicos, al mismo tiempo
que interpeló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la
última y tenue esperanza del Gobierno en la batalla judicial que
mantiene con los buitres. “Hago un llamado a la razonabilidad y al
sentido común. No puede ser que un 0,45 por ciento que adquirió bonos
pueda poner en jaque al 93 por ciento de los acredores y
fundamentalmente las posibilidades de seguir creciendo en la Argentina.
Por este motivo, quería comunicarme con el conjunto del pueblo y con
quienes han creído en el país para que sigan haciéndolo porque estamos
al frente de la nave y la vamos a conducir a buen puerto. Tenemos
fuertes esperanzas de que el sentido común impere sobre el lobby
formidable que hemos visto en estos días, en donde un 0,45 por ciento se
puede imponer sobre la voluntad de otro 93 por ciento. Esto afecta la
igualdad, la equidad y la seguridad jurídica”, concluyó.
