Delegación empresaria argentina viaja a EEUU

Optimismo de la delegación empresaria que viaja a los EEUU

WASHINGTON. La comitiva dialogará con funcionarios de la Casa Blanca. |   

 

La Gaceta, Tucumán

El 2 de junio, la próxima semana, comenzará la gira que realizarán a los Estados Unidos una comitiva de empresarios citrícolas locales y autoridades del Gobierno provincial, bajo el paraguas del Gobierno nacional y de la Embajada Argentina en el país del Norte.

La delegación de tucumanos estará encabezada por el gobernador de Tucumán, José Alperovich, junto con una delegación de ocho productores argentinos de cítricos, además del jefe de Gabinete, Jorge Gassenbauer, y del ministro de la Producción, Jorge Feijóo. Por el sector empresario viajará Roberto Sánchez Loria, presidente de la Asociación Tucumana del Citrus (ATC), junto a ejecutivos de las empresas San Miguel, Citrusvil, Citromax y Argenti Lemon, que integran la Comisión para la Gestión del Mercados de los EEUU.

La agenda incluye una serie de reuniones exclusivamente en Washington. El lobby se desarrollará tanto a nivel gubernamental, como comercial y sanitario.

Estrategia
Un concepto que los negociadores argentinos buscan enraizar entre las autoridades y empresarios estadounidenses es que la producción de limones del Noroeste Argentino no competiría directamente con la fruta de Estados Unidos, ya que se comercializaría en contraestación.

Los funcionarios argentinos tienen su cuota de optimismo en llegar a un buen resultado. "Se trata de conversar cara a cara y ver cómo podemos ponernos de acuerdo", resaltó Argüello, que tendrá la responsabilidad de buscar las posibilidades de encauzar las negociaciones. LA GACETA Rural dialogó con Sánchez Loria, respecto de la gira.

- ¿Qué expectativas tienen respecto de este viaje a los EEUU?

- Existe una agenda de trabaja que ya fue establecida con el gobierno estadounidense.

Vamos a visitar y a reunirnos con varios funcionarios del gobierno del presidente, Barack Obama, pero también nos reuniremos con los factores que componen la actividad privada citrícola en EEUU.

Todo esto es parte, como digo, de la agenda que se está terminando de elaborar, por estas horas, donde contamos con la importante colaboración del Agregado Agrícola de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, José Molina.

- Los estadounidenses, por sugerencia del Estado de California, región citrícola por excelencia, reclamaron que se exigiera (a la Argentina, y por lógica a Tucumán) al sector productivo el cumplimiento de distintas normas sanitarias. ¿En qué etapa de concreción se encuentran esos controles?

- Puedo decir que se están terminándose se cumplir las últimas exigencias en materia sanitaria que fueron impuestas por el Aphis (Animal and Plant Health Inspection Service, agencia del Departamento de Agricultura), referidas a CVC (Clorosis Variegada de los Citrus), con resultados promisorios. Esta enfermedad no está presente en los limones de Tucumán y no representa un peligro desde el punto de vista comercial.

Relaciones CUBA-EEUU

Expertos cubanos y de EEUU se unen en iniciativa para mejorar relaciones

Univisión - AFP

Estados Unidos y Cuba deberían levantar las restricciones a los viajes y el comercio y buscar puntos comunes en la lucha contra el terrorismo, según una propuesta de expertos de ambos países que se han unido con la intención de mejorar las relaciones bilaterales.

La iniciativa, que según los involucrados es la primera que surge de un debate directo entre expertos de ambos países en varias reuniones desde 2009, surgió como respuesta a una coyuntura favorable, por los recientes cambios en Cuba y la elección en Estados Unidos del presidente Barack Obama, indicaron.

El ejercicio no pretende "provocar cambios de manera inmediata en el proceso político" pero sí "ofrecer ideas sobre las cuales se puede trabajar de una manera positiva", dijo a periodistas Jorge Mario Sánchez, profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

Otro experto de la Universidad de La Habana, Carlos Alzugaray, no pudo acudir al evento ya que no obtuvo una visa estadounidense, una muestra "emblemática de lo que está mal" en las relaciones, apuntó Ted Piccone, del centro de análisis Brookings, donde fue lanzada la propuesta.

Estados Unidos ha sentido la presión latinoamericana para normalizar sus relaciones con Cuba, como se evidenció en la pasada Cumbre de las Américas, señaló Andrés Serbin, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), que propició el debate entre los académicos.

Las propuestas preliminares de los analistas, que sostuvieron desde 2009 seis reuniones en Brasil, Panamá, Argentina, Canadá, México y Cuba, se enfocan en cinco áreas: mayor colaboración académica, liberalización de viajes, apertura del comercio y diálogo sobre terrorismo y medio ambiente.

"El tema del terrorismo es el elefante en el cuarto" que nadie enfrenta, dijo Philip Brenner, profesor de la American University de Washington.

El gobierno de Barack Obama debería sacar a Cuba de la lista de países patrocinantes del terrorismo, que comparte con Siria, Sudán e Irán, y que exponen a la isla a sanciones, ya que las razones para mantenerla ahí son "insustanciales", dijo Brenner.

Ambos países deben estimular intercambios entre militares retirados, exembajadores y altos funcionarios ligados a la seguridad nacional, así como negociar un acuerdo en lucha contra el narcotráfico, sugirió el grupo.

Otro punto destacado es la necesidad de que ambos países hagan planes frente a posibles desastres en el Golfo de México, luego de que Cuba iniciara perforaciones petroleras.

"Si un accidente en áreas profundas ocurriese, la capacidad de los Estados Unidos de proveer el equipamiento necesario para contener un derrame estaría restringida por las actuales prohibiciones", señaló el documento emitido por los expertos.

Sánchez señaló que las propuestas preliminares del grupo, que seguirá reuniéndose en el futuro, ya fueron compartidas con ambos gobiernos a través de canales informales.

"Nosotros no somos los actores políticos protagónicos de esto, somos sencillamente expertos y gente de buena voluntad que tratamos de generar las condiciones para que las relaciones entre los dos países mejoren", dijo Serbin.

Varios de los expertos reconocieron que un cambio entre Cuba y Estados Unidos, sin relaciones formales desde hace medio siglo, será lento, pero debe producirse inevitablemente, impulsado por -entre otras cosas- las reformas económicas del presidente cubano Raúl Castro y el cambio demográfico de los cubanoestadounidenses, cada vez menos beligerantes contra el régimen castrista.

La visa otorgada al académico cubano se inserta dentro de una serie de visas que recibieron intelectuales y responsables del régimen cubano en las últimas semanas, que han provocado protestas de legisladores cubanoestadounidenses ante el Departamento de Estado.

Entre las personas autorizadas a viajar a Estados Unidos está la hija del presidente Raúl Castro, Mariela Castro, sexóloga y activista de los derechos de los homosexuales, que participará en una conferencia sobre América Latina esta semana en San Francisco, junto a otros 60 académicos cubanos.

Otra interpretación de informe de EEUU sobre DDHH en Argentina

INFORME DE EEUU: CUANDO VENDEN GATO POR LIEBRE

Buenos Aires, 26 de mayo (Télam, por Alberto Dearriba).- El intento de los medios más concentrados de presentar el habitual informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano como una dura crítica de Estados Unidos al gobierno argentino por una supuesta falta de libertad de prensa, representa un esforzado ejercicio de malabarismo periodístico que sólo puede realizarse en un país con plena libertad de prensa.
El informe sobre derechos humanos -una materia en la que el gobierno argentino es un ejemplo mundial- incluyó referencias a la situación de la prensa en la Argentina, caracterizada por la tensión que genera el intento gubernamental de hacer cumplir un artículo antimonopólico de la ley de medios audiovisuales.
El documento norteamericano se refiere en un apartado de 25 carillas a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, a la corrupción, al funcionamiento de la justicia y a la libertad de expresión: en cada ítem puntualiza situaciones negativas y destaca la evolución positiva en términos generales.
El texto del Departamento de Estado sostiene que la Argentina respeta “generalmente” la libertad de expresión aunque “con excepciones” y menciona “la conflictiva relación que el gobierno tiene con la censura indirecta de ciertos medios”.
En realidad, los medios gozan en la Argentina de una libertad de prensa tan calificada como la que existe en otros países democráticos. Hay en cambio una tensión provocada por el intento oficial de desmonopolizar la agenda periodística a través de una ley que obliga a los medios audiovisuales concentrados a desprenderse de señales.
El hecho de que un centenar de periodistas reclamen que “queremos preguntar” o que en alguna dependencia oficial se utilicen gorritas con la leyenda “Clarín miente”, de lo cual se ocupa increíblemente el informe estadounidense, no constituye precisamente una violación a la libertad de prensa.
Los gobiernos dictatoriales pueden realizar conferencias de prensa sin que ello implique la existencia de un margen de libertad más amplio que el existente bajo los gobiernos que no las convocan. Si bien cualquier periodista prefiere obviamente el contacto directo, la elección de los discursos trasmitidos en directo a la ciudadanía como forma de comunicación, es totalmente legítima.
En las épocas en que los funcionarios sólo recibían a los redactores de los dos diarios más importantes y dejaban en la puerta de los despachos a los de menor tiraje, nadie interpretaba ese favoritismo como una manifestación de la falta de libertad de prensa.
La SIP le da letra al informe norteamericano sobre la desigual distribución de los avisos oficiales, en lo que constituye una defensa de la libertad de empresa antes que la de expresión. Allí está en juego una cuestión comercial y no la libertad de prensa. Por otra parte, es potestad de los gobiernos democráticos reproducir la concentración mediática al repartir la pauta o intentar equilibrarlo.
Uno de los hechos inaugurales del kirchnerismo más celebrados desde distintas posiciones políticas, fue suplantar a los miembros de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia menemista, por jueces supremos probos intelectual, moral y profesionalmente.
Ese tribunal, acaba de producir un fallo que limita hasta el 7 de diciembre la extensión de la medida cautelar que suspendió la aplicación de la cláusula antimonopólica contenida en el artículo 161 de la ley sobre servicios audiovisuales, en lugar de haber terminado ya con la dilación como pretendía el gobierno .
Pero ese mismo tribunal advirtió que el reclamo de Clarín se refiere a “cuestiones de naturaleza patrimonial” y no aporta argumentos que permitan inferir que la norma sobre desinversión afecta a la libertad de prensa. Dicho de otro modo, la discusión se circunscribe para la Corte a una cuestión exclusivamente económica.
Más allá del conflicto por la distribución de la pauta oficial y por la ley de medios, el informe norteamericano reconoce que “los periódicos independientes, las radios, la televisión y lo sitios de Internet fueron numerosos y activos, expresando una amplia variedad de visiones” No dice en cambio que esa visión sería aún más plural si la ley de medio tuviera ya aplicación plena.
En cuanto a la vigencia de los derechos humanos, es obvio que el kirchnerismo tiene ante el mundo sobrados motivos para salir airoso en cualquier examen, no sólo por haber promovido la inusual condena de los genocidas, sino también por evitar que se reprima sistemáticamente la protesta social, como se hace en muchas naciones democráticas.
El gobierno de Néstor Kirchner pagó un elevado costo político -y su sucesora lo sigue haciendo- por no dispersar violentamente cortes de vías de tránsito que les ponen los pelos de punta a quienes deben superar estas vallas como en una carrera de obstáculos, para cumplir sus obligaciones.
Cuando el informe norteamericano cuestiona el “uso excesivo de la fuerza policial” se refiere en realidad a las reiteradas acciones de “gatillo fácil” que, según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), produjeron 145 muertes entre noviembre del 2009 y el mismo mes del 2010.
Si sólo se extrae del texto la mención a los abusos policiales -como lo hacen los medios concentrados- se tergiversa su espíritu, que destaca también la aplicación de “severas sanciones”, suspensiones, detención y procesamientos de policías involucrados en estos hechos. Se oculta igualmente que el informe dice que “el gobierno respetó en general” las normas sobre arrestos y detenciones”.
Pero es obvio que una visión de la violencia que se ejerce desde el poder sobre ciudadanos indefensos, siempre contiene alusiones críticas. Lo mismo ocurriría si un funcionario argentino tuviera que escribir sobre las acciones de las tropas invasoras de los países desarrollados en Libia, Afganistán o Irak. O sobre el tratamiento a los presos en la base de Guantánamo.
Hay un párrafo que alude además a la “continua violación de los derechos de los pueblos indígenas”, aunque no está claro si se refiere a la expropiación ancestral de sus tierras que sufren los pueblos originarios por las oligarquías regionales, o al asesinato de ciudadanos qom en Formosa a manos policiales. Un proceso similar sufrieron los indígenas del oeste norteamericano, donde -al igual que en la Patagonia- fueron exterminados pueblos enteros.
El informe señala también la existencia de un sistema judicial “generalmente inefectivo y politizado” lo cual parce quedar confirmado con el freno impuesto por un juez a un artículo central de la ley de medios audiovisuales, sancionada con fuerte respaldo por el Congreso Nacional. Los vericuetos de la justicia -dice el informe- “minan sistemáticamente los intentos de reducir la corrupción”, pero no dice que suelen servir también para mantener privilegios de los poderes fácticos. 

Diálogo Inter-Americano: debate sobre Argentina y el G20

¿Debería la Membresía de la Argentina en el G-20 ser revocada?

“El G-20 es para las naciones que respetan las normas legales, y  Argentina claramente no lo hace”, dijo el senador Richard Lugar, EE.UU. (R-Ind.) el 11 de mayo al proponer una resolución ante el Congreso que expresa que Argentina debería dejar de ser parte del grupo. Argentina no sólo ha nacionalizado YPF, sino también se ha negado a cumplir con las decisiones judiciales “que le ordenan a cumplir con sus obligaciones con los acreedores de Estados Unidos”, ignorando los reclamos presentados ante el CIADI, se negó a someterse a una revisión del FMI y no cumplió con las recomendaciones contra el lavado de dinero,” dijo. ¿Son justificadas las críticas del Senador Lugar sobre las acciones de Argentina? Se  debería excluir a Argentina del G-20 y, en caso afirmativo, ¿qué país debería reemplazarla? ¿Casi cinco años después, ha resultado el G-20 ser una organización eficaz para fijar la política económica internacional?

Jorge Argüello, El Embajador argentino en los Estados Unidos: 

“La crítica del Senador Lugar y la resolución que propuso distorsionan groseramente los hechos.  Evidentemente está mal informado. Su comunicado de prensa también contiene errores inexplicables.  Como un miembro activo del G-20, la Argentina cumple con sus responsabilidades. Me gustaría referirme particularmente a un hecho fundamental que el proyecto de resolución no toma en cuenta: la expropiación de YPF es, como en las actuales circunstancias, un derecho conferido a la Argentina por el tratado bilateral de inversiones vigente entre Argentina y España. Además, la Argentina nunca se ha negado a cumplir ni con sentencias judiciales de tribunales de los Estados Unidos ni con decisiones de foros internacionales de arbitraje.  Argentina reconoce los laudos de CIADI como definitivos y obligatorios. Los dos únicos beneficiarios de laudos que alegan falta de cumplimiento por parte de Argentina se han negado sistemáticamente a cumplir con el artículo 54 del Convenio del CIADI y seguir los procedimientos establecidos en estos casos para el cumplimiento. Argentina tampoco ha ignorado el sistema judicial de EE.UU..  Argentina ha resuelto el 92 por ciento de su deuda en default. Los juicios pendientes en los tribunales estadounidenses requieren una solución que no implica discriminar a los acreedores que aceptaron un recorte en la restructuración de la deuda. Algunas sentencias dictadas por las cortes estadounidenses otorgaron a los fondos buitres sumas con un beneficio de 5.000 por ciento sobre sus inversiones. En relación con los esfuerzos contra el lavado de dinero, la Argentina ha sido felicitada por su considerable progreso en la aplicación de la recomendación del Grupo de Acción Financiera durante la última reunión plenaria, que se celebró en febrero. Más allá de estas acusaciones sin fundamento, la propuesta de “suspender” a un miembro del G-20 no tiene precedentes debido a sus implicaciones sistémicas, absurdas y preocupantes. Ciertamente, no existe un mecanismo acordado en el G-20 para llevarlo a cabo.  De hecho, es difícil imaginar tal sorprendente decisión, ya que requeriría el consenso de todos sus miembros.

Jorge Heine, presidente CIGI en Gobernanza Mundial en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales y ex ministro y embajador chileno:

“Las críticas del senador Lugar, están garantizadas. El gobierno argentino ha sido poco puntilloso en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Sin embargo, este comportamiento en relación con cuestiones derivadas de la omisión argentina de 2001, tiene una razón. Si bien la Argentina fue la niña mimada de Washington y de las instituciones financieras internacionales en la década de 1990, una vez que estalló la crisis de 2001, ni los Estados Unidos ni el FMI estaban dispuestos a intervenir y ayudar, aunque se podría argumentar que era por seguir su consejo que la Argentina entró en default. Argentina por lo tanto desconfía de los mecanismos de resolución con sede en Washington que el Senador Lugar cita. Tomará mucho tiempo para cambiar. Expulsar a la Argentina del G-20, en el supuesto caso de que se pudiera hacer, que no está en absoluto claro, sería un error por tres razones: 1) Argentina fue originalmente invitada a formar parte del G-20 en 1999 a nivel de Ministro de Hacienda como un “país problema”. 2) Cuestionar la membresía del G-20 abriría la caja de Pandora. 3) Si fuera a suceder, señalaría el comienzo del fin del G-20. El “comité de dirección de la economía mundial’  ha tenido sus altibajos desde su lanzamiento en 2008, pero se ha convertido ahora en un foro indispensable para hacer frente a problemas globales financieros y económicos.  Al prepararse los engranajes del grupo para la cumbre de Los Cabos, en México el próximo mes, hay que concentrarse en estos temas y no en distracciones como la presente. ”

Gonzalo Paz, profesor de asuntos internacionales en la Universidad George Washington:

“La resolución de excluir a la Argentina del G-20 no es del interés de los Estados Unidos. También es contrario a los esfuerzos de la administración de Obama para involucrar a la Argentina y desarrollar una relación lo suficientemente fuerte como para manejar un complejo conjunto de temas, muchos de los cuales son importantes. Algunas de estas cuestiones son estrictamente bilaterales (como las nuevas oportunidades para las empresas estadounidenses en la producción de petróleo y de gas de esquisto en Argentina), mientras que otras son de alcance regional. Mientras que aun otros tienen un impacto internacional (como los derechos humanos, el terrorismo, la no proliferación e Irán) y la Argentina ha apoyado más frecuentemente las políticas de Estados Unidos de lo que indicaría un análisis superficial. Además, la Argentina será un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante  el periodo de 2013-2014. Además del daño que una medida como esta podría causar a los Estados Unidos en la región, el impacto de la misma también es cuestionable. Si bien es posible argumentar si es en el interés económico de la Argentina de nacionalizar las acciones de Repsol en la YPF, los derechos legales de cualquier país soberano a la nacionalización son reconocidos por el derecho internacional. Las decisiones del CIADI algunas favorables a la Argentina y otras favorables a las empresas internacionales, son los efectos más recientes del terremoto económico de 2001, que la Argentina resistió casi sin apoyo multilateral o internacional. Ciertamente, la Argentina puede mejorar, pero, como el caso de Grecia ha demostrado, la participación activa de la comunidad internacional podría ser una política mejor que la de un castigo".

Romney: América latina puede ayudar a economía de EEUU

Romney: América Latina puede ayudar a economía de EE.UU.

El Comercio

WASHINGTON DC - El candidato presidencial republicano Mitt Romney dijo el miércoles estar cada vez más optimista sobre el futuro económico de Estados Unidos debido a las ventajas de las empresas norteamericanas para acceder al mercado en América Latina.
“Estoy cada vez más optimista sobre el futuro económico de este país, sobre la prosperidad para nuestros hijos. Digo eso porque hay varias cosas juntándose”, dijo Romney ante miembros de la empresarial Coalición Hispana.
Ante una pregunta de la audiencia sobre la importancia de la región si ganara las elecciones de noviembre, el candidato afirmó que “las oportunidades en América Latina son realmente extraordinarias, no solo por la proximidad sino por los valores y culturas compartidas”.
Expresó que le preocupa “lo que ocurre en el Medio Oriente y en China, pero también me importa lo que ocurren en América Latina y en este hemisferio”.
Romney centró su discurso en una propuesta para permitir a estudiantes discapacitados y de bajos ingresos utilizar fondos federales para asistir a escuelas públicas, escuelas públicas administradas por la comunidad (conocidas en inglés como charter) y, ocasionalmente, escuelas privadas.
El plan coincide con la filosofía republicana de dar a los estudiantes más opciones, pero no especifica qué pasará con escuelas ubicadas en áreas que dependen de financiamiento federal. Un asesor de Romney dijo el miércoles a reporteros que el plan no incluye fondos federales nuevos para educación.
“Aquí estamos en la nación más próspera, pero millones de niños reciben una educación tercermundista. Y los niños de minorías étnicas sufren más. Este es el tema de derechos civiles de nuestra era. Y es el gran reto de nuestro tiempo”, dijo el dirigente republicano en una de tres referencias a las minorías.
Durante su discurso ante la Coalición Latina -su primera alocución ante una organización latina en la capital estadounidense durante su campaña electoral- el gran ausente fue la reforma migratoria integral.
Dirigentes demócratas han criticado reiteradamente a Romney por haber propuesto una política de autodeportaciones para resolver la situación de 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin la debida documentación y por haber dicho que la ley migratoria de Arizona debería servir como modelo nacional.
El presidente Barack Obama obtuvo el 67% del voto latino frente a su rival republicano John McCain en 2008. Ahora que Romney ha mostrado preferencia por políticas migratorias restrictivas, la campaña de Obama espera repetir el apoyo sustancial de entre los más de 20 millones de hispanos inscritos en el registro electoral.
Romney también afirmó que de llegar a la Casa Blanca vetaría el Dream Act, un proyecto de ley -impulsado por demócratas e hispanos- que ofrece la ciudadanía a menores de edad que están sin autorización en Estados Unidos si asisten a la universidad o ingresan a las fuerzas armadas.
Un sondeo realizado a comienzos de año por la universidad estadounidense Quinnipiac concedió a Obama 58% de preferencia entre votantes hispanos, y 35% a Romney.
La Coalición Latina es una agrupación que desde 1995 se dedica a apoyar a pequeños empresarios hispanos a aumentar su acceso al capital, su contratación con el gobierno federal y la reducción de costos.

Pentágono y narcotráfico: militarización en América Latina

EE.UU. avala militarización contra narco en América Latina

Fuerzas militares resguardan las afueras de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Terra

Washington.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo este jueves que la militarización de la lucha contra el narcotráfico en varios países de América Latina se justifica porque el objetivo de desarticular esos grupos “es de nuestro interés”.

“No creemos que tener militares participando en las actividades policíacas es una buena idea”, sin embargo, el objetivo final... “es de nuestro interés”, afirmó el subsecretario estadounidense de Defensa Adjunto para el Hemisferio Occidental, Frank Mora.

Aseveró que Washington reconoce que el uso de los ejércitos en estas acciones es consecuencia de un debilitamiento institucional que presentan algunos países amenazados por el crimen transnacional, y por ello su decisión de apoyar estas políticas.

“La pregunta no es lo que no debemos hacer, sino qué podemos hacer nosotros para apoyarlos, y particularmente tratar de mitigar los riesgos asociados con su participación en estas actividades”, precisó.

El reto es “cómo mantener un alto nivel de profesionalización de modo que cuando las instituciones civiles, la policía, estén listas para confrontarlas (a las bandas criminales), el ejército pueda volver a sus funciones tradicionales”, manifestó.

Al participar en un evento organizado por el Consejo de las Américas, Mora dijo que algunos de estos riesgos han sido un tema constante en sus contactos con líderes militares en estos países.

“La realidad es que cuando se tienen instituciones militares (participando en estas tareas), existe ese riesgo, existe esa vulnerabilidad y ellos lo entienden muy bien”, dijo.

El funcionario desestimó además la noción de que Estados Unidos deba dejar de cooperar con esos ejércitos a partir de su inclusión en tareas que tradicionalmente no han sido de su competencia.

“No podemos decir que sólo porque han tomado estas decisiones, no podemos apoyar a estos ejércitos; no podemos darles la espalda a nuestros socios, y no lo vamos a hacer”, precisó.

“Por ello estamos tratando de desarrollar formas innovadoras y creativas de cooperación para fortalecer sus capacidades, y compartir las responsabilidades para hacer frente a los retos de hoy”, mencionó.

Insistió además que contrario a reportes de prensa, su gobierno no ha empujado esta acción, las cuales, dijo, han sido adoptadas por estos gobiernos de manera soberana.

Mora aludió el papel que tiene Estados Unidos en la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica (CARSI), que calificó de pequeño y orientado en gran medida al fortalecimiento institucional.

“No se trata de militarizar lo que es un reto de las agencias policíacas en estos países; argumentaría que se trata de democratizar, se trata de fortalecer (las instituciones)”, indicó.

Evo Morales acusó a EEUU

Gobierno de Morales acusa a EEUU de ser laboratorio de denuncias en su contra

El Gobierno de Evo Morales acusó hoy a Estados Unidos de haberse convertido en un "laboratorio" desde donde "corruptos, narcotraficantes y delincuentes" bolivianos, en supuesta complicidad con ese país, inventan acusaciones en su contra.

"Parece que Estados Unidos se habría convertido en el laboratorio de las acusaciones de corruptos, narcotraficantes y delincuentes contra funcionarios bolivianos", dijo en una rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El ministro replicó así al expresidente de la aerolínea privada Aerosur Humberto Roca, crítico del presidente Morales, que denunció desde Estados Unidos que el Gobierno boliviano fue parte de una trama con otros socios para quitarle su paquete de acciones.

Aerosur, que es su momento fue la aerolínea más importante de Bolivia, paralizó todas sus operaciones en medio de una crisis financiera y deudas por más de 210 millones de dólares con el Estado y sus proveedores.

Roca, investigado en Bolivia por supuesto enriquecimiento ilícito, dijo al diario El Deber "que quien está detrás de todo esto es el Gobierno" que, en cambio, le ha acusado de haber desfalcado la compañía para quebrarla.

Según Quintana, "es un recurso muy fácil para los delincuentes que acumulan fortunas en Bolivia y se escapan a Estados Unidos" acusar "a algún funcionario" boliviano de sus problemas.

Citó el caso del exjefe antinarcóticos de Morales, el general René Sanabria, condenado por narcotráfico en EE.UU., que denunció en una carta difundida esta semana que hay funcionarios del Gobierno supuestamente relacionados con el tráfico de drogas.

"Fíjense en el caso de Sanabria, un narcotraficante que acumula fortuna con el narcotráfico, que es pillado en Panamá, se lo llevan a Estados Unidos y él o en su nombre se escribe una carta acusando a funcionarios del Gobierno", criticó Quintana.

También mencionó al excandidato presidencial y exgobernador de la región central de Cochabamba Manfred Reyes Villa, que reside en EE.UU. desde 2010 y se declara víctima de una "persecución política" de Morales.

Quintana acusó a Reyes Villa de haber acumulado una fortuna ilegalmente y de huir a Estados Unidos cuando lo descubrieron, para luego usar, a su juicio, la misma "coartada" que Roca y Sanabria.

"¿Qué pasó? ¿Hay complicidad entre los delincuentes, narcotraficantes y corruptos con funcionarios de Estados Unidos para acusar al Gobierno de Bolivia?", se preguntó el ministro.

Desde que llegó a la Presidencia por primera vez en 2006, Morales ha acusado varias veces a Washington de conspirar contra él para derrocarlo y por ello expulsó en 2008 al entonces embajador Philip Goldberg y a la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA).

Desde entonces, los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos no tienen relaciones a nivel de embajadores, aunque en 2011 firmaron un convenio para mejorarlas y concretar las nuevas designaciones.

"Drones" de EEUU operarán en Argentina?

La base norteamericana de "drones" en el Chaco y los rumores en la web

Medios internacionales y centros especializados en inteligencia militar hablan de esta posibilidad. Qué explicaron los diplomáticos.

Por Andy Jud, desde Washington (Perfil)

Con cierto recelo en la información pública, varios sitios internacionales en Internet que tratan temas militares y de estrategia, están informando por estos días que el Comando Sur de Estados Unidos, cuyo centro de control operacional tiene su sede en Miami, piensa instalar una base militar norteamericana para monitoreo aéreo en la provincia del Chaco, específicamente en el aeropuerto de Resistencia.
Inclusive se menciona que se estaría construyendo un edificio especialmente preparado para instalar allí moderna tecnología de imágenes satelitales. El objetivo de la base en el aeropuerto es justamente permitir vuelos de aviones no tripulados (conocidos como Drones) que permiten sobrevolar regiones y tomar imágenes digitalizadas de gran precisión.
El tema ya ha llegado a distintos sitios internacionales de noticias, como Al Jazeera y el diario Universal de Venezuela. En dichos medios se menciona una alianza argentino norteamericana con la intención de compensar otras instalaciones que se están montando en el Brasil y para controlar de cerca la Triple Frontera.
Los medios comentan esta nueva iniciativa del Comando Sur de instalar bases en Argentina y Chile para extender las capacidades operativas contra el Terrorismo.
Según explican, el proyecto sería financiado a través de un programa de Defensa de los Estados Unidos y costará inicialmente unos tres millones de dólares sin adicionar los "drones" que allí operarían, los cuales elevarían la inversión a 100 millones de dólares en equipamiento.
Según los mismos analistas, Resistencia sería el próximo proyecto en marcha, aunque las autoridades locales lo han definido como “un centro de ayudas y emergencias humanitarias” para casos de terremotos e inundaciones, monitoreando la geotermia y el caudal de los ríos.
Tales declaraciones han provenido de fuentes de la embajada norteamericana en Buenos Aires y de la gobernación del Chaco, los cuales no han querido extenderse en explicaciones. Tampoco el website del Comando Sur hace ninguna referencia al proyecto "chaqueño".
Pero los medios mencionados han revelado que el objetivo es entrenar a fuerzas argentinas en tecnología de última generación. Los equipos a instalar son similares a los que Estados Unidos utiliza en regiones "calientes" como ser Afganistán o Pakistán, que a la vez también permiten controlar el tráfico de estupefacientes en dichas regiones. Actualmente Estados Unidos tiene otras bases en Latinoamérica como ser Colombia, El Salvador, Honduras y Panamá, y también tiene bases en el Perú y una importante instalación en Paraguay. 
El jefe del  Comando Sur es el general Douglas Frazer que pronto será reemplazado por John Kelly, otro general veterano de la guerra de Irak. Hace unas semanas se inauguró en Chile una base militar en Fuerte Aguayo, localidad cercana a Valparaíso, que servirá para cooperar con las Naciones Unidas.
El edificio de control a instalar en el aeropuerto de Resistencia sería la primera base operacional de monitoreo de Estados Unidos en la Argentina, y estaría –según los medios- bajo el comando del Coronel Edwin Passmore que estuvo destinado en Venezuela anteriormente y cuya nueva misión sería instalar este centro de control en Chaco. Passmore es un especialista en temas de control estratégico y tiene una importante experiencia en contrainteligencia y operaciones especiales.

La particular visión de EEUU sobre los DDHH en Argentina

Figura que el Gobierno no cumple el fallo de la Corte sobre pauta oficial

EEUU incluyó el caso Perfil en su reporte global anual de DD.HH.

El Departamento de Estado incluyó a la Argentina en el listado de países con "acciones contrarias a la libertad de prensa". Qué otros conflictos denuncia.

Por Emiliano G. Arnáez (Perfil)

Los principales problemas en materia de derechos humanos en Argentina incluyen "el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía (en ocasiones con la muerte como consecuencia final), acciones que hacen peligrar la libertad de la prensa, y continuas infracciones de los derechos de los pueblos originarios".
Así comienza el apartado especial sobre Argentina que el Departamento de Estados de los Estados Unidos incluyó en su reporte anual Country Reports on Human Rights Practices 2011 (Informe sobre prácticas de Derechos Humanos), el cual fue difundido anoche por la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton.
Respecto de la libertad de prensa, el documento hace especial hincapié en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado a pautar publicidad en los medios de la Editorial Perfil. En una precisa línea de tiempo, repasa día a día los distintos dictámenes y sentencias que la Justicia lanzó para instar al Gobierno a cumplir con la "distribución balanceada" de publicidad oficial. El espacio dedica al caso señala que "el Poder Ejecutivo aún no ha respondido oficialmente a la orden".
Se menciona asimismo la campaña conocida como "Clarín miente" (Clarin lies, en el original), el bloqueo a la salida del diario La Nación desde su planta y el pedido judicial de informar con los datos personales de los periodistas especializados en economía que escriben sobre el INDEC.
En otras secciones destacadas del informe se enumeran las malas condiciones carcelarias (en donde se incluye el maltrato a algunos prisioneros), arresto y detención arbitrarios ocasionales; prisión preventiva prolongada, las continuas preocupaciones sobre la eficiencia e independencia judicial, la corrupción gubernamental, la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso y trabajo infantil, la trata sexual y esclavitud laboral.
También se critica el hecho de que la Justicia haya procesado a determinados funcionarios que "cometieron abusos durante el período del informe" y sin embargo "obtuvieron la impunidad mediante la corrupción". El extenso reporte reseña en la sección "Corrupción oficial y transparencia gubernamental" el caso Schoklender y no concluye sin remarcar las causas judiciales que atañen al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Argüello escribió en el Financial Times sobre YPF

El embajador en los EEUU ratificó que YPF será "compañía con participación privada"

InfoBae

Jorge Argüello publicó una columna en el diario Financial Times para explicar la decisión argentina de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera. Argumentó que la medida se tomó para "evitar una crisis nacional de energía"

El embajador argentino en los Estados Unidos aseguró que la ley aprobada por el Congreso para la recuperación de la petrolera YPF fue llevada adelante para "evitar una crisis nacional de energía".

En una nota publicada en el diario Financial Times, Jorge Argüello señaló queel país tuvo que tomar acciones dado el “aumento de la dependencia en costosa energía importada debido al fracaso de Repsol de invertir en nueva exploración en Argentina”.

De no haberse recuperado YPF, afirmó, “hubiera sido una traición de nuestra promesa a los argentinos de hacer todo lo posible al alcance del gobierno para mantener la autosuficiencia energética, crítica para nuestro crecimiento económico y competitividad”.

Argüello afirmó entonces que la petrolera “continuará siendo una compañía con participación privada” y que la Argentina “está abierta a nuevas inversiones extranjeras en YPF siempre que esa inversión lleve a la expansión de la producción de petróleo y gas y no sólo a la transferencia de ganancias para pagar dividendos”.

A su vez, el funcionario explicó que un “principal punto de desacuerdo” de las partes, “era un conflicto de interés entre la mayoría de accionistas de YPF [Repsol] y los objetivos de desarrollo de Argentina”.

Así, “mientras el beneficio neto de YPF en 1997-2011 fue de 16.6 mil millones de dólares, 14.2 mil millones de dólares fueron a los inversores como dividendos y, durante el mismo período, nuevas reservas probadas de petróleo en Argentina fueron prácticamente inexplotadas” dando como resultado que “el año pasado, fue la primera vez en más de dos décadas que Argentina registró un déficit comercial en combustible”.

La carta resaltó además que mientras que “la mayoría de los productores mundiales de petróleo y gas, desde México a Noruega, poseen o controlan estrictamente los recursos de hidrocarburos”, la Argentina “era el único país en América Latina que no tenía control sobre este recurso estratégico”.

Para concluir, mencionó que “la economía argentina está creciendo a pesar de la grave situación financiera en todo el mundo, abriendo oportunidades de inversión rentables”.

EEUU ante la Revolución de Mayo

 

Adelanto de mi próximo libro sobre las relaciones Argentina-EEUU:

Estados Unidos y las Provincias Unidas del Río de la Plata, 1810-1823

En un principio, la relación bilateral era esencialmente económica. En junio de 1810, la Casa Blanca envió a Joel Roberts Poinsett a Buenos Aires para fomentar el comercio con el Río de la Plata. Nunca antes Estados Unidos había nombrado un representante ante un gobierno no reconocido. En Buenos Aires, la Junta estaba en crisis, se iniciaba la guerra y Portugal avanzaba sobre la Banda Oriental. El gobierno porteño necesitaba armas y envió representantes a Londres, pero no consiguieron ni financiamiento ni pertrechos militares. Surgió, entonces, la alternativa de pedir ayuda a Washington.

En abril de 1811, Poinsett pasó oficialmente a ser cónsul general en las provincias de Buenos Aires, Chile y Perú. Tres años más tarde, el gobierno porteño nombró a Diego de Saavedra y Juan Pedro Aguirre como enviados a Estados Unidos. Si bien fueron bien recibidos en Washington por el entonces Secretario de Estado Monroe, quien accedió a que se les vendieran armas a buen precio, éste siempre aclaró que su gobierno se mantendría neutral en el conflicto de la Junta de Buenos Aires con España. La Casa Blanca estaba gustosa de hacer negocios vendiendo armas, pero no dispuesta a comprometerse con un gobierno anti-colonial cuya suerte era incierta. La guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña iniciada en 1812, más los intentos de reconquista española en el resto del continente, reforzaron la neutralidad del gobierno de Washington. Resultaron vanos, entonces, los pedidos de ayuda impulsados por las Provincias Unidas.

Poco después, cuando se avecinaba declaración de la independencia, el Director Supremo Ignacio Álvarez Thomas envió a Martín Thompson a Estados Unidos, con una carta dirigida al presidente James Madison (1809-1817). Su misión, secreta, era afianzar las relaciones bilaterales, ofreciendo facilidades comerciales a Estados Unidos. Procuró comprar armas, contratar oficiales y, además, iniciar relaciones diplomáticas con México. Estuvo entre mayo y agosto en New York, pero no logró entrevistarse con el presidente estadounidense, y se dedicó, entonces, a conseguir armamentos sin autorización del gobierno de Washington. Esto provocó el disgusto de la Casa blanca y la decisión de Álvarez Thomas de hacerlo retornar a Buenos Aires. La independencia había sido declarada en Tucumán el 9 de julio de 1816, pero en el resto de América Latina las tropas realistas avanzaban velozmente, lo que llevó a Madison a no dar ninguna señal a favor del reconocimiento diplomático de las Provincias Unidas.(...)

Entrevista a Atilio Borón: el imperio americano y América latina

"Dale Fuego (entrevistas que queman)",  un programa de entrevistas de Barricada TV.
Atilio Borón opina sobre la situación de Latinoamerica en general, el rol de Venezuela a nivel regional, el papel de Argentina, y la situación de Colombia con el lanzamiento de la marcha patriótica.

CIADI, YPF y Martínez de Hoz

Del CIADI, Repsol y los Martínez de Hoz

En cada oportunidad en que la Argentina reacciona ante algún abuso o despropósito proveniente de capitales foráneos, surge entonces una figura amenazante. Nos referimos al CIADI.

Eduardo Román Di Cola (Tiempo Argentino)
 

Existe en la historia argentina una obsesiva persistencia: la de argentinos defendiendo los intereses que son contrarios a los de nuestro país. Un grupo minúsculo, pero siempre presente, cuyos integrantes no dudan a la hora de intervenir como especuladores y “traficantes de nuestra soberanía y porvenir”.
En este sentido, el apellido Martínez de Hoz se repite en distintas etapas de la historia. De hecho, un acaudalado comerciante, contrabandista y esclavista de nombre José Martínez de Hoz, estuvo presente en las deliberaciones del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 votando por la continuidad del virrey Cisneros. Según consta en actas, Martínez de Hoz no encontraba “bastantes datos para considerar necesaria la remoción del Excelentísimo Señor Virrey”. Esta postura, tan poco consustanciada con los intereses patrios, estaba en sintonía con la tesis sostenida por el entonces obispo de Buenos Aires, monseñor Benito de Lué y Riega, quien afirmaba que “aunque hubiese quedado un solo Vocal de la Junta Central (en Sevilla) y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como a la Soberanía”.
A mediados de la segunda mitad del siglo XIX, otro Martínez de Hoz, José Toribio, en 1866 fue uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, acontecimiento que, como señala Norberto Galasso, tuvo lugar en su propia residencia. Tiempo después, un nuevo José Martínez de Hoz, sobrino nieto del primero, recibió 2,5 millones de hectáreas del gobierno del “orden y progreso”, a cambio de aportar caballos y elementos bélicos a Julio Argentino Roca, para desalojar a los “salvajes” de sus tierras y llevar adelante un infame exterminio, tal como lo documentó Osvaldo Bayer.
Ya en el siglo XX, nuevamente aparece un José Alfredo Martínez de Hoz, presidiendo la Asociación de Criadores Argentinos de Shorthorn y, entre 1946 y 1950, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tal como sucedió con sus predecesores, también se paró en la vereda opuesta a los intereses nacionales, combatiendo al gobierno popular de Juan Domingo Perón. Quizás esto ayude a comprender la razón por la cual el Gral. Perón no asistía a las exposiciones que la Sociedad Rural Argentina organizaba anualmente. Imaginemos el significado que podía tener para un presidente elegido democráticamente asistir a un evento organizado y presidido por José Alfredo Martínez de Hoz.
Su hijo, también José Alfredo, llegó más lejos como defensor de los intereses foráneos. Fue miembro del Comité Internacional del Consejo de Administración del Chase Manhattan Bank. Al mismo tiempo, José Alfredo fue dos veces ministro de economía de la República Argentina, la última vez durante la dictadura cívico-militar genocida de 1976.
Como se puede apreciar, todo un árbol genealógico. Sin embargo, esta historia de quienes prefieren estar en la vereda contraria a los intereses de la nación no ha terminado aún.
Hace pocos días, el Congreso Nacional hizo ley la recuperación de YPF, aquella empresa que honró Enrique Mosconi, entre otros grandes que supieron defendernos. Sin embargo, en cada oportunidad en que la Argentina reacciona ante algún abuso o despropósito proveniente de capitales foráneos, surge entonces una figura amenazante. Nos referimos al CIADI.
El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington, cuyo objetivo principal es prestar servicios de conciliación y arbitraje sobre disputas por inversiones entre estados nacionales y empresas privadas multinacionales.
En realidad, y en otras palabras, es una institución del capitalismo al servicio del capitalismo neoliberal. Para hacerlo sencillo y comprender de una manera simple qué significa para nuestros intereses nacionales, basta saber quiénes son los que defienden los intereses que accionan contra nuestro país. A modo de ejemplo podemos mencionar algunos casos ventilados en el CIADI tales como: “El Paso Energy Internacional Company c/ República Argentina”; “Wintershall AG y Wintershall Energía SA c/ República Argentina”; “Enersis c/ República Argentina” y “Mobil Argentina SA c/ República Argentina”. En todos ellos, sus defensores son el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz (h) y el estudio jurídico “Pérez Alati, Mariano Grondona (h), Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h)”, estudio que también integra el Dr. Pedro Eugenio Aramburu (h).
No es de extrañar entonces que el CIADI sea criticado desde distintas latitudes por las más variadas organizaciones nacionales e internacionales, por considerar que tiende a beneficiar a las empresas, en desmedro de los estados nacionales.
En consecuencia, teniendo claro cuáles son los intereses que defiende no será difícil deducir cuál será la ideología e intereses de quienes serán sus abogados. Me refiero a los de ellos, los de Repsol, no a los nuestros.
Ellos continuarán consustanciados con una regularidad histórica que asombra y asusta. Continuarán con la obsesiva persistencia de darle la espalda a los intereses nacionales. Naturalmente, en un país libre y democrático como el nuestro tienen el derecho a hacerlo. El mismo derecho que nos asiste a nosotros para darlo a conocer y ponerlo en evidencia.

Informe del Departamento de Estado sobre Argentina: corrupción y libertad de prensa

Corrupción y libertad de expresión, en un informe del gobierno de EE.UU.

Por Ana Baron (Clarín)

Habla del ataque a los medios críticos. Y de la “debilidad de las instituciones” locales.

Washington Corresponsal

El capítulo “Argentina” del Informe anual sobre los derechos humanos dado a conocer dado a conocer ayer por la Secretaria de Estado Hillary Clinton contiene este año una novedad. Al inicio del capítulo hay una síntesis sobre las “preocupaciones mas importantes” que tiene la diplomacia estadounidense con respecto a la situación de los derechos humanos en nuestro país qu e incluye por primera vez el tema de la libertad de prensa.

Entre las otras preocupaciones que menciona esta síntesis del Departamento aparece la corrupción. El informe dice que los informes de la prensa argentina sobre “funcionarios de los tres poderes envueltos en prácticas corruptas sugieren “una falla en la aplicación efectiva de la ley”.

En su sección cuarta, el documento dice que en el país, “la debilidad de las institucione s y un frecuentemente inefectivo y politizado sistema judicial minan sistemáticamente los intentos por moderar la corrupción”.

Entre los casos que enumera , sobresale el del desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas populares de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, o el caso Schoklender y el proceso por dádiva s contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que, dice, “permanece abierto”.

Además, hay una serie de temas que ya figuraban en informes anteriores como el abuso policial, las malas condiciones en las prisiones, el maltrato de los prisioneros o la ineficiencia y la manipulación política del sistema judicial.

Si bien en el subcapítulo dedicado propiamente a la libertad de prensa deja en claro que en nuestro país hay diarios, radios y televisiones independientes muy activas, que “expresan una amplia variedad de puntos de vista”, el informe recoge las preocupaciones de IAPA (siglas en inglés de la SIP), y otras organizaciones sobre “la relación conflictiva del gobierno con ciertos medios y la censura indirecta” reproduciendo su llamado a “que termine la escalada de agresión contra los medios críticos (del Gobierno)... la presión sobre el sistema judicial en casos relacionados con los medios y el abuso administrativo de Papel Prensa”.

Este año como en años anteriores, la diplomacia estadounidense siempre cita terceras fuentes y no utiliza ningún adjetivo propio.

Pero lo interesante es la selección de temas que hace.

Así, el informe denuncia “el bloqueo de las plantas de Clarín y La Nación, dos de los diarios mas leídos de la Argentina, en violación de un fallo civil judicial del 2010 y la orden que le dio el Directorio de Mercado Central a sus empleados para que usen “gorros que decían Clarín miente, en respuesta a un artículo de ese diario” , como también el “cartel colocado en el frente del Mercado con el mismo mensaje y el cierre de dos puestos de diarios “porque no cumplían con la reglas del mercado central”.

“Nosotros estamos al tanto, no solamente en el caso de Argentina sino de un grupo más grande (de países), de una gama de métodos de censura indirecta que un número de gobiernos están usando para afectar la libertad de expresión” dijo subsecretario adjunto para la democracia, los derechos humanos y trabajo, Michael Posne cuando se le pregunto ayer por el caso Clarín.

En algunos casos son amenazas directas y acoso, en otros restricciones al papel de prensa, o leyes sobre calumnias, o restricciones en las licencias de estaciones de televisión.

En el subcapítulo titulado “Censura o restricción de contenidos”, la diplomacia estadounidense afirma que durante el 2011, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no publicaron la información completa sobre la cantidad y el destino de los fondos públicos para la publicidad. Cita de IAPA y otras organizaciones sobre el uso discriminatiorio de la publicidad oficial para recompensar o castigar a los medios, haciendo referencia al caso Perfil.

Otra visión: EEUU critica duramente a Argentina por los DDHH

Dura crítica de EE.UU. al Gobierno y la Justicia

Cuestionó las presiones a la prensa y la impunidad de los funcionarios

Por Silvia Pisani  | LA NACION

    

 

 

 

Documento: El informe del Departamento de Estado de EE.UU.

 

WASHINGTON.- La denuncia por fraude contra el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la campaña conocida como "Clarín miente" y las presiones del Gobierno contra la libertad de expresión quedaron fuertemente reflejadas ayer en el extenso capítulo que el gobierno de Barack Obama destinó a evaluar la situación de la Argentina en materia de derechos humanos.

El habitual diagnóstico que el Departamento de Estado hace sobre la situación de los derechos humanos en el mundo tiene este año 25 páginas con consideraciones respecto de la Argentina. Y menciona las denuncias de entidades civiles sobre sospechas de parcialidad en procedimientos judiciales. El documento, que presentó Hillary Clinton, cita, entre los casos aún no cerrados, los que involucran a los fondos de campaña de Cristina Kirchner, cuyo expediente lleva ya varios años, y la investigación por fraude del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

El único juez federal que se identifica por su nombre es el controvertido Norberto Oyarbide, de quien recuerda que tiene a su cargo la causa por los fondos de campaña de Kirchner . "En 2008 acusó a su entonces jefe de campaña, Héctor Capaccioli, por su participación en la trama, pero el juicio aún estaba pendiente a fin de año [2011]", detalla el informe.

"La combinación de debilidad institucional y un sistema judicial a menudo politizado e ineficaz diminuyen las posibilidades de combatir la corrupción", describe el texto.

Al contestar preguntas de LA NACION, el secretario adjunto para Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado, Michael Posner, aseguró que el gobierno de Obama está "muy atento, no sólo en la Argentina, sino también en todo el mundo, sobre la amplitud de métodos que tienen los gobiernos para aplicar censura" a la libertad de expresión.

"A veces se aplican amenazas directas", dijo, pero en otros casos puede ser que esa presión se efectúe como "recursos indirectos" pero legales, como por ejemplo la concesión de licencias.

"Creemos firmemente en la libertad de expresión en todas sus formas y llamamos a los gobiernos a ser especialmente respetuosos en ese aspecto", dijo Posner, quien dialogó especialmente con corresponsales extranjeros para presentar el informe.

En su introducción, el documento identifica como "los principales problemas" de la Argentina en materia de derechos humanos al "uso excesivo de la fuerza policial, que a veces derivó en muertes; acciones que amenazan la libertad de prensa, y la infracción continua de los derechos de los pueblos indígenas", así como la "corrupción oficial".

Recoge luego presiones contra la prensa y "acciones indirectas de censura", entre las que cita el bloqueo a la salida de los diarios LA NACION y Clarín, sumado a la complicidad policial que nada hizo -expresa- para "garantizar" el derecho a la libre circulación de prensa.

Cita, asimismo, el despliegue de la campaña "Clarín miente" en edificios públicos, como por ejemplo el Mercado Central, "una entidad administrada en conjunto por los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires", o el hecho de que "se obligara a sus empleados a usar gorras" con la misma leyenda.

La descripción de la campaña no llega, sin embargo, a incorporar el caso de las medias con la citada leyenda que se distribuyeron, días atrás, durante la gira de Cristina Kirchner por Angola, porque para entonces el detallado informe estaba ya cerrado.

En el mismo apartado referido a la condición de la libertad de expresión y de prensa en el país, el documento menciona las denuncias por "arbitraria" distribución de la publicidad oficial. En ese punto, suma entre los perjudicados al diario Perfil.

Cita también la disposición judicial para que editores de determinados diarios "informen la identidad" de los periodistas que informan sobre índices de inflación alternativos al oficial, que supervisa el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. "El índice oficial de inflación ha sido denunciado periodísticamente como impreciso."

Asimismo, en las denuncias sobre corrupción política, debilidad institucional y la falta de independencia judicial, cita especialmente el supuesto "fraude con fondos públicos" cometido por Sergio Schoklender, el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El informe avanza en precisiones sobre el caso e incluye la acusación del ex apoderado en el sentido de que "hubo corrupción del Gobierno" en la administración de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales que, en realidad, "se usaron para financiar gastos de campaña política" y que los proyectos se otorgaban "sobre la base de coimas".

Recuerda que hay casi US$ 200 millones en dinero de los contribuyentes de por medio y, al igual que en el caso de la financiación de campaña de Kirchner, recuerda que el caso "aún sigue abierto".

Posner, en tanto, recordó que Madres de Plaza de Mayo "es una entidad que tuvo un trabajo reconocido" en años difíciles de la Argentina. "No haremos comentarios adicionales porque el caso aún se está ventilando judicialmente", añadió, ante una pregunta de LA NACION.

El texto recuerda entre los casos aún irresueltos el de supuesta financiación irregular de la campaña de Cristina Kirchner, destapado en 2007, y el del ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime.

En este capítulo subraya especialmente las quejas de organizaciones no gubernamentales por "negación arbitraria" del derecho a la información, pese a que se encuentra reconocido por ley.

DDHH en Argentina: elogios y críticas de EEUU

 

INFORME DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Elogios y críticas de EE.UU.

Página/12

El Departamento de Estado norteamericano difundió ayer su informe anual en materia de derechos humanos, en el que reiteró los elogios y críticas que viene haciendo en los últimos tiempos a Argentina. Por ejemplo, destacó los avances registrados en los juicios a las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, lo que considera “un foco de la política del gobierno argentino”. Por otro lado, criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, los abusos en las cárceles y se basó en “reportes de prensa” para asegurar que hay funcionarios de los tres poderes “comprometidos en prácticas corruptas”. 

“Las autoridades continúan investigando y enjuiciando a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas”, destaca el informe sobre el avance de los juicios. Resalta especialmente las “nuevas investigaciones sobre el ‘plan sistemático’ que tenía la última dictadura”, que incluía “la apropiación de hijos de detenidos y el asesinato de los detenidos en los vuelos de la muerte”. Cita un trabajo del CELS que enumera: “Hay 270 investigaciones judiciales en curso y 734 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar”.  El trabajo menciona entre los principales problemas vinculados con los derechos humanos el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas policiales que “a veces culmina con muertes”, así como “acciones que ponen en riesgo la libertad de prensa” y las “continuas violaciones en los derechos de los pueblos indígenas”. Entre los casos de presunta corrupción menciona la causa por la que acaban de quedar detenidos Sergio y Pablo Schoklender y la que involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.