La base de la actividad será la ciudad brasileña de Tabatinga, lindante con el municipio colombiano de Leticia y cercano a la isla peruana Santa Rosa. Con solo mirar el mapa del Estado Amazonas se advierte la gravedad regional del anuncio: al norte Venezuela; al sur, tras un ínfimo paso por el Estado Acre, Bolivia. Países que confrontan geopolíticamente con Washington, tal como lo hacía -aunque en distinta intensidad, claro está- Brasil antes del impeachment a Dilma Rousseff. Del otro lado de la frontera colombo-peruana, el Ecuador que acaba de optar por continuar la experiencia de la Revolución Ciudadana, que durante una década encabezó Rafael Correa Delgado, quien llegó a desmantelar la base que EEUU tenía en Manta, allá por 2009.
Si bien el propio Ministerio de Defensa brasileño ha descartado que los ejercicios sean un posible embrión a una base multinacional, los cuantiosos recursos naturales en la zona y la cercanía ideológica de Washington a los mandatarios de los tres países dejan lugar a incertidumbres crecientes en ese plano. De hecho, en el Gobierno Regional de Amazonas, Perú, ya hay una base “camuflada” en construcción, impulsada por el Comando Sur de EE.UU. bajo la modalidad de Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), tal como también sucede en otras provincias de ese país. Es a este tipo de diseños que el destacado investigador brasileño Moniz Bandeira cataloga como quasi-bases, al ser “bases informales y legalmente ambiguas”.
El Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado por Unasur, tuvo un fuerte impulso del entonces presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, bajo tres objetivos principales: consolidar a Sudamérica como zona de paz, construir una identidad sudaméricana en materia de defensa y generar consensos para fortalecer la cooperación regional en esta materia. Es –tristemente– sintomático que ahora el CDS no pueda poner freno alguno a esta iniciativa de un presidente al cual rechaza, según la consultora Datafolha, el 87% de la población.
La ecuación regional se modificó sustancialmente tras el impeachment a Rousseff. Por ello la Bancada del Partido de los Trabajadores en el Senado ha sido muy crítica del anuncio, denunciando mediante un comunicado que “estas iniciativas pueden colocar a la Defensa de Brasil bajo la órbita estratégica de los EE.UU., con perjuicios sensibles a la soberanía nacional”. Para los senadores petistas esta decisión interfiere la gestión soberana que hasta el momento desarrollaban un conjunto de países en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazoni (OTCA) y la propia Unasur.
Temer impulsó un conjunto de medidas regresivas en lo endógeno: la PEC 55, que congela la inversión social por 20 años en salud y educación; las reformas laborales y jubilatorias, que votó de forma express en el parlamento aún siendo rechazadas por amplios sectores de la sociedad; y la privatización de sectores estratégicos. Ahora hace lo propio en el plano externo: pone a Brasil a pivotear la nueva estrategia de EE.UU. en la América Latina, relegando el enorme trabajo de cara a los emergentes que Brasil había cristalizado en instancias como los Brics.
A la distancia, se entiende con más claridad porque el golpe fue avalado desde Washington. Era precisamente para que se realizaran estas transformaciones estructurales tanto en el plano interno como externo. Juracy Magalhães, quien fuera Embajador de Brasil en Estados Unidos tras el golpe de 1964, repetía una consigna que quedó marcada en la historia de su país: “lo que es bueno para EE.UU., es bueno para Brasil”.
Aquella máxima –una suerte de “relaciones carnales” a la brasileña– parece tener vigencia en la actual política exterior del país, aún cuando ya se haya verificado tiempo atrás, durante las presidencias del PT que ampliaron los vínculos a un naciente pluricentrismo, que había sido errónea. Poco le importa ese balance al ejército norteamericano, que desembarcará en el Amazonas brasileño en pocos meses más. Para América del Sur, la noticia es un retroceso de 180 grados en materia de soberanía, lo cual debería ser puesto en consideración en las instancias regionales pertinentes. 

Juan Manuel Karg es politólogo UBA e investigador Centro Cultural de la Cooperación.