sábado, 2 de enero de 2016

"MALVINAS: GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS ANTE UNA CAUSA LATINOAMERICANA"





Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues Pereira, Haroldo Loguercio Carvalho, Sebastião Leal Ferreira Vargas Netto (organizadores) 2015 
Relações Interamericanas (Natal: EDUFRN), pp. 143-175.  
Capítulo en el libro editado por la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. ISBN: 978-85-425-0428-6

MALVINAS: GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS ANTE UNA CAUSA LATINOAMERICANA
 Por Leandro Morgenfeld[1]
1. La historia del poblamiento de las islas
as Malvinas, un archipiélago comprendido por las islas Soledad y Gran Malvina (East Falkland y West Falkland, en inglés), más otras 50 pequeñas, fueron descubiertas en el siglo XVI. En el año 1616, una expedición al mando del holandés LeMaire confirmó su existencia. El corsario inglés William Ambrose Cowley se refirió a las mismas en un diario de viaje, en 1684, llamando la atención de los británicos. John Strong encabezó una expedición a las islas seis años más tarde. Hasta mediados del siglo XVIII, las Malvinas fueron visitadas por navegantes holandeses, españoles, ingleses y franceses. En 1763, al final de la Guerra de los Siete Años y tras perder diversos dominios coloniales a manos de los ingleses, los franceses intentaron colonizarlas. Ante este hecho, la corte española planteó un reclamo, tras lo cual Francia reconoció los derechos jurídicos de España sobre las islas. En 1767, la nueva colonia pasó a depender administrativamente del Gobernador y Capitán General de Buenos Aires. Poco antes, en enero de 1765, el comodoro John Byron llegó a las islas y estableció una base, Port Egmont, en nombre del Rey Jorge III de Gran Bretaña, y las nombró Falkland Islands (Del Carril, 1986, p. 11). Esto generó diversas protestas españolas e incluso algunos incidentes militares.
El 22 de enero de 1771 se firmó una declaración conjunta entre Gran Bretaña y España reconociendo los derechos de Madrid sobre las islas. Tres años más tarde se produjo la evacuación británica. Hasta 1830, Gran Bretaña no volvió a realizar reclamos por derechos en Malvinas.
Felipe Ruiz Puente asumió como el primero de varios gobernadores españoles de las islas, que pasaron a depender del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. El archipiélago era frecuentado por balleneros y loberos ingleses y norteamericanos.
En enero de 1811, pocos meses después de la Revolución de Mayo (1810), el gobernador  de Montevideo reunió a todas las tropas realistas para enfrentar a los revolucionarios de Buenos Aires. Para ello, los españoles abandonaron las islas, que a partir de ese momento quedaron despobladas. En esa década fueron visitadas esporádicamente por pescadores de distintas nacionalidades, quienes las usaron como refugio y para obtener víveres.
Declarada la independencia, en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata asumieron la soberanía de las islas – como legado de la corona española-, de acuerdo al principio de uti possidetis, que determinaba la soberanía territorial en base a los antiguos límites administrativos coloniales de las ex metrópolis.
En 1820, el gobierno de las Provincias Unidas tomó posesión formal de las islas, enviando a la fragada Heroína, al mando del coronel David Jewett (de origen estadounidense). El primer representante de las Provincias Unidas fue Pablo Areguati, quien arribó a las Malvinas en 1823.
Esta toma de posesión no generó ninguna protesta por parte de Gran Bretaña, país que tampoco presentó queja alguna cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con las Provincias Unidas, en 1825, momento en que Londres reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Éste es un argumento jurídico importante para defender el derecho soberano argentino sobre las Malvinas.
El 10 de junio de 1829, mediante el decreto dictado por Martín Rodríguez, gobernador delegado por el general Juan Lavalle, Luis Vernet fue nombrado Comandante Político y Militar de las islas (Malvinas, Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur, Tierra de Graham y Tierra del Fuego). Este decreto es uno de los fundamentos clave del reclamo de soberanía argentina al fijar en sus considerandos el derecho de primer ocupante, que se había heredado de la Corona Española, además del consentimiento de las potencias marítimas de Europa y la proximinad al continente americano (Bosoer, 2007, p. 23). Durante su gestión, Vernet impulsó el desarrollo de la pesca y la ganadería. En 1830 nacieron los primeros isleños, entre ellos la hija de Luis, Malvina Vernet Sáez.
2. El conflicto con Estados Unidos y la ocupación británica 

A Vernet se le encomendó un control más rígido sobre las islas. En ese momento, empresarios ingleses se interesaron por el archipiélago. En julio de 1829, un financista de apellido Beckington envió una carta al premier británico solicitando a su gobierno que se apropiara de las Malvinas. Londres, con la excusa del nombramiento de Vernet, elevó una protesta, argumentando que la evacuación inglesa en 1774 no había invalidado los derechos británicos, ignorados por Buenos Aires.
Los barcos extranjeros fueron reacios a aceptar los límites impuestos por Vernet, quien se apoderó de tres buques estadounidenses. Uno de ellos, el Harriet, fue enviado a Buenos Aires, para ser sometido a juicio. Esto ocasionó fuertes protestas del cónsul George Slacum, novato representante de Washington en Buenos Aires. Slacum presentó una protesta formal, desconociendo el derecho argentino a capturar buques estadounidenses o negarles el uso de las pesquerías. La actitud de Slacum suscitó una airada respuesta del canciller Tomás Manuel de Anchorena. La controversia diplomática no hizo sino agravarse, tras la llegada del buque de guerra estadounidense Lexington al puerto de Buenos Aires. Su capitán, Silas Duncan, dio un ultimátum a Anchorena, en respuesta a la captura del Harriet, amenazando con avanzar con su embarcación hacia las Malvinas. Duncan calificó al gobernador Vernet como saqueador y pirata. En medio de esa controversia, el influyente comerciante y diplomático inglés Woodbine Parish comunicó al gobierno de Buenos Aires que Gran Bretaña tenía pretensiones sobre las islas desde que se había retirado, más de medio siglo antes (Morgenfeld, 2012, pp. 31-33).
Mientras tanto, Duncan partió rumbo a las Malvinas, saqueó sus poblados y tomó prisioneros, a quienes llevó a Montevideo para negociar, hasta que el gobierno de Buenos Aires diera marcha atrás. El ataque del Lexington a las islas generó un gran revuelo en las Provincias Unidas. Anchorena desconoció la representación de Slacum, no aceptándolo más como enviado oficial de Estados Unidos. La respuesta del presidente Andrew Jackson (1829-1937) mostró la agresividad de la Casa Blanca en el tema Malvinas, aunque no todos en su gobierno compartían esta postura (Gustafson, 1988, p. 25). Washington eligió a Francis Baylies como encargado de negocios que viajaría a Buenos Aires para solucionar el conflicto bilateral. Sin embargo, su gestión también resultó un fracaso.
Gran Bretaña, en tanto, aprovechó el conflicto Buenos Aires-Washington para avanzar en su pretensión colonialista. Reivindicando derechos abandonados explícitamente en 1774, los ingleses tomaron posesión de las islas en enero de 1833, a través del capitán John James Onslow. Sabían que el gobierno de Estados Unidos, en fuerte controversia con las Provincias Unidas, no se opondría a la ocupación británica. En el medio de la puja bilateral, ni el gobierno de Buenos Aires exigió a Estados Unidos que aplicara la doctrina Monroe (America for the Americans, 1823) para rechazar la apropiación inglesa (a pesar de que la misma se declaraba contraria al establecimiento de cualquier colonia europea nueva en América), ni la Casa Blanca reaccionó por su cuenta protestando contra Gran Bretaña. Se iniciaba, así, uno de los mayores ejes de conflicto de la política exterior argentina.
Poco después de la ocupación, se produjo una sublevación de los criollos y charrúas sometidos por los ingleses. El 26 de agosto de 1833, el entrerriano Antonio Rivero lideró este levantamiento. Tomaron la casa de la Comandancia, arriaron la bandera británica e izaron la celeste y blanca. En enero del año siguiente, arribaron dos naves británicas y en marzo derrotaron a los sublevados y retomaron el control, apresando a Rivero y otros gauchos que lo habían acompañado. El 23 de junio de 1843, a través de una Carta Patente, las islas se transformaron en Colonia formal de la Corona Británica (Del Carril, 1986, p. 186). 

3. Los reclamos argentinos a lo largo de la historia

En los años siguientes se sucedieron diversos reclamos por la soberanía de las islas. El 17 de junio de 1833, Manuel Moreno, enviado de Buenos Aires al Reino Unido, presentó una protesta formal (conocida como La Protesta). Cinco años más tarde, Moreno volvió a ser enviado por el gobernador Rosas, y sondeó la posibilidad de ceder los derechos argentinos sobre Malvinas, a condición de que se cancelara la deuda remanente del préstamo de la Baring Brothers de 1824.
El 24 de noviembre de 1849 se firmó la “Convención de perfecta amistad” entre Argentina y Gran Bretaña. En ella no se mencionó el reclamo argentino por Malvinas, lo cual luego fue utilizado como un argumento por los ingleses. Tras la Batalla de Caseros (1852), y por casi tres décadas, el tema prácticamente desapareció de la agenda de ambos países (Bosoer, 2007, p. 25).
Años más tarde, el presidente Julio Argentino Roca (18801886) planteó la necesidad de dirimir el diferendo a través de un arbitraje. En 1884, el Instituto Geográfico Militar publicó un mapa de la República Argentina incluyendo a las Malvinas, lo cual suscitó la preocupación de la embajada británica en Buenos Aires.
Hacia 1908, la Corona Británica emitió una Carta Patente Real que formalmente anexaba las islas Georgias, Orcadas, Shetland y Sandwich del Sur.
Entre 1910 y 1936, el Foreign Office dispuso diversos documentos de circulación reservada en los que expresaba la debilidad de los derechos británicos y la posibilidad de que Argentina retomara los reclamos.
En 1936, el embajador británico en Buenos Aires, Anthony Eden, planteó nuevos argumentos para  reforzar la posición de su país: al abandonar España las islas, en 1811, éstas habían quedado vacías; Gran Bretaña había adquirido el título de las islas por prescripción, luego de un siglo; y la Argentina no tenía poder militar como para hacer valer sus reclamos. 
Más allá de algunas demandas puntuales, la falta de interés en el tema Malvinas, en el período agroexportador (18801930), tenía que ver con la dependencia económica argentina respecto de Gran Bretaña y el establecimiento de una “diplomacia comercialista”. La oligarquía terrateniente, cuyas exportaciones se dirigían fundamentalmente al mercado inglés, era renuente a plantear cualquier obstáculo a la fluida relación con Londres (Rapoport, 2006).
El reclamo por Malvinas se reflotó en el marco de la segunda guerra mundial. En la Primera Conferencia Cancilleres Americanos (1939), Argentina afirmó sus derechos legítimos sobre las Malvinas y demás islas que estuvieran en sus aguas adyacentes. En la siguiente reunión de cancilleres (1940), el gobierno de Buenos Aires reiteró su proclama. El Foreign Office, en tanto, redactó un documento en el que se planteó que era posible alcanzar un acuerdo para el dominio compartido con Argentina (Morgenfeld, 2011, pp. 283-301).
Tras la guerra, y a partir de la declinación británica y su pérdida de preponderancia en la economía argentina, el tema de Malvinas fue registrando una creciente presencia en la agenda bilateral y generó reiterados conflictos en la relación.
El 23 de mayo de 1945, en la Conferencia de San Francisco que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el representante argentino, Cárcano, realizó la primera reserva sobre Malvinas en ese organismo (Cisneros y Escudé, 1998, cap. 56; Morgenfeld, 2011, pp. 337-343).
Durante el primer peronismo (1946-55), el reclamo por Malvinas cobraría una gran importancia en la agenda política. El 5 de julio de 1946, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto para llevar la demanda anti-colonial al Consejo de Seguridad de la ONU.
En 1948, se creó la División Antártida y Malvinas, dependiente de la Cancillería, para defender los derechos jurídicos sobre la Antártida Argentina, las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Cuatro años más tarde, Argentina anunció planes para la ocupación efectiva de los territorios que reclamaba como propios, lo cual derivó en una serie de incidentes menores con Gran Bretaña.
En 1953, Perón envió a Londres a Alberto Tesaire, presidente provisional del Senado, a proponer que las islas pasaran a manos argentinas a través de una operación privada que implicara transferencia de fondos.
Una década más tarde, en 1964, un piloto civil, Miguel FitzGerarld, aterrizó sin autorización en Puerto Stanley. Dos años después se produjo el llamado “Operativo Cóndor”: se desvió un vuelo que se dirigía desde Buenos Aires a Río Gallegos, obligándolo a aterrizar en Malvinas. Allí se desplegaron banderas argentinas. Tras este incidente, Londres incrementó su presencia militar en las islas.
4. Las resoluciones de la ONU y las negociaciones posteriores
En la década de 1950, la Asamblea de la ONU impulsó un proceso de descolonización que venía siendo protagonizado por distintos pueblos de Asia y África desde el fin de la segunda guerra. El 4 de diciembre de 1960, se aprobó la Resolución 1514 (año XV), denominada “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (89 países votaron a favor, mientras que 9 se abstuvieron, incluyendo Estados Unidos). Se ratificaba en ella el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la unidad nacional y a la integridad territorial. Esta resolución alentó el inicio de negociaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña.
El gobierno de Buenos Aires planteó que el principio de autodeterminación debía someterse a otros de mayor jerarquía, como el de la unidad territorial del Estado, y por lo tanto no era aplicable a Malvinas, cuya población (británica de origen), no era autóctona sino transplandada, producto de un desalojo violento de los legítimos residentes en enero de 1833.
El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó (94 votos a favor, 0 en contra, 14 abstenciones) la Resolución 2065 (año XX), que invitaba formalmente a los gobiernos de Buenos Aires y Londres a mantener negociaciones sobre la soberanía[2]. Esta histórica resolución sostiene que las Malvinas no pueden ser descolonizadas atendiendo al principio de autodeterminación y pide a las partes que informen al Comité Especial de los Veinticuatro y a la Asamblea General sobre el progreso de las negociaciones. Antes, el Subcomité III había redactado un informe con sus conclusiones, contrarias a lo que pretendía Gran Bretaña: se aceptaba la existencia de una disputa por la soberanía; la Resolución 1514 era aplicable al territorio, pero no a la población de las Malvinas; se recomendaba al Comité Especial que invitara a ambas partes a iniciar negociaciones que tendrían en cuenta los intereses (pero no los deseos) de los isleños.
A partir de 1965, se abrió una nueva etapa de negociaciones bilaterales. El 14 de enero del año siguiente, el Reino Unido aceptó la validez de la Resolución 2065 y accedió a iniciar negociaciones conjuntas. La declinación del imperio británico y los costos de mantener una base tan lejana parecieron ir horadando las pretensiones colonialistas de Londres. En esa línea, entre 1966 y 1968 hubo sendas negociaciones secretas, en las cuales representantes argentinos trataron de obtener un compromiso formal y explícito de transferencia de la soberanía, de acuerdo a las promesas del gobierno inglés. 
En 1967, Londres declaró que estaba dispuesto a ceder la soberanía, siempre que se respetaran los deseos de los malvinenses. Ante la negativa argentina a aceptar la inclusión de los isleños como sujetos de derecho, comenzó a operan el Falkland Lobby, un comité de malvinenses que se oponían a la transferencia de la soberanía.
En tanto, el gobierno laborista presentó un “Memorándum de Entendimiento”, que determinaba el traspaso de la soberanía, respetando los intereses (no los deseos) de los isleños. Luego de algunas dilaciones, Argentina lo aceptó finalmente en diciembre de 1968, pero el gobierno inglés señaló que ya era tarde, y que había gran oposición en el parlamento, la prensa y la opinión pública inglesa. Dando marcha atrás, entonces, Londres volvió a insistir con la “autodeterminación” de los isleños. Había triunfado el Falkland Lobby y se alejaba un compromiso que incluyera la transferencia a Argentina de la soberanía de las islas.
En 1970, la ONU ratificó la Resolución 1514 de 1960 y urgió a acelerar la descolonización, tras lo cual se desarrollaron nuevas negociaciones bilaterales y algunos acuerdos muy parciales.
Tres años más tarde, con la vuelta del peronismo al poder luego de una larga proscripción, el tema recobró un nuevo impulso. El presidente Héctor Cámpora señaló en su asunción, el 25 de mayo de 1973, que el reclamo por Malvinas sería uno de los objetivos de su gobierno.
Ese año, la ONU emitió una nueva resolución, la 3160 (año XXVIII), con un amplio respaldo: 116 votos a favor, 0 en contra y 14 abstenciones. Instaba a las partes a retomar las negociaciones según lo establecido en la Resolución 2065.                     
El gobierno inglés, por su parte, presentó una propuesta de soberanía compartida, tras lo cual se iniciaron negociaciones bilaterales secretas. Luego de la muerte de Perón (1 de julio de 1974), las mismas fueron abandonadas. El Foreign Office, además, volvió a dar marcha atrás y descartó cualquier cesión de soberanía, argumentando que no contaba con la aprobación de los isleños para dar ese paso.
En esos años, Gran Bretaña inició exploraciones geológicas para determinar la existencia o no de reservas de petróleo en las Malvinas. Hacia 1975, los primeros resultados de las investigaciones científicas sostenían que podría haber hidrocarburos en las aguas cercanas al archipiélago, lo cual llevó a varias petroleras inglesas a prestar especial atención a la región.
En respuesta a las exploraciones, el 19 de marzo de 1975, el gobierno argentino presentó una queja, declarando que no reconocía a Gran Bretaña ningún derecho en torno a la explotación de recursos naturales. A partir de ese entonces se deterioraron las relaciones bilaterales, con amenazas de acciones bélicas de ambas partes.
En octubre de ese mismo año, Gran Bretaña anunció que enviaría a las islas una misión encabezada por el ex Ministro de Trabajo, Lord Shackleton, para realizar un diagnóstico de la economía malvinense. En 1976, el Informe Shackleton (unas 450 páginas), concluía:
Un tesoro inmenso, compuesto de proteínas, gas natural y petróleo podría ocultarse en la zona que rodea a las Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña y reclamadas por la Argentina, en el Atlántico Austral. (...) ni las proteínas ni el petróleo, ni el gas serán aprovechados, a menos que Gran Bretaña obtenga la cooperación financiera de la Argentina. (...) Se obtuvieron suficientes pruebas geológicas como para asegurar que habrá gran interés en la exploración del petróleo frente a sus costas, así como del gas que allí se encuentra, a condición que se llegue a un acuerdo con la Argentina sobre alguna forma de colaboración económica[3].
La  avanzada británica produjo la ruptura unilateral de las negociaciones bilaterales por parte del gobierno de Isabel Perón (1974-76). La OEA, por su parte, se pronunció a favor de Argentina, señalando que las actividades prospectivas inglesas violaban las resoluciones 2065 y 3160 de la ONU, constituían una amenaza a la seguridad hemisférica y a la paz mundial y que Argentina tenía un inobjetable derecho a la soberanía sobre las Malvinas.
Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla intentó reencauzar las relaciones bilaterales y se iniciaron conversaciones secretas con Londres.
En Gran Bretaña, se publicó en julio de 1976 el mencionado Informe Shackleton, que señalaba la debilidad de la economía malvinense y la hipotética necesidad de cooperación con Argentina para el desarrollo de la explotación del petróleo. A esto se sumaba la preocupación del gobierno inglés por la presión en el marco de la ONU y la OEA para avanzar en la descolonización. El Foreign Office publicó, el 2 de febrero de 1977, una declaración en la que apoyaba las conclusiones a las que se arribaba en el Informe Shackelton.
El 19 de abril de 1977 se emitió un comunicado de prensa bilateral, en el que se hacía referencia a la posibilidad de la búsqueda conjunta de una solución pacífica a la disputa existente. En consecuencia, se estableció una agenda de negociación, que incluía la cooperación económica entre las Islas y la Argentina. Hasta fines de 1981, prosiguieron las negociaciones, con reuniones bilaterales en New York, Lima, Ginebra y París.
En mayo de 1979 asumió Margaret Thatcher como primera ministro. Aunque siguieron las tratativas iniciadas en 1976, el ahora conservador gobierno inglés enfatizó su postura de respetar el principio de autodeterminación de los isleños. El Falklands Lobby boicoteó las propuestas de negociación de la soberanía de las islas e incluso las iniciativas de explotación económica conjunta. Hacia 1981 se impuso el sector más intransigente de los isleños, y se limitó la posibilidad de que el gobierno inglés negociara cualquier cambio en el statu quo.
5. La guerra (1982)

Planificada desde fines de 1981 por militares cercanos a Leopoldo F. Galtieri, la recuperación y posesión argentina de las islas duró desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982.
La ocupación, que se sostenía en un legítimo reclamo histórico argentino, tenía que ver con la necesidad de la dictadura de afrontar la creciente crisis económica (devaluación, quiebras masivas de bancos y empresas, hiperinflación) y política (paros, movilizaciones, movimientos de derechos humanos y Multipartidaria que reclamaban el fin de la dictadura) (Rapoport, 2006).
Galtieri especuló, erróneamente, con una respuesta no militar por parte de Gran Bretaña, con una eventual neutralidad de Estados Unidos (el dictador argentino había impulsado un acercamiento a Reagan, en función de la participación en la contra-insurgencia en América Central), y con la viabilidad de una salida negociada (Russel, 1988, p. 124; Morgenfeld, 2012, p. 104).
Apoyándose en un reclamo justo, la improvisada ofensiva de Galtieri logró un inusitado apoyo popular, luego de la feroz represión a la masiva movilización popular anti-dictatorial del 30 de marzo de 1982.
Thatcher, cuyo gobierno enfrentaba una creciente oposición debido al fuerte ajuste social que había implementado, optó por una salida militar, promoviendo la mayor movilización de las tropas de su país en un cuarto de siglo.
Las vías diplomáticas se agotaron en abril, Estados Unidos, pese a su declarada neutralidad en las negociaciones para evitar la guerra, apoyó logística, económica, diplomática y militarmente a Gran Bretaña, y la avanzada imperialista inglesa terminó en la derrota argentina[4]. Europa y Chile también apoyaron activamente a Gran Bretaña, a pesar de ser neutrales (Morales, 2012).
El saldo de víctimas fatales fue de más de 600 argentinos, 250 británicos y 3 isleños.
Entre las principales consecuencias de la guerra, podrían resumirse las siguientes: Galtieri fue reemplazado por Bignone; se profundizó la crisis económica iniciada en 1981 llevando al país a un desastre económico-social; se aceleró la debacle final de la dictadura; se creó una comisión de investigación, que produjo meses después el Informe Rattenbach, con importantes críticas a la Junta Militar por la conducción de las negociaciones, la diplomacia y la guerra; se reforzó el liderazgo de Thatcher en Gran Bretaña (ganó las elecciones y logró la reelección); el TIAR dejó de funcionar de hecho ya que Estados Unidos, como era previsible, priorizó la OTAN; aumentó la popularidad de Raúl Alfonsín, quien no había apoyado la guerra. Londres reforzó su presencia militar en las Malvinas y otorgó la ciudadanía británica plena a los isleños.
En noviembre de 1982, y en parte para recomponer el vínculo con América Latina luego del desempeño pro-inglés durante la conflagración, Estados Unidos votó en la ONU, por primera vez, a favor de una resolución (37/9) que instaba a Londres y Buenos Aires a reanudar conversaciones en pos de solucionar la disputa. Esta actitud de Reagan provocó el enojo de la primera ministro inglesa, quien se declaró decepcionada por esta nueva posición de Washington (Gustafson, 1988, p. 179).
6. Las negociaciones luego de la guerra 

En su discurso de asunción, Alfonsín (1983-89) ubicó al tema de la recuperación de Malvinas como objetivo central de su gobierno. Su canciller, Dante Caputo, planteó la estrategia de sostener la tensión, para mantener los costos internacionales para Gran Bretaña lo cual, según su visión, haría desistir a los ingleses de sostener esa lejana colonia (Escudé y González de Oleaga, 1996).
Thatcher, por su parte, impulsó cambios económicos para el desarrollo de Malvinas. Se estableció una nueva constitución para las islas, que les otorgaba a los malvinenses mayor control sobre los asuntos internos.
Alfonsín, frente a la posición intransigente de Thatcher, se reunió con líderes de la oposición laborista. En 1985, más allá del giro realista de su gestión (acercamiento a Reagan, acuerdo con el FMI, Plan Austral), persistieron los roces con Gran Bretaña (Morgenfeld, 2012, pp. 109-110; Míguez, 2012). El acercamiento a las socialdemocracias europeas, en tanto, no arrojó los resultados esperados. Gran Bretaña era parte de la OTAN y la Comunidad Económica Europea (CEE) y los gobiernos de ese continente se alinearon con Londres.
Desde 1987, tras gestiones reservadas de Estados Unidos (que pese a su supuesto carácter mediador presionaba cada vez más a la Casa Rosada para que aceptase los términos impuestos por Londres), Alfonsín decidió reanudar las negociaciones con Gran Bretaña bajo la “fórmula del paraguas”, que implicaba avanzar en temas vinculados con la economía, las comunicaciones y las relaciones culturales entre ambos países, sin tocar la cuestión de la soberanía (García del Solar; 1997).  Como señala la especialista María Cecilia Míguez:
El período fue caracterizado como de desmalvinización, porque finalmente el tema fue prácticamente dejado fuera de la agenda de política exterior del gobierno –a pesar de que se continuó con una estrategia multilateral en la Asamblea General de Naciones Unidas y otros foros internacionales-.
Mientras tanto, Gran Bretaña desarrolló una política de hechos consumados: había logrado en mayo de 1985 una base militar permanente con pista de aterrizaje, una zona de administración y conservación pesquera de 150 millas en febrero de 1987 como reacción a los acuerdos pesqueros realizados por Argentina con Bulgaria y la Unión Soviética, y había realizado maniobras militares en marzo de 1988 e instalado una línea marítima regular entre las Islas Malvinas y los puertos de Montevideo y Punta Arenas (Míguez, 2011)
Más allá de la reorientación del tema al final del gobierno de Alfonsín, el giro fundamental se consumó durante las presidencias de Carlos Menem (1989-99).
En el marco del “realismo periférico” y las “relaciones carnales” con Estados Unidos, hubo también un restablecimiento de las relaciones con Gran Bretaña (Morgenfeld, 2012, pp. 111-113).
En 1989 se firmaron los Acuerdos de Madrid. Estos incluyeron: el cese de hostilidades, el levantamiento por parte de Argentina de las auditorías a las empresas británicas, la no discriminación en las licitaciones públicas a privatizaciones a las empresas del Reino Unido, el levantamiento de la restricción a girar remesas al exterior por parte de estas empresas, se retomaron las comunicaciones aéreas y terrestres entre ambos países (pero no entre la Argentina y el archipiélago), y el anuncio británico de que la zona de protección militar coincidiría con la de conservación pesquera, liberando unos 4.000 kilómetros cuadrados en los que la Argentina podría pescar. En 1990 se concretó una segunda parte de estos acuerdos. Como señala en su tesis Míguez:
…las posiciones de los cancilleres del presidente Menem, y a través de las negociaciones del embajador radical, hicieron que la discusión se retrotrajera a un nivel anterior al de la resolución de Naciones Unidas de 1965 (2065), aceptando el hecho de que la posesión efectiva de las islas está en manos británicas y proponiendo caminos de acción que fueron entre entregar o vender las islas a los kelpers (planteado por el asesor Carlos Escudé), la “asociación” (propuesta por el canciller Guido Di Tella) y el olvido del asunto” (Míguez, 2011).
En estos años, entonces, y más allá de los discursos, se profundizó la desmalvinización iniciada a fines de los años ‘80. No es casual que Argentina fuera electa como aliado extra-OTAN, a pesar de que la base inglesa que ocupaba las islas pertenecían a esa organización militar liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña.
7. Militarización: Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN 

No hay que olvidar que la presencia militar británica en el Atlántico Sur se da en el marco de la OTAN, lo cual hace que Estados Unidos no acompañe a los demás países americanos en el reclamo por el fin de la militarización de la región por parte de una potencia extracontinental.
Como bien denuncia Rina Bertaccini, presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol):
Terminada la guerra Inglaterra retoma el control total del archipiélago y el proyecto se concreta con la ampliación de la pista e instalaciones del aeropuerto de Mount Pleasant en las cuales, según trascendidos periodísticos, hasta 1987 se invirtieron 661 millones de dólares. Un dato revelador, consignado en el diario El Malvinense, del 23-1-2009, es que el siete por ciento del presupuesto de la OTAN está destinado a Malvinas. Nuestro movimiento condenó la creación de la base militar como parte del armamentismo de la era Reagan. Señalamos entonces: en Malvinas hay silos y rampas para el lanzamiento de armas nucleares, se amplió la pista para permitir el aterrizaje y despegue de aviones de gran porte, aptos para trasladar soldados y equipos en maniobras de despliegue rápido. Los buques y aeronaves militares que van y vienen desde Gran Bretaña, vía Isla Ascensión, portan armas nucleares. Hoy, por la reactivación de la 4ª Flota de EE.UU., los peligros se han agravado. La Fortaleza Malvinas se terminó de construir en 1985, en ella operan de modo permanente 1500 militares y 500 civiles británicos. Los contingentes se renuevan periódicamente”[5].
En una línea similar, la especialista Virginia Gamba, denunciando la actual militarización del Atlántico Sur, sostiene:
El propósito es servir como base de apoyo y de proyección geoestratégica tanto de la OTAN como de la Unión Europea con el triple fin de controlar el transporte de materiales estratégicos (como ser hidrocarburos), discriminar a favor de compañías europeas en la exploración y la explotación de recursos no renovables y renovables en la plataforma continental, y condicionar el acceso hacia y desde el Atlántico al Pacífico y desde el Atlántico hacia la Antártida de acuerdo con el nuevo concepto estratégico de la OTAN de 2010 y con la nueva política marítima geoestratégica de la Unión Europea 2009. En esta última función comparte tareas con la base militar Georgias y Sandwich del Sur (Ambito Financiero, 01/04/2012).
La creciente presencia militar británica contituye una amenaza para el Cono Sur por las siguientes razones: la Base de Mont Pleasant es uno de los principales cinco enclaves militares extranjeros en América, que costó 1200 millones de dólares; está ubicada en un área estratégica; tiene dos pistas: de 2590 y 1525 metros, aptas para aterrizaje y despegue de aviones capaces de transportar tropas y equipos; funciona en red con las bases de control y espionaje de todo el planeta; posee una estación naval de aguas profundas (Mare Harbour) apta para submarinos nucleares y silos  capaces de lanzar armas nucleares; Gran Bretaña invierte en la base 150 millones de dólares anuales. En mayo de 2012, la armada británica anunció el envío del submarino con propulsión nuclear HMS Talent. Como advierte en una reciente publicación Telma Luzzani:
La línea imaginaria de poder naval que los británicos trazan con sus bases en Gibraltar, Ascensión, Santa Helena, Tristán da Cunha y Malvinas les permite controlar todo el Atlántico Sur, las cosas de dos continentes, América y África, y la disputada Antártida. A esta capacidad debe sumarse el patrullaje de la IV Flota norteamericana a lo largo de ambas costas sudamericanas a partir de 2008” (Luzzani, 2012, p. 433).
Esta creciente presencia militar de la OTAN, entonces, es una amenaza real y concreta para la soberanía de la región, y no un “fantasma” agitado por Argentina para justificar su reclamo.
8. La incidencia de los recursos naturales: pesca y petróleo

La pesca es la actividad que más divisas le reporta a la economía de los kelpers (C. Del Castillo, 1989; Willettss, 1989). Gracias a las licencias que otorgan, los isleños tienen uno de los PBI per cápita más altos del mundo. La decisión británica de permitirle al gobierno isleño declarar una zona económica de 320 kilómetros alrededor de las Islas fue lo que les dio jurisdicción sobre las aguas y una transformación en los ingresos: el PBI pasó de 8 millones de dólares en 1985 a casi 60 millones en sólo algunos años. En 2012, según previsiones, podría haber superado los 200 millones:
Hoy la pesca explica el 60% del PBI de la Islas, es la estrella económica de Malvinas, la quintaesencia de una transformación económica que bajo el imperio de las fuertes valoraciones de las materias primas en el mundo ha modificado los destinos del grueso de los habitantes. Los ingresos de estas licencias les permitieron a los isleños tener un superávit cercano a los u$s 30 millones en 2011 y las estimaciones amplían ese margen para este año. Pero no son las empresas con actividad en Malvinas las que capturan la riqueza ictícola: el gobierno kelper es el que concede -unilateralmente- licencias por 25 años para la explotación pesquera: compañías taiwanesas, coreanas, españolas y algunos joint ventures con Indonesia y otros países han poblado el mar austral de buques factoría, que no sólo realizan capturas de ultramar de hasta 50 toneladas de pescado por día; también procesan, seleccionan y congelan a bordo, producto que, una vez repletas las bodegas, es transportado aguas afuera para ser reubicado en otros buques que se encargaran de llevarlo a puertos de destino en Europa. (...) Por esta razón, el PBI per capita de un kelper rondará en 2012 los u$s 63.000, es decir, será la cuarta jurisdicción del mundo, detrás de Qatar, Liechtenstein y Luxemburgo y muy lejos de los casi u$s 15.000 anuales de la Argentina continental, de acuerdo a las cifras del World Factbook, que elabora el Departamento de Inteligencia estadounidense. (El Cronista Comercial, 30/03/12).
Hacia el año 2010, se reflotó la posibilidad de obtener petróleo en Malvinas. La firma anglo-holandesa Shell confirmó la existencia de reservas probadas de petróleo. Según algunas estimaciones inglesas, habría más de 12.000 millones de barriles de reservas, un 600% más que las de Argentina. Se calcula que en cinco años podría comenzar a extraerse petróleo de Malvinas. Según plantea el especialista Federico Bernal, esta explotación le permitiría a Gran Bretaña ahorrarse años de importaciones de crudo por un valor cercano a los 60 mil millones de dólares (Bernal, 2011).
Actualmente hay varias compañías inglesas que están explorando en distintas regiones. En marzo de 2012, Argentina amenazó con llevar a tribunales internacionales a las empresas que prestaran algún tipo de colaboración con las petroleras. El objetivo es denunciar la explotación ilegal de recursos que pertenecen a Argentina y obligar a Gran Bretaña a iniciar el diálogo demandado por la ONU. En un comunicado de la Cancillería del 25 de abril de 2012, se explicó que como parte:
“del plan de acciones que lleva adelante el Estado Nacional contra aquellas empresas que realizan ilegítimas actividades de exploración en la plataforma continental argentina, el pasado 17 del corriente funcionarios de la Embajada Argentina en Londres notificaron a las petroleras Argos Resources, Rockhopper Exploration, Borders & Southern PLC, Falkland Oil & Gas Ltd y Desire Petroleum PLC respecto de su condición clandestina y de las consecuencias que ello conlleva”[6].
El gobierno estableció un plazo para que estas empresas presentaran su descargo, antes de iniciar acciones penales y civiles.
El 23 de abril de 2012, la firma inglesa Borders and Southern Petroleum PLC declaró que logró un importante hallazgo de condensado de gas natural en las costas de las Malvinas. Los recursos gasíferos, entonces, se suman a los petroleres.
Más allá de las especulaciones sobre la cantidad y la rentabilidad de las explotaciones, lo cierto es que la potencialidad de las Malvinas y sus áreas adyacentes como región hidrocarburífera transformaron el escenario del conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por la soberanía de las islas[7].
9. La actual estrategia argentina

A lo largo del año 2012, año del trigésimo aniversario de la guerra, la estrategia del gobierno argentino se focalizó en las siguientes iniciativas:
1.           Presión en los ámbitos diplomáticos americanos.
2.           Crítica a la guerra provocada por la dictadura en 1982, separando el reclamo actual, de un gobierno democrático, de la acción militar emprendida por la dictadura.
3.           Presentaciones en la ONU (en junio hubo una en el Comité de Descolonización, presentada por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, algo inédito).
4.           Denuncia de la creciente militarización británica del Atlántico Sur (lo cual fue votado en la Conferencia Interamericana de Defensa, en octubre de 2012).
5.           Denuncia de la explotación de hidrocarburos por parte de empresas británicas.
Estas acciones han logrado reposicionar el tema en diversos foros diplomáticos internacionales. Por ejemplo, en la XIII conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo que tuvo lugar en Doha, Qatar (21 de abril 2012), los 132 miembros del Grupo de los 77 más China aprobaron, por unanimidad, una declaración sobre la Cuestión Malvinas:
Nosotros reafirmamos la necesidad de que el Gobierno de la República Argentina y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a fin de encontrar, tan pronto como sea posible, una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a la “Cuestión de las Islas Malvinas”, que perjudica seriamente la capacidad económica de la República Argentina y la necesidad de que ambas partes se abstengan de adoptar decisiones que implicarían la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan por el proceso recomendado por la Asamblea General[8].
Pese al creciente acompañamiento al reclamo argentino, las pretensiones inglesas de extraer recursos en la zona en disputa no cesan. En el mes de octubre, la empresa Rockhopper anunció que extraerá petróleo de Malvinas en 2017: 
La plataforma petrolera de Rockhopper en las Islas Malvinas está en actividad sin la autorización del Gobierno nacional. Una de las empresas británicas que opera en la zona de las Islas Malvinas aseguró que en 2017 comenzará a extraer petróleo. Así lo indicó la compañía Rockhopper, tras anunciar un acuerdo por casi 1.000 millones de dólares (600 millones de libras esterlinas) con la empresa Premier Oil. Según publicó el diario británico The Guardian, en el “tercer trimestre” de 2017 comenzará a extraer petróleo del yacimiento “Sea Lion” al Norte de las Malvinas. Rockhopper anunció que descubrió petróleo en esa zona en 2010 y ya acordó entregarle a Premier el 60 por ciento de lo que produzca el yacimiento en el marco de una asociación, a cambio de 961,68 millones de dólares. De acuerdo al anuncio, el yacimiento “Sea Lion” contendría alrededor de 300 millones de barriles de crudo, lo que a los precios actuales implica 30 billones de dólares. Sam Moody, número uno de Rockhopper aseguró que ahora la empresa está “completamente fondeada” para extraer petróleo y para un nuevo programa de exploración a desarrollar en 2014, a pesar que no cuenta con la autorización del Gobierno nacional para operar en las islas. (Ámbito Financiero, 19/10/2012).
Esta circunstancia obliga a la Argentina a incrementar la presión junto al resto de los países de la región, como estrategia para contrarrestar la pretensión inglesa de mantener la situación colonial.

10. Malvinas como causa latinoamericana

En los últimos años, uno de los principales avances hacia la descolonización es que el reclamo por Malvinas se haya transformado en una causa regional: el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC ya refrendaron la posición argentina y acompañaron algunas medidas, como la restricción en sus puertos a los barcos con la ilegítima bandera de las Falkland.
En la última Cumbre de las Américas (Cartagena, 14 y 15 de abril 2012), 32 países de la región (a los que debe sumarse Cuba) presionaron a Estados Unidos para incluir el reclamo argentino en la declaración final (que no existió, por el rechazo de Washington a incluir este tema y permitir la participación de Cuba en estas cumbres presidenciales).
En Cartagena, el gobierno argentino buscó lograr un mayor compromiso continental, incluyendo a Estados Unidos, país que nunca estuvo dispuesto a interceder por Argentina, por el riesgo de generar un cortocircuito con su socio estratégico, Gran Bretaña. La administración Obama ratifica una y otra vez su posición “neutral” en el tema y no pretende involucrarse más allá. En la Cumbre realizada en Colombia, la Casa Blanca tuvo que transitar un delicado equilibrio entre sus compromisos históricos con Londres, y las presiones latinoamericanas. Esta pretendida neutralidad estadounidense es, en realidad, funcional al mantenimiento del statu quo, lo cual sirve a los intereses geoestratégicos de Washington en tanto logra mantener una poderosa base de la OTAN en el Atlántico Sur.
Los países latinoamericanos, más allá de la posición de Estados Unidos, han tomado la ofensiva anti-colonial como una causa regional. Es más, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue el primero que decidió boicotear una reunión de mandatarios de esta envergadura. Entre las razones que esgrimió en la carta que envió el 2 de abril a su par colombiano, el presidente Santos, explicaba que es inaceptable realizar un encuentro de las Américas que excluya a Cuba y que se niegue a aunar esfuerzos para terminar con la rémora colonial inaceptable que significa la ocupación inglesa de Malvinas, que además supone bases militares de la OTAN en un punto estratégico del Atlántico Sur.
Evo Morales, el 13 de abril, le planteó públicamente a la Secretaria de Estado Hillary Clinton que debía incluirse en la agenda de la cumbre la discusión sobre Malvinas, que ya es un reclamo de TODA América Latina. Itamaraty, por su parte, comprendió que la desmesurada presencia militar inglesa, sumada a las bases estadounidenses que rodean la estratégica región del Amazonas, supone una amenaza para su pretensión de consolidar una integración autónoma en América del Sur.
11. El debate con los intelectuales argentinos “alternativos”

A 30 años de la guerra, un grupo de intelectuales argentinos (Emilio de Ipola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo y Juan José Sebreli, entre otros) presentaron un documento que proponía una visión “alternativa” sobre el conflicto de Malvinas.
En este escrito denunciaban el supuesto clima de agitación nacionalista, minimizaban la importancia de Malvinas, criticaban el que no se tuvieran en cuenta los deseos de los isleños (volvían a plantear la necesidad de una estrategia de “seducción”, como la implementada durante la presidencia de Menem) y que no hubiera disposición del gobierno nacional a negociar la soberanía de las Malvinas:
Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional, no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros. La sangre de los caídos en Malvinas exige, sobre todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo que los llevó a la muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo sistema democrático son opinables.[9]
Esta postura, que los medios de prensa ingleses exaltaron para horadar la posición argentina, plantea una serie de equívocos y problemas. En primer lugar, no menciona el tema más grave que es la ocupación colonial y la creciente militarización de la OTAN en la región (las bases inglesas en Malvinas y Georgias se suman a las más de 70 que Estados Unidos tiene en el continente americano) (Borón, 2012, pp. 247-256; Luzzani, 2012). En segundo lugar, extiende el concepto de “autodeterminación” a un población no originaria, sino trasplantada luego de una ocupación militar (en los hechos, legitima la posición inglesa, que siendo la potencia colonialista más grande de la historia, ahora para sostener una dominación colonial esgrime hipócritamente la noción de la “autodeterminación”, un principio históricamente ligado a los movimientos anti-colonialistas). En tercer lugar, no inscribe el conflicto en la lucha por la independencia real de la Argentina, que implica una ruptura con los grandes capitales trasnacionales que operan en el país. 

12. Conclusiones: el futuro de Malvinas, los interrogantes

El litigio por Malvinas no sólo es simbólico, sino real y concreto. Gran Bretaña mantiene esta colonia por sus intereses geoestratégicos ya que la ocupación de Malvinas le permite tener bases (a Londres y a la OTAN) en el Atlántico Sur, y muy próximas a la Antártida, otra región disputada por muchos países. Además, hay crecientes intereses económicos en juego. La pesca (los permisos que conceden los isleños en aguas argentinas), como se señaló más arriba, deja ingresos muy importantes. Por otra parte, ya está comprobada la existencia de cuantiosas reservas de petróleo y gas. Cuando empiece su extracción, en 2017, esto generará ingresos económicos muy significativos para las grandes petroleras inglesas y sus socios.
La vía diplomática es la alternativa que viene desplegando el gobierno argentino. Aunque también planteó algunas medidas, informales, para limitar compras británicas. A nuestro juicio, la presión diplomática en todos los foros internacionales debe ir acompañada con medidas económicas, preferentemente tomadas en forma conjunta con los demás países latinoamericanos. El problema con la diplomacia es que la máxima autoridad de la ONU es su Consejo de Seguridad, antidemocrático, que cuenta con cinco potencias con asiento permanente y derecho a veto. Allí no va a resolverse nada sin la aceptación británica y estadounidense. Argentina debería presionar cada vez más junto a los demás países latinoamericanos. Insistir en todos los foros diplomáticos, pero también tomar medidas concretas que afecten intereses económicos británicos en la Argentina (petroleras, tierras, bancos, empresas), para convencer al gobierno inglés de la necesidad de sentarse a negociar, tal como viene reclamando la ONU (y desconociendo Londres) desde 1965.
En síntesis:
1)           Malvinas es una situación colonial inaceptable en el siglo XXI (es uno de los 16 enclaves coloniales que persisten, 11 de los cuales son dominios británicos).
2)           Gran Bretaña no permanece en Malvinas para defender la autodeterminación de los isleños, sino por cuestiones geoestratégicas (mantener bases en el Atlántico Sur, disputar la Antártida), económicas (potencial extracción de recursos como el petróleo, gas y pesca) y políticas (en tiempos de crisis interna, la confrontación con el “imperialismo” argentino es utilizada para lograr cohesión entre su población: lo hizo Thatcher hace 30 años, también lo hace ahora David Cameron).
3)           Es necesario plantear el debate por Malvinas como una causa latinoamericana, anti-imperialista y vincularla a un proceso más general de lucha contra la dependencia.
4)           Además de los reclamos en los organismos regionales e internacionales, es preciso tener en cuenta que difícilmente las gestiones en el anti-democrático Consejo de Seguridad de la ONU (en el que Gran Bretaña y Estados Unidos tienen derecho a veto) produzcan un avance en el tema de la soberanía.
5)           No hay que tener demasiadas expectativas en un hipotético apoyo de Washington. La última Cumbre de las Américas fue un claro indicio de esto. Estados Unidos no va a romper su histórica alianza militar con Gran Bretaña. En la reciente Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas, Estados Unidos y Canadá de abstuvieron de refrendar el reclamo por Malvinas, a diferencia de lo que hicieron los demás países.
6)           Es necesario considerar medidas latinoamericanas que afecten los intereses de las multinacionales inglesas en la región (petróleo, tierras, bancos, comercio). Con esta vía puede avanzarse en obligar a Gran Bretaña a sentarse a negociar.
Los futuros debates sobre la problemática deberían incluir, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Es conducente la actual estrategia del gobierno argentino para recuperar las Malvinas? ¿Qué medidas concretas podrían tomarse en Argentina y América Latina para forzar la negociación que reclama la ONU desde 1965? ¿Qué políticas habría que desplegar si se recuperara la soberanía plena de Malvinas? ¿Qué habría que hacer con los isleños? ¿Es posible pensar en algún tipo de gobierno local de los isleños, pero en el marco de una soberanía argentina? ¿Cómo se podría relacionar el reclamo por Malvinas con el que exige la desmilitarización del Atlántico Sur por parte de potencias extracontinentales?
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[1] Docente de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Investigador del IDEHESI-CONICET. Contacto: leandromorgenfeld@hotmail.com / vecinosenconflicto.blogspot.com
[2] Estados Unidos, nuevamente, se abstuvo, lo cual motivó el lamento del embajador argentino García del Solar (CARI, 1983, p. 259). Ver también García del Solar (1995).
[3] Citado por Bernal (2011).
[4] Existe una amplia bibliografía sobre la guerra. Entre otros, pueden consultarse Balza (2003); Bosoer (2007); Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooy (1984); Cisneros y Escudé (1998); Costa Méndez (1993); Freedman (1988); Freedman y Gamba-Stone-house (1991); Lorenz (2006); Middlebrook (1991); Morales (2012); Olivieri (1992); Piñeiro (1992); Rattenbach (2008).
[5] Disponible en www.mopassol.com.ar
[6] Disponible en www.cancilleria.gov.ar
[7] En un reciente trabajo, Atilio Borón desarrolla la importancia geopolítica del control de los bienes comunes de la tierra, entre ellos el petróleo y el gas, y cómo la avidez de las principales potencias por apropiarse estos recursos estratégicos explicarán los conflictos armados del siglo XXI (Borón, 2012).
[8] “Más de 130 países exigen se respete la decisión de las Naciones Unidas sobre Malvinas”, en www.mrecic.gov.ar.
[9] Fragmento de “Malvinas, una visión alternativa”, reproducido íntegramente en Página/12, 23/02/2012.

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