Entrevista al economista Julio Gambina
-Mario Hernandez
(MH): Estamos en comunicación con Julio Gambina porque se han producido
cambios en el gabinete nacional que tienen efecto en las medidas
económicas. Sobre los primeros no quiero abundar porque después tenemos
un audio de un colega tuyo, Daniel Campione, del FISYP, que se refiere a
ellos. También nos hemos enterado que desde hace 9 meses se estaba
negociando un acuerdo que se habría cerrado ayer, lunes, para compensar a
la empresa española Repsol por la expropiación de su filial argentina,
lo cual se aleja de la posición del ahora Ministro de Economía, Axel
Kicillof, quien dijo que Repsol debía retribuir a la Argentina y ahora
parece que vamos a pagarle U$S 5.000 millones en activos líquidos. ¿Qué
información tenés al respecto?
-Julio Gambina (JG): Lo
que está en la prensa discutido ampliamente y se habla es que hoy,
miércoles, se aprobará en el Directorio de Repsol. En la negociación han
intervenido, por informaciones publicadas en diarios cercanos al
gobierno, los gobiernos mexicano, español y argentino con funcionarios
de Repsol, excluido su presidente, que no estaba muy de acuerdo, pero
aparentemente mañana el acuerdo se cerraría igual.
Eso implica a
accionistas muy importantes de Repsol, por eso está involucrado el
gobierno mexicano porque PEMEX, la petrolera estatal mexicana, es parte
de Repsol, porque además de los U$S 5.000 millones de deuda pública que
emitiría la Argentina -y nuevamente nos encontramos con nueva deuda
pública exterior argentina, lo que contigo hemos hablado en varias
ocasiones, de cómo hay un crecimiento de la deuda pública, el cual es un
tema muy gravoso y condicionante de la política argentina-, habilitaría
a PEMEX a invertir en Vaca Muerta, no así a Repsol. Por eso México está
interesado en que se resuelva el acuerdo.
Repsol venía
reclamando poco más de U$S 10.000 millones en compensación. En la Ley de
expropiación parcial de YPF se decía que iba a haber una tasación
oficial y esta negociación se ha llevado adelante sin que se conozca.
Todo indica que hay un acuerdo que involucra a tres gobiernos y a la
empresa en discusión para hacer esta compensación. Los detalles no se
conocen más allá de este gran título que en sí mismo es muy importante
porque implica un crecimiento destacado de la deuda y el interés de
PEMEX por involucrarse en lo que todos ofrecen como el gran yacimiento
de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
Va a
contramano de todo lo que se dijo hasta ahora pero hay que recordar que
la presidenta Cristina Fernández en su reingreso a la Casa Rosada y ante
varios jóvenes militantes y adherentes a su gobierno, planteó que el
modelo a futuro sería el acuerdo YPF-Chevron, que no tenía anteojeras y
que, por lo tanto, pese a lo que dijeran, la orientación sería
reproducir ese acuerdo y seguir convocando a empresas extranjeras a
invertir en Argentina.
Creo que la señal es clarísima cuando el
gobierno dice continuidad y profundización de las medidas. YPF-Chevron
fue el ensayo para atraer divisas a la inversión productiva y ahora con
este acuerdo con Repsol se habilitarán otras inversiones externas como
en el caso de PEMEX, obviamente por cifras muy lejanas de la nueva deuda
que asumiría la Argentina por U$S 5.000 millones, pero el imaginario
sería que Argentina le está dando seguridad de retorno a las inversiones
externas y quedaría claramente demostrado al salir al cruce de esta
demanda de Repsol. El acuerdo involucra que ésta retira las demandas
judiciales que ha planteado en tribunales internacionales, entre otros
el CIADI, con lo cual es un tema muy delicado y habla a las claras de
esto que el propio gobierno plantea, más allá de las personas que estén
al frente de las políticas públicas, de continuidad y profundidad.
Entre
las primeras está buscar inversiones externas, préstamos
internacionales y, por lo tanto, redinamizar el funcionamiento del orden
capitalista en Argentina y eso supone asegurar rentabilidad empresaria a
las inversiones que quieran radicar sus capitales en el país.
-MH:
Vos habías publicado apenas una semana antes un artículo, el 18 de
noviembre, donde hacías mención a datos dados por la ex presidenta del
Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que realmente son preocupantes,
porque dijo: “Hemos pagado desde 2010 hasta la fecha U$S 24.000 millones
para reducir el stock de deuda en moneda extranjera” y respecto de la
pérdida de reservas actuales menciona que de los casi U$S 11.000
millones que cayeron las reservas en lo que va del año, el 75% es por
pagos de la deuda pública en moneda extranjera, es decir que “se
utilizaron U$S 8.250 millones de reservas internacionales para cancelar
deuda externa durante el presente año de 2013”. Señalo esto porque por
un lado estamos buscando dinero en el exterior, y por otro, llevamos
adelante esta política de pagadores seriales de una deuda que, como
señalás más adelante en tu artículo, se ha transformado en un cáncer a
extirpar y no se resuelve sin previa investigación, incluso señalás que
el Senado brasilero convocó a una audiencia pública con la Auditoría
Ciudadana de la deuda, una iniciativa popular que demanda la
investigación de la gigantesca deuda brasilera, inspirados en la
política en el mismo sentido de Ecuador. ¿Por qué Argentina no adopta
ese camino?
La decisión de pagar la deuda externa afecta los Derechos Humanos
-JG:
Es muy interesante que plantees la pregunta y lo reflexionemos juntos
porque, los datos que diste de Marcó del Pont están sacados de la página
web del BCRA. Está copiado textual lo dicho por la ex presidenta del
BCRA. Luego el artículo lo escribí comentando ese debate en el Senado
brasilero en Brasilia, donde tuve la oportunidad de participar con
senadores brasileros presentes ante la demanda de un movimiento popular
como lo es la Auditoría Ciudadana, iniciativa política popular que
reclama una auditoría de la deuda en Brasil. Había senadores de los
distintos partidos, oficialistas y opositores, que participaron de ese
debate que fue muy amplio, franco y fraterno.
Ni bien llegamos
de Brasilia nos encontramos en Argentina con la presencia del Dr. Cephas
Lumina, un abogado zambiano perteneciente al Comité de Derechos Humanos
(DD HH) de la ONU que vino a la Argentina con la misión durante toda la
semana pasada de discutir el tema de la deuda externa argentina y los
DD HH. Este funcionario es un experto independiente de la ONU que ha
sido convocado para elevar un informe al Comité de DD HH en marzo
próximo para ver en cuánto impide la aplicación de los DD HH la deuda
pública. Se ha encontrado con autoridades de la Corte Suprema, en
ámbitos de gobierno y con varios sectores del movimiento popular. El
lunes pasado compartimos un debate con varias organizaciones en la sede
de la CTA, con la CGT, organismos de DD HH, Nora Cortiñas, entre otros,
Diálogo 2000, donde participaron una cantidad de expertos, especialistas
y movimientos que luchan por la investigación de la deuda, una cátedra
especial de la Facultad de Derecho sobre el tema planteó la necesidad de
aplicar los fallos judiciales que existen en Argentina como el del Juez
Ballesteros del 2000, una sentencia en firme que debe ser tratada.
Después, en el marco del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, en
Buenos Aires, fuimos invitados por el economista jefe para tener un
debate donde fuimos consultados un conjunto de especialistas, incluso
habían sido invitados especialistas del gobierno, que no estuvieron
presentes, para expresar nuestros cuestionamientos. Entre los
comentarios, le mencionamos a Rubén Mercado, la opinión que esta
decisión de pagar la deuda afecta los Derechos Humanos. Dimos el
siguiente dato: la presidenta dice que se han pagado U$S 173.000
millones en los últimos 10 años. No hay un solo rubro del presupuesto
nacional por U$S 17.000 millones que es lo que pagamos en un año. Queda
claro que el principal gasto del Estado argentino es el pago de deuda.
No
solo es un condicionante estructural sino que se apropia de los
recursos fiscales que administra para atender la demanda de los
acreedores externos antes que las acreencias internas en salud,
educación, vivienda, empleo, de mejorar los ingresos de los trabajadores
estatales, de los jubilados, de la Asignación Universal por Hijo y
podríamos seguir mencionando rubros que están contenidos en el
presupuesto y no son atendidos porque Argentina privilegia el pago a los
acreedores.
En 30 años, todos los gobiernos constitucionales han privilegiado el pago de la deuda externa
¿Por
qué el gobierno argentino avanza en este sentido? Creo que es un
fenómeno que va más allá de este gobierno porque en 30 años de gobiernos
constitucionales, todos los turnos han privilegiado el pago de la
deuda. Todos han realizado renegociaciones, cada uno elaboró su canje,
lo hizo Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández
lo habilitó en 2010 y este año, con apoyo de la mayoría de la
oposición, reabrió el canje de deuda sin fecha de cierre por presión de
los llamados fondos “buitres”.
El tema es muy delicado, incluso
porque en las reformas del Código Civil y Comercial que estuvieron en
debate y pasarían a Diputados para el año que viene, se ratifican las
formas de inserción internacional de la Argentina subordinándola a los
tribunales externos y ratificando una cantidad de acuerdos que la
someten a la legislación internacional, al CIADI, que en los tratados
bilaterales de inversión pueda ser demandada en tribunales externos,
como en el caso de los llamados fondos “buitres” en EE. UU. Serán muy
“buitres” pero tienen en sus manos el derecho que les asiste la propia
política argentina que favorece a tenedores legítimos de deuda pública
de nuestro país para demandarnos en tribunales externos. Lo mismo que se
acaba de aprobar en el acuerdo YPF-Chevron, donde ésta puede demandar
en tribunales internacionales cualquier irregularidad a criterio de la
transnacional petrolera.
Tengo la sensación de que no solo es un
tema de que los gobiernos no quieran hacer auditoría, investigar, sino
que hay que plantearlo como un déficit del propio movimiento popular que
no presiona aún más con mecanismos que hagan cumplir las sentencias
judiciales que hay en el país, que presionen con más fuerza por la
auditoría de la deuda, lo que tiene que venir acompañado inmediatamente
de una suspensión de los pagos. No se puede auditar o investigar y
mientras tanto seguir pagando. Hay que investigar, auditar y al mismo
tiempo suspender los pagos y eso requiere abordar la crisis de
alternativa política que hay en Argentina.
Lamentablemente se
toma como una bandera de independencia la política del pago de la deuda.
Fijate qué contradictorio. La consigna del no pago de la deuda, de
investigación de la deuda ha estado históricamente en manos de la
izquierda y lo que se quiere hacer ver es que se gana en autonomía e
independencia al haber pagado tanta cantidad de deuda.
¿Por qué
en el 2006 se pagaron U$S 9.500 millones al FMI? ¿Por qué pagarle a una
organización corresponsable de la crisis mundial y de las políticas que
llevaron a la crisis del 2001 en Argentina? ¿Por qué darle esa cantidad
de dólares cuando en el 2006 se podrían haber utilizado para proyectos
de desarrollo productivos alternativos e incluso tratar de restañar el
conflicto que ya se avecinaba entre Argentina y Uruguay a propósito de
la necesidad de inversiones externas en el vecino país para el
desarrollo de las pasteras?
Brasil en el mismo momento pagaba U$S
15.000 millones. El mismo día dos países sudamericanos pagaron casi U$S
25.000 millones y las inversiones externas en Uruguay de dos empresas,
Botnia y Ence, eran de U$S 1.500 millones, con lo cual Argentina y
Brasil podrían haber destinado una parte no solo para desarrollar
producciones alternativas nacionales sino para pensar políticas de
articulación productiva regional que hagan realidad la perspectiva de
una nueva arquitectura financiera, un debate de un nuevo modelo
productivo para nuestra región. No se trata de aislarse del mundo no
pagando sino de vincularse con otros países con una actitud muy firme
contra los organismos financieros internacionales y los acreedores que
someten a los pueblos empobrecidos por estas políticas y por eso el
Comité de Derechos Humanos de la ONU se presentó acá para recibir
opiniones, informaciones y sugerencias de qué recomendaciones presentar.
Ahora se está discutiendo una propuesta presentada por Brasil y
Alemania contra el espionaje que llevó adelante EE. UU. sobre los
gobiernos de esos países y el Comité ha encontrado una fórmula, débil si
se quiere, pero no vinculante, para denunciar las políticas de
espionaje. Ojalá que la visita de este experto independiente de la ONU y
todas las opiniones que ha recogido de muchos de nosotros, sean parte
del informe que presente y el tema de la deuda pública argentina y de
otros países de la región rebote en Naciones Unidas planteando que el
endeudamiento es un nuevo mecanismo de colonialismo en los tiempos
contemporáneos del desarrollo capitalista.
La noticia por la que
empezamos nuestro diálogo fue que Argentina compensó a Repsol que
descapitalizó a YPF, se llevó el excedente, U$S 13.000 millones en 10
años y ahora Argentina está promoviendo un incremento de la deuda
pagándole U$S 5.000 millones en títulos. La verdad es un tema para
denunciarlo, discutirlo, protestarlo y difundirlo al conjunto de la
sociedad porque muy pocos están hoy enterados que esta es una noticia
caliente no solo en Argentina sino en el mundo. Hoy las acciones de YPF
crecieron porque la respuesta de los inversores mundiales tanto en
Argentina como en EE. UU. es de satisfacción ante un gobierno que cumple
con la seguridad jurídica de las empresas. La pregunta sería si alguna
vez habrá preocupación por cumplir con la seguridad jurídica de los
jubilados, de los desocupados, de los que demandan derecho a la salud,
la educación y tantos otros que establece la Constitución y no se
cumplen.
