"Argentina frente a los tratados de libre comercio"

 

Argentina frente a los tratados de libre comercio

El Gobierno apuesta a la apertura vía TLC

Leandro Morgenfeld
Especial para BAE Negocios

Desde que asumió, Macri planteó un giro en la política exterior y en la inserción económica internacional de la Argentina, cuyos objetivos explícitos son la atracción de capitales, la toma de préstamos y la apertura de nuevos mercados para los exportadores.
Desde su concepción liberal, la vía para dar seguridad jurídica a los inversores externos es firmar Tratados de Libre Comercio (TLC). Así, en la primera semana del segundo semestre, viajó a Chile a participar por primera vez de la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, donde insistió en que el Mercosur estaba congelado y debía sellar un tratado comercial con ese bloque; luego voló a Francia, Bélgica y Alemania, para relanzar las negociaciones de un “acuerdo de asociación” con la Unión Europea; y culminó su periplo en Estados Unidos, para reunirse con los CEOs de empresas de telecomunicaciones y servicios. “Argentina volvió al mundo”, declaró el miércoles en Berlín, eufórico ante empresarios teutones.
Con el lema de la “desideologización” de la política exterior, el gobierno de Cambiemos decidió impulsar las negociaciones comerciales en tres direcciones: intentar sellar un acuerdo Mercosur-Unión Europea que, como bien se vio esta semana, debe sortear varios obstáculos, como la resistencia de Francia y Alemania a eliminar subsidios agrícolas; procurar un tratado de libre comercio con Estados Unidos en marzo, en ocasión de la visita de Obama, se firmaron algunos acuerdos, pero todavía no se eliminaron siquiera las barreras sanitarias que hace años limitan la entrada de carnes y limones al mercado estadounidense-; y avanzar en una convergencia con la Alianza del Pacífico, como primer paso para sumarse en un futuro al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica conocido como TPP, por sus siglas en inglés. Hace poco más de una década, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata y en el marco de una masiva movilización popular, se rechazó el proyecto hegemónico estadounidense del ALCA. Desde ese momento, Washington optó entonces por firmar TLC bilaterales con algunos países, para sostener los intereses de sus grandes empresas e intentar contener el avance económico chino. Hoy en día, Estados Unidos avanza con tres iniciativas: además del mencionado TPP, impulsa el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y otro sobre servicios (TISA), cuyos borradores se conocieron gracias a las filtraciones de Wikileaks.

EE.UU. avanza con tres
iniciativas:el TPP, el TTIP y el TISA

El TPP, firmado en febrero por 12 países, tiene como uno de sus objetivos geoestratégicos limitar la creciente presencia del gigante asiático en la región. Macri propone un realineamiento con Estados Unidos y apuesta a la apertura económica vía firma de TLC, siguiendo el modelo chileno. No casualmente la canciller Susana Malcorra declaró en diciembre pasado que el ALCA no era más una mala palabra para la Argentina. La diferencia es que Chile es un país con un nivel de industrialización muy bajo, a diferencia de Brasil o Argentina, en los que la apertura comercial indiscriminada redundarían en una caída de la producción manufacturera. Dada la amenaza que implican los TLC, en distintos países del continente, como ocurrió hace más de una década con el ALCA, se están organizando iniciativas contra el TPP. En Argentina, el 11 de mayo, se reunió por primera vez la Asamblea “Argentina Mejor sin TLC”, que reúne a organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos.
Esta semana se hizo pública su primera declaración, en la que se explica por qué este tipo de acuerdos son perjudiciales: “Después de veinte años de firma masiva de TLC en la región, sabemos que estos tratados no son meros acuerdos sobre aranceles, ya que incluyen además temáticas sensibles como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios (donde quedan incluidos salud y educación), las compras públicas, las telecomunicaciones, la agricultura, las inversiones y también las cláusulas que otorgan la posibilidad a los inversores extranjeros de demandar al país en centros arbitrales internacionales como el CIADI. Estas cláusulas aseguran los derechos de propiedad de los inversores extranjeros, mientras impactan negativamente sobre los aparatos económicos nacionales, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, generando así aumento del desempleo. Se trata además de acuerdos que se negocian en total secreto y sin ningún acceso de la sociedad civil a los borradores de los textos”.
Los TLC le otorgan enormes beneficios a los capitales más concentrados, en detrimento de los derechos de los trabajadores. Limitan, además, la facultad de los Estados de establecer regulaciones medioambientales. Refuerzan la capacidad de las multinacionales de los países centrales para cobrar marcas y patentes, en detrimento de la producción de medicamentos genéricos por parte del sector público.
La firma de este tipo de acuerdos tiene efectos nocivos en el mediano y largo plazo, muy difíciles de revertir una vez que entraron en vigencia. Por eso es fundamental el debate amplio y democrático sobre qué implican los TLC, cómo afectarían a cada sector de la economía y en qué medida limitarían la capacidad regulatoria del Estado, restringiendo la soberanía económica nacional.
Por estos motivos, el lunes 11 de julio, de 16 a 19 hs, se realizará la primera Audiencia Pública sobre los TLC en la Cámara de Diputados (Sala 1 del Anexo). Legisladores de distintos bloques, junto con académicos especialistas en el tema y representantes sindicales y organizaciones políticas, sociales y derechos humanos desmitificarán los supuestos efectos positivos de estos acuerdos y explicarán los costos sociales que suponen. Tomando las exitosas experiencias pasadas contra el ALCA y las que ahora se están desarrollando en diversos países latinoamericanos, se están organizando, además, espacios de formación, jornadas y materiales de difusión.
Dada la premura del gobierno de Cambiemos por avanzar en las negociaciones librecambistas, es fundamental discutir ampliamente la política comercial argentina. Y, sobre todo, plantear alternativas. Como señala la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, “Otra integración es posible!”.

América Latina le dijo NO al CIADI hace 50 años

Cuando 21 países se opusieron a que el BM crea un organismo de arreglo de diferencias inversionistas-Estados Recordando el “No de Tokio” cincuenta años después Robin Broad

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Hace cincuenta años, durante la reunión anual de 1964 del Banco Mundial en Tokio, los gobiernos de veintiún países en desarrollo votaron en contra de la creación de una nueva sección del Grupo del Banco Mundial a través de la cual corporaciones extranjeras podrían llevar a juicio a gobiernos y eludir sus sistemas de justicia nacionales. Esta nueva sección del Banco Mundial se llamaría el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los veintiún gobiernos incluían a los diecinueve países latinoamericanos presentes, así como a Filipinas e Iraq. [1]

 

El histórico voto fue apodado el “No de Tokio”. [2]  Puede haber sido el voto colectivo más grande en la historia en contra de una iniciativa del Banco Mundial. Y tal vez la única vez que todos los representantes de América Latina votaron “no”.

 

Así que escribo en parte para celebrar que el “No de Tokio” cumple cincuenta años. Pero también escribo porque es hora de reconocer que la historia ha demostrado lo justificado de ese voto de 1964.

 

¿Cuáles fueron los veintiún países que votaron “no”? Permítanme citar al entonces representante de Chile, Félix Ruiz, quien habló en nombre de los países latinoamericanos:

 

“Los sistemas jurídicos y constitucionales de todos los países de América Latina, miembros del Banco, brindan actualmente al inversionista extranjero iguales derechos y protección que al nacional; prohíben la confiscación y la discriminación y establecen que toda expropiación por causa justificada de utilidad pública debe ir acompañada de justa indemnización, determinada, en última instancia,por los tribunales de justicia. El nuevo sistema sugerido daría a un inversionista privado, por la circunstancia de ser extranjero, derecho a reclamar contra un Estado soberano fuera del territorio nacional, prescindiendo de los tribunales nacionales. Esta disposición es contraria a las normas jurídicas tradicionales de nuestros países y, de hecho, establecería un privilegio a favor del inversionista extranjero colocando al nacional en una situación de inferioridad.”[3]

 

En suma, el nuevo sistema era tanto innecesario como injusto.

 

El CIADI siguió avanzando, a pesar de los votos negativos. Cabe señalar que Brasil nunca se sumó, y de hecho no ha aceptado el sistema en ninguna ocasión.

 

Quienes siguen de cerca a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su mecanismo para resolver disputas tal vez perciban la ironía: una de las reglas fundamentales del avance neoliberal actual hacia una “ultra-globalización”, tal como establece la OMC, es que las regulaciones nacionales deben tratar del mismo modo a inversionistas locales y extranjeros. La ironía, por supuesto, es que la existencia del CIADI parece sugerir que los defensores de la ultra-globalización no consideran problemático que los inversionistas extranjeros reciban un tratamiento privilegiado.

 

A la luz del historial del CIADI durante las décadas siguientes, las críticas al “No de Tokio” fueron proféticas. El CIADI pasó a ocupar el centro de la escena con el auge de los tratados neoliberales de comercio, tanto bilaterales como multilaterales, que empezaron a reproducirse a partir de la década de los años 80. Cuarenta años después de que el primer caso fuese presentado ante el CIADI, en 1978, se han sumado otros 48 sólo durante el 2012.

 

Al mismo ritmo en que se ha multiplicado el número de casos presentados ante el CIADI, se han multiplicado las críticas –en particular por parte de Estados soberanos, pero también cada vez más por parte de abogados especialistas en comercio. Los argumentos son que las reglas del CIADI, en primer lugar, están cada vez más orientadas a favorecer a los inversionistas por sobre el Estado (¿les suena familiar?)  y, en segundo lugar, que son demasiado estrechas en su enfoque en derechos “comerciales” (esto es, el inversor privado extranjero), en vez de cubrir también cuestiones “no comerciales” más amplias. Por ejemplo, ¿no debería un gobierno tener derecho a proteger una cuenca de agua de los efectos destructivos de la extracción de oro? ¿No debería ese gobierno, de hecho, ser recompensado en vez de enjuiciado por el CIADI? [4] ¿Y por qué debería poder el inversor, en tanto que actor no estatal, llevar a juicio al gobierno, mientras que otros actores presumiblemente no estatales como las comunidades afectadas no están siquiera autorizadas a escuchar las presentaciones muchas veces secretas ante el CIADI? (Es cierto: las comunidades pueden presentar testimonio como amicus curiae –si es que encuentran un abogado dispuesto a redactar una a nombre de ellos–. Pero no hay ninguna seguridad de que esos testimonios sean leídos por los abogados  certificados por el Banco Mundial que se ocupan de los casos particulares.)

 

El destacado abogado de comercio George Kahale III causó revuelo recientemente al declarar de manera pública que los tribunales del CIADI, ante los cuales se había presentado algunas veces, son cada vez más parciales en pos de favorecer a los inversionistas extranjeros. Y dado que el CIADI no falla de acuerdo a precedentes legales ni permite apelaciones basadas en revisiones judiciales, no hay forma de corregir dichos fallos.

 

De hecho, al expandirse la cantidad de casos considerados por el CIADI, las críticas verbales han empezado a verse acompañadas por  acciones. Bolivia, Ecuador y Venezuela –todos partes de aquel “No de Tokio” – han abandonado el CIADI;  Sudáfrica está en proceso de establecer una nueva ley de inversiones que permita a las corporaciones extranjeras presentar sus reclamos sólo a las cortes nacionales; Indiaestá llevando a cabo una revisión de sus tratados a la luz de varios juicios de corporaciones;  Indonesia ha anunciado su voluntad de no renovar sus acuerdos bilaterales de inversión;  Australia decidió no incluir estos derechos corporativos en su tratado de libre comercio de 2005 con Estados Unidos. Documentos filtrados de manera reciente sugieren que varios de estos países están intentando al menos reducir los derechos de los inversionistas (y, así, el poder del CIADI) en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Lo mismo puede decirse de países de la Unión Europea—y de manera notoria Francia y Alemania–, que están expresando preocupación por este tipo de normas.

 

Pero, un momento: ¿no se derrumbará la economía global sin estos derechos de los inversionistas y su órgano principal, el CIADI? ¿No desaparecerán las inversiones extranjeras? Bueno, en realidad no. Un caso ilustrativo es Brasil, uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera pero también un país que nunca ha aceptado esta clase de normas. Puede hacerse una afirmación más amplia: si los inversionistas extranjeros consideran que están por hacer una jugada riesgosa pueden simplemente recurrir a las empresas de seguros de riesgo. Y, como los inversionistas locales, tienen la posibilidad de recurrir a las cortes nacionales que correspondan.

 

Decir “No” al CIADI es cada vez más urgente. Si el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión son aprobados, tal como espera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el número de casos presentados ante el CIADI seguirá aumentando. Y podemos esperar aún más acciones por parte de los inversores, propensos a demandar a gobiernos no sólo por expropiaciones directas (el propósito original del CIADI) sino también por formas “indirectas” de expropiación como las regulaciones ambientales o sociales que puedan reducir sus futuros márgenes de ganancia.

 

Así que aquí va un llamado a los veintiún países que con toda razón dijeron “No” en Tokio hace cincuenta años. Celebremos este aniversario exigiendo a los actuales gobiernos que se retiren del CIADI  pues pone en riesgo la democracia, la justicia y el bien común.

 

Para tomar prestado un slogan que viene al caso: Cincuenta años son suficientes.

(Traducción de Víctor Goldgel)

 

- Robin Broad es Profesora en Desarrollo Internacional en la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington, D.C.

 

Notas

 

[1] Los países que votaron “no” fueron los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Iraq, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Uruguay y Venezuela. Fuente: Antonio R. Parra, The History of ICSID (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 66-67.  <DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199660568.001.0001>

[2] Ver Andreas F. Lowenfeld “The ICSID Convention: Origins and Transformation” Georgia Journal of International and Comparative Law, (2009) 38, pp.47-62; y Fiezzoni, Silvia “The Challenge of UNASUR Member Countries to Replace ICSID Arbitration,” Beijing Law Review, (2011) 2, pp. 134-144.

[3] Extracto de la declaración de Felix Ruiz, Gobernador por Chile, el 9 de septiembre de 1964  en Tokio, citado en: Parra, Antonio R. The History of ICSID, Oxford: Oxford University Press, 2012, p.67.  <DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199660568.001.0001>. Ver también pp. 66-68. Versión en español: http://bit.ly/1BuJkAb

[4] Este no es un ejemplo hipotético. Ver los documentos relativos al caso del CIADI Pac Rim Cayman Islands vs Republic of El Salvador, que le ha costado al gobierno de El Salvador más de  12 millones de dólares sólo por este juicio.

 

Pese al arreglo con el CIADI, EEUU volvió a votar contra Argentina en el BID

 

Con lo justo, el BID le dio un crédito al país

Por Martín Kanenguiser | LA NACION

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer, en una muy ajustada votación, un nuevo crédito para la Argentina, por 300 millones de dólares.

La votación, una vez más, fue bastante pareja, por la decisión de la mayoría de los países europeos y de Estados Unidos de no apoyar el otorgamiento de nuevos préstamos al país, indicó a la nacion una fuente allegada al trámite desarrollado en Washington.

"Nada cambió", indicó la fuente en forma escueta respecto del anhelo argentino para que Estados Unidos y otros gobiernos comiencen a apoyar al país a partir del anuncio del acuerdo con un grupo de empresas a las que se les pagará su sentencia del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Fuentes de Washington indicaron a la nacion que esperan que el país avance en el pago de sus deudas para analizar un cambio de postura, tanto en el BID como en el Banco Mundial.

"No habrá cambios hasta que el Gobierno no cumpla con todas sus obligaciones, tanto las del Ciadi como las del Club de París", indicaron.

En este sentido, el Gobierno anunció que ya se cerró un acuerdo con cinco empresas que habían ganado casos arbitrales en el Ciadi y el Uncitral (el tribunal de Naciones Unidas). Se trata de National Grid, Continental, Vivendi, Azurix y CMS Gas.

La resolución 598 del Ministerio de Economía, publicada el 18 de este mes en el Boletín Oficial, estableció el pago de 501 millones de dólares a estas cinco compañías extranjeras.

El crédito aprobado ayer por la entidad multinacional que preside Luis Alberto Moreno servirá para la "ampliación, rehabilitación y mejora de corredores viales, que incluyen acciones para mejorar las condiciones de seguridad vial de la región del Norte Grande de Argentina", se detalló.

Este crédito del BID forma parte de un plan por 1200 millones de dólares para la Argentina en este año, según los planes del banco regional, en el que Estados Unidos tiene el 30 por ciento de las acciones.

Por su parte, América latina tiene el 53 por ciento, mientras que Europa, China y Japón se reparten el resto. Si no cambia el panorama el próximo mes, será difícil que el Banco Mundial apruebe este año unos 3000 millones de dólares anunciados por el Gobierno.

El gobierno argentino paga a buitres legitimando el CIADI. El precio para volver a endeudarse?

EL GOBIERNO EJECUTO EL ACUERDO PARA CERRAR EL CONFLICTO CON CINCO EMPRESAS

El Ciadi empieza a ser historia antigua.

Las cinco firmas que ganaron juicios contra la Argentina ya cobraron lo adeudado en bonos por 506 millones de dólares. A su vez, destinaron 68 millones para comprar bonos Baade.

Por Tomás Lukin (Página/12)

Las cinco empresas extranjeras que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para levantar sus demandas en el Ciadi y cobrar en el país recibieron el pago de 506 millones de dólares en bonos argentinos denominados en esa moneda y realizaron una inversión en Baade por 68 millones de dólares. El Ministerio de Economía publicó ayer la resolución que oficializó la operatoria que contempló la renuncia a las sentencias en el tribunal arbitral del Banco Mundial y la reestructuración del pasivo, con una quita nominal del 25 por ciento. El acuerdo destrabó un crédito del Banco Mundial, que desembolsará 3000 millones de dólares entre 2014-2016.

Desde el equipo del ministro Hernán Lorenzino consideran que la decisión “no creará ningún precedente sobre la resolución de este tipo de juicios, ya que es un acuerdo voluntario a partir de una propuesta acercada por las propias empresas en agosto. La renegociación con estas cinco empresas no ata al Estado a acceder a cualquier acuerdo planteado por otras compañías”. De todas formas, en Economía explican que no hay más causas abiertas en el Ciadi en una instancia cercana a obtener una sentencia firme.
- El Ciadi: Es el tribunal del Banco Mundial que dirime controversias entre países y empresas extranjeras, cuya competencia fue aceptada por la Argentina en el gobierno de Carlos Menem. Esa decisión, junto con la firma de 55 Tratados Bilaterales de Inversión, implicó la cesión de soberanía jurídica a tribunales internacionales. Néstor Kirchner y Cristina Fernández rechazaron pagar los fallos en contra, argumentando que las empresas debían ejecutar sus sentencias bajo la jurisdicción local. Las compañías nunca lo aceptaron. La resolución de Economía informa que, a comienzos de agosto, las empresas acercaron “una propuesta de cancelación de los reclamos” donde ofrecían cobrar “exclusivamente con títulos de deuda pública interna, por montos que suponen una quita importante sobre las sumas reclamadas y un plazo razonable de repago”.
- El acuerdo: Sobre el reclamo total de 677 millones de dólares, el acuerdo contempla: 1) la renuncia a las demandas en el Ciadi y la aceptación de la jurisdicción local para cursar el reclamo; 2) una quita del 15 por ciento sobre el capital adeudado y de 45 por ciento sobre los intereses, de manera que la quita nominal es de 171 millones de dólares, el 25 por ciento del monto reclamado, y 3) la entrega de dos títulos públicos en dólares –Bonar X y Boden 15, vencen en 2017 y 2015 respectivamente– como forma de pago del capital e intereses. Además, el convenio contempla una inversión equivalente al diez por ciento del laudo original, aproximadamente 68 millones de dólares, en Baade. A lo largo de la última semana, las empresas renunciaron a sus demandas, recibieron esos bonos y realizaron el desembolso. La operación fue tramitada por la Secretaría de Finanzas y las divisas ya ingresaron a las reservas del Banco Central.
Desde el equipo del ministro Lorenzino enfatizaron a Página/12 que “la aceptación de la jurisdicción local es la ratificación de la posición argentina ante los laudos firmes del Ciadi”. En ese sentido, consideran que se trata de una operación “inédita”, ya que “no existen antecedentes de renegociación con quita e inversión en dólares de un fallo del tribunal”.
- Beneficios: El acuerdo con las empresas en el Ciadi destrabó un nuevo programa de créditos del Banco Mundial por 3000 millones de dólares. Esa línea de financiamiento es la primera que habilita el organismo en más de un año y todavía debe ser aprobada por el directorio de la entidad. El cierre de la disputa con las cinco empresas –fundamentalmente las norteamericanas Azurix y CMS– debería habilitar el voto positivo de Estados Unidos, que hasta ahora bloqueaba nuevos préstamos.
- Empresas: La compañía norteamericana Azurix y la francesa Vivendi, dos ex concesionarias de servicios de aguas y cloacas que se fueron del país en 2002 y 1996, respectivamente, y ganaron juicios en el Ciadi a pesar de los graves incumplimientos en sus contratos, contabilizan alrededor de la mitad del monto de las demandas. La lista la completan CMS Gas Transmission Company (propiedad del fondo Blue Ridge, una subsidiaria del Bank of America que impulsó un fuerte lobby contra el país), cuyo contrato se cayó con el fin de la convertibilidad; National Grid, una empresa británica de energía que formaba parte de la transportadora de energía eléctrica Transener, y Continental Casualty Company, accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

 

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En medio de fuertes sospechas, oficializan pagos a un fondo buitre

Por Marcelo Bonelli (Clarín)

Son causas iniciadas en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial. Vínculos de Boudou con un fondo que cobrará. El Gobierno reasignó partidas presupuestarias para pagar con bonos en dólares los juicios que perdió.

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En forma inesperada la Casa Rosada aprobó ayer el pago de deudas a cinco empresas internacionales que reclamaban juicios pendientes en el CIADI. La decisión la formalizó, con su firma, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina a través de una simple resolución administrativa que modifica partidas presupuestarias y en donde se reconocen las nuevas obligaciones de la Argentina que hasta ahora no eran admitidas por el Gobierno.

Esta salida se adoptó a pesar de la fuerte polémica que existe sobre la secreta negociación que llevó adelante el ministro Hernán Lorenzino para cerrar los acuerdos, que benefician a fondos de inversión internacionales y consultoras que la Justicia investiga para determinar si están o no vinculados al actual vicepresidente a cargo del Ejecutivo, Amado Boudou.

También el convenio reconoce la jurisdicción legal de Estados Unidos y contradice el relato oficial de que sólo se iban a reconocer reclamos del CIADI si intervenía además la Justicia argentina.

La convalidación de los acuerdos le genera fuertes ganancias a los fondos de inversión que participaron en las transacción. Los acreedores recibirán bonos Boden 2015 y Bonar 17 por el equivalente a 500 millones de dólares. Y se comprometieron a invertir al menos 50 millones en bonos Baade.

Habrían comprado esas deudas con descuentos del 65%.

A pesar de ello la resolución se adoptó sin dar explicaciones de los acuerdos, sin comunicación oficial del Gobierno y sin siquiera abrir la información a legisladores del propio Frente para la Victoria.

La medida implica el reconocimiento de una nueva deuda externa y esto obligaría a la Casa Rosada a darle participación en algún momento al Congreso.

También, porque el reconocimiento de estos cinco fallos del CIADI, habilita nuevos reclamos de 30 juicios pendientes por un total de 13.600 millones dólares y le otorga un fuerte argumento en sus reclamos a Repsol por 10.000 millones de dólares.

Clarín anticipo ayer el impacto de los acuerdos, pero la negociación se mantiene en secreto y no se informó por qué se avanzó en un convenio que convalida fuertes ganancias a inversores ajenos a los juicios, pero que adquirieron –con la prácticas de fondos buitre– las acreencias que tenían firmas que litigaban contra la Argentina.

Entre ellos se encuentran Blue Ridge Investment, el CC-WB Holdings LLC, y NG-UN Holdings. También las deudas por los contratos de Vivendi Universal, Aguas de Aconquija y Azurix.

Según fuentes de Washington, detrás de estos convenios y estas compañías se encontrarían subsidiarias de Gramercy Funds Management, el fondo de inversión que tiene fuertes vínculos con Amado Boudou. (ver aparte).

Este fondo sería uno de los que compró los juicios, con fuertes descuentos y ahora obtendría excelentes ganancias con la decisión del Gobierno. Gramercy actuó como un fondo buitre en la negociación del canje que llevo adelante Néstor Kirchner en el 2004. No participó y boicoteó el acuerdo Pero cambió de actitud y su participación fue clave para que no fracasara la reapertura del canje del 2010 que llevó adelante Boudou cuando fue ministro de Economía. Gramercy se acercó en aquel momento a Boudou a través de la firma Arcadia que lidera el influyente abogado Marcelo Etchebarne.

Ahora la intermediación de Arcadia y la gestión de Amado Boudou son investigadas por la Justicia federal por presunto “tráfico de influencias”.

También en la causa se investiga si Arcadia fue utilizada como “una pantalla” para que Boudou cobrara comisiones ilegales en la refinanciación de la deuda externa.

La denuncia judicial fue realizada por los diputados Pino Solanas y Claudio Lozano y en junio el fiscal Jorge Di Lello activó la investigación.

Arcadia dijo que no tuvo nada que ver en la negociación por estos acuerdos en el marco del CIADI.

El contacto de Boudou con Gramercy también se dio a través del Banco Barclays, que fue el agente financiero de la negociación externa. Su representante Gustavo Ferraro asesoró para la facilitar la participación de Gramercy y ahora es un importante operador de Gramercy.

El Gobierno pretende dar por cerrada la cuestión con estos provisorios instrumentos legales que aprobó ayer. Y tal vez replicarlos en otros juicios.

Pero la cuestión también levanta inquietud en la oposición, por una concreta razón: el Gobierno compromete financieramente al próximo presidente y su gestión, porque financia los pago de los juicios con bonos que vencen en el 2015 y en el 2016.

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Para EE.UU., la decisión del Gobierno de pagar los juicios del Ciadi beneficiará las inversiones

Por Martín Kanenguiser | LA NACION

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El gobierno de Estados Unidos expresó ayer su satisfacción por el acuerdo alcanzado por la Argentina con un grupo de empresas en el Ciadi, al afirmar que mejorará el clima de inversión en el país y podría ayudar a restablecer algunos beneficios comerciales para las exportaciones nacionales.

Fuentes diplomáticas indicaron a LA NACION que "Estados Unidos recibe con beneplácito la confirmación del acuerdo con las empresas que litigan en el Ciadi", luego de que el Gobierno dejara de exigirles que pasen por la justicia local para cobrar. La decisión, afirmaron, "representa un avance importante hacia la regularización de las relaciones de la Argentina para con la comunidad financiera internacional y hacia la mejora del clima de inversión en el país". En este contexto, el gobierno de Obama reiteró "su compromiso para trabajar estrechamente con el gobierno de la Argentina a fin de fortalecer el diálogo y la cooperación en el marco de nuestra amplia agenda bilateral y multilateral con la Argentina".

En particular, uno de los primeros beneficios sería que el país volvería a ser incluido en el Sistema General de Preferencias (SGP), con aranceles diferenciales para algunas exportaciones argentinas a ese mercado. El SGP, cuya vigencia general debe ser renovada por el dividido congreso norteamericano, fue suspendido a principios de 2012 para los productos argentinos. Ante esta novedad, según las fuentes diplomáticas, Washington "podría considerar la posibilidad de restaurar los beneficios derivados del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias para la Argentina". En este sentido, la oficina del servicio de inspección y sanidad de animales y plantas (Aphis) enviará el mes próximo una misión al país para rehabilitar la exportación de carne.

Aunque el Gobierno anunció este acuerdo como parte de las medidas que permitirán que el Banco Mundial le vuelva a dar nuevos créditos al país, en Washington no fueron tan categóricos respecto de la posibilidad de esta chance en el directorio de este organismo.

Es que hay otro factor que influye en el ánimo de Washington: la falta de avances por la deuda con el Club de París, cercana a los US$ 9000 millones. Si hay acuerdo, se reabrirían líneas de financiamiento para exportaciones y obras. La cuestión, que volvió a ser tratada en el plenario del Club en la capital francesa en los últimos días, genera un fuerte debate dentro del Gobierno. Esto se debe a la pretensión de los países acreedores de que el FMI actúe para monitorear el plan de pagos, como ocurre en casi todas las refinanciaciones adoptadas por el Club. Aunque el rol del FMI se limitaría a realizar el demorado artículo IV, con una misión que revisaría, como en el resto de los países del mundo, las cuentas públicas del país, el sector cercano al vicepresidente Amado Boudou admite que será difícil aceptar políticamente la llegada de los técnicos del cuestionado organismo multilateral. Un paso previo será terminar de acordar con esa entidad el nuevo IPC, en un contexto en el que ninguna de las partes quieren registrar nuevas peleas, luego de la censura aplicada al país en febrero pasado.

El arreglo con el Ciadi tampoco constituye un seguro automático para que EE.UU. apoye a la Argentina en la causa contra los holdouts ; sólo lo hará si la Corte Suprema de ese país le pide su opinión, una vez que el Gobierno formule su segunda apelación ante ese tribunal.

La disputa entre el grupo allegado a Boudou y el liderado por el secretario de Comercio y el viceministro, Axel Kicillof, se extiende a otras cuestiones y cada vez resulta más frontal. Mientras el primero busca reducir en forma gradual la inflación y normalizar las deudas en default, el segundo insiste en la "profundización" del modelo.

En términos tácticos, los sectores más propensos a arreglar las asignaturas pendientes se sienten con más oxígeno, aunque saben que no se tomarán decisiones de fondo hasta tanto la presidenta Cristina Kirchner no vuelva a escena y pasen los comicios legislativos. Además, reconocen que los equilibrios internos son muy precarios.

Cerca de Kicillof y Moreno insisten en la vía de conseguir divisas a través de la presión a las empresas, como con el Baade, el blanqueo y la discusión de la rentabilidad del sector privado. El viceministro de Economía sigue con sus colaboradores en la elaboración de estudios internos para evaluar los costos de las compañías del sector privado, aunque todavía no queda claro cómo usará concretamente esos datos para plantear una mayor participación del Estado en las ganancias de las empresas. Pese a que la ausencia de Cristina generó una pausa en esta lucha, para el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, la decisión del BCRA de permitir que las empresas adquieran el Baade sin tener que pasar por un chequeo de los fondos implica una victoria, porque refleja que tenía razón al sugerirle a la Presidenta que no prorrogara el blanqueo ante su fracaso. Lo que nadie sabe pronosticar es si este giro no llega tarde y en una dosis excesivamente leve.

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Cinco demandas menos en los juzgados del Ciadi

Argentina les pagará con bonos denominados en dólares y una quita que ascenderá al 41 por ciento de los 677 millones de dólares que reclamaban. Además de aceptar el pago en bonos con reducción de interés y capital, invertirán en Baade.

Por Tomás Lukin y David Cufré (Página/12)

El Gobierno alcanzó un acuerdo para resolver los laudos con cinco empresas extranjeras que cuentan con fallos firmes en el Ciadi, el tribunal arbitral que funciona dentro del Banco Mundial. A cambio de la renuncia definitiva a las disputas por un total de 677 millones de dólares, Argentina les pagará con bonos denominados en dólares y una quita del capital e intereses. Los propietarios de la compañías Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, National Grid y Vivendi se comprometieron a realizar una inversión en bonos Baade equivalente al 10 por ciento del laudo original, 67 millones de dólares. Desde el equipo económico estiman que cuando se concrete la operación, la quita total ascenderá al 41 por ciento. Las negociaciones estuvieron a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su equipo. Como informó este diario la semana pasada, la decisión forma parte del acercamiento argentino a los organismos multilaterales de crédito para abrir canales de financiamiento en dólares que permitan aliviar las tensiones en el sector externo por las importaciones de energía, los pagos de deuda y la demanda de divisas para viajes al exterior. El programa de créditos del Banco Mundial por 3000 millones de dólares a desembolsar entre 2014 y 2016 anunciado el jueves está directamente vinculado con el acuerdo con las empresas ex concesionarias de servicios públicos. De hecho, se trata de la primera línea de financiamiento que habilita el organismo en más de un año.

El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial que dirime controversias entre países y empresas extranjeras, cuya competencia fue aceptada por la Argentina en el gobierno de Carlos Menem. Esa decisión, junto con la firma de 55 Tratados Bilaterales de Inversión, implicó la cesión de soberanía jurídica a tribunales internacionales. Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández rechazaron pagar aquellos fallos en contra con el argumento de que las empresas también debían iniciar juicios de ejecución en tribunales argentinos. Las compañías nunca lo aceptaron. El cambio de escenario macroeconómico llevó al Gobierno a avanzar en una solución negociada.

El acuerdo

Sobre el reclamo total de 677 millones de dólares el acuerdo contempla: 1) una quita del 15 por ciento sobre el capital adeudado y de 45 por ciento sobre los intereses, de manera que la quita nominal global es de más del 25 por ciento del monto reclamado; y 2) la cancelación del capital adeudado se realizará mediante la entrega de Bonar X, un título que vence en 2017, mientras que los intereses se pagarán con Boden 15 que terminan de amortizarse en dos años.
En ambos casos, los bonos se entregan computando su valor nominal. Por eso, las empresas experimentarán una quita adicional debido a la actual cotización de mercado. Con este acuerdo, las firmas dan por finalizado su reclamo ante el tribunal y renuncian a toda demanda posterior. Además se comprometieron a invertir en el país mediante la suscripción de bonos Baade por un total de 67 millones de dólares.
Desde el equipo económico enfatizan que el acuerdo permite reestructurar un pasivo de 677 millones de dólares realizando una quita directa por 171 millones y una quita indirecta de 41 millones como consecuencia de la cotización en el mercado de los instrumentos financieros utilizados. Si además se contabiliza el aporte que deberán hacer las empresas a través del Baade, la quita asciende a 279 millones, equivalente al 41 por ciento del total.
Las principales empresas que participarán del acuerdo son: Azurix, concesionaria del servicio de agua y cloacas en municipios bonaerenses hasta 2002, y la francesa Vivendi, por un juicio arrastrado desde 1996 cuando la subsidiaria del grupo en Tucumán, Aguas del Aconquija, decidió irse del país por diferencias contractuales. Entre ambas empresas contabilizan alrededor del 50 por ciento del monto demandado. El listado se completa con National Grid, una empresa británica de energía que formaba parte la transportadora de energía eléctrica Transener, CMS Gas Transmission Company (propiedad de la firma Blue Ridge, una subsidiaria del Bank of America), cuyo contrato también se cayó con el fin de la convertibilidad, y Continental Casualty Company, accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Balance de la Cumbre de la UNASUR: Siria, CIADI, Secretaría General, Chevron

 

Más integración y menos guerra

Emiliano Guido. Desde Surinam (Miradas al Sur)

Se rechazó la intervención militar en Siria y se impulsó la creación de un centro de arbitraje regional que suplante al Ciadi. Pero no se logró consensuar el nombre de su nuevo secretario general, puesto que peleaban Bolivia y Paraguay.

Surinam, un país donde la hibridación cultural de hindúes, javaneses y descendientes de negros cimarrones no precipitó un escenario de guerra civil, fue por estos días un buen ejemplo y, por lo tanto, un digno anfitrión sobre la integración como bandera política de la Unasur. En ese sentido, los ocho jefes de Estado participantes (no asistieron por distintos motivos los de Argentina, Uruguay, Chile y Colombia) y los cancilleres de los doce países del bloque regional protagonizaron una cumbre significativa por varios motivos. En principio, la cita de Paramaribo trasladó la presidencia pro tempore del organismo a una nación caribeña, una zona geopolítica donde siempre primaron la hegemonía de la geopolítica y el comercio norteamericanos. En segundo lugar, la entente suramericana rechazó la intervención militar de las potencias occidentales en Siria y generó nuevos mecanismos institucionales, como un Centro de Arbitraje Internacional y un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, existieron algunos nubarrones, más allá de los generados intermitentemente por el abrasivo calor amazónico, entre las distintas delegaciones presidenciales. Específicamente, los líderes de la Unasur no lograron consensuar el nombre del nuevo secretario general del organismo y, también, existieron algunos chispazos cuando Ecuador propuso generar una nota de repudio contra las corporaciones transnacionales que “lesionan nuestra soberanía”.
El inminente bombardeo de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra Damasco –aún no consumado al cierre de esta nota– precipitó que este tema ocupara un lugar central en la agenda de su VII Cumbre. En esa línea, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue el encargado de expresar en el Plenario final de jefes de Estado las razones políticas por las que el bloque rechazó, por un lado, el uso de armas químicas “bajo cualquier circunstancia” y criticó la “arrogancia con la que las potencias occidentales actúan como los policías del mundo para intervenir donde ven sus intereses en peligro. Ya lo hicieron en Irak, luego en Libia, ahora en Siria. Después, van a querer venir por nosotros”. Además, durante el cónclave final, todas las delegaciones presidenciales reivindicaron el status de Suramérica como “zona de paz”. Según comprobó Miradas al Sur, el canciller Héctor Timerman –ya que Argentina preside en la actualidad el Consejo de Seguridad de la ONU– tuvo una activa participación en este pronunciamiento y ratificó lo expresado el día jueves: “En línea con lo dicho por la presidente Cristina Fernández, la responsabilidad de proteger civiles para justificar la intervención militar puede dar lugar a que se abuse de los valores de paz y seguridad. No sumemos nuevos horrores a los que ya sufrimos”.
Además, el bloque Unasur estrenó dos mecanismos institucionales nuevos: un Centro de Arbitraje Regional, que iría reemplazando al Ciadi (organismo del Banco Mundial donde se procesan los conflictos legales entre las empresas transnacionales y los gobiernos nacionales), y un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos. En ese sentido, el presidente ecuatoriano Rafael Correa puso de ejemplo el contencioso que afronta por la denuncia que hiciera la petrolera Chevron a su país, por un juicio ambiental que dicha compañía perdió en las Cortes ecuatorianas y que ahora reniega acatar, ante la multimillonaria condena impuesta por daños ambientales causados en la Amazonía. “Tenemos que terminar con eso. Ya no se necesitan botas, bombarderos, tanques para someter a los países, se necesitan todas estas sinvergüencerías para imponer el imperio del capital”, arremetió a favor de la necesidad de contar con un Centro de Arbitraje “nuestro”.
Por otro lado, en la cumbre de Cancilleres –prólogo de la reunión de jefes de Estado–, la propuesta de Ecuador de consensuar una nota de repudio a las “compañías transnacionales que intentan lesionar el marco jurídico constitucional” de los Estados latinoamericanos causó un álgido debate entre las distintas delegaciones. En ese sentido, un error “macondeano” de los organizadores (en un descuido dejaron un micrófono abierto con salida al exterior vía parlantes) permitió a los periodistas presentes en un salón continuo escuchar en vivo y en directo las deliberaciones, supuestamente secretas, de los jefes diplomáticos nacionales. Miradas al Sur tomó nota de la vehemencia con la que el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño propuso ponerles nombre y apellido a las corporaciones transnacionales que “intentan avasallar la soberanía de los gobiernos de la región”. Específicamente, Patiño pidió hacer hincapié en el caso de la petrolera Chevron cuando “contaminó dos millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana”. Pero la moción de Quito no fue acompañada por las otras delegaciones. Finalmente, se decidió “formar una comisión” que investigue, monitoree y especifique públicamente cuáles son las corporaciones o multinacionales que están en falta con los gobiernos locales. En ese sentido, Patiño se vio obligado a dar su visto bueno pero advirtió que “si no incluimos a Chevron, el documento va a quedar muy aguado”.
Otro eje significativo de la VII Cumbre de la Unasur fue la discusión abierta y no zanjada acerca de quién debe ser el nuevo secretario general del organismo, cargo que fue estrenado, en su momento, por Néstor Kirchner. En ese sentido, se vieron frustradas las expectativas del presidente peruano Ollanta Humala, que impulsaba a su ex ministro de Educación para el cargo. En contrapartida, la delegación boliviana retrucó con su propio candidato, un ministro de buena llegada a Evo Morales. La tensión sobre este tema en el plenario de cancilleres se empantanaba hasta que el canciller argentino advirtió que “lo importante no es el nombre sino el programa político que debe defender el nuevo secretario general. Primero, deberíamos resolver ese punto”. Un asesor ministerial boliviano le explicó a Miradas al Sur cuál fue el nudo político en cuestión: “Con Surinam en la presidencia pro tempore, el bloque va a tener un liderazgo con baja ascendencia entre sus socios. Si designamos en la Secretaría General a un hombre con poco perfil político, el organismo se va a devaluar. Ese cargo lo ocupó Néstor Kirchner y, ahora, Alí Rodríguez –hombre fuerte del Palacio Miraflores–, hay que seguir bregando para no disminuir la estatura política de la Secretaría General”.
Por último, una nota sobre la presidencia pro tempore de Surinam. El nuevo actor estatal encargado de liderar la Unasur puede llamar la atención pero hay dos datos que hacen lógica la designación del nuevo frontman del bloque regional. En principio, en términos protocolares, la conducción del organismo se va turnando alfabéticamente entre los países. Por ese motivo, a la S de Surinam le antecedió la P de Perú y, de acuerdo con esa hoja de ruta, Montevideo reemplazará a Paramaribo en la próxima cita de jefes de Estado de la Unasur. Pero, principalmente, hay razones geopolíticas para entender por qué Surinam, por lo menos en términos formales, pasó a ocupar el vértice político del organismo. Históricamente, el Caribe fue y es la primera frontera política en las estrategias de seguridad de la potencia norteamericana. En términos más llanos: el primer zócalo del patio trasero del Tío Sam. Con ese criterio, el Pentágono estableció en islas paradisíacas como Aruba y Curaçao varias bases militares y radares de inteligencia de última generación. El objetivo: pertrechar la zona donde Washington comenzó su expansión como imperio político y militar. Por ese motivo, quizás no pueda calificarse como un salto cualitativo en la geopolítica del proceso de integración regional que Suramérica esté estrechando lazos con el Caribe pero sí constituye un paso importante ya que, de alguna manera, también se está debilitando la zona de influencia de México, país que lidera el bloque comercial librecambista y pronorteamericano Alianza del Pacífico, contracara política del Mercosur, la Celac y la Unasur.
El cielo comenzaba a entintarse en la noche del día viernes en la cautivante capital de Surinam y los jefes de Estado continuaban puliendo la letra fina del denominado Documento de Paramaribo. Una asistente personal del vicepresidente Amado Boudou, que representó al país en el plenario final, se lamentaba de la demora en los horarios establecidos por los organizadores. Es cierto, quizás al anfitrión le faltó pulcritud protocolar en la administración de la cumbre. Pero lo que no faltaron en Surinam fueron el color y la mística del Caribe. Al parecer, la Unasur recargó baterías en Paramaribo y promete ir por más integración y menos guerra.

ALBA: límites a las transnacionales

 

La ALBA creará observatorio para luchar contra abusos de transnacionales

Agencias

El objetivo del grupo será dar cuenta del estado de los litigios internacionales sobre inversiones entre naciones y multinacionales.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) acordó crear un observatorio internacional para combatir lo que denomina "abusos de las empresas transnacionales" tras una reunión ministerial en el puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la cual también participó República Dominicana. El objetivo del Observatorio será dar cuenta del estado de los litigios internacionales sobre inversiones entre naciones y multinacionales. Será parte del proceso de creación de "instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones".Delegados de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y San Vicente y las Granadinas, miembros de la ALBA, así como República Dominicana, aprobaron la creación del observatorio, cuyo principal objetivo será dar cuenta del estado de los litigios internacionales sobre inversiones entre naciones y multinacionales, según una declaración.
Asimismo, se resolvió que el observatorio "proponga mecanismos para la reforma de las instancias arbitrales" en las que se dirimen esos casos.
En el encuentro participaron el secretario general de la ALBA, Rodolfo Sanz, el canciller de Venezuela, Elías Jaua, su par ecuatoriano, Ricardo Patiño, ministros de los otros países miembro y el vicepresidente electo de Ecuador, Jorge Glas.
La ALBA apoyó la creación de "instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones" como alternativa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, un proyecto que ya está en marcha en el marco de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
En marzo pasado, Ecuador inició el proceso para poner fin a un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, a raíz de fallos judiciales en su contra por demandas de las petroleras Oxy y Chevron.
El gobierno del presidente Rafael Correa, que en mayo próximo iniciará un segundo mandato de cuatro años, ya dio por terminados acuerdos similares con Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suecia desde septiembre de 2009.
Por su parte, Venezuela es el país que más demandas en curso tiene en el CIADI, de firmas extranjeras que exigen indemnizaciones por las nacionalizaciones de sus activos decretadas en 2007 por el gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Caracas denunció al CIADI en enero de 2012 y su salida se hizo efectiva el 25 de julio de ese año, aunque los casos pendientes siguen su curso.

ALBA vs CIADI

 

ALBA crea mecanismo de defensa legal ante arbitrajes de transnacionales

Adital

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acordó el lunes en Ecuador a creación de un nuevo mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional, especialmente aquellos interpuestos por compañías transnacionales contra países latinoamericanos.
La decisión se tomó en el marco de la "I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses de Transnacionales”, celebrada en Guayaquil, en la provincia de Guayas (oeste).
En la declaración final del encuentro se resolvió constituir un Comité Ejecutivo de la Conferencia, que se encargará de "diseñar y ejecutar acciones de apoyo mutuo en los ámbitos político y jurídico", para ayudar a los países de la región que se vean inmersos en controversias arbitrales con transnacionales.
Igualmente, el Comité deberá "coordinar la defensa conjunta de acciones jurídicas a través de equipos legales internacionales de expertos y abogados profesionales", así como "diseñar estrategias de comunicación, como contrapeso a las campañas globales emprendidas por las compañías transnacionales".
El anfitrión del evento, el canciller Ricardo Patiño, destacó que "desde hoy nace un nuevo mecanismo de defensa y colaboración en asuntos de inversiones y transnacionales". En ese sentido, Ecuador asumirá la coordinación pro-témpore del Comité.
Especialistas de Ecuador, República Dominicana y Venezuela se encargarán de elaborar el proyecto, teniendo para ello un plazo de tres meses, ante de la II reunión que se realizará en Caracas.
Adicionalmente, la Alianza creará un "Observatorio Internacional", financiado con aportes de los países que formen parte de la Conferencia, encargado de apoyar a los Estados demandados y difundir públicamente la situación de los litigios.
Esa instancia también deberá identificar procedimientos que permitan "auditar, evaluar, monitorear" la "acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones".
En la resolución también se apoya el proyecto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para constituir su propia corte de arbitraje para casos de comercio e inversiones, como una alternativa a los actuales sistemas arbitrales.
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=74892

5 claves en la relación Argentina-EEUU

En la siguiente nota explico los 5 puntos que para mí son claves en la relación entre Argentina y Estados Unidos, a partir de la reelección de Obama.

 

Barack Obama renovará el gabinete y relanzará relación con América latina

Hillary Clinton sería reemplazada por John Kerry. También se va Geithner del Tesoro.

Por Alejandro Bercovich
BAE Negocios en Chicago
 

Tras su ajustada victoria sobre el republicano Mitt Romney y la reelección que le garantizan los congresales conquistados en estados que las encuestas le auguraban esquivos, el presidente estadounidense Barack Obama prepara una reestructuración de su gabinete. Una candidataa dejar su silla en enero, cuando inicie su nuevo mandato, es la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien sería reemplazada por el senador John Kerry. Otro es su par del Tesoro, Tim Geithner, para cuyo puesto suena el jefe de gabinete Jack Lew, quien antes dirigió la influyente Oficina de Presupuesto. Según diplomáticos y académicos consultados por BAE en esta ciudad, la renovación podría servir como punto de partida para que la Casa Blanca vuelva a prestar más atención al Cono Sur y especialmente al gobierno argentino, con el que mantuvo en los últimos años una relación distante.

Todo tomará su tiempo y dependerá en buena medida de si Washington retira paulatinamente sus soldados de Medio Oriente, como prometió Obama en campaña. Pero para el embajador John Nay, delegado del Departamento de Estado para la región del MidWest y diplomático de carrera que trabajó con once secretarios distintos, “la relación con América latina se va a estrechar más durante el segundo mandato del Presidente” y el vínculo con Argentina “también mejorará, si bien hubo algunos malos entendidos en los útlimos años”.

En diálogo con BAE , luego de una charla que ofreció para periodistas extranjeros en la Universidad de Illinois, Nay diagnosticó que “la relación de Estados Unidos con Brasil es excelente y con Argentina es buena”. Y detalló que uno de los “malos entendidos” que explican esa diferencia –significativa en el sutil idioma de la diplomacia– fue el fuerte cruce de hace casi dos años entre ambas administraciones, cuando un avión de la Fuerza Aérea norteamericana fue detenido y demorado en Ezeiza por orden de Cancillería, acusado de pretender ingresar al país material de espionaje no declarado.

“Fuera de ese episodio, que percibimos como más grave porque partió del más alto nivel del gobierno, la relación tiene todo para mejorar. Estamos trabajando muy bien el tema de la deuda y respecto de la disputa con el Reino Unido por las Malvinas–Falkland, siempre hemos dicho que es algo que ambos países deben sentarse a conversar”, añadió.

Si ganaba Romney, según Nay, “el enfoque hacia América latina no iba a ser muy distinto”. Para Argentina, en cambio, habría sido negativo por la influencia que hubieran ganado sobre la Casa Blanca los fondos buitres que aportaron millones a su campaña, según comentó a este diario en otra conferencia organizada por el Departamento de Estado en esta ciudad el presidente del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales, Richard Longworth.

Entre los observadores argentinos, la percepción es similar. El presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, Gabriel Puricelli, reconocido experto en política estadounidense, dijo a BAE desde México que “en la medida en que va a estar menos demandado por los escenarios bélicos, Obama podrá dedicarse más a nuestra región, constructivamente”. A su juicio, hasta ahora, “absorbido por los conflictos iraquí y afgano–pakistaní, Washington sólo ha enviado a América del Sur la clara señal de que acepta el liderazgo de Brasil, pero no mucho más”.

Kerry, postulante fallido a la presidencia en 2004, fue presentado en la Convención Demócrata de este año como un casi seguro candidato para reemplazar a Hillary Clinton en caso de que ganara Obama. Si el giro se produce, será el encargado de ejecutarlo.

5 claves para entender cómo seguirá la relación con los Estados Unidos

Comercio, fondos buitre, CIADI y FMI, seran los puntos centrales a resolver en la agenda política y económica de la relación bilateral, marcado por el intento de la Argentina en reducir el déficit comercial con los EE.UU. El historiador y especialista en las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina, Leandro Morgenfeld, explicó a BAE cómo puede ser el próximo escenario con la reeleccion de Obama.

1. Disputas comerciales.
Durante los últimos meses ambos gobiernos presentaron demandas cruzadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Casa Blanca acusa a la Rosada de limitar importaciones de bienes manufacturados. Argentina, por su parte, señala que Estados Unidos subsidia fuertemente a sus productores agrícolas, distorsionando los precios internacionales, y limita las compras de carnes y limones, con excusas fitosanitarias. El carácter no complementario de ambas economías fue una constante en el último siglo y medio. La actual crisis mundial y la necesidad de proteger mercados internos hace prever que no habrá demasiados avances en este punto. Este conflicto no se circunscribe a estos dos países sino que es parte de un debate más general en la OMC, que paralizó la Ronda de Doha hace años. Europa, Japón y Estados Unidos se niegan a desregular el comercio de alimentos, mientras que exigen a los países no desarrollados que abran sus mercados a los bienes industriales y servicios. El desafío para Argentina será revertir un déficit comercial bilateral que se proyecta en la cifra récord de 6.000 millones de dólares para este año y que se explica, en parte, por la fuerte importación de hidrocarburos.

2. Fondos buitres.
Los fondos especulativos que compraron bonos argentinos al 20-30% de su valor y ahora presionan para cobrar el 100% apostaron financiando a Mitt Romney. Paul Singer, uno de los principales impulsores de las acciones contra Argentina (incluido el embargo de la Fragata Libertad), invirtió cuantiosas sumas en la campaña del candidato republicano. Si bien la victoria de Obama no es una buena noticia para ellos, van a seguir haciendo lobby, fundamentalmente en el Capitolio, en donde han invertido millones de dólares pare presionar por sus intereses.

3. Ciadi y FMI.
la Casa Blanca respaldó a empresas como Azurix y Blueridge en las demandas que impulsaron (y ganaron) contra Argentina en el CIADI (organismo dependiente del Banco Mundial). Obama le planteó a Cristina Kirchner esta demanda desde que se reunieron en Cannes en noviembre de 2011. También exigió que se permita al FMI auditar las cuentas nacionales y revisar las estadísticas del INDEC. En esa línea, la Casa Blanca votó reiteradas veces en el BID y el Banco Mundial en contra del otorgamiento de créditos para Argentina. Dada la creciente crítica que reciben estos organismos financieros internacionales, el desafío para la Casa Rosada es sacar estos temas del ámbito bilateral y situarlos como problemáticas regionales. La estrategia para avanzar en la denuncia del CIADI y los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) es coordinar con los demás países latinoamericanos esta medida estratégica. Y lo mismo con el FMI.

4. America Latina.
China es ya un socio comercial, prestamista e inversor más importante que Estados Unidos en muchos países latinoamericanos. Obama necesita mejorar la relación con Argentina para reposicionarse en una región que cada vez se autonomiza más. El eje de la estrategia del demócrata será profundizar su alianza con el Eje Pacífico (México, Colombia y Chile), pero también necesita tener un vínculo al menos cordial y más fluido con la Casa Rosada, para contener al Eje Bolivariano y evitar que Brasil pueda desplegar una política exterior regional de mayor independencia respecto a Washington.

5. Cooperacion bilateral.
En la noche de las elecciones, la embajadora estadounidense Vilma Socorro Martínez enfatizó las fuerzas centrípetas de la relación bilateral: "Tenemos intereses en común tan importantes, que sea quien sea nuestro (próximo) presidente, reconocerá el interés común que tenemos en tantos temas, como la no proliferación nuclear y el desarrollo en asuntos científicos". Destacó la existencia de 500 empresas estadounidenses operando en el país y fue optimista en relación con las disputas comerciales bilaterales. Washington pretende que Buenos Aires colabore para aislar a Irán y coopere en la "lucha antiterrorista", objetivos no son fáciles en tiempos de declinación hegemónica. En ese sentido, el triunfo de Obama genera mejores condiciones para una mayor cooperación bilateral, a pesar de las actuales disputas económicas.