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viernes, 5 de octubre de 2018
domingo, 29 de abril de 2018
Los riesgos del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Los riesgos del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Un
eventual acuerdo con la UE implicaría restricciones a las políticas de
promoción de actividades productivas. Serviría además para contener
presiones sectoriales.
El acuerdo comercial en curso con la Unión Europea involucra la virtual totalidad del comercio exterior argentino, implicando su gradual y completa liberalización. Las quejas mayores en el plano empresario han surgido de algunas asociaciones donde prevalecen empresas pequeñas y medianas, que han hecho hincapié en el impacto sobre el empleo; de igual forma se han manifestado entidades sindicales. Las grandes empresas industriales y de servicios no se han pronunciado en contra, y la propia Unión Industrial Argentina ha tenido un posicionamiento poco visible.
¿Cuál es el impacto esperable del acuerdo? Un reciente estudio crítico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo advirtió que habría 186.000 puestos de trabajo en riesgo (informe ODEP). Pero ese número, en realidad, no representa un monto muy significativo sobre el total de población ocupada de la Argentina, que se puede estimar en cerca de 20 millones. El acuerdo afectaría a menos del 1 por ciento de los puestos de trabajo. Aun dentro del sector industrial, el impacto estaría en el orden del 10 por ciento del empleo. Si el acuerdo por otro lado viabilizara un incremento de la actividad económica (la esperada “lluvia de inversiones”), estos empleos perdidos se verían compensados por una mayor demanda de fuerza de trabajo.
Sin embargo, el argumento del impacto sobre el empleo ha sido el
dominante, en los (escasos) debates sobre este tema, junto con la
controversia acerca de cuál será la apertura que en definitiva
posibilitará la Unión Europea a las importaciones agrícolas.
Esto ha desviado la atención acerca de lo que realmente está en
juego. Para empezar, el acuerdo va mucho más allá de la cuestión del
comercio. Establece la igualdad de trato a las empresas extranjeras con
relación a las nacionales; liberaliza el acceso a la prestación de los
servicios, entre ellos el servicio de transporte por agua; fortalece
mecanismos de propiedad intelectual; asegura trato nacional a empresas
extranjeras en contrataciones públicas; flexibiliza normas de origen,
permitiendo la entrada de productos elaborados en países con bajos
salarios (por ejemplo, Vietnam) como si fueran de origen en países
signatarios del acuerdo (por ejemplo, Italia).
De hecho, como ya señalara el premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz, los acuerdos de integración tienen en realidad esos
propósitos, porque en la medida en que prevalezca la adhesión a las
normas de la Organización Mundial de Comercio, el escenario esperable
para el comercio internacional de bienes es, de todas maneras, de
liberalización.
Lo cierto es que este acuerdo –cuyos detalles se conocen por vía
informal, y por lo que trasciende desde el lado europeo– se traducirá en
fuertes restricciones a las posibilidades de políticas de promoción de
actividades productivas, en particular en el sector industrial, además
de afectar vía competencia externa a numerosos sectores. Un subsidio o
una medida de promoción, por ejemplo, podrá ser impugnado por ser
distorsionante de los flujos comerciales.
Por otro lado, la Unión Europea, en el caso de los países con un
menor nivel de desarrollo, destina cuantiosos fondos para inversión,
dirigidos principalmente a infraestructura; se trata de los denominados
Fondos de Convergencia. Este fue el caso, por ejemplo, de España,
Portugal y Grecia. Cuando ingresaron a la Unión Europea, en la década de
1980, su producto per cápita era cerca de un 40 por ciento menor al de
Francia, Italia y Alemania en conjunto. De allí que recibieran abundante
financiamiento. Esto contribuyó al gran desarrollo de trenes de alta
velocidad en España, por ejemplo.
La actual diferencia en el producto per cápita entre Brasil,
Argentina y Uruguay con relación a Francia, Alemania e Italia, en
conjunto, es de más de 60 por ciento; la asimetría es mucho mayor. Sin
embargo, no hay previsto ningún mecanismo compensatorio, análogo a los
Fondos de Convergencia.
La única explicación que encontramos es que estos acuerdos tienen un propósito político interno: constituirse en una herrramienta de ordenamiento y disciplinamiento. Lo que probablemente espera este gobierno es que el argumento del acuerdo con la Unión Europea permita contener presiones por políticas sectoriales, e incluso por los niveles salariales. Habrá restricciones a subsidios sectoriales, como así también la permanente amenaza de la competencia externa a la hora de negociar salarios. Esto puede explicar que desde las empresas grandes no se vea con malos ojos esta decisión.
Pero esto muestra a las claras que las elites dirigentes argentinas no tienen proyecto para el colectivo social; todo pasa por la contención de presiones sectoriales.
Nos es casualidad entonces que en estos días, mientras avanza el acuerdo con la Unión Europea, la empresa estatal INVAP, uno de los pocos y auténticos logros en materia tecnológica de la Argentina, enfrenta restricciones que motivan el retraso en el pago de los sueldos, lo que permite avizorar un futuro poco venturoso. Acordamos con la Unión Europea, pero dejamos caer INVAP.
Una evidencia más de una dirigencia no solo gubernamental con una asombrosa cortedad de miras. Mal podremos esperar un proyecto sostenible e inclusivo de desarrollo en este contexto, máxime a la sombra del acuerdo con la Unión Europea.
* Universidad de Buenos Aires-IIE-Cespa.
domingo, 11 de marzo de 2018
Entrevista Acuerdo Unión Europea–Mercosur: “El tratado es escandaloso”
Estas negociaciones se remonta a 1999, cuando en pleno auge de gobiernos neoliberales en Sudamérica se comenzó a buscar vías de acuerdos entre estos dos bloques, pero la llegada de diversos gobiernos progresistas en nuestra región estancaron las negociaciones entre 2004 y 2012. Las nuevas negociaciones se retomaron en 2016.
Cash consultó a Luciana Ghiotto, politóloga del Conicet y miembro de la ONG Attac-Argentina, quien desde hace años se dedica a estudiar los tratados comerciales de la región. “El tratado es escandaloso, al igual que el Tratado del Pacífico Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), plantea un prolongamiento en las patentes de medicamentos, sobre modificaciones biológicas, tipos de semillas, es decir que surgen también cuestiones no vinculadas a los tradicionales aranceles o cuotas de mercado para carne y biocombustible, pues se tocan los temas de propiedad intelectual, indicaciones geográficas y reglas de origen, es decir mucho más que los habituales problemas por la no apertura del mercado, todo lo cual puede tener un impacto muy profundo en nuestra región. Pero Macri está desesperado por cerrar un acuerdo, no solo por el Mercosur mismo, sino para exhibir una imagen de país comprometido con el libre mercado, y es por eso también que busca insertar a la Argentina en cualquier tratado de libre comercio, sea con México, Canadá, o incluso con países europeos que están por fuera de la UE. Pero tal como sucede en Brasil, las fuerzas sociales están deteniendo su iniciativa”.
El gobierno no se ha caracterizado por hacerse eco de las demandas sociales. ¿Por qué en este caso sería diferente?
–El punto es que acá no se trata solo de la CGT, las CTA, o los movimientos sociales, que ya manifestaron su rechazo, sino que también la UIA se manifestó contra el acuerdo.
¿Y del lado europeo?
–Existe una división, ya que de un lado se encuentran 16 de los 28 países miembros que buscan cerrar un acuerdo en los términos que se discuten actualmente, ya que a partir de la administración Trump discutiendo a todos los organismos multilaterales de comercio, ellos quieren quedar junto a China y el Mercosur con el liderazgo del libre comercio. Pero los otros 12 ya dijeron que no van a competir en ciertos sectores primarios, especialmente en los temas de carne y bioetanol.
¿Qué países lideran estas dos posturas europeas?
–Los proclives al acuerdo están encabezados por Alemania, que no es fuerte en la producción agroalimentaria. Por eso cuando Macri le pidió a Merkel que destrabe las negociaciones, Merkel le dijo que con quien tenía que hablar era con Macron, ya que ella lo firmaba como está, porque las trasnacionales alemanes salen muy beneficiadas. Aquí también está España, que quiere firmar por sus intereses en los servicios bancarios, e Italia, que evidentemente en sus estudios de impacto habrá visto que el acuerdo no crearía perjuicios severos para su sector primario. Pero los países que están en la línea de Francia, como Irlanda, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, cuidan mucho su sector primario, ya que a diferencia de Macri se preocupan por el impacto que puede tener en sus sociedades.
Funcionarios latinoamericanos y europeos señalaron que igualmente veían factible un acuerdo en las próximas semanas.
–Ellos quieren firmar algo, aunque sea para la foto, para dar una señal. Pero aunque se firme un acuerdo, para entrar en vigencia el mismo tiene que tener ratificación parlamentaria de los cuatro países, así que confiamos en la movilización de la sociedad civil
martes, 6 de marzo de 2018
Por qué el TLC Mercosur-Unión Europea profundizaría el déficit comercial y reprimarizaría todavía más la economía
Por Julio René Sotelo
El Tratado de Libre
Comercio (TLC) Mercosur- Unión Europea, viene siendo pospuesto desde el año
1995, pero desde el año pasado parecería que urge sellar acuerdos
inmediatamente, aun a costa de establecer condiciones que no beneficiarán a la
región.
A partir del Foro
económico mundial de Davos, realizado en enero de este año, las negociaciones
entre ambos bloques reanudaron frenéticamente su curso. Macri presionó
fuertemente, aunque sin éxito, para acordar durante la Presidencia pro tempore
de Argentina el año pasado. En febrero los encuentros, ya bajo la presidencia
de Paraguay, continuaron acercando posiciones.
Para el Mercosur,
negociación secreta. Para la UE,
participativa.
Las discusiones y
acuerdos se han estado realizando de forma secreta sin consultas, ni
información. No se tuvo en cuenta a la sociedad civil, al Parlamento del
Mercosur, ni tampoco al de sus respectivos Países, donde están los
representantes elegidos a través del voto popular quienes deben aprobar o
rechazar el TLC.
Tampoco se publicó
información oficial durante enero en el sitio web del Mercosur. La información
que se conoce surgió de 19 textos confidenciales que fueron filtrados y dados a
conocer por el economista Jorge Marchini, en los cuáles se incluyen capítulos
referidos a la posibilidad de que las empresas europeas participen de las
licitaciones públicas en los países del Mercosur, a la propiedad intelectual
que favorece el patentamiento de semillas y medicamentos, al comercio digital,
entre otros.
Todo lo contrario ocurre
en la UE, donde el Parlamento Europeo está al tanto de todas las negociaciones,
como también los Parlamentos de los países integrantes de ese Bloque. Pero lo
que es aún más importante, los distintos sectores que participan
significativamente de la Economía Regional, son consultados y realizan
permanentes lobbies en defensa de sus intereses. El ejemplo más fuerte es la
participacióndel sector agrícola de Francia que tiene un perfil fuertemente
subsidiado por el Estado y que podría verse afectado con la irrupción de carne
y otros productos del Mercosur.
Pedidos y acuerdos
Con respecto a la
carne el pedido que el bloque sudamericano realizó inicialmente, basado en el
consumo Europeo anual, fue para exportar 400 mil toneladas anuales, recibiendo
la contraoferta, en el año 2004, de 100.000 por lo que el Bloque Mercosur
definió suspender las negociaciones. Al retomarlas, en la era Macri, el
ofrecimiento inicial fue de 70.000 toneladas, pero finalmente consiguieron
negociar 99.000 toneladas anuales a dividir en partes iguales entre Brasil,
Uruguay, Paraguay y Argentina. Es decir un monto inferior a la oferta por la
que cual el Mercosur suspendió las negociaciones catorce años atrás.
Otro de los puntos del
acuerdo fue aceptar exportar 600.000 toneladas de etanol, una cantidad ínfima
en relación a la magnitud de la producción del continente. Y más aun teniendo
en cuenta el cierre de las fronteras por parte de EEUU para nuestro biodiesel.
Qué exportamos e
importamos a la UE
El observar los datos,
permite dar cuenta que en la oferta exportable del Mercosur hacia la Unión
Europea, predominan las categorías de bienes con poco o ningún valor agregado,
mientras quela demanda del Mercosur es principalmente de bienes con un elevado
grado de industrialización, y por tanto, con altos niveles de valor agregado. Este modelo propio de la economía-mundo capitalista nos devuelve al
esquema del centro y la periferia, que condena a los países periféricos a la
dependencia económica.
Comercio argentino con la UE
El último informe del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto sobre el comercio bilateral entre Argentina y la
Unión Europea, publicado el primer trimestre del 2017 que toma como referencia
los años 2016-2017, dice que si bien el comercio bilateral entre nuestro país y
la UE aumentó un 2,76%, el déficit en la balanza comercial incrementó un
328% lo que equivale a U$S 723 millones.
Esto se debe a que las exportaciones argentinas bajaron un 9,75%, mientras que
las importaciones europeas aumentaron un 14%.
Condiciones de la negociación
Europa sin dudas obtendrá grandes
beneficios por la expansión de sus empresas, debido a la apertura en áreas de
servicio y más aún si llega a concretarse la novedosa posibilidad de que puedan
acceder a las compras públicas en nuestro continente. Otro de los puntos tiene
que ver con el capítulo de propiedad intelectual que favorecería profundamente
a la industria farmacéutica del viejo continente, al extender la protección
monopólica de sus patentes medicinales, que resguarda la propiedad intelectual
y restringe el desarrollo de genéricos en nuestros países limitando el acceso
de estos productos locales al sistema de salud regional. Lo mismo sucede con el
pliego de negociación acerca de las semillas, donde se plantea que “cada parte
protegerá los derechos sobre obtenciones vegetales” lo que equivale a la
imposición de las Leyes de Monsanto y a la criminalización del intercambio y la
libre circulación de nuestras semillas.
El TLC implica una desgravación del
comercio del 90%, ya que habrá protecciones especiales que quedarán fuera del
acuerdo. El cálculo estimado es alrededor de 80.000 millones de euros. El
objetivo es llegar de manera gradual a un arancel cero, con una duración
de entre 0 a 15 años, dependiendo el
grado de sensibilidad del sector que se trate.
Bajar los impuestos a la importación de una
economía industrializada y poderosa como es la europea, implica la
imposibilidad de competir para el Mercosur, que se encuentra en una posición de
fuerte asimetría respecto a la producción de las mercancías foráneas que
coparán el mercado local, así como también el aumento de la concentración
desigual de la riqueza.
Voces de alerta de los industriales y
trabajadores
Aun cuando sea casi demasiado tarde, las
centrales industriales de los cuatro países miembros del Mercosur, emitieron un
durísimo documento contra la firma del TLC. Según publica el sitio Nodal en su
edición del 26/02/18 (…) “En una inédita posición unitaria, las centrales
industriales de cuatro países miembros del Mercosur elevaron ante los negociadores
del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, una dura declaración en la
que exigen “transparencia” en las tratativas, plazos y condiciones para que los
sectores afectados negativamente por el acuerdo puedan transformarse y
continuar activos en el nuevo escenario, y un acuerdo equilibrado reconociendo
las diferencias en el nivel de desarrollo entre las partes”.
El sector de los trabajadores por medio de
las Confederaciones Sindicales de
América Latina y Europa, los sindicatos del Mercosur y la Unión Europea,
expresaron su rechazo al acuerdo de libre comercio que negocian los gobiernos
de los bloques regionales. "No aceptaremos el acuerdo en las actuales
condiciones ya que se perfila como un tratado que perjudica a los países de
menor desarrollo relativo a ambos lados del Atlántico en su industria nacional,
en la promoción de la producción y del trabajo decente", advierte el
comunicado que lleva la firma de Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono
Sur y la Confederación Europea de Sindicatos
Incluso dentro de la UE existen sectores
seriamente preocupados por las consecuencias que tendrá para América Latina la
apertura indiscriminada de sus fronteras, ante una economía mucho má
sdesarrollada como la europea. Así en declaraciones realizadas al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE),el eurodiputado
Helmut Scholz, coordinador de la bancada de Izquierda Unitaria (GUE/NGL) para
los asuntos de comercio internacional afirmó que “…la firma de un tratado de liberalización
comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
servirá para ahondar desequilibrios…”
CONCLUSIÓN:
¿Cuáles serían las consecuencias del TLC?
El Observatorio de
Empleo, Producción y Comercio Exterior de la Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (ODEP-UMET) estima que, de concretarse el Tratado de
libre comercio Mercosur- UE la consecuencia en Argentina sería poner en riesgo
186.000 empleos industriales. Los principales afectados
serían metalmecánica (48.000 empleos), sensibles (calzado, textil, marroquinería,
muebles (47.000), autopartes (32.500), química (19.000) y automotor (9500).
La firma del TLC
Implica un retroceso inmenso para la construcción de un bloque regional con
independencia económica y soberanía política. El Mercosur está aceptando volver
siglos atrás. Los acuerdos conocidos hasta ahora, desplazan la construcción de un bloque con
códigos y reglas propios.
Para nosotros sería retomar la idea de la
Argentina granero del mundo en la que sobramos 20 millones de habitantes. Es
producir la reprimarización de nuestro sistema productivo, aniquilando todo
atisbo de industria nacional. Decisiones políticas nada extrañas para un
Presidente que, en mayo del 2017 declaraba en China que argentina debía serel
"supermercado del mundo". Nos queda la esperanzade que para que el
acuerdo entre en vigencia, luego de que suscriban los Poderes Ejecutivos, debe
necesariamente ser aprobado por los Congresos de los Estados Parte (CN Art. 75,
inc.22). Espero que la discusión que
allí se dé, esté exenta de eufemismos y disciplina partidaria y sólo se piense
en el Interés Superior de la Patria.
Julio René Sotelo es
parlamentario del Mercosur del bloque del FpV-PJ por la provincia del Chaco.
miércoles, 28 de febrero de 2018
Video: las 12 razones para oponerse al Acuerdo UE-Mercosur
El Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que pretenden aprobar de
manera urgente representa una inmensa amenaza a nuestros derechos
conquistados, a nuestras soberanías y economías y a la posibilidad de
una integración regional con justicia socioeconómica y ambiental.
Compartimos aquí 12 razones por las que nos oponemos al Acuerdo,
vinculadas a nuestra producción de alimentos, nuestra Soberanía
Alimentaria y Nacional y nuestros bienes comunes.
Alianza Biodiversidad
domingo, 25 de febrero de 2018
"Dura declaración sobre el tratado UE-Mercosur. La industria de los cuatro países contra el acuerdo"
En
una inusual manifestación unitaria, las centrales industriales de los
cuatro países miembro del Mercosur elevaron ante las autoridades
negociadoras del acuerdo con la Unión Europea, que deliberan en
Asunción, una dura declaración en la que exigen “transparencia” en las
negociaciones, plazos y condiciones para que los sectores afectados
negativamente por el tratado de libre comercio “puedan transformarse y
continuar activos en el nuevo escenario”, y un acuerdo equilibrado
“reconociendo las diferencias en el nivel de desarrollo entre las
partes”. Reclaman, además, la inclusión de una “cláusula de desarrollo
industrial” y la preservación de diversos instrumentos de protección a
la producción y el empleo “fundamentales para el funcionamiento actual y
futuro del Mercosur”. La nómina de instrumentos que enumera el
documento va, en muchos casos, abiertamente en contra de las concesiones
que se habrían hecho ante las autoridades europeas para apurar un
acuerdo. La reacción de las entidades industriales (por la Argentina
suscribe la UIA, y por Brasil la CNI, las dos centrales que redactaron
la declaración) es el resultado de “un análisis del estado actual de las
negociaciones” del cual se concluyó, según detallaron fuentes
confiables a PáginaI12, que la propuesta de la Unión Europea de octubre
de 2017 –que el Mercosur aceptó salvo en el capítulo referido a las
exportaciones de carnes al Viejo Continente– “es mucho peor a la del año
2004 que se rechazó; la actual es un certificado de defunción para
muchos sectores industriales”.
La declaración que la Unión Industrial Argentina y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (con la firma de sus presidentes, Miguel Acevedo y Robson Braga de Andrade) compartieron con sus pares de la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay, pone el acento justamente sobre puntos en los que, se sostiene, los negociadores del Mercosur fueron cediendo en 2016 y 2017. En contraposición a lo que ya estaría acordado, las dirigencias empresarias de los cuatro países reclaman:
Dicho de otro modo: el tratado Mercosur-Unión Europea, en los términos en los que negocian los actuales gobiernos (el de Cambiemos, con Horacio Reyser a la cabeza), es firmar el destino de reprimarización de la economía argentina, por caso, ya que cede todas las ventajas en el intercambio comercial a la más poderosa industria europea, a cambio de un grado mínimo de participación de los productos agroganaderos propios en el mercado europeo. La inclusión de una cláusula de desarrollo industrial supondría, al menos, no aceptar esa situación como permanente.
El planteo de las cuatro entidades industriales del Mercosur a los negociadores regionales les exige que reconozcan, explícitamente, la asimetría del tratado y que, como consecuencia de éste, habrá grandes perdedores de este lado del Atlántico, en especial entre los sectores industriales. Así planteadas las cosas, demanda que “se establezcan plazos y condiciones para que los sectores afectados negativamente puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”.
Prácticamente desde 2016 hasta las actuales negociaciones en Asunción, la disputa entablada por los representantes del Mercosur se redujo a obtener una ampliación del cupo de exportaciones de carne a Europa, de las 70 mil toneladas ofrecidas en octubre pasado por la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom, a un escalón más alto de 99 mil toneladas. La intención de los gobiernos de Argentina y Brasil era presentar como el “gran éxito” ese resultado y a partir de ahí justificar la firma del tratado. Si no se logró fue porque la mencionada funcionaria europea no logró convencer a los gobiernos de Francia, Irlanda, Polonia, Bélgica y otros de las bondades de un tratado comercial absolutamente favorable a Europa, a cambio de una concesión poco significativa en el comercio de carnes (como se explicó en el Panorama Económico en la edición de ayer). Esos países desconocieron la propuesta que la UE presentó en octubre (70 mil toneladas) y, por supuesto, rechazan una ampliación de la cuota.
El documento de la UIA y de sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay pone el punto de discusión en otro lugar, mucho más cerca de los intereses y la defensa de la producción y el empleo argentino. Por si fuera poco, cuestiona implícitamente la falta de transparencia en estas negociaciones de parte de los gobiernos de la región. Quizás el planteo llegue demasiado tarde, pero en las actuales condiciones, los gobiernos del Mercosur, en particular los de Argentina y Brasil, solamente podrían avanzar hacia la firma del tratado asumiendo que lo hacen dándole la espalda a sus respectivos sectores industriales.
La declaración que la Unión Industrial Argentina y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (con la firma de sus presidentes, Miguel Acevedo y Robson Braga de Andrade) compartieron con sus pares de la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay, pone el acento justamente sobre puntos en los que, se sostiene, los negociadores del Mercosur fueron cediendo en 2016 y 2017. En contraposición a lo que ya estaría acordado, las dirigencias empresarias de los cuatro países reclaman:
- Extensión del período de desgravación de las canastas de bienes, ampliación satisfactoria de cuotas de importación por parte de la Unión Europea para bienes agroindustriales y la remoción de tarifas intracuotas para tales bienes, como parte de un “trato especial y diferenciado” a favor de la parte firmante menos desarrollada;
- Eliminación de subsidios europeos a la producción de bienes agrícolas;
- Aplicación de reglas y mecanismos de certificación de origen que impidan la triangulación;
- Mantenimiento de límites al acceso al mercado de compras y contrataciones públicas como herramienta de desarrollo industrial nacional;
- Rechazo a la extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba.
Dicho de otro modo: el tratado Mercosur-Unión Europea, en los términos en los que negocian los actuales gobiernos (el de Cambiemos, con Horacio Reyser a la cabeza), es firmar el destino de reprimarización de la economía argentina, por caso, ya que cede todas las ventajas en el intercambio comercial a la más poderosa industria europea, a cambio de un grado mínimo de participación de los productos agroganaderos propios en el mercado europeo. La inclusión de una cláusula de desarrollo industrial supondría, al menos, no aceptar esa situación como permanente.
El planteo de las cuatro entidades industriales del Mercosur a los negociadores regionales les exige que reconozcan, explícitamente, la asimetría del tratado y que, como consecuencia de éste, habrá grandes perdedores de este lado del Atlántico, en especial entre los sectores industriales. Así planteadas las cosas, demanda que “se establezcan plazos y condiciones para que los sectores afectados negativamente puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”.
Prácticamente desde 2016 hasta las actuales negociaciones en Asunción, la disputa entablada por los representantes del Mercosur se redujo a obtener una ampliación del cupo de exportaciones de carne a Europa, de las 70 mil toneladas ofrecidas en octubre pasado por la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom, a un escalón más alto de 99 mil toneladas. La intención de los gobiernos de Argentina y Brasil era presentar como el “gran éxito” ese resultado y a partir de ahí justificar la firma del tratado. Si no se logró fue porque la mencionada funcionaria europea no logró convencer a los gobiernos de Francia, Irlanda, Polonia, Bélgica y otros de las bondades de un tratado comercial absolutamente favorable a Europa, a cambio de una concesión poco significativa en el comercio de carnes (como se explicó en el Panorama Económico en la edición de ayer). Esos países desconocieron la propuesta que la UE presentó en octubre (70 mil toneladas) y, por supuesto, rechazan una ampliación de la cuota.
El documento de la UIA y de sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay pone el punto de discusión en otro lugar, mucho más cerca de los intereses y la defensa de la producción y el empleo argentino. Por si fuera poco, cuestiona implícitamente la falta de transparencia en estas negociaciones de parte de los gobiernos de la región. Quizás el planteo llegue demasiado tarde, pero en las actuales condiciones, los gobiernos del Mercosur, en particular los de Argentina y Brasil, solamente podrían avanzar hacia la firma del tratado asumiendo que lo hacen dándole la espalda a sus respectivos sectores industriales.
viernes, 23 de febrero de 2018
El Mercosur y la Unión Europea negocian contrarreloj para anunciar el acuerdo la semana que viene. Pese al apuro de Macri, persisten las resistencias
Mercosur y UE negocian contrarreloj para anunciar acuerdo la próxima semana
La misión argentina se mostró optimista, pero pidió a sus socios y a la contraparte "visión estratégica" y "decisión política". En Europa reaparecen focos de resistencia
En la cuna del Tratado de Asunción se llevan a cabo por estas horas las últimas negociaciones tendientes a anunciar un acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea, con implicancias sustanciales, y que generan incógnitas.
El miércoles, las delegaciones del Mercosur y de la Unión Europea abrieron formalmente la ronda con la que esperan cerrar los temas pendientes y así anunciar el arribo a un "acuerdo político", que luego pasará a revisión legal y de allí al debate en los parlamentos respectivos.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y jefe de la delegación argentina, Horacio Reyser, subrayó en la apertura que esta ronda ocurre "para concluir el acuerdo" y demandó a sus socios y a la contraparte europea "visión estratégica", "decisión política" y "coraje" para sellar un tratado que, desde su perspectiva, debe ser "ambicioso y equilibrado".
Ayer, desde Madrid, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reforzó esa posición al consideró "vital" la conclusión y observar que "por primera vez en 22 años (n. de r.: desde que se lanzó la discusión) se negocia en serio para cerrar el acuerdo".
La jefa negociadora europea, Sandra Gallina, también aclaró que su equipo viajó hasta Asunción "con el espíritu de acabar" la discusión y opinó que "la distancia no es mucha", aunque puede volverse gigante si acaso no se pone "imaginación" para cerrar la brecha. La italiana también dijo que, pese a las "muchas dificultades", hay "mucho, mucho apoyo desde diferentes capitales" del viejo continente.
Los temas pendientes, tal como presentó El Cronista, hacen al comercio de bienes, donde sudamericanos y europeos pujan por reajustar los volúmenes de las cuotas de algunos productos, entre ellos la carne, el etanol, el azúcar y el arroz. En términos industriales, Europa puja por introducir la mayor cantidad de autopartes y vehículos ensamblados con aranceles reducidos, y para ello quiere rebajar el tiempo de espera que le demandó el Mercosur para adaptar al sector.
Otros dos capítulos todavía tienen diferencias: reglas de origen y propiedad intelectual. En el primer caso, la discusión pasa por determinar con qué nivel de integración un producto puede considerarse originario de ambos bloques, y no una mera importación triangulada. En propiedad intelectual, el bloque sudamericano ya marcó que cambiará su legislación referida al resguardo de patentes. Y en paralelo, se discute acerca del ingreso de productos que chocan con las denominaciones de origen vigentes en Europa.
Mientras en el hemisferio sur avanzan las discusiones, en el norte del globo afloran señales de preocupación. El miércoles, los granjeros franceses condujeron un "tractorazo" por algunos centros urbanos y bloquearon rutas en rechazo al aumento de las importaciones mercosurianas. El presidente galo, Emmanuel Macron, debió salir a asegurarles que no permitirá el ingreso de "carne con hormonas" ni la "reducción de estándares ambientales, sociales ni sanitarios". Aunque apoyó el acuerdo y dijo que los problemas locales del sector agrícola no se deben al Mercosur.
El tratado supondrá que la Argentina pasara de tener acuerdos comerciales con el 30% del PBI mundial, un salto cualitativo respecto al 8% actual. Sin embargo, los sectores industriales ven con suma preocupación las consecuencias que pueden registrarse.
lunes, 19 de febrero de 2018
"12 razones por las que decimos NO al Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR – Unión Europea"
12 razones por las que decimos
NO al Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR – Unión Europea
Nuestra agricultura, nuestros bienes naturales y nuestra alimentación en riesgo inminente
1- Porque el Acuerdo ha sido negociado en forma secreta y sin consultar a
la sociedad civil, los parlamentos y las organizaciones populares de
los sectores que se verían afectados en nuestros países. Los únicos
documentos que se han hecho públicos, que no son los definitivos y no
dan cuenta de la historia de la negociación (y por ende del proceso de
concesiones mutuas en su transcurso) surgieron de filtraciones, entre
ellas las que difundió Greenpeace Holanda como Mercosur Leaks
(http://bilaterals.org/?-eu-ftas-&lang=es).
2- Porque el Acuerdo busca beneficiar a las grandes empresas del norte y
las elites agroexportadoras del Mercosur, y se lo disfraza como un
“Acuerdo de Asociación” mientras la agenda en negociación entre ambos
bloques incorpora los elementos más nocivos de la agenda del libre
comercio, que es cada vez menos libre y trata de asuntos cada vez más
amplios que los típicamente comerciales, afectando seriamente la
capacidad y el margen de maniobra de los gobiernos en materia de
políticas públicas para el bienestar general.
3- Las elites del Mercosur buscan con este Acuerdo fortalecer la
exportación basada en la ganadería industrial y la soja. De firmarse el
Acuerdo profundizará los problemas que el agronegocio ya está
produciendo en la región: deforestación, expulsión de campesinos,
contaminación por agrotóxicos, destrucción de las economías regionales,
pérdida de Soberanía Alimentaria y creciente vulnerabilidad alimentaria.
Los campesinos y campesinas y pequeños productores familiares son
quienes producen la mayor parte de los alimentos en la región. El modelo
impuesto por el Acuerdo impulsa el control territorial por parte del
agronegocio y profundizará la violencia, criminalización y persecución
que hoy sufren las comunidades campesinas en toda la región.
4- Porque nuestras semillas serán criminalizadas y privatizadas y estará
prohibido su intercambio y su libre circulación. Esto ocurrirá porque
en materia de Propiedad Intelectual se está negociando en todos los
aspectos relativos a su regulación. En el ámbito de las semillas el
texto filtrado dice “cada Parte protegerá los derechos sobre obtenciones
vegetales, de conformidad con el Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales adoptado en París el 2 de
diciembre de 1961, revisado por última vez en Ginebra el 19 de marzo de
1991 (ACTA UPOV 1991)”. Esto significa la imposición de las Leyes
Monsanto en todos nuestros países.
5- En el mismo capítulo de Propiedad Intelectual se impone la adopción
del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Tratado PCT) que
promueve la facilitación del patentamiento a escala global. Esto puede
significar la imposición de la posibilidad de patentes sobre la vida,
cuestión que en la actualidad es rechazada por las legislaciones
nacionales en el Mercosur. Asimismo, el capítulo en negociación impone
nuevas restricciones a la utilización de datos de prueba en la industria
farmacéutica, lo que podría repercutir en restricciones a la producción
de medicamentos genéricos cercenando el derecho de acceso a la salud e
imponiendo fuertes cargas a los presupuestos nacionales en materia de
salud pública a partir de un encarecimiento de los fármacos disponibles.
6- Las empresas nacionales se verán desplazadas ya que el capítulo de
servicios permite que las inversiones extranjeras de empresas que
establezcan sus filiales en el país de la contraparte queden sujetas al
tratamiento preferencial que ofrece el Acuerdo. Esto significará un
retroceso pues la postura inicial de MERCOSUR era no negociar en materia
de inversiones.
7- El acuerdo restringe seriamente la soberanía de nuestros países para
definir programas y políticas de mayor importancia, tales como la
adopción de medidas contra el cambio climático, por la seguridad y
soberanía alimentaria y por el derecho de los pueblos originarios a la
consulta previa e informada. Responde a una clara vocación de
profundización del modelo primario exportador, la cada vez mayor
adopción de compromisos que limitan la implementación de políticas a
favor de la diversificación de la matriz de producción, políticas
soberanas de ciencia, innovación e investigación, promoción industrial y
promoción de emprendimientos alternativos y sustentables.
8- Las empresas europeas podrían acceder a las licitaciones públicas
realizadas por entidades gubernamentales de la más amplia
circunscripción territorial. Esto se debe a que en materia de Compras
del Estado las exigencias de la Unión Europea significan en los hechos
la imposición de las condiciones del Acuerdo Plurilateral de
Contratación Pública de la OMC que no ha sido firmado, y por lo tanto no
obliga, a ninguno de los países miembros de MERCOSUR.
9- Mientras que se declaran objetivos de promoción de la incorporación
de las PYMES a las cadenas transnacionales de valor, el encuadre de la
relación birregional en los estrictos esquemas del libre mercado vuelve
poco creíble las ya de por sí débiles afirmaciones de carácter
desarrollista. La renuncia a las compras públicas como herramientas de
promoción del desarrollo productivo en sectores ¨de industria naciente¨ o
de la economía social y solidaria es una señal muy negativa para las
PYMES y representa una clara contradicción con los objetivos de
promoción a estas unidades productivas que se proclaman.
10- Las medidas sanitarias y fitosanitarias seguirán siendo usadas por
la UE para impedir el acceso de productos agropecuarios del Mercosur a
su mercado, más que como herramienta legítima de protección de la salud
de su población, ya que esto es lo que tradicionalmente ha hecho. Las
intensas discusiones en torno al capítulo de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, reflejadas en la versión filtrada de junio de 2017 e
intensificadas según fuentes en Bruselas, nos sugieren que la UE seguirá
profundizando esta tendencia.
11- El capítulo sobre Empresas del Estado que ha sido incorporado por la
UE a la mesa de negociación hará que los Estados se comprometen a que
sus empresas funcionen bajo estrictas consideraciones comerciales, se
limita la capacidad de que éstas incidan en la promoción de sectores de
la producción, se menosprecia la función pública a favor del interés
general que también debe expresar el Estado a través de sus empresas. Se
trata de una materia que se ha venido reiterando en diversos acuerdos
de libre comercio de la UE, con algunos aspectos comunes en su
contenido.
12- La incorporación de un capítulo sobre comercio electrónico introduce
otro frente de asimetrías en la relación birregional. La obligación de
asegurar el libre flujo de datos, la protección de los códigos fuente y
la permanencia de reglamentaciones nacionales lo más laxas posible para
la operación de las transnacionales, son elementos estratégicos de este
capítulo. Se busca congelar las condiciones de preeminencia de las
grandes empresas del Norte y profundizar su capacidad de concentrar
riqueza. La fijación de estos estándares no hace más que profundizar el
oligopolio transnacional en la economía digital y deja poco margen para
la construcción de políticas que presenten alternativas a una inserción
periférica de las economías de la región en el marco de la Revolución
4.0.
Finalmente remarcamos que este acuerdo será un paso hacia un Tratado de
Libre Comercio aún mas amplio que con nuevos capítulos implicará nuevas
amenazas hacia nuestros pueblos.
Estos son las 12 principales motivos por los que consideramos que no
puede ser aprobado el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR – Unión Europea
Adhesiones: http://accionesbiodiversidad.org/archivos/186
Documento producido por la Alianza Biodiversidad integrada por
• Acción por la Biodiversidad, Argentina
• REDES – Amigos de la Tierra, Uruguay
• Grupo Semillas, Colombia
• Acción Ecológica- Ecuador
• Anamuri, Chile, por la Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina América
Latina
• BASE-IS, Paraguay
• COA, Colectivo por la Autonomía, México
• CLOC-Via Campesina
• Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica,
• Centro Ecológico, Brasil
• ETC Group, México
• GRAIN, Argentina y Chile
• REDES – Amigos de la Tierra, Uruguay
• Grupo Semillas, Colombia
• Acción Ecológica- Ecuador
• Anamuri, Chile, por la Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina América
Latina
• BASE-IS, Paraguay
• COA, Colectivo por la Autonomía, México
• CLOC-Via Campesina
• Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica,
• Centro Ecológico, Brasil
• ETC Group, México
• GRAIN, Argentina y Chile
jueves, 15 de febrero de 2018
Panel-debate: "Las implicancias del TLC Unión Europea-Mercosur para el campo popular en la región". Jueves 22/2, 18hs, Sociales-UBA
Panel-debate:
"Las implicancias del TLC Unión Europea-Mercosur
para el campo popular en la región"
Jueves 22/2, 18hs
Sociales-UBA
Santiago del Estero 1029, CABA
Aula a confirmar
Entrada libre y gratuita
Exponen:
Jorge Marchini
Emilio Taddei
Gonzalo Armua
Luciana Ghiotto
Mariana Vázquez
jueves, 25 de enero de 2018
Macri, dispuesto a conceder todo para lograr un acuerdo económico con la Unión Europea. Sin embargo, se acumulan los obstáculos. Ahora peligra la exportación de biodiésel a Europa, lo cual profundizaría el déficit comercial récord de la Argentina
La Nación
PARÍS.- Mauricio Macri llegó ayer a París y hoy lo espera
una intensa actividad, que incluye un encuentro con su homólogo francés, Emmanuel Macron , reuniones con
empresarios franceses y con la alcaldesa de la capital. Su objetivo principal es terminar con las últimas
resistencias del gobierno francés para lograr un acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y convencer a sus interlocutores de
que la Argentina dejó definitivamente "atrás su experimento
populista".
Apelará a este mensaje cuando desayune con representantes de
la poderosa central de empresarios franceses (Medef), que agrupa unas 750.000
compañías y cerca de 350.000 adherentes. Lo mismo hará durante el almuerzo con
ejecutivos franceses que ya tienen intereses en la Argentina.
Pero el momento más importante de su corta estada se
producirá por la tarde, cuando se reúna con su
homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.
Una nutrida agenda espera a los dos hombres. Para Macri, el
punto clave será el postergado tratado de libre comercio del Mercosur con la
UE, que considera de una importancia estratégica. "Los acuerdos de libre
comercio de esta magnitud permiten generar un marco institucional sólido que
atrae inversiones. Con ese acuerdo, el acceso de la Argentina a los grandes
mercados pasará del 9% del PBI al 30% del PBI mundial", declaró en Davos
el ministro de Producción, Francisco Cabrera ,
en diálogo con LA NACION.
Macron
siempre ha sido un ferviente defensor del libre comercio y, desde que
asumió la presidencia hace ocho meses, no deja de predicar un mundo abierto y
denunciar todo intento de aislacionismo. Pero, aunque en crisis, el sector
agrícola francés es en este país de una importancia capital. Francia es el
primer país agrícola de la UE con 18% del producto agrícola y agroalimentario europeo.
El sector representa 4,5% del PBI francés, es decir poco más de 72.000 millones
de euros.
Prueba de ello fueron las declaraciones explosivas que
formuló este jueves, en
vísperas de la reunión con Macri, donde fijó "líneas rojas"
sociales y medioambientales que Francia pretende hacer respetar. "No
podemos hacer acuerdos que favorecen a un actor industrial o agrícola a miles
de kilómetros, que tiene otro modelo social o medioambiental y que hace lo
contrario de lo que nosotros imponemos a nuestros propios actores",
advirtió.
Otros temas deberían ser abordados en esa reunión. Entre
ellos el litigio pendiente sobre un viejo proyecto de Gas del Estado para la
construcción de un gasoducto en el Canal de Beagle en la época del gobierno
militar, que dio lugar a un diferendo comercial que, hasta ahora, no ha sido
resuelto.
Un segundo tema de fricción, que probablemente se resuelva
durante la reunión en el Elíseo, fue la hasta ahora abortada compra por parte
de la Argentina de cuatro buques patrulleros que el Gobierno encargó al grupo
francés Naval Group, y después suspendió a favor de un desconocido astillero
español, Gondan, que sería unos 50 millones de euros más barato que los
franceses.
Y aunque Macron y Macri se tutean, esa proximidad no disipa
todas las tensiones que existen entre ambos países. El Elíseo no ha terminado
de digerir la apertura al mercado europeo del biodiésel argentino, decidida
recientemente por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que podría poner
en peligro miles de empleos en Francia.
Por: Luisa Corradini
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La Unión Europea vuelve a la carga contra el biodiesel
argentino
Contra lo que pregona Mauricio Macri a favor del acuerdo
entre el Mercosur y la UE, Argentina encuentra cada vez más trabas comerciales.
La intención de los europeos de proteger su cuota de mercado de biodiésel se
suma a la fuerte suba de aranceles que Estados Unidos le aplicó a ese producto
argentino.
La Unión Europea volverá a la carga para imponer
restricciones a sus compras de biodiesel nacional. La noticia se conoce tiempo
después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) diera la razón a la
Argentina en su disputa con los europeos por el mismo tema y que Estados Unidos
confirmara la fuerte suba de aranceles para ese producto. Si Europa avanza en
el freno, el escenario comercial se complicaría aún más en un momento en el
que es record el déficit que surge entre las importaciones y las
exportaciones. Ajeno a estos movimientos de política comercial, el Gobierno se
muestra firme en su intención de continuar con la apertura e incluso con voluntad
de cerrar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE bajo el
discurso de que "el mundo nos espera con los brazos abiertos".
El próximo miércoles, la Comisión Europea dará a conocer si
abre o no una nueva investigación sobre el grado de subsidios que reciben los
exportadores argentinos de biodiesel. Desde Bruselas, fuentes europeas
sostuvieron que la Comisión, que supervisa la política comercial en el bloque
de 28 países, estaría decidida a iniciar la investigación. Esa instancia es el
paso inicial para imponer suba de aranceles externos.
Con la apertura de la investigación, la Comisión envía una
señal a la industria de biodiesel europea, que vuelve a la carga para proteger
su cuota de mercado. La industria europea hizo una copia de la presentación que
escribió la industria norteamericana ante la Secretaria de Comercio de los
Estados Unidos, que terminó en una fuerte suba de aranceles. Denuncian al
Estado argentino por una serie de medidas como los créditos del Banco Nación
para compras de plantas y equipamiento, subsidios de las provincias de Santa
Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero y derechos diferenciales de exportación.
Desde Carbio, la cámara que agrupa a los fabricantes de biodiesel, advierten
que la investigación demoraría unos nueve meses. "Desde ya, es una pésima
noticia para la industria argentina", dicen.
El biodiesel es uno de los ejes de la disputa comercial
entre la Argentina y la Unión Europea. En 2012, Argentina vendió al mercado
europeo aproximadamente 1.385.000 toneladas de biodiesel, el 90 por ciento del
total nacional de despachos al exterior. Sin embargo, desde 2013 la relación se
complicó a partir de la aplicación de aranceles antidumping por parte de la UE.
La medida implicó un virtual cierre del mercado europeo para la Argentina, que
entonces redirigió esas ventas a los Estados Unidos.
El caso llegó a la OMC, que en marzo de 2016 falló a favor
de la Argentina. A continuación, la UE aprobó la readecuación de los aranceles
y el Gobierno nacional anunció la restitución de ese mercado. Desde el año
pasado, España, Holanda y Malta adquirieron biodiesel argentino por unas
560 mil toneladas. Las empresas del sector esperaban aumentar las exportaciones
al bloque europeo en 2018, aunque ahora queda esa intención está en jaque con
la investigación europea. El nuevo proceso administrativo no entra en
contradicción con el fallo de la OMC porque no apunta al dumping empresarial
(como el caso anterior) sino a medidas del Estado argentino. Según pudo
averiguar este diario, hay una delegación de la Cancillería instalada en
Bruselas que está trabajando en este tema.
Más allá del argumento del dumping o los subsidios, hay
otras razones que explican el comportamiento del bloque en contra del biodiesel
local. A partir de regulaciones en el viejo continente para impulsar a los
combustibles renovables, la industria de ese sector creció en un 45 por ciento
a lo largo de los últimos ocho años. Sin embargo, los problemas de
competitividad hacen que la utilización de la capacidad instalada ronde el 60
por ciento. El desplazamiento de la Argentina de ese mercado mejoró las
perspectivas para los industriales europeos, aunque el fallo de la OMC y el
posterior retorno del biodiesel nacional volvieron a afectar a la producción
europea. Como señal ante la presión de los productores, la Comisión Europea
abrirá una nueva investigación contra la Argentina.
La novedad que se conoce desde Bruselas junto a las últimas
noticias en materia de política comercial y negociaciones internacionales
marcan que no hay medida de desregulación como señal hacia los mercados, chiste
futbolero o discurso encendido en contra del populismo que sirva para que los
países industrializados entreguen empleo propio para favorecer la producción
argentina. Los países duchos en estos temas sensibles para el desarrollo
económico ponen buena cara pero no siguen los cantos de sirenas.
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