Divide a la OEA la postura ante el gobierno de Franco
Los miembros del ALBA quieren suspender al país del organismo; Insulza encabezará una misión.
WASHINGTON.-
A diferencia de lo que sucedió con el Mercosur y la Unasur, que
reaccionaron preventivamente contra la destitución de Fernando Lugo, la
sucesión presidencial en Paraguay dividió ayer las aguas en la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente
fue convocado a una sesión extraordinaria para decidir la actitud del
organismo frente al gobierno de Federico Franco.
Con un panorama adverso, el representante de Paraguay,
Bernardino Hugo Saguier, tuvo la difícil tarea de remar contra la
corriente y defender a Franco, a quien llamó el "legítimo presidente" de
su país, y pidió a los Estados miembros de la OEA evitar la
"injerencia" en los asuntos internos de esa nación.
Saguier intentó así torcer el brazo de la retórica
dominante de los últimos días en la región, reiterada en la sesión de
ayer, según la cual Franco asumió de manera legal, pero no legítima. Una
de las mayores críticas va por el lado del procedimiento, puesto que se
trató de un juicio relámpago en el que, según la mayoría de los
observadores, no se concedió un período de tiempo adecuado para la
preparación de la defensa.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
calificó la situación de "crisis institucional" que "no puede resolverse
sólo por la vía de la acción externa", y anunció que encabezará una
misión para evaluar el desarrollo de los hechos.
"Me voy a preparar para informar a este Consejo
Permanente sobre la situación en Paraguay, y voy a ir también a otros
países", dijo Insulza, que no precisó la fecha de su viaje.
La decisión, tomada sin el consenso de todos los
miembros de la OEA pero que se encuentra dentro de las atribuciones que
posee Insulza, tiene el fin de preparar una nueva sesión extraordinaria a
mediados de la próxima semana, que considerará la posibilidad de
convocar una asamblea general extraordinaria sobre Paraguay.
El representante de Honduras -país que fue suspendido
de la OEA tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en
2009-, Leónidas Rosa Bautista, había propuesto previamente el envío de
una misión para analizar sobre el terreno el nuevo mapa político de
Paraguay.
La moción hondureña fue respaldada entre otros por
Estados Unidos, cuya representante, Carmen Lomellin, dijo que su
gobierno seguía "con mucha tensión" los acontecimientos, y centró el
foco en la velocidad con que se desarrolló el juicio.
Del otro lado unieron fuerzas los países del bloque del
ALBA, como Venezuela y Nicaragua, que impugnaron desde el primer día el
proceso contra Lugo y que ayer reclamaron sin más trámite la
suspensión de Paraguay del organismo interamericano.
En lo que no faltó consenso fue en cuestionar la
inusitada celeridad del juicio político, realizado de forma expeditiva
en poco más de 24 horas desde el anuncio hasta la sentencia. Como dijo
el representante de Brasil, "se observó claramente un enjuiciamiento
sumario". El brasileño respaldó la propuesta de enviar una comisión para
reunir más elementos antes de adoptar una definición. En concreto,
propuso esperar las decisiones que adopten esta semana de manera oficial
los bloques Mercosur y Unasur, de los que Paraguay forma parte y que
convocaron a sus miembros para analizar la destitución de Lugo.
Y en ambos foros el gobierno paraguayo lleva claramente las
de perder. Por lo pronto, la Argentina y otros países calificaron la sucesión presidencial como "golpe de Estado".
Rechazo
En sintonía con esa postura, fue rechazada la
participación de representantes de Franco en la cita del Mercosur, que
tendrá lugar en Mendoza. Allí, en la reunión semestral del bloque, se
tratará la crisis paraguaya, que cerrará el viernes con una cumbre
extraordinaria de la Unasur.
La crítica situación del gobierno de Franco en la arena
internacional se refleja en el multitudinario retiro de embajadores de
las legaciones de Asunción. Hasta el momento se retiraron los de la
Argentina, Venezuela, Ecuador y Cuba. Los gobiernos de Chile, México,
Colombia, República Dominicana, Uruguay, Perú y Brasil llamarán a
consulta a los suyos.
El representante uruguayo en la OEA, Jorge Collazo
Uboldi, dijo ayer que "el daño está hecho" en la política paraguaya. Al
igual que su colega brasileño, se mostró favorable a no apurar las
decisiones hasta que se emita una resolución en la cumbre de Mendoza. Y
dijo que América latina debía ayudar a sacar a Paraguay de este
"atolladero en que sus legisladores lo han metido".
"Eso se veía venir, en el momento que nosotros
estábamos debatiendo en la reunión del viernes 22 ya se veía venir.
Rumores, noticias, la mayoría parlamentaria en contra del presidente
Lugo era abrumadora", recordó el diplomático, testigo de la expulsión de
Lugo del gobierno.
Collazo y los demás cancilleres de la Unasur habían
sido enviados de urgencia a Asunción para tratar de cambiar la historia y
ejercer la diplomacia para contener la avalancha de votos que se veían
venir contra Lugo, como efectivamente sucedió.
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