jueves, 31 de diciembre de 2015

Reseña de "La integración desde arriba. Los empresarios argentinos frente al MERCOSUR y el ALCA", de Julián kan



Le Monde Diplomatique, enero 2015

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Kan, Julián: La integración desde arriba. Los empresarios argentinos frente al MERCOSUR y el ALCA, Buenos Aires, Ciccus/Imago Mundi, 2015. 340 páginas

 Por Leandro Morgenfeld


En este libro, sobre la base de una Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Buenos Aires, el historiador Julián Kan analiza la relación entre la clase dominante, los gobiernos y los proyectos del MERCOSUR y el ALCA, en el período 1990-2006. Alejándose de las perspectivas que se focalizan en los acuerdos intergubernamentales y/o en la expansión de los mercados como el motor principal del avance de estas iniciativas de integración, el autor desarrolla la tesis de que lo fundamental son las demandas, intereses y acciones de los diversos grupos en general, y de la clase dominante en particular (...)


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miércoles, 30 de diciembre de 2015

Deshielo EEUU-Cuba: Raúl Castro pide respeto por la soberanía de su país

 


El presidente cubano, Raúl Castro, pidió este martes respeto por la soberanía nacional del país para poder seguir avanzando en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
"Jamás aceptaremos condicionamientos que laceren la soberanía y dignidad de la patria", destacó Castro ante los diputados durante la sesión de clausura de la Asamblea Nacional.
El presidente cubano aseguró que en la nueva situación bilateral con Estados Unidos "no debe pretenderse que Cuba abandone la causa de la independencia o renuncie a los principios e ideales por los que varias generaciones de cubanos han luchado durante un siglo y medio".
Al clausurar la reunión plenaria del Parlamento cubano, Castro señaló que para normalizar plenamente las relaciones con Estados Unidos debe ser devuelta la Base Naval de Guantánamo y eliminado el embargo que se aplica contra la isla, reseñó la prensa oficial.
"Lo esencial ahora es que el presidente Barack Obama utilice con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar la aplicación del bloqueo, lo cual dará sentido a lo alcanzado y permitirá que se produzcan sólidos progresos", aseguró Raúl Castro ante los diputados.
Castro reiteró el compromiso de las autoridades de la isla con "el derecho a viajar y a emigrar de los ciudadanos cubanos y de retornar al país".
Desde el mes pasado, miles de cubanos se encuentran varados en la frontera de Costa Rica y Nicaragua con la intención de viajar a Estados Unidos. El gobierno de El Salvador aceptó crear un puente aéreo para que después los migrantes continúen ruta terrestre hacia la frontera estadunidense.
"Nuestro gobierno ha estado en contacto desde el mismo inicio de esta situación con los gobiernos del área, en la búsqueda de una solución adecuada y rápida, como también ha pedido el papa Francisco, tomando en cuenta las difíciles circunstancias en las que éstos se encuentran", afirmó Castro, según la agencia Prensa Latina.


martes, 29 de diciembre de 2015

Buitres nuevamente al acecho contra la Argentina

Escepticismo de los fondos buitre ante el inicio de la negociación con la Argentina

Expresaron su disgusto por la contratación de nuevos abogados para el país y todavía desconfían del éxito del diálogo que comenzará en enero con el Gobierno.
Los fondos buitre expresaron cierto desagrado por la decisión del gobierno de contratar a un nuevo estudio jurídico para lidiar con el problema de losholdouts y mantienen su escepticismo sobre el éxito de las negociaciones, pese al anuncio oficial de iniciarlas en la segunda semana de enero.
Así lo expresaron a LA NACION desde Nueva York fuentes cercanas a los holdouts, que dieron a entender que no apoyarán la instalación de una medida cautelar hasta que la negociación con el Gobierno no se cierre.
Sin ese "stay", el Gobierno no podría emitir nueva deuda, debido a la posibilidad de sufrir nuevos embargos en el exterior.
Luego de que el gobierno anunciara ayer que una nueva firma de abogados liderará la estrategia legal del país frente a los holdouts, más allá de la tarea de acompañamiento que seguirá ejerciendo el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, surgieron las voces de protesta.
"No hay necesidad de que la Argentina contrate más abogados. El Gobierno debe cerrar un acuerdo, no litigar más", expresó la fuente a LA NACION.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas dejó trascender ayer que habrá una compulsa entre los estudios Watchell, Lipton, Rosen & Katz y Shearman & Sterling, para ocupar este nuevo rol, "en una etapa compleja, porque la negociación será dura", según un vocero de la cartera que lidera Alfonso Prat-Gay.
Por este motivo -y por las negociaciones para conseguir un crédito puente de un grupo de bancos internacionales por unos US$ 6000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central- los fondos que ganaron el caso del pari passu en 2014 mantienen una actitud de desconfianza hacia el nuevo equipo económico.
Pese a que Dan Pollack, el mediador designado por el juez federal de Nueva York Thomas Griesa indicó que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, comenzará a negociar cara a cara con los holdouts la segunda semana del mes entrante, predomina el escepticismo entre los acreedores.
"El anuncio de que la Argentina quiere negociar no significa nada todavía. El país ya dijo lo mismo en varias oportunidades en el pasado, pero nunca lo ha hecho de buena fe", indicaron las fuentes ligadas a los holdouts.
Pollack señaló que esta negociación girará en torno a una deuda en default en Nueva York por US$ 10.000 millones, entre el mencionado caso del pari passu y los denominados "me too".

EEUU como gendarme planetario: hoy tiene 200.000 militares desplegados en todo el mundo






Prensa Latina


Las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen hoy más de 200 mil militares desplegados en un centenar de países de todos los continentes, de acuerdo con reportes del Departamento de Defensa.(PLRadio)

Unos nueve mil 800 permanecen en Afganistán, mientras cerca de tres mil 500 en Iraq y Siria con el pretexto de combatir al Estado Islámico (EI), la mayoría de estos últimos de la 82 División Aerotransportada.

La Marina mantiene desplegados alrededor de 40 buques, el mayor de los cuales es el portaaviones USS Harry S. Truman -con unos cinco mil marineros y oficiales a bordo-.

En los últimos días, esta unidad naval cruzó el Canal de Suez junto a sus barcos escoltas para basificarse en el Golfo Pérsico, y desde ahí participar en los bombardeos contra objetivos del EI en la región.

Estas embarcaciones se unen a la campaña aérea que iniciaron Washington y sus aliados en agosto de 2014 y extendieron a Siria en septiembre del mismo año, operaciones calificadas de ilegales por las autoridades de Damasco.

También en esa zona del Levante opera un grupo anfibio de infantería de marina, con capacidades para cumplir misiones ofensivas de desembarco, y encabezado por el buque USS Kearsarge, con unos cinco mil marines a bordo.

En Asia Pacífico hay unos 50 mil militares en Japón, otros 28 mil 500 en Corea del Sur y cerca de mil en Australia y Singapur.

Tras la experiencia del atentado en septiembre de 2012 contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi, donde murieron el embajador Christopher Stevens y otros tres diplomáticos, el Pentágono tomó medidas para responder con urgencia a situaciones similares en el futuro.

Fue así que surgió la Fuerza de Tarea Combinada Conjunta del Cuerno de África, ubicada en Camp Lemonnier, Djibouti, la mayor base norteamericana en ese continente. Allí hay más de cuatro mil uniformados norteamericanos, mientras otros mil están desplegados en diversos lugares en toda la región.

Además, la Casa Blanca ordenó en 2013 el despliegue de unos 500 infantes de Marina en la base militar de Rota, en el sur de España, cuya misión es actuar como elemento de intervención rápida en caso de amenazas a intereses estadounidenses en territorio africano. Según el diario Stars and Stripes, en los últimos dos años, unidades de la primera División de Infantería del Ejército estadounidense, con sede en Fort Riley, estado de Kansas, participaron en más de 100 ejercicios y entrenamientos en cerca de 40 países de la región.

Según el Pentágono, más de 64 mil militares estadounidenses están estacionados en Europa, en enclaves castrenses ubicados en Alemania, España y las repúblicas exsoviéticas del Báltico y otros tres mil en Turquía. En los últimos dos años Washington incrementó sus actividades bélicas en el continente europeo, acciones denunciadas por Rusia como una amenaza a sus intereses.

En Centro y Suramérica hay unos cinco mil quinientos militares del país norteño. En áreas del Caribe el Pentágono mantiene una presencia naval permanente, con el pretexto de la lucha antidrogas, mientras en Cuba está la base naval de Guantánamo, ubicada en territorio de la isla contra la voluntad del Gobierno y el pueblo de la mayor de las Antillas.

Todo este despliegue a nivel global en varios centenares de bases, estiman expertos, está destinado a hacer valer los intereses de Washington y en algunos casos, como en Afganistán cumplen misiones de ocupación.

El presidente Barack Obama, anunció el 15 de octubre pasado su decisión de mantener los nueve mil 800 militares que están en Afganistán actualmente y reducir esa cantidad a cinco mil 500 a principios de 2017, después que termine su mandato como jefe de la Casa Blanca.

El gobernante señaló que algunas de las unidades cumplirán misiones de entrenamiento y asesoría a fuerzas locales y otras participarán en la búsqueda y aniquilamiento de combatientes de Al Qaeda, del Estado Islámico y de otros grupos que operan en la nación asiática.

Desde el inicio de la guerra en Afganistán en octubre de 2001, murieron más de dos mil 400 oficiales y soldados estadounidenses, y otros 20 mil resultaron heridos.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4465051&Itemid=1

lunes, 28 de diciembre de 2015

Escándalo en la ONU: Los secretos de la canciller Malcorra

 
Escándalo en la ONU
Miradas al Sur

El papel de la actual jefa de la diplomacia argentina, Susana Malcorra, en el ocultamiento de los abusos sexuales perpetrados por las fuerzas de paz en la República Centroafricana.
Citando una investigación interna de Naciones Unidas, la influyente revista estadounidense Foreign Policy en su última edición, fechada el 17 de diciembre revela el nefasto papel jugado por la actual canciller argentina, Susana Malcorra, cuando se desempeñaba como jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El veredicto de un panel de tres jueces independientes nombrado por Ban Ki-moon –al que ha tenido acceso Miradas al Sur–, responsabiliza a Malcorra –entre otros funcionarios de alto rango– del ocultamiento de un caso de abuso sexual a menores perpetrado por Cascos Azules de la ONU y de la persecución sufrida por el funcionario sueco Anders Kompass, quien filtró la noticia a las autoridades francesas para poner fin a los abusos.
El 29 de abril de 2015, el mundo se enteró de los sistemáticos casos de abusos sexuales perpetrados contra menores por las fuerzas de paz de Guinea Francesa, Chad y Guinea Ecuatorial en un campamento de refugiados en la República Centroafricana (RCA). Los testimonios, que habían sido recogidos casi un año antes por personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Unicef, fueron filtrados al diario británico The Guardian. El artículo incluyó el testimonio de Anders Kompass, un especialista en Derechos Humanos de Suecia con más de 40 años de experiencia, que había sido suspendido y estaba siendo investigado por la ONU por haber alertado al gobierno francés sobre los abusos.
Hasta ahora, Anders Kompass ha guardado silencio sobre su papel en este asunto, pero la semana pasada un panel independiente nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableció la inocencia del funcionario sueco que sólo intentaba que cesaran los abusos contra menores, y concluyó que varios funcionarios de alto rango –entre los que se menciona a la actual canciller argentina, Susana Malcorra, que en ese momento se desempeñaba como jefa de Gabinete de Ban Ki-moon, estaban más preocupados en concertar esfuerzos para silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, Anders Kompass que en proteger a los niños del peligro en que se encontraban o de sancionar a los abusadores.
El 19 de mayo de 2014, un niño de 11 años declaró que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral, luego lo violó, y le dio galletas y dinero en efectivo. El chico dio una descripción detallada del soldado y afirmó que podría identificarlo, pero no se tomó ninguna medida, ni siquiera una advertencia a los soldados, no se hizo ningún esfuerzo para evitar el abuso en curso, ninguna alerta fue expedida a las decenas de miles de adultos desplazados en el campamento. El personal de Unicef reportó casos de sexo oral forzado y violación anal de los niños de 8 a 15 años y no se tomó ninguna acción. En total, las entrevistas documentan el abuso sexual de 13 niños por parte de 16 soldados de la fuerza de paz: 11 eran franceses, tres de Chad, y dos de Guinea Ecuatorial. Otros siete Cascos Azules actuaron como cómplices. El informe implica a 23 soldados en total.
A mediados de julio de 2014, la ONU no había tomado ninguna medida contra los abusos en curso. En ese contexto, el funcionario sueco Anders Kompass informó a las autoridades diplomáticas francesas, que solicitaron una copia del informe con el fin de iniciar una investigación. El 30 de julio recibió una respuesta del gobierno francés, que le informaba que una investigación estaba en curso.
Tres meses más tarde, cuando el secretario general presentó su informe anual sobre la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales de 2014, no contenía mención alguna de las denuncias de abuso sexual infantil en la República Centroafricana.
En lugar de preocuparse por los casos de abuso infantil, la jefa de Gabinete de Ban Ki-moon quería silenciar el escándalo y para eso concertó con otros funcionarios de alto rango de la ONU una estrategia para obligar a Kompass a que renunciara.
La jefa de Gabinete Susana Malcorra organizó una reunión en la ciudad de Turín entre el alto comisionado para los Refugiados, Zeid Ra’ad Al Hussein; la alta comisionada adjunta, Flavia Pansieri; el subsecretario general (USG) para OSSI, Carman Lapointe; y el director de Ética de la ONU, Joan Dubinsky, para discutir el caso Kompass: si la negligencia para combatir los abusos sexuales por parte de los Cascos Azules, se hacía pública, la ONU enfrentaría preguntas para las que no había respuestas razonables.
Como resultado de la reunión realizada en Turín, el grupo integrado por Malcorra continuó tramando una manera de silenciar a Kompass. Dos semanas más tarde, el 9 de abril de 2015, Zeid solicitó formalmente una investigación sobre Kompass por su “filtración” sobre la denuncia de abuso sexual en la República Centroafricana. Durante toda la investigación, las víctimas no aparecen mencionadas en las declaraciones, ni existen expresiones de inquietud o curiosidad sobre su bienestar. Nadie menciona el apoyo prestado a los niños víctimas; esas omisiones ni se observaron ni explicaron. El enfoque único de atención concertada es en la supuesta “filtración” de Anders Kompass.
Durante la semana del 13 de abril de 2015, un mes después de su negativa a renunciar, Kompass fue suspendido con goce de sueldo y escoltado desde su oficina. Susana Malcorra, que ocupaba una de las posiciones más poderosas en el sistema de la ONU como jefa de Gabinete del secretario general, declaró a los medios que Kompass estaba siendo investigado porque era culpable de mala conducta. Esto era un caso flagrante de prejuzgamiento.
Kompass fue perseguido y hostigado por altos cargos de la ONU hasta que un tribunal de apelación ordenó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que levantara inmediatamente la suspensión laboral del funcionario humanitario sueco. El juez Thomas Laker dijo que la decisión de la ONU de suspender a Kompass, quien se desempeñaba como director de Operaciones de Campo para la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fue “prima facie ilegal” (desde primera vista ilegal).
Frente a la dimensión que tomaba el escándalo, el 3 de junio de 2015, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, anunció la formación de un panel independiente, compuesto por tres jueces, para realizar una revisión externa para examinar los acontecimientos tras el abuso sexual de los niños en la República Centroafricana.
Lo que ocurrió en la República Centroafricana era una atrocidad, pero el hecho de que la ONU se quedara en silencio durante casi un año después de su propio descubrimiento era una atrocidad mucho mayor que lindaba con el encubrimiento y la impunidad para los perpetradores.
Cuando uno lee el lapidario veredicto de los jueces dado a conocer la semana pasada sobre el triste papel jugado por Susana Malcorra en los intentos de silenciar el escándalo de la ONU, se comprende perfectamente que el ofrecimiento de Mauricio Macri le vino como anillo al dedo. En caso contrario, es probable que a esta altura hubiese tenido que presentar su renuncia a la ONU, pero no precisamente para encabezar la diplomacia argentina.

Fuente: http://www.miradasalsur.com.ar/2015/12/27/revista/escandalo-en-la-onu-los-secretos-de-la-canciller-malcorra/

Reseña del libro de William Schmidli sobre la relación Argentina-EEUU durante la última dictadura: Derechos Humanos y Guerra Fría


Rey Desnudo. Revista de libro
Año IV, No. 7, Primavera 2015, pp. 99-106
ISSN: 2314-1204

Comentario bibliográfico
 

Schmidli, William Michael: The Fate of Freedom Elsewhere. Human Rights and U.S. Cold War Policy toward Argentina, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 2013.
 

Por Leandro Morgenfeld
CONICET / UBA
Fecha de recepción: 19/08/2015
Fecha de aprobación: 28/08/2015







Para quienes estudiamos la historia de las relaciones interamericanas, y en particular las de Estados Unidos y Argentina, la revisión del vínculo del gigante del Norte con las dictaduras que asolaron el Cono Sur en los setenta es un tema ya de por sí relevante. Este documentadísimo libro de William Michael Schmidli, profesor de la Bucknell University, pone el foco en un tema muy controvertido de la política exterior estadounidense: se ocupa de analizar cómo, durante la Administración Carter (1977-1981), hubo un intento de trasladar la retórica de los derechos humanos al ámbito de la política exterior, a través de una serie de iniciativas concretas. El autor analiza los alcances y límites de este supuesto giro (desde una óptima supuestamente realista, defendida por Kissinger para justificar sus alianzas con dictadores sudamericanos, hacia una concepción más idealista o principista), enfocándose en las relaciones con Argentina, que se transformó en un caso testigo. La investigación, profusa en documentos diplomáticos y en entrevistas a funcionarios, arroja luz en tres niveles distintos: el de la política exterior estadounidense en general, el de la política  hacia América Latina y el de las relaciones bilaterales con Argentina.
El primer capítulo está dedicado al análisis de cómo la doctrina de la seguridad nacional, desde los albores de la guerra fría, moldeó el vínculo de las relaciones interamericanas y, en particular, aceitó las relaciones con las fuerzas armadas latinoamericanas, a través de los programas de asistencia militar, las conferencias anuales de los ejércitos americanos y el adoctrinamiento de miles de integrantes de las fuerzas armadas a través del Comando Sur y de las bases en Panamá, donde se instauró la Escuela de las Américas. El incremento de la asistencia militar y los programas de entrenamiento fueron la contracara de la Alianza para el Progreso, lanzada por Kennedy en 1961 para intentar contrarrestar la influencia revolucionaria cubana. Hacia 1968, más de 25000 soldados latinoamericanos habían sido entrenados en Estados Unidos, y 30000 habían recibido cursos en la zona del Canal de Panamá. Esta política impulsada por los halcones del Pentágono, según el autor, potenció las ambiciones políticas de los líderes militares, en detrimento de las democracias regionales, dando lugar en los años sesenta y setenta a numerosos golpes de estado. 
El segundo capítulo se ocupa, ya más específicamente, de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina entre 1960 y 1976. Schmidli analiza la transición entre un esquema en el que predominaba la influencia francesa en las fuerzas armadas locales, hacia otro con una impronta estadounidense cada vez más definida. Este capítulo, en el que el autor sintetiza el devenir de las relaciones bilaterales previas al período en el que focaliza su investigación, es quizás el más flojo del libro. Se reproducen allí algunos errores fácticos –confunde la fecha de la reunión “secreta” entre Frondizi y el Che, y también la del segundo encuentro entre Kennedy y Frondizi, que sitúa en febrero de 1962, cuando en realidad se realizó en diciembre de 1961, justamente para negociar el voto argentino en la reunión de Punta del Este que votó la exclusión de Cuba de la OEA[1]; se refiere al episodio de las cartas supuestamente obtenidas en la embajada de Cuba en Buenos Aires –utilizadas por la inteligencia estadounidense para forzar una confrontación de Frondizi con Castro-, sin aclarar que eran apócrifas, como está ampliamente documentado- y se omite la cita de buena parte de la bibliografía argentina que se ocupó de las relaciones bilaterales. Por ejemplo, cuando se evalúa el rol de Estados Unidos en los golpes de 1962, 1966 y 1976, no hay referencias a autores argentinos que analizaron esa problemática, como Scenna[2], Tcach y Rodríguez[3], Rapoport y Laufer[4], Mazzei[5] y Novaro[6], sólo por nombrar algunos de ellos[7].
El tercer capítulo está dedicado a analizar el ascenso del movimiento por los derechos humanos en Estados Unidos, en el período 1970-76. Destaca allí los casos emblemáticos de Olga Talamante -secuestrada en Argentina en 1974-, quien se transformó en una bandera de las organizaciones que abogaban por introducir la problemática de los derechos humanos en la agenda de la política exterior estadounidense; el subcomité liderado por el diputado Frank Church; las gestiones del senador J. William Fulbright; las acciones del diputado Donald M. Fraser, que potenciaron ONGs como la reconocida Washington Office on Latin America (WOLA). Esta se transformó en un puente entre los grupos de solidaridad latinoamericanos, los exiliados y las organizaciones de derechos humanos con funcionarios en la capital estadounidense, para hacer visible las condiciones de los derechos humanos en la región e influir en la política estadounidense hacia América Latina.
El cuarto capítulo analiza los primeros dos años de la Administración Carter, cuando los derechos humanos irrumpieron en la política exterior estadounidense, de la mano de la destacada figura de Patricia Derian, Subsecretaria de Estado para los derechos humanos y asuntos humanitarios. El autor analiza en detalle las pugnas entre halcones y palomas, tanto en la Casa Blanca, como en el Capitolio, el Departamento de Estado y la propia embajada en Buenos Aires. En este relato, donde prevalecen más las disputas personales que las explicaciones estructurales, Derian se transforma en el símbolo de una quijotesca lucha, destinada al fracaso, o sea al ocaso de los derechos humanos en la agenda exterior estadounidense. La reconocida funcionaria hizo de la Argentina un caso emblemático para redefinir la política exterior estadounidense, ubicando a los derechos humanos al tope de la agenda estadounidense. El capítulo narra con detalle los obstáculos y resistencias que desplegaron los cold warriors -y quienes secundaron sus ideas, como el Subsecretario de Estado para Asuntos Americanos Terence Todman-, quienes previsiblemente doblegaron la posición de Derian y sus aliados promediando la Administración Carter: “La ausencia de una detallada guía de lineamientos políticos impidió que se consumara el esfuerzo de Patricia Derian por institucionalizar los derechos humanos en la política exterior estadounidense y contribuyó a incrementar entre la burocracia de Washington la resistencia a la Oficina de los Derechos Humanos” (p. 106)[8]. El autor enfatiza más las luchas intra burocráticas que las explicaciones más amplias, que se focalicen en el uso sesgado de los derechos humanos (para condenar a los gobiernos de Argentina y Cuba, por ejemplo, pero no así al de Chile, encabezado por Pinochet), en el marco de la propaganda anti-soviética propia de la guerra fría.   
El quinto capítulo se ocupa específicamente de los derechos humanos en la relación Estados Unidos-Argentina en el período transicional de 1978 a 1979. Desarrolla la amplia tarea de Franklin A. “Tex” Harris, funcionario en la embajada en Buenos Aires, quien se transformaría en un gran aliado de Derian para presionar en Estados Unidos en pos del recorte de la ayuda económica y la asistencia militar a la Junta Argentina. Esta ofensiva, sin embargo, se topó con una enorme oposición por parte de la burocracia en Washington, la cúpula empresarial, funcionarios de alta jerarquía de la Administración Carter, el Departamento de Defensa y los medios de comunicación conservadores. Schmidli describe la gran batalla que se dio en torno al voto estadounidense negativo para otorgar créditos a la Argentina en las instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que forzaron a Videla, por ejemplo, a aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 1979. Este incremento de la presión sobre la Junta –que se produjo también en un encuentro personal entre Carter y Videla en Panamá-, fue pasajero. Harris chocó sistemáticamente con su superior, el embajador en Buenos Aires, Raúl Castro, partidario de apoyar a la facción “moderada” de Videla y Viola. En Washington, en tanto, las críticas de los líderes empresarios, medios conservadores y sus representantes en el Congreso llegaron a su punto máximo, argumentándose que esta política principista enarbolada por Derian y sus acólitos perjudicaba la economía estadounidense: “Exacerbadas [esas críticas] por el creciente déficit en la balanza de pagos y el resurgimiento de la tensión en la guerra fría, hacia la segunda mitad de la presidencia de Carter la agenda de los derechos humanos iría debilitándose en el rubro de las prioridades de la política estadounidense” (p. 155).
El sexto capítulo se ocupa de las relaciones bilaterales en los dos últimos años del gobierno de Carter, cuando la frustración de Derian se hizo palpable: la Casa Blanca inició un giro en su política hacia la Argentina, tendiente a normalizar el vínculo bilateral y a poner fin a las críticas oficiales al régimen. Esto respondió a los crecientes cuestionamientos de la empresarios y medios conservadores estadounidenses, que acusaban a la Administración Carter de obstruir las potencialmente provechosas relaciones comerciales con la Argentina, negándole créditos. Este cambio coincidió con la nueva etapa de la guerra fría que se inició en 1979, cuando se produjo la caída del régimen del Shá en Irán, la invasión soviética a Afganistán y el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Uno de los principales impugnadores del giro que se había producido en 1977 fue Zbigniew Brzezinski, asesor del National Security Council, quien señaló que las críticas a la Junta Militar Argentina por la violación de derechos humanos eran contraproducentes para los intereses estadounidenses. En los meses subsiguientes, Carter cedió ante la presión de la comunidad de negocios, en función de recomponer el vínculo con el lobby empresario, tras lo cual fluyeron nuevamente las transferencias de fondos hacia Argentina (en 1979, las exportaciones estadounidenses hacia el país del sur se incrementaron un 140% respecto al año anterior). En un porcentaje similar se elevó la deuda argentina con bancos internacionales privados, liderados por los estadounidenses. Ese mismo año, se inició la colaboración de las fuerzas armadas argentinas en la lucha contrainsurgente en Centro América: se enviaron asesores a Honduras, El Salvador y Guatemala para contener la influencia sandinista. En síntesis, señala el autor, “En vista de las agresivas iniciativas soviéticas en África y las crisis en Irán y Nicaragua, Carter crecientemente se movió hacia las más tradicionales políticas de la guerra fría, postuladas por Brzezinski” (p. 174).  La contracara de la creciente influencia de este asesor fue el ocaso de la política de derechos humanos impulsada por Derian, cuyo poder fue limado, hasta que renunció. El nuevo giro neoconservador, muestra el autor, antecedió al triunfo de Reagan en las elecciones de noviembre de 1980.
El libro cierra con unas Conclusiones, que en realidad no son tales, sino una suerte de epílogo sobre la consolidación de las alianzas con dictaduras del Tercer Mundo tras la asunción de Ronald Reagan. Incluso en la campaña, el candidato republicano se ocupó de criticar el oprobio al que Carter había sometido a la Junta Militar Argentina. En su gobierno, planteó, el tema de los derechos humanos volvería al terreno de la quiet diplomacy que había cultivado Kissinger –las “observaciones” sobre esta temática sensible debían plantearse a través de canales reservados, no públicos-. Dos meses después de asumir, la Administración Reagan anunció planes para convencer a los legisladores de derogar la prohibición de vender armamentos y suplementos militares a la Argentina, y en julio se terminó con la política de votar en contra de los créditos para la Argentina en las instituciones financieras internacionales, basada en el tema de los derechos humanos. Para reforzar este acercamiento, a mediados de mayo Viola fue invitado a una visita oficial a Washington. Sólo en las últimas dos páginas del libro, Schmidli presenta una suerte de síntesis y conclusiones generales, destacando brevemente los alcances y límites de la política impulsada por Derian y sus aliados, y por qué el caso argentino fue emblemático.
La lectura del libro es recomendable por sus virtudes: es un documentadísimo análisis del rol de los derechos humanos en la política exterior estadounidense que permitió modificar la dirección que los halcones impusieron en el Departamento de Estado desde que la doctrina de la seguridad nacional se impuso en los inicios de la guerra fría. El libro muestra adecuadamente que el alcance de ese giro, durante la primera mitad de la Administración Carter, fue limitado y fugaz. Se centra en algunas figuras emblemáticas que lograron introducir en las distintas esferas de gobierno en Washington las demandas de un movimiento de base bastante extendido desde los sesenta, focalizándose en la gran heroína del relato de Schmidli: Patricia Derian. En el ascenso, auge y posterior declinación de esta funcionaria parece graficarse la fugacidad del lugar destacado que supieron ganar las consideraciones de los derechos humanos en la política trazada por el Departamento de Estado. Como en muchos otros análisis anglosajones sobre esta dimensión de la política estadounidense, el texto despliega toda su riqueza en el seguimiento pormenorizado de las trayectorias y acciones de determinados funcionarios, ocupando un lugar destacado del análisis las disputas intra burocráticas, muchas de las cuales se conocen más profundamente gracias a las entrevistas realizadas por el autor –entre las que se destacan, entre otras, las de Patricia Derian, “Tex” Harris, Robert Cox y Olga Talamante-.
Sin embargo, en este punto radica, entiendo, una de las flaquezas del libro. Falta una explicación más compleja y general de por qué el tema de los derechos humanos no logró transformarse en una variable explicativa relevante en la política exterior estadounidense, ni siquiera durante la presidencia de Carter (ni hablar de su antecesor Ford o su sucesor Reagan). Las menciones al cambio de contexto internacional en 1979 aparecen en segundo plano, en relación con las disputas personales. Además, no se explica al carácter “miope” de la exigencia de respeto a los derechos humanos: ¿por qué no se compara, por ejemplo, con la dictadura de Pinochet? En las más de 250 páginas del libro, por ejemplo, no se hace referencia a la dictadura chilena y a las posturas de Derian y su grupo en relación a la sistemática violación de los derechos humanos en el país trasandino. Esa comparación, según mi opinión, hubiera enriquecido el análisis. Tampoco se hace referencia, salvo para el embargo cerealero de 1979, a las crecientes relaciones de Argentina con la Unión Soviética desde 1976 –que explicarían, en parte, por qué pudo avanzar en Estados Unidos la parcial impugnación a la dictadura de Videla, y no así a la de Pinochet-. No se hace referencia a la bibliografía argentina sobre las relaciones bilaterales –este aspecto muestra lo incompleto del capítulo 2, por ejemplo-, no citándose autores que abordaron diversas problemáticas de ese período -como los anteriormente citados-, entre muchos otros, y tampoco a algunos autores anglosajones que se ocuparon del vínculo bilateral, como Sheinin[9]. Esta omisión desbalancea la investigación, que es más relevante en cuanto a la historia de la política exterior estadounidense, y menos en cuanto a las relaciones con América Latina y a la relación bilateral con la Argentina, que aparece más bien como caso testigo para analizar un aspecto más general.
Por último, y creo que acá está quizás la falencia más relevante del libro, no se analiza la política exterior de ese período como parte de un acción imperial y en el contexto de una etapa particular de la guerra fría. Se plantea que el tema de los derechos humanos podía ser una buena propaganda contra el comunismo –por eso esa apelación no sólo fue apoyada por sectores de izquierda y progresistas en Estados Unidos, sino también por sectores conservadores que juzgaron que podía convertirse en una eficaz arma ideológica para atacar a los países socialistas-, pero no se explica adecuadamente qué implicancias tiene que el gobierno de UN país se atribuya el derecho de juzgar el respeto o violación de los derechos humanos (o la democracia, podríamos agregar) en los demás países, por encima de las soberanías nacionales. Este debate no sólo es importante desde el punto de vista histórico, sino también en la actualidad. Creo que el enfoque del autor, aunque bien intencionado, adolece de cierta mirada ingenua en tanto supone que las ONGs y movimientos sociales progresistas podrían potencialmente presionar a la Casa Blanca para contrarrestar la presión del lobby empresario y así hacer de la política exterior estadounidense un arma contra las tiranías en otros países no centrales. Su investigación, de todas formas, muestra los límites casi infranqueables que debieron enfrentar quienes pretendieron imbuir de cierto idealismo o principismo la política exterior estadounidense en los años setenta.



[1] Desarrollamos ampliamente este tópico en Morgenfeld, Leandro 2012 “Desarrollismo, Alianza para el Progreso y Revolución Cubana. Frondizi, Kennedy y el Che en Punta del Este (1961-1962)”, en CICLOS en la Historia, la Economía y la Sociedad, Año XXI, Vol. XX, N. 39-40, pp. 133-163 (Buenos Aires).
[2] Scenna, Miguel Ángel 1970 ¿Cómo fueron las relaciones argentino-norteamericanas?, Buenos Aires, Plus Ultra.
[3] Tcach, César y Rodríguez, Celso 2006 Arturo Illia: un sueño breve: el rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966, Buenos Aires, Edhasa.
[4] Rapoport, Mario y Laufer, Rubén 2000 Estados Unidos ante el Brasil y la Argentina. Los golpes militares de la década de 1960, Buenos Aires, Economizarte.
[5] Mazzei, Daniel 2013 “El águila y el cóndor. La relación entre el Departamento de Estado y la dictadura argentina durante la Administración Ford (1976-77)”, en Huellas de Estados Unidos, Número 5, septiembre, pp. 9-25.
[6] Novaro, Marcos 2011 Cables secretos. Operaciones políticas en la Argentina de los setenta, Buenos Aires, Edhasa.
[7] Realizamos un relevamiento parcial de la bibliografía sobre las relaciones argentino-estadounidenses en ese período en Morgenfeld, Leandro 2014 “Argentina y Estados Unidos, golpe a golpe (1966-1976), SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Vol. 8, N. 2, noviembre, pp. 521-554.
[8] Las traducciones del inglés son propias.
[9] Sheinin, David 2006 Argentina and the United States. An alliance contained, Athens, University of Georgia.