viernes, 30 de noviembre de 2012

UNASUR reclama liberación de la Fragata Libertad

La Unasur pidió la liberación de la Fragata Libertad

Los ministros de Defensa del organismo regional expresaron “su solidaridad a la hermana República Argentina por la detención" del buque escuela y pidieron por una "pronta resolución”. Lo hicieron tras la IV Reunión del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), que finalizó ayer en Perú. El 15 de diciembre se pronunciará el Tribunal del Mar.

INFOnews

Los ministros de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) expresaron “su solidaridad a la hermana República Argentina por la detención de su buque escuela ´Libertad´, exhortando a las instancias que correspondan para su pronta resolución”. Así se estableció en la III Declaración de Lima tras la IV Reunión del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la UNASUR, que finalizó ayer en Perú.
Ante esa situación, el ministro Arturo Puricelli agradeció el “amplio apoyo y adhesión a la posición Argentina”. “Tenemos a un buque militar, un buque escuela, detenido por esos falsos inversores y especuladores”, afirmó respecto de los fondos buitres.
Por otra parte, mediante la declaración final se establece “desarrollar tareas conjuntas para fortalecer la industria y tecnología de la Defensa regional”. “En tal sentido se decidió aprobar la factibilidad del diseño, desarrollo y producción regional de un avión de entrenamiento primario básico suramericano”, sostiene en referencia a la iniciativa argentina para la fabricación de la aeronave UNASUR I.
En el marco de las políticas de promoción de la transparencia y confianza mutua entre los países de la región, se aprobaron “los avances del grupo de trabajo responsable de establecer una metodología que permita estandarizar un mecanismo para transparentar el inventario militar de los países suramericanos”. Al mismo tiempo, se insta a la continuación de estos estudios con la coordinación del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED), cuya sede está en la ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, los ministros expresaron “su satisfacción por los avances en la implementación de los procedimientos de aplicación para las medidas de fomento y confianza mutua y seguridad, en el convencimiento de que el cumplimiento de las mismas promueve un mejor conocimiento e identificación de las capacidades de la región a fin de consolidar a Suramérica como una zona de paz”.
La III Declaración de Lima aprueba también el Plan de Acción 2013, donde “saluda la iniciativa de elaborar la propuesta de creación de una Escuela Suramericana de Defensa”, proyecto tripartito entre la Argentina, Brasil y Ecuador. Además, se incluyeron las propuestas argentinas de organizar una segunda edición del curso suramericano de formación de civiles en Defensa; la realización del ejercicio UNASUR III; y la continuación del planeamiento y capacitación del personal de la región que participará en la expedición al Polo Sur durante la campaña antártica 2014.
La declaración concluye con la ratificación de “la necesidad de seguir avanzando en el diálogo y la confianza para la profundización de la cooperación y definición de una visión conjunta en materia de Defensa regional como un compromiso ético histórico, asentado en el firme propósito de preservar a Suramérica como zona de paz”.

El Capitolio, el lobby buitre y la posible sanción a Argentina

Avanza en EE.UU. un proyecto que sanciona al país

Por Ana Barón (Clarín)
El Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Diputados estadounidense aprobó ayer un proyecto de ley que prevé sanciones en contra de la Argentina por no haber pagado los fallos de las cortes de Nueva York ni los de los Centro de arbitrajes de inversiones del Banco Mundial. Si bien es difícil que este proyecto se convierta en ley este año ya que el periodo legislativo termina a fin de año, la votación de ayer es un indicador mas de la ofensiva que están realizando los fondos buitre no solo a nivel judicial en Nueva York sino también en Washington.
Promovida, por ATFA, el lobby de los Fondos buitres en el Congreso (del que participa NML, liderado por Paul Singer, foto), la llamada Ley de Responsabilidad para los Estados que evaden fallos judiciales (Jefsa, según su sigla en inglés) dice textualmente que , “prohíbe el acceso a los mercados de EE.UU. a los Estados extranjeros que como Argentina, no han cumplido con los fallos de las cortes estadounidenses por 100 millones de dólares o más en un período de dos años. Prohíbe el acceso al mercado de capitales a las compañías estatales de aquellos estados que evaden las decisiones judiciales por más de tres años. Que Estados Unidos deberá analizar la situación de cumplimento de los Estados antes de darles ayuda económico o de recomendar asistencia económica de un organismo internacional. Que el Secretario de Estado debe publicar informes anuales informales con las lista de países deudores y analizando las consecuencias de sus conductas para la economía estadounidense” El proyecto fue presentado ayer por el diputado saliente republicano Connie Mack quien habiendo perdido en las elecciones del noviembre, todo indica que quiso dejar en claro sus criticas contra la Argentina antes de abandonar su banca a fin de año. “A pesar de que acordó someterse a la jurisdicción de EE.UU. y renunció a la inmunidad soberana, Argentina litigó en mas de 150 juicios y se niega a cumplir con 116 fallos establecidos en su contra por un total de 6.000 millones de dólares.” dijo Mack haciendo referencia a los fallos establecidos por el Juez Thomas Griesa. “Además Argentina ha demostrada la misma actitud con respecto por fallos establecidos a favor de inversores estadounidenses en el CIADI .” Según Mack el gobierno de Obama adoptó alguna sanciones en contra de Argentina como la suspensión de los beneficios del Sistema general de Preferencias como también el voto contra nuevos prestamos en el BID en Banco Mundial. “Pero el gobierno de Obama no ha ido lo suficientemente lejos como para proteger los empresarios estadounidenses y los inversores. Mucha gente en Estados Unidos ignora la irresponsabilidad de la conducta Argentina y la falta de cumplimiento con la ley Jefsa tomas todas las medidas necesarias pre proteger a los empresarios estadounidenses.
En respuesta, la Cancillería argentina emitió ayer un comunicado señalando que “el ataque de los fondos buitre en el Congreso de los Estados Unidos se sostiene con millonarias sumas en forma de lobby”. Y consideró que la movida fue el último favor de Mack a los fondos buitre.

Cómo enfrentar a los buitres

Cómo enfrentar a los buitres Cómo enfrentar a los buitres

Leandro Morgenfeld* (www.marcha.org.ar)
 
¿Por qué el tema de la deuda se dirime en un tribunal de New York? ¿Por qué no se audita la deuda externa, a pesar del fallo del juez Ballesteros del año 2000? ¿Por qué el tema no se trata en ámbitos latinoamericanos? Tres interrogantes que no se abordan en los análisis corrientes.
El embargo de la Fragata Libertad y el fallo del juez Griesa que ordenó pagar 1450 millones de dólares a los fondos buitre el 15 de diciembre actualizó el debate sobre el endeudamiento externo.
La deuda externa argentina tiene una larga historia. Empezó en 1824, con el empréstito de la Baring Brothers, y desde allí en más hilvanó escandalosos negociados, sucesivas renegociaciones ante cesaciones de pagos y una constante: los distintos gobiernos se negaron a discutir junto al resto de los países latinoamericanos una posición conjunta frente a los acreedores externos. Durante la última dictadura la deuda se disparó como nunca antes y las posteriores administraciones se negaron a auditarla para determinar el carácter fraudulento de al menos una parte de ella. Siguieron pagando, renegociándola y endeudándose. En el 2001 se declaró el mayor default de la historia. Luego hubo dos canjes, en 2005 y 2010, en los que se logró una importante quita. El 93% de los que poseían bonos aceptaron las condiciones. Buena parte del resto, incluyendo los llamados "fondos buitre" -que habían comprado bonos a la cuarta parte de su valor nominal-, vienen hace años batallando en la justicia estadounidense para cobrar sin quita alguna. La deuda pública que no ingresó al canje ascendería a unos 6.600 millones de dólares de capital, que llegarían a 11.200 si se les suman los intereses. Algunos de estos fondos especulativos, como NML, de Paul Singer, impulsaron acciones contra Argentina como el embargo de la Fragata Libertad en Ghana. Y ahora lograron un polémico fallo del juez Griesa, que conmina al gobierno argentino a pagarles unos 1450 millones de dólares el 15 de diciembre.
Este fallo, apelado por la Argentina el lunes 26 de noviembre, impide abonar a quienes sí entraron al canje, hasta que no se haga lo propio con los "buitres". Todo el sistema financiero internacional mira con atención cómo se resolverá el caso en la justicia estadounidense, en particular por las reestructuraciones de los países europeos sobreendeudados. Si se ejecuta el pago según la sentencia de Griesa, difícilmente los bonistas acepten quitas en futuras reestructuraciones de las deudas de otros países. Esta circunstancia, sumada a la oferta argentina de reabrir el canje para incluir a quienes anteriormente no lo aceptaron, suscitó la expeditiva resolución de la Cámara de Apelaciones de New York, el miércoles 28, de suspender el fallo de Griesa y plantear un compás de espera hasta febrero, instando a Argentina a proponer una solución para los buitres. Así, el gobierno argentino podrá pagar ahora en diciembre a los bonistas que sí entraron al canje. Se aleja el temor al inminente default técnico y los acreedores externos respiran aliviados. Pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse.   
Uno de los temas preocupantes y en general soslayados es el de cesión de soberanía. Si Argentina debe someterse ahora a las decisiones de un juez de New York es porque, a contramano de doctrinas argentinas de derecho internacional planteadas hace más de un siglo (las doctrinas Calvo y Drago, que enfrentaban la acción imperialista de Estados que intervenían militarmente en América Latina para defender a sus capitalistas), se cedió soberanía jurídica. Así, desde que Argentina ingresó al CIADI (tribunal dependiente del Banco Mundial al que acuden las trasnacionales cuando no acuerdan con decisiones soberanas de los Estados en los que radicaron sus capitales) o cuando emitió bonos y determinó que los eventuales diferendos se saldarían en tribunales estadounidenses, se resignó soberanía. Las consecuencias están hoy a la vista: la Fragata Libertad embargada en Ghana, cuentas del Banco Nación bloqueadas en New York, un fallo que obliga a desembolsar 1450 millones de dólares y bloquea mientras tanto el pago a los bonistas que sí ingresaron al canje.
Más allá de los encendidos discursos oficiales en contra de los buitres, o de las posturas opositoras que reclaman "seguridad jurídica" (para los capitales trasnacionales), pocas voces se alzan para reclamar la necesaria salida del CIADI (como ya lo hicieron Venezuela, Ecuador y Bolivia) o el fin de la renuncia a la soberanía jurídica. La mayor parte de la clase política local muestra su alivio por la sentencia de la Cámara, señala que hay que arreglar con los buitres y pagar, en función de mantener la tan mentada "seguridad jurídica". Otros países, como Ecuador, optaron en cambio por realizar una auditoría de su deuda externa y repudiaron parte de ella. En Argentina, a pesar del fallo del juez federal Ballesteros del año 2000, en la causa Olmos (iniciada en 1982), el Congreso se negó y se niega sistemáticamente a abordar esta problemática. 
Al mismo tiempo, al menos hasta ahora, hay una negativa a plantear las negociaciones con los acreedores externos en forma conjunta con los demás países latinoamericanos. Ya en 1933, ante una propuesta mexicana de discutir una moratoria conjunta de las deudas de los países latinoamericanos, el canciller argentino Saavedra Lamas (futuro premio Nobel de la Paz) operó para que fracasara. Para alivio de Estados Unidos, su actuación fue crucial para hacer fracasar la iniciativa mexicana, que hubiera sido de mucha ayuda para las asfixiadas finanzas latinoamericanas y que tanto preocupaba a los acreedores estadounidenses. En los años '80, también se cedió frente a las presiones para evitar que el tema de la deuda fuera abordado en forma conjunta por los países latinoamericanos. Hoy en día, las presiones de los fondos buitres se multiplican. ¿Podrá América Latina avanzar, por primera vez, en un repudio conjunto a las presiones del gran capital trasnacional?


* Docente UBA e ISEN. Investigador del CONICET. Autor de Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas (Ed. Continente, 2011), de Relaciones peligrosas. Argentina y Estados Unidos (Capital Intelectual, diciembre 2012) y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com 

jueves, 29 de noviembre de 2012

Buitres al acecho, por Noemí Brenta

Por Noemí Brenta* (Le Monde)

La orden de pagarle a los holdouts impuesta por el juez Griesa a Argentina, finalmente suspendida hasta fines de febrero, puso al desnudo la voracidad del capital financiero y su gran poder en la nueva economía globalizada.


Luis Scafati (gentileza Hoy en el Arte Galería)
a orden de pagar a los holdouts que el juez del estado de Nueva York, Thomas Griesa, impartió a Argentina el 21 de noviembre pasado –suspendida ahora hasta fines de febrero– puso al desnudo, una vez más, el estado de naturaleza hobbesiano que impera en la reestructuración de las deudas soberanas.

Griesa ya había acogido previamente los reclamos de los fondos tenedores de bonos de la deuda argentina original defaulteada en 2001 con el argumento de la cláusula pari passu (igual tratamiento a todos los acreedores). Para cobrar, los buitres quisieron embargar hasta la casa de San Martín en Boulogne Sur Mer, Francia, pero hasta ahora nunca pudieron echar mano de los activos públicos argentinos, protegidos por tratados de inmunidad internacional en la mayoría de los países. Excepto, por ejemplo, en Ghana, donde un juzgado local retiene la Fragata Libertad, a pedido del fondo NML Capital, el mismo que ahora juega a forzar el default de Argentina a través del tribunal de Nueva York.

El escándalo esta vez es mayúsculo. Griesa no sólo ordenó a Argentina depositar en una cuenta custodia el total reclamado por los fondos especulativos antes del 15 de diciembre (fecha del próximo vencimiento para quienes entraron en el canje). Además, para que los buitres pudieran capturar a su presa, dispuso que el país no modificase la forma en que venía pagando a los bonistas del canje, y, lo más insólito, estableció que si la República no satisfacía a los holdouts demandantes, todos los intermediarios participantes en el pago a los “canjistas” serían cómplices de su incumplimiento. En esta bolsa, que Griesa no detalló, entrarían desde el Bank of New York Mellon, agente de pago de la deuda argentina, hasta los depositarios de los títulos, los bancos donde los bonistas cobran sus acreencias, los propios bonistas, y el sistema de clearing bancario y electrónico. Es decir, cualquiera que se contamine tocando la plata maldita que priva a los buitres de su alimento. Exagerado pero cierto. Esta decisión del octogenario juez, que por ahora quedó en suspenso, podría convertir a Nueva York, principal jurisdicción financiera internacional, en un tembladeral pantanoso donde cualquier cosa puede ocurrir, y precipitar la huida a otras plazas, como Reino Unido o Hong Kong, corazón financiero chino y angloparlante.

Por eso, Argentina no está sola en su lucha contra los chicos malos de las finanzas mundiales, sino que comparte su interés directo en frenar a los fondos buitre con pesos pesados de la Gran Manzana como el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el ya mencionado Bank of New York Mellon y los fondos de inversión, como Gramercy y Brevan Howard, que aceptaron el canje con fuertes quitas y extensión de plazos, y esperan cobrar el 15 de diciembre. Todos ellos presentaron sus quejas y pedidos al magistrado Griesa, sin éxito. Pero la segunda instancia los reconoció como partes interesadas y estiró los plazos, así que Argentina podrá realizar este pago tranquilamente y seguirá batallando todo el verano. La Corte Suprema de los Estados Unidos quedará como último recurso para resolver sobre la cuestión de fondo.


Todos quieren su tajada…


No hay que olvidar que el default soberano argentino, de 81,8 mil millones de dólares, fue el mayor de la historia, es decir que, aun con quitas, generó enormes honorarios y comisiones para multitudes de abogados, bancos, intermediarios y otras yerbas, principalmente localizados en la ciudad donde los zapatos de Frank Sinatra vagabundean bajo las estrellas. Esos agentes no están dispuestos a sacrificar otras suculentas tajadas de las futuras reestructuraciones soberanas, varias de ellas inminentes, ni de las futuras emisiones de bonos internacionales para que los buitres tomen su parte. En este sentido, si la orden de Griesa, ahora suspendida, quedara firme, los fondos especulativos obtendrían una victoria pírrica que dañaría seriamente la confianza en la seguridad de la jurisdicción neoyorquina. Este es uno de los argumentos de la apelación presentada por el gobierno argentino, apoyado incluso por medios conservadores y pro-financistas, como el Financial Times, y hasta, como dijimos, por la Reserva Federal de Nueva York. Aunque todos ellos vociferen contra las políticas de mayor autodeterminación de la Argentina y de otros países del Cono Sur…

Por otra parte, el gobierno argentino no puede negociar con los holdouts a menos que el Congreso, que ya entra en receso veraniego, modifique la llamada ley cerrojo, que no permite reabrir el canje de los bonos defaulteados ni realizar cualquier tipo de transacción judicial o extrajudicial respecto de los que no se presentaron al canje. El objetivo de esa cláusula, además de acotar el plazo de dicha operación, fue, justamente, cerrar el paso a los fondos buitre, que practican la usura –no sería mala idea impulsar un tratado internacional para prevenirla– y pretenden beneficiarse individualmente del esfuerzo colectivo al que nunca contribuyeron, sino todo lo contrario.

Argentina pudo crecer porque logró reestructurar su deuda heredada de las dos dictaduras, la militar y la de los mercados, y desprenderse de esta última. Las deudas en divisas (dólares, euros, yenes, libras esterlinas, etc.) sujetas, por ende, a jurisdicciones extranjeras, se fueron reduciendo, así como los montos de moneda externa requeridos para atenderlas. El crecimiento económico se financió con ahorro interno, en un círculo virtuoso. Es sabido que los países no quiebran en su propia moneda, de modo que sustituir deuda externa por la del mercado doméstico, como ha hecho Argentina, es sumamente estabilizador. Pero, como en las películas de zombies, afloran manos de mundos oscuros que pretenden sujetar a la República para volver a sumergirla en las pesadillas del default y la desesperanza.

* Doctora en Economía UBA, IDEHESI-Conicet.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Cómo sigue la historia con los fondos buitre?


ECONOMIA › ECONOMISTAS OPINAN SOBRE LAS POSIBILIDADES QUE HABILITO LA CAMARA

Qué puede pasar de ahora en más

Los especialistas afirman que se abre una instancia para que el Gobierno gestione ante la Justicia el cierre del capítulo de los fondos buitre. La mayoría coincide en que hay que garantizarles las mismas condiciones que a los bonistas del canje 2010.

Por Javier Lewkowicz (Página/12)

La decisión de la Cámara de Apelaciones que suspendió el fallo del juez Thomas Griesa abre una instancia para que el Gobierno gestione el cierre del capítulo de los fondos buitre. En ese diagnóstico coincidieron los especialistas consultados por Página/12. Ramiro Castiñeira, de Econométrica, destacó que si Argentina lograra que todos los holdouts acepten las condiciones financieras del último canje, pasaría de tener que pagar 11.200 millones de dólares, según se desprendía de la extensión a todos los casos del último fallo de Griesa, a deber 4200 millones más. Con el fondo NML, la obligación bajaría de 1330 a 450 millones de dólares. Por su parte, el economista Arnaldo Bocco contó que “en los últimos días muchos especuladores apostaron contra la Argentina a través de los Credit Default Swaps, pensando que la Cámara le iba a dar la razón a Griesa”. Ellos no cobrarán, al menos por ahora.
“Es una muy buena noticia, le da a la Argentina un tiempo que hasta hace unos días parecía que no existía. Esto significa que, por ejemplo, el eventual encarecimiento del crédito para el sector privado argentino, en particular vinculado a la prefinanciación de exportaciones, probablemente no ocurra, y que las condiciones mejoren, lo que se reflejará mañana (por hoy) en la cotización de los títulos públicos”, señaló Ricardo Delgado, economista de la consultora Analytica. Al analizar el revés a Griesa, señaló que “hay un reconocimiento tácito de que el fallo de Griesa era insólito, que iba en contra de los procesos de reestructuración de deuda y premiaba a aquellos que querían entorpecer el proceso de salida de una economía del default”. “La Cámara pretendía que Griesa dijera que Argentina debía pagar a los fondos buitre en las mismas condiciones que a los bonistas que entraron al canje. Pero Griesa salió con cualquier cosa. El Gobierno ahora tiene la posibilidad de ofrecerles a los holdouts lo mismo que a los que entraron en el canje de 2010. Hay una oportunidad para cerrar esta historia”, completó.
De cara a los posibles cursos de acción de aquí en adelante, Castiñeira, de Econométrica, afirmó que “se abre una oportunidad para que Argentina les ofrezca a los buitres las mismas condiciones que aceptaron el 93 por ciento de los acreedores. El proceso de desendeudamiento consolidado en los canjes de 2005 y 2010 permitió que la economía nacional creciera. Esos canjes fueron beneficiosos para la Argentina, y eso tiene que ser puesto sobre la mesa del juez”. Castiñeira recomendó que el Gobierno reabra el canje con la misma mecánica de 2005 y 2010. “Que traigan los bonos en default y se les den nuevos bonos”, indicó.
Arnaldo Bocco planteó que hasta fines de febrero, cuando se levanta la suspensión de la Cámara (ver aparte), se abre un espacio de negociación que el Gobierno debe aprovechar. “La Cámara dijo que el tema se declara en suspenso hasta el 27 de febrero. Lo bajó a Griesa, pero con mucha diplomacia. No lo liquida, sino que lo ningunea. Entiendo que esta decisión da lugar a que las partes acuerden una salida a través de la negociación, la Cámara abrió ese espacio. Argentina tiene que terminar con esto, los fondos buitre no pueden ser obstáculo. Hay varios caminos que se pueden tomar evitando la salida boba de ir y pagarles directamente, como muchos piden”, dijo. Por su parte, Tullio Zembo, representante de los pequeños y medianos bonistas italianos que ingresaron al canje de 2010, se mostró satisfecho. “Argentina debe reabrir el canje pero después ir por mucho más. A través de la Unasur, impulsar una modificación de las finanzas internacionales. Esto no puede volver a sucederles a otros países ni bonistas”, señaló.
Con una postura algo diferente, el ex secretario de Finanzas del gobierno de Fernando de la Rúa Daniel Marx consideró que “no hay que pensar en una negociación con los holdouts, no tiene sentido porque ellos están en una posición extrema”. “Hay que pensar cómo lograr que la Cámara le dé la razón a la Argentina. El pari passu en realidad implica que no debe haber acreedores con derecho a cobrar más que otros, es un principio básico de cualquier reestructuración de deuda. Los holdouts deben cobrar en las mismas condiciones que los bonistas del canje”, dijo.

Suspenden fallo de Griesa

La Corte de Apelaciones de EE.UU. deja en suspenso el fallo de Griesa

Clarín
Con la medida, queda en suspenso la obligación de depositar en una cuenta especial el pago a los fondos buitre el 15 de diciembre.



AUDIO “Con una rapidez que sorprendió a todos, la Cámara de Apelaciones suspendió el fallo de Griesa”. (Por Ana Baron. Nueva York. Corresponsal)
La Corte de Apelaciones de Nueva York, a la que la Argentina había recurrido el lunes pasado, dejó en suspenso el fallo del juez Thomas Griesa que obligaba al país a depositar en una cuenta el pago a los fondos buitres el 15 de diciembre.
Además, se fijó un cronograma de presentaciones de tres meses los días 28 de diciembre (se deberán presentar los papeles de la apelación), el 25 de enero (será la oposición de la defensa), el 1 de febrero (la respuesta) y el 27 de ese mismo mes, cuando ambas partes deberán presentar sus argumentos de forma oral. De esta manera, el país gana tiempo y aleja el fantasma del default técnico que ya, el 15 de diciembre la Argentina tenía que pagar el cupón PBI.
La Argentina había presentado el lunes una apelación al fallo del magistrado, que ordena el pago a holdouts de 1.330 millones de dólares al contado y en efectivo.
El ministro de Economía Hernán Lorenzino había dejado entrever la posibilidad de que la Argentina suspenda la "ley cerrojo" si la Cámara de Apelaciones considera la posibilidad de un acuerdo con los holdouts en similares condiciones a las del canje 2010.
La Corte también admitió el derecho de los bonistas que sí entraron a los dos canjes de apelar el fallo de Griesa.

Congreso argentino debate fallo de Griesa sobre los fondos buitre


Diputados debate el apoyo al Gobierno ante el fallo del juez Griesa

Los Andes

A pedido del kirchnerismo, la Cámara Alta analiza emitir una declaración con la que acompaña la postura de Argentina ante el reclamo de los fondos buitres avalado por el juez de Nueva York. Mirá la sesión en vivo


Diputados debate el apoyo al Gobierno ante el fallo del juez Griesa El fallo del magistrado generó una polémica internacional

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, confirmó que en la sesión de esta tarde, la última del período ordinario de sesiones, el kirchnerismo impulsará una declaración de apoyo al Gobierno contra el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, pero no contará con el apoyo de la mayoría del arco opositor.
Rossi reconoció que la declaración "será debatida" en el recinto, ya que los principales bloques opositores -UCR y FAP- se comprometieron a habilitar el tratamiento pero no la votarán favorablemente porque discrepan con la política del Gobierno en relación de la deuda con bonistas.
Por otra parte, Rossi precisó que en la sesión se autorizará al presidente de la Cámara, Julián Domínguez, para que junto con el del Senado, Amado Boudou, "eleven una declaración de certeza ante la Corte Suprema" para ratificar que ningún bonistas que no entró al canje recibirá mejores condiciones que los que si entraron.
A su vez, Rossi indicó que se pondrá a consideración en el recinto un proyecto de Resolución para repudiar la denuncia penal contra periodistas planteada por el Grupo Clarín. Por último, en la sesión que se iniciará a las 15 se agotará un orden del día con asuntos, en su mayoría sin disidencias ni observaciones y, entre otros, se convertirá en ley proyecto para eliminar beneficios de salida para condenados por violaciones seguidas de muerte y la modificación de la ley de ejecución penal.


Haga clic aquí para seguir la sesión en vivo en la Cámara Baja.

martes, 27 de noviembre de 2012

Fondos buitre: Argentina apeló el fallo del juez Griesa en Nueva York



EEUU-América Latina: nueva etapa?

Ahora, Obama puede atender más a la región

Por Michael Shifter 

PRESIDENTE DEL INTERAMERICAN DIALOGUE, PROFESOR DE LA GEORGETOWN UNIVERSITY (Clarín)

Casi sin aviso, temas que durante mucho tiempo figuraron en el orden del día entre Estados Unidos y América Latina reviven, ahora que Barack Obama encara su segundo mandato. La inmigración, Cuba, y las drogas siempre tuvieron una dosis excepcionalmente alta de política interna, y todavía la tienen, pero los resultados de las recientes elecciones estadounidenses indican que los obstáculos para el avance podrían estar cediendo.
Es notable el súbito optimismo en relación a la reforma migratoria en el segundo mandato de Obama. Los observadores no tenían por qué sorprenderse tanto por lo crucial que fue el “voto latino” en las elecciones. Si bien tardó en avanzar en materia de inmigración y llevó adelante una política de deportaciones agresiva, Obama fue preferido a un Partido Republicano que asustó a los inmigrantes con su retórica ofensiva.
Obama prometió que, después de ocuparse de su prioridad número uno –evitar una crisis fiscal- propondrá una reforma migratoria.
Los países sudamericanos celebrarían ese cambio, que mejoraría la cooperación con los Estados Unidos en otras cuestiones.
Más que la inmigración, América Latina recibiría con entusiasmo un cambio importante en la política estadounidense hacia Cuba. En su primer mandato, Obama dio algunos pasos hacia la apertura levantando restricciones a las remesas y a los viajes de cubanos-americanos.
La Casa Blanca los consideró importantes, pero en América Latina dichas medidas fueron consideradas casi insignificantes.
La visión es que la política hacia Cuba ha sido tomada como rehén por la influyente comunidad cubana-americana de línea dura en Miami. En esta elección, empero, Obama obtuvo la mitad de los votos de esa comunidad, un gran salto respecto de 2008.
Los cubanos-americanos más jóvenes quieren modificar una política fracasada hacia Cuba y no son votantes por un tema único, como la generación más vieja.
La Cumbre hemisférica de Cartagena reveló hasta qué punto los líderes latinoamericanos se sienten frustrados con la política contra la droga manejada por los Estados Unidos. Reclamaron un debate y la consideración de enfoques alternativos. A las iniciativas de la región – se destaca la ley de Uruguay sobre legalización de la marihuana - se han sumado votos a nivel de los estados en Washington y Colorado para despenalizar el uso recreativo de la marihuana. La administración Obama no está ansiosa por introducir cambios en la política contra la droga, pero será difícil ignorar las claras tendencias de la opinión pública en los Estados Unidos y la creciente presión en América Latina para repensar un enfoque que no está funcionando.

Buitres van contra Argentina en el Congreso de EEUU

Los fondos buitre también ponen presión por la vía política

Clarín
NML logró que avance un proyecto de ley contra la Argentina en el Congreso de EE.UU.
Pese a que acaba de obtener dos fallos a su favor -a saber, la retención de la Fragata Libertad en Ghana y el fallo del juez Griesa que obliga a la Argentina a pagarles a los fondos buitres 1.300 millones de dólares el 15 de diciembre- NML, el fondo buitre de Paul Singer, no afloja y redobla su ofensiva contra la Argentina en el Congreso de los Estados Unidos.
Ayer trascendió que los líderes del Subcomité del Hemisferio Occidental tienen la intención de elevar un proyecto de ley diseñado para sancionar a la Argentina , al plenario de la Cámara de Diputados estadounidense.
El proyecto en cuestión es como JEFSA (Judgement Evading Foreing States Accountability) y dice textualmente que se “ prohíbe el acceso a los mercados de Estados Unidos a los Estados extranjeros que, como la Argentina, no han cumplido con los fallos de las cortes estadounidenses por 100 millones de dólares o más durante un período de dos años. Prohíbe el acceso al mercado de capitales a las compañías de aquellos estados que evaden las decisiones judiciales por mas de tres años”.
Además, precisa que “Estados Unidos deberá analizar el estado de cumplimento de los Estados antes de darles ayuda económica o de recomendar asistencia económica de un organismo internacional . Que el secretario de Estado debe publicar informes anuales informales con las lista de países deudores y analizando las consecuencias de sus conductas para la economía estadounidense”.
El jueves próximo, el Subcomité del Hemisferio Occidental, analizará este proyecto ley durante una audiencia prevista para las dos de la tarde. Durante esta audiencia, los miembros de este subcomité podrán pedir enmiendas al proyecto. Luego habrá una votación, y si la mayoría está de acuerdo el proyecto será tratado por el plenario de la Cámara de Diputados.
Ya hubo intentos anteriores para que este proyecto de la ley fuera introducido en varios períodos legislativos. Pero esta es la primera vez que la iniciativa llega tan lejos en el trámite parlamentario.
Y como la mayoría del Subcomité del Hemisferio Occidental sigue estando en manos de legisladores que en diversas ocasiones formularon declaraciones en contra de la Argentina, como por ejemplo el republicano Connie Mack, hay consenso en que esta vez es probable que la votación sea a favor de su tratamiento en el plenario.

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Apelación argentina: deja abierta la puerta al pago con quita, o se a reabrir el canje

ECONOMIA › ARGENTINA PIDIO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES SUSPENDER EL FALLO DE GRIESA Y SE MOSTRO DISPUESTA A REABRIR EL CANJE DE 2010

Una apelación que le abre una ventana a la Cámara

El Ministerio de Economía dijo en su apelación que si el juez Griesa hubiera propuesto una forma de pago como la del canje, podría ser presentada al Congreso nacional.
 
Por Tomás Lukin (Página/12)

La Argentina presentó ayer a la Cámara de Apelaciones de Nueva York un pedido de revisión de la decisión del juez de primera instancia Thomas Griesa, que ordenó pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos y los intereses acumulados. Después de un intenso fin de semana de trabajo entre la Casa Rosada, el equipo técnico del Ministerio de Economía y el estudio de abogados Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, el Gobierno llevó a los tribunales la solicitud para que la Cámara mantenga la medida cautelar de no innovar hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar. Esa decisión permitiría el normal pago de los próximos vencimientos de deuda. Según afirmó el Ministerio de Economía a través de un comunicado, el escrito presentado ayer afirma que si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago que tratara a los buitres y a los bonistas que ingresaron a la reestructuración en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010, “éste hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.
Con su presentación, el gobierno argentino abrió ayer “una puerta” para destrabar el conflicto, señalaron a Página/12, desde el equipo económico que encabeza Hernán Lorenzino. Los argumentos de Argentina se basan en cuestionar la “inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa” para llevar a la práctica la cláusula de pari passu (en iguales condiciones, en latín). En el escrito remarcan que la decisión del magistrado “consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.
Griesa determinó que el país debe depositar en una cuenta de custodia 1330 millones de dólares a la espera de la sentencia firme. Ese depósito debe realizarse antes del 15 de diciembre y de no realizarse, el magistrado indicó al Banco de Nueva York, agente de pago de la deuda, que no transfiera los fondos a las cuentas de los acreedores.
Alternativamente, el escrito manifiesta que “si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”. Esa afirmación ofrece un guiño a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones para que reconsidere la decisión de Griesa y proponga una nueva forma de pago equivalente al segundo canje de deuda de 2010. Si la cámara opta por escuchar la “propuesta” argentina y ofrece a los buitres que ingresen a un nuevo canje, el Congreso debería derogar la Ley Cerrojo para volver a hacer una nueva oferta a los fondos de inversión especulativos.
En ese sentido, la presentación hace hincapié en “el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por nuestro Congreso con el consenso de una amplia mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria”. El 92 por ciento de los tenedores de bonos participaron de proceso de reestructuración aceptando una importante quita de sus acreencias, extensión de los plazos y reducción de los intereses que cobran. Además, la participación en los canjes de 2005 y 2010, implicaba renunciar a la posibilidad de realizar juicios para reclamar por la totalidad de sus tenencias. Los buitres encabezados por los fondos NML Capital y Dart, propiedad de Paul Singer y Kenneth Dart, respectivamente, rechazaron ingresar a ambas ofertas de reestructuración.
Según afirma el comunicado oficial difundido anoche, “la presentación hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regia el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo”. Por otra parte, explica el comunicado del Ministerio de Economía, “el documento denuncia el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa”.
Además, la posición argentina resalta que “la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general”. En ese sentido, la presentación retoma los planteos realizados por el Bank of New York Mellon, agente de pago de la deuda, la Reserva Federal de Estados Unidos, los fondos de inversión que participaron del canje (quienes ayer solicitaron ser parte de una futura apelación) y el resto de los intermediarios como casas de clearing y depositarios de los títulos.

Griesa rechazó petición de bonistas que entraron al canje



La justicia norteamericana rechazó ayer el pedido de los bonistas que entraron en el canje de ser parte activa del juicio que perdió el Gobierno en dos instancias y de postergar el fallo que le ordena al país a pagar a los holdouts, en 18 días, unos 1450 millones de dólares.
Thomas Griesa, juez de primera instancia de Nueva York, denegó ambas peticiones, presentadas por un grupo de fondos de inversión liderados por Gramercy. El escrito, luego elevado a la Cámara de Apelaciones para su revisión, dice que "la negación del efecto suspensivo creará un serio riesgo de default que tendrá un efecto negativo a nivel sistémico en países e inversores en todo el mundo, que llevará a serias consecuencias para la economía global".
El Ministerio de Economía argentino también presentó anoche un pedido de revisión ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El objetivo es aplazar la ejecución del fallo y evitar un embargo de los fondos enviados por el país al Bank of New York para pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes de la deuda. Fuentes oficiales admitieron ayer a LA NACION que las posibilidades de que se revea el fallo de Griesa son pocas y que lo que se busca ahora es minimizar los daños.
Desconcertados por la poca atención que les prestó el juez a los argumentos de la Reserva Federal de Estados Unidos y de los bonistas que aceptaron el canje, funcionarios del Gobierno tratan de precisar ahora si también es posible que se vean afectados "pagos de la Argentina que están en una zona gris".
Dado que Griesa aclaró que los recursos que distribuirá el Bank of New York (BoNY) no son embargables -ni siquiera los que el país girará el 15 del mes próximo a Nueva York por US$ 3100 millones-, el temor del Gobierno es que los demandantes "ataquen los flujos de pago" del país.
"Como Griesa no tuvo en cuenta el impacto que su escrito puede tener ante terceros, tenemos más esperanza de que la cámara pueda revisar su decisión", dijo una fuente oficial.
Un eje conceptual se impone por encima de todas las quejas a los fallos de la justicia norteamericana: la disrupción al sistema de pagos, tal como lo argumentó también la Fed en su propio escrito en esta causa.
"El gran asunto a develar no es el fondo de la cuestión, sino si la cadena de pagos es atacable o no", indicó la fuente. El funcionario no quiso opinar sobre las especulaciones del mercado en torno de la posibilidad de que el Gobierno deposite una garantía en una "cuenta testigo" antes del 15 de diciembre, a la espera de la resolución definitiva de la causa.
"Ésos son planteos instrumentales para una etapa posterior", indicó la fuente, sin dar más precisiones.
La única decisión trascendente para el Gobierno sería lograr que se reinstale la "suspensión" de la sentencia, tal como lo pidió en la revisión del fallo conocida anoche, de modo de poder hacer los pagos de diciembre sin sobresaltos y eludir un default que la mayoría del mercado ya juzga inevitable. En un comunicado, la Presidencia informó que la "Argentina resalta que la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros". Además, criticó nuevamente a Griesa.
Pero esta concesión, indicaron abogados que participan del caso, difícilmente pueda lograrse sin ese depósito, más allá de la lectura política que pueda hacerse al respecto.
"Hay que ser un poco audaz y plantear un mecanismo de negociación de la cuenta testigo, al menos con una suma baja, pero que refleje que el país tiene buena fe. Además, el juez ya planteó a las partes que se pongan de acuerdo sobre este tema", indicó una fuente del sector privado con acceso al expediente.
Ayer, la energía del Ministerio de Economía y de los fondos de inversión que participaron de los canjes estuvo colocada en preparar nuevos escritos para que sea reinstalado el efecto suspensivo de la sentencia de segunda instancia.
Al respecto, el abogado Eugenio Bruno, especialista en temas de deuda, dijo que "el mejor camino sería apelar, pero usando argumentos técnico-legales, como cuestionar la aplicación del pari passu tal como ha sido entendida en este caso, defender el fideicomiso constituido mediante el BoNY, reinstalar el no innovar en virtud de la existencia de pagos durante varios años más, cuestionar la fórmula de pago y la cuenta escrow". En cambio, sostuvo: "No creo que sirva utilizar argumentaciones políticas, de justicia o injusticia, de afectación de futuras reestructuraciones", que ya fueron desestimadas por los tribunales.
En cuanto a las posibilidades que tienen los bonistas que ingresaron a los canjes de revertir ante la Cámara de Apelaciones la negativa de ayer de Griesa, Bruno admitió sus dudas. "Usualmente no tiene tiempos fijos para expedirse, pero por la inminencia de la fecha de pago (15 de diciembre) quizá pueda expedirse antes de dicha fecha, pero no puede anticiparse nada en este momento", explicó.
En el plano de las suposiciones, ni Bruno ni otro experto legal consultado por LA NACION dieron demasiada importancia a la versión que da cuenta de la posibilidad de que la Argentina cambie el lugar de pago a los bonistas en diciembre. "Si hacen eso estarían en desobediencia con la orden de Griesa de no cambiar el lugar de pago y de considerar cómplices a los abogados o bancos que ayuden al país a eludir el fallo", indicó el experto.
Un informe del banco Credit Suisse indicó que "mientras la situación de la Argentina y de los bonistas reestructurados parece ser muy difícil, se mantiene la posibilidad de que la Corte de Apelaciones subsane la orden de Griesa respecto de la responsabilidad de las terceras partes intermediarias".
Al respecto, Boris Segura, de Nomura Securities, consideró que "la última esperanza de la Argentina de no incurrir en default técnico es que las instancias judiciales superiores a Griesa le garanticen al país reintroducir el suspenso antes del 15 de diciembre".
Con la colaboración de Rafael Mathus Ruiz, desde Nueva York

Posiciones en pugna

El juicio, cada vez más complicado

  • Thomas Griesa
    Juez de Nueva York
  • El juez negó ayer el pedido de los bonistas que entraron en el canje de sumarse como parte activa de la causa y de aplazar el fallo que obliga al país a pagar. Los fondos de inversión apelaron la decisión ante la cámara, que deberá decidir si acepta el planteo

  • El argumento central de los bonistas es que la decisión de la justicia los deja de rehenes y pone en peligro la economia global La Cámara de Apelaciones no tiene plazo para tratar esta solicitud, pese a la cercanía del pago del 15 de diciembre

  • Hernán Lorenzino
    Ministro de Economía
  • El ministro de Economía y los abogados del país presentaron anoche el escrito para que la Cámara de Apelaciones revise su fallo Allí pide "el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar"

  • Denuncia "la inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu". Critica el "ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes" nacionales, como la ley cerrojo

cupones, en el ojo de la tormenta

La tasa de riesgo subió 11,9% ayer (a 1283 puntos) ante una nueva caída de los bonos argentinos que se operan en el exterior, porque cada vez más inversores creen que el país se encamina a un default técnico. Los más castigados fueron los cupones del PBI en dólares bajo legislación de Estados Unidos, cuyo pago debería hacerse cuando vence el plazo para depositar US$ 1333 millones: cayeron hasta 10,7%..
Del editor: cómo sigue.
El Gobierno espera que la Cámara rechace el fallo del juez Griesa y que en su opinión pese el riesgo de la delicada situación internacional.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Algunos bonistas de EEUU cuestionan fallo de Griesa

Los acreedores que entraron al canje también pidieron que se suspenda el fallo de Griesa

Por Ana Baron. Corresponsal en Washington (Clarín)

Lo solicitaron a la cámara de Apelaciones de Nueva York. Temen ser alcanzados por una eventual suspensión de pagos. "Confiamos en que el Tribunal de Apelaciones diga que es un error”, dijo más temprano el abogado del fondo Gramercy.
Anticipándose a la presentación que hará hoy la Argentina, los tenedores de bonos que ingresaron en el canje solicitaron esta tarde a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspenda el fallo del juez federal Thomas Griesa, que obliga al Gobierno argentino a pagarle a los fondos buitre cerca de 1.300 millones de dólares el 15 de diciembre próximo.
“La decisión de la corte de distrito (es decir, del juez Griesa) excede su mandato y frustra las apelaciones que esta Corte específicamente ordenó el 26 de octubre pasado” dice el texto presentado por el llamado Exchange Bondholders Group(EBG), un grupo de tenedores que aceptaron la reestructuración de su deuda liderada por el fondo de inversión Gramercy.
En la presentación, el EGB argumenta que ellos aceptaron cobrar “30 centavos por cada dólar para ayudar a la reestructuración de la deuda argentina de acuerdo a la política fiscal internacional del gobierno de Estados Unidos.” Y que por eso no “deberían padecer nuevas penalidades".
EGB y Gramercy en particular han venido apoyando la posición jurídica argentina. Temen que si la Argentina es obligada a pagarle a los fondos buitres, caiga en default técnico y le sea muy difícil pagarles a ellos también.

Una visión alternativa sobre la deuda externa y la presión de los buitres

Un tribunal estadounidense obliga a la Argentina a cancelar deuda “lo antes posible”
 


En el fallo del Juez Thomas P. Griesa1, de un tribunal neoyorkino, se obliga a la Argentina a cancelar deuda “lo antes posible”, con bonistas demandantes ante los tribunales de EEUU.
Son tenedores de títulos que entraron en default en el 2001, y que no ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010. Recordemos que solo el 7% de tenedores de títulos no se acogieron a los beneficios de las renegociaciones de deuda.
El fallo señala que “será aplicable a los pagos de intereses efectuados a los bonistas en diciembre de 2012. Para evitar confusiones y dar un tiempo razonable para arreglar la mecánica, el tribunal especifica que el pago de intereses en cuestión será el del 15 de diciembre de 2012. Al abogado de Argentina se le ordena consultar con el abogado de los demandantes para determinar la suma exacta que se pagará a los demandantes y otras mecánicas.”
El poder ejecutivo anunció que apelará el fallo del juez estadounidense, por arbitrario, e incluso, argumentando que se sienta un precedente grave para cualquier negociación de deuda en curso o a futuro. De avanzar el fallo, argumentan en el gobierno, nadie ingresará a los canjes que se negocian en Grecia, o cualquier otro país con problemas de endeudamiento, pues siempre se podrá acudir a la justicia con jurisdicción para ello.
Algo que omiten destacar con este argumento es que quién cedió la soberanía jurídica ha sido el propio Estado argentino, y no solo los gobiernos de la entrega en la década del 90´.
El propio fallo destaca que: “En la reunión del 9 de noviembre de 2012, el tribunal recordó a todas las partes interesadas que Argentina está sometida a la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York, a lo que Argentina dio su consentimiento. En los últimos diez años, Argentina repetidas veces sometió los asuntos al Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones y recibió un tratamiento indudablemente imparcial, dado que Argentina se impuso en la mayoría de las cuestiones.”
Más allá de los montos en juego, pues el 7% no ingresado al canje es por 7.000 millones de dólares (unos 4.000 millones según las condiciones de los canjes de Kirchner y Fernández), y la demanda es por 1.600 millones de dólares (unos 900 millones con la quita), la situación ahora presentada es demostrativa de que teníamos razón cuando denunciábamos que la deuda era un condicionante de política económica y al mismo tiempo profundizaba la dependencia económica, política y jurídica de la Argentina.
Junto a la denuncia señalábamos que la deuda antes de negociarla debía ser investigada, auditada, que existen ejemplos internacionales, que estaba en juego la independencia y la autonomía del país. La principal lección para extraer sobre este fallo, o sobre el embargo que opera sobre la Fragata Libertad es que la Argentina debe denunciar la entrega de su soberanía al permitir litigar en país extranjero.
Es algo que debe realizarse denunciado los tratados bilaterales de inversión y toda medida de subordinación a tribunales extranjeros, como ocurre con el CIADI. Brasil nunca adhirió al protocolo del CIADI, y Venezuela hace poco siguió el camino ya recorrido por Bolivia y Ecuador, de retirarse de este antro del imperio para defender los intereses de las transnacionales. Recordemos que la Argentina es el país más demandado ante el CIADI.
Que no se haya hecho la auditoria o investigación en el 2005, o en el 2010, no impide realizarla ahora. El fallo, además de ser apelado, otorga la oportunidad política de enfrentar el lazo de la dependencia que construyó y reafirma el endeudamiento público.
Nunca es tarde. ¡Es el momento de denunciar la subordinación a los tribunales extranjeros y auditar e investigar la deuda!

Nota:
1 Juez de Distrito de EEUU, en fallo fechado el 21 de noviembre de 2012 en Nueva York.

Fondos buitre: la apelación argentina


La deuda en default

Wall Street, expectante por la apelación argentina

Se haría hoy la presentación judicial en Nueva York; analistas plantean escenarios alternativos
Por Silvia Pisani  | LA NACION

WASHINGTON.- Con la mira de Wall Street encima, el temor de que caiga en un nuevo default y presionada por la fecha límite del próximo 15 de diciembre, la Argentina entra hoy en tiempo de descuento para apelar el fallo que la condena a depositar US$ 1330 millones como garantía para honrar bonos de deuda impagos desde hace once años.
Se trata, en su mayoría, de papeles en poder de inversores especulativos, los llamados "fondos buitre" y a los que el Gobierno prometió "no pagarles nunca un solo peso", afirmación que, sin embargo, y ante lo espinoso del panorama judicial, empezaba ayer a ser puesta en duda en medios financieros. "El fallo que tiene ahora por delante tal vez la obligue a negar esas expresiones", conjeturó ayer el diario inglés Financial Times en una nota.
Las opiniones entre operadores están divididas a la hora de conjeturar sobre el futuro del fallo que, de mantenerse firme, la pone a las puertas de un nuevo default. De acuerdo con el anuncio del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, a partir de las 9 de hoy (las 11 en la Argentina) corre el plazo para que el país presente ante la Cámara de Apelaciones el anunciado escrito con el que pedirá la revisión del fallo que produjo el juez del distrito neoyorquino Thomas Griesa. La posibilidad firme es que la Argentina formalice hoy el pedido, en el que estuvo trabajando durante todo el fin de semana. Pero podría demorarse un poco más, si lo necesita.
Según afirmó ayer el diario Página 12, la estrategia oficial será apelar en su integridad la decisión de Griesa. Tanto en el fondo de la cuestión -la obligación de "tratamiento igualitario" a quienes rechazaron las dos reestructuraciones ofrecidas por el Gobierno- así como el mecanismo de pago dispuesto por el juez.
De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el diario, la presentación argentina dirá que el criterio del magistrado no puede aceptarse porque eso perjudicaría la posibilidad de que otros países lleven adelante "procesos de reestructuración de deuda con quita significativa, reducción de los intereses y extensión de los plazos" de pago. También objetará el mecanismo de pago dispuesto por el magistrado neoyorquino e incorporará las posiciones de las distintas instituciones financieras estadounidenses que "respaldaron" la posición del país en ese sentido.
Entre ellos, el Banco de Nueva York -que es la entidad agente para el pago de la deuda-, la Reserva Federal y los fondos de inversión que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010.
En las últimas horas, la decisión de Griesa fue cuestionada por no pocos operadores de mercado. "La verdad es que el magistrado no parece ver que la Argentina está pagando bien a sus acreedores de deuda reestructurada", dijo Rob Drijkoningen, a cargo de deuda emergente en ING Investment Management, para quien el fallo puede poner en riesgo ese frente.
Es que si el Gobierno cumple con su amenaza de no acatar la orden judicial, Griesa adelantó que echará mano a los pagos por US$ 3100 millones que, en pocos días, se depositarán en Estados Unidos para hacer frente a esos pagos. Eso podría implicar un incumplimiento técnico de la deuda, porque el dinero enviado para el pago regular sería dividido entre más acreedores.
La cuestión caló tan hondo en Wall Street que ya hay quienes elaboran escenarios alternativos para el caso de que el fallo prospere.
Uno de los más comentados era el del analista jefe de mercados emergentes de JP Morgan, Vladimir Werning, según quien la nada desechable posibilidad de que el fallo de Griesa sea ratificado abre otras opciones a las autoridades argentinas, entre ellas, algunas de impacto político. Una de las citadas es la de optar por una nueva "ruta de pago" para la deuda reestructurada, dentro del país en lugar de hacerlo en el exterior.
Se trata de ejercicios que revelan la impresión de que el fallo tenía posibilidades de quedar firme. Esas impresiones se basan en el hecho de que, en rigor, la Cámara ya avaló semanas atrás el criterio de Griesa en el sentido de pagar a los "fondos buitre". Si el magistrado volvió a pronunciarse fue, precisamente, porque el tribunal de revisión le pidió que sugiriera un "mecanismo de pago" para la demanda promovida por esos fondos.
"Acusar al juez Griesa de colonialismo legal es de tontos", sostuvo ayer el Financial Times, en referencia a los dichos del ministro Hernán Lorenzino. Pero, al mismo tiempo, por las "implicancias internacionales", deslizó que el expediente era demasiado como para estar en manos de un tribunal de apelación y clamó para que lo tome "cuanto antes" la Corte Suprema norteamericana.
"Hay varias opciones de apelación, pero lo más urgente es conseguir que, antes del 15, se reinstale el efecto de no innovar" y se exima así de depositar los US$ 1330 millones, explicó Eugenio Bruno, experto en reestructuración de deuda del Estudio Garrido. El letrado aceptó que hay "mucho de injusticia" en el fallo que favorece a los fondos especulativos, pero anticipó que no será eso lo que "convencerá" a los jueces sino los argumentos "un poco más técnicos".

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EL PAIS › APELARA HOY EL FALLO DE GRIESA ANTE LA CAMARA DE APELACIONES

El Gobierno muestra sus cartas

Página/12
El argumento argentino será que la implementación del fallo que ordena pagarles a los fondos buitre pondrá en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda y tendrá consecuencias sobre el funcionamiento de la plaza financiera de Nueva York.

El gobierno argentino apelará hoy el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, que ordenó el pago de 1330 millones de dólares al contado para tenedores de bonos de la deuda argentina en default y que no aceptaron las dos propuestas de canje que realizó el país. La presentación será ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que había aceptado la posición de Griesa acerca de que Argentina incumplió la cláusula de pari passu con los holdouts y le solicitó al magistrado que determine cuánto y cómo debe pagar el país. El argumento argentino será que la implementación del fallo pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana a nivel global y tendrá consecuencias sobre el funcionamiento de la plaza financiera de Nueva York.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, calificó de “injusta” la medida, expresó su confianza en que la Cámara de Apelaciones la revoque, aunque advirtió que si la sentencia es desfavorable el Gobierno tiene decidido llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La medida no afecta el pago de 45 millones de dólares que debe realizar el país el 2 de diciembre, pero en cambio genera dudas sobre la cancelación de los 3500 millones de dólares del cupón PBI que se debe abonar el 15 de diciembre. Griesa dictaminó que la Argentina debe constituir un fondo de garantía de 1330 millones de dólares en Nueva York si pretende realizar el pago del cupón PBI. Lorenzino confía que la Cámara se expedirá antes de esa fecha y, por ende, no correrá riesgos el servicio del vencimiento programado.
El ministro fustigó el procedimiento de Griesa, que recibió nueve presentaciones de terceros que respaldaban la posición argentina y que en menos de 48 horas dictó el fallo. Frente a esta situación el funcionario calificó la medida de “colonialismo judicial”, enfatizó que es “violatoria de la soberanía nacional” y dijo: “Sólo falta que nos mande a la 5ta. Flota”.
En su fallo, el juez Thomas Griesa no sólo se ajustó al pedido de la Corte de Apelaciones de instrumentar la forma de pago, sino que además fue muy duro en sus fundamentos con diferentes expresiones políticas, incluidas manifestaciones de la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. “Sin duda, una circunstancia extraordinaria más grave surge de las continuas declaraciones de la Presidenta de la Argentina y el gabinete, señalando que la Argentina no honrará o llevará adelante las decisiones actuales de la Corte de Distrito y el Tribunal de Apelaciones en el litigio en el que la Argentina es parte”, escribió Griesa en su dictamen. Pero luego fue más fuerte aún: “El gobierno argentino debe alejarse de estas amenazas poco aconsejables para desafiar las resoluciones judiciales. Cualquier desafío a ellas no sólo sería ilegal, sino que representa la peor clase de irresponsabilidad en tratar con la Justicia”. “La Argentina debe esto y lo debe ahora”, dijo el juez con una contundencia inusual.
La Presidenta, en un discurso en Villa Constitución, había dicho que “no pagaremos de cualquier modo” y citó conceptos del ex presidente Néstor Kirchner de 2004 sobre los llamados fondos buitre. “No se trata de ideologías, no se trata de capricho, de temeridad, verborragia, inflexibilidad o como quieran llamarlo”, puntualizó la Presidenta.

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DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Argentina apela hoy el fallo de Griesa a favor de los fondos buitre

Clarín
Argumentará que si esa sentencia no se cambia, se creará un mal antecedente para los futuros canjes de deuda en todo el mundo.

El Gobierno argentino jugará hoy una fuerte apuesta ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York: presentará formalmente un escrito contra el fallo que, en una instancia anterior, emitió el miércoles pasado el juez estadounidense Thomas Griesa en favor de los fondos buitre (especulativos) que reclaman al país por los bonos impagos.
El planteo busca, al menos, limitar el alcance de esa sentencia que obliga a la Argentina a pagarle a los fondos Dart y NML el 100% de lo que reclaman . Y fija como plazo el 15 de diciembre , el mismo día en que Argentina debe pagar a los bonistas que aceptaron el canje unos US$ 3.500 millones por el llamado “cupón PBI”, que es un título que vincula su rendimiento al nivel de crecimiento de la economía.
El escrito fue redactado en los últimos días por los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, que representa a la Argentina en Estados Unidos. Lo hicieron en consulta con miembros del equipo económico que encabeza el ministro Hernán Lorenzino.
Entre los argumentos que expondrá, advierte que se sentará un mal antecedente para futuros canje de deuda en todo el mundo . Y que se perjudica a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda que Argentina ofreció en 2005 y 2010 para ir dejando atrás la cesación de pagos que se declaró en 2001.
Es que si el país debe pagar a los fondos buitre los US$ 1.300 millones que ordenó el juez Griesa, se afectarán los recursos disponibles para pagar los vencimientos de la nueva deuda . Esto, además, iría en contra de uno de los criterios enarbolados por el juez neoyorquino: la igualdad de derechos de los acreedores . El Gobierno dirá que la medida discrimina en contra de los bonistas y en favor de los fondos propiedad de los multimillonarios Keneth Dar y Paul Singer.
Según revelaron ayer a Clarín fuentes vinculadas a esta negociación, en un mismo escrito los abogados de la Argentina presentarán hoy tres apelaciones ante la justicia de Estados Unidos. La primera apelación es a la llamada medida de “no innovar”.
Esto es, a la decisión de Griesa acerca de que Argentina debe concretar un depósito de US$ 1.330 millones en una cuenta especial de garantía y lo debe hacer, al margen de los trámites de apelación judicial que puedan estar en curso. Argentina pedirá en el escrito regresar al estatus anterior . Es decir, no desembolsar dinero hasta tanto se resuelva la apelación, que puede llevar varios meses.
Sobre este tema clave y sensible, el mismo Griesa admitió que podría haber esperado el resultado de la apelación. Pero también aclaró que decidió crear esa cuenta especial de garantía y obligar a Argentina a un pago rápido, debido a que la presidenta Cristina Kirchner y otros altos funcionarios del Gobierno habían dicho por distintos medios que no pensaban pagar .
El segundo punto se refiere a la fórmula de pago que exigió el juez. Y el tercer planteo será que no se aplique ninguna disposición sobre el Bank of New York, que es el agente financiero que recibe los pagos que realiza Argentina para los bonistas que ingresaron al canje, pero que no representa al Gobierno ni actúa en su nombre.
El monto de la deuda que no ingresó al canje ronda los US$ 11.000 millones , entre capital e intereses. Casi 70% corresponde a bonos emitidos bajo la jurisdicción de Nueva York, donde hoy se dirime la puja judicial. El resto está distribuido mayormente entre bonistas de Europa y Japón.
La apelación generó innumerables expectativas. Algunos expertos advierten que si el trámite fracasa, Argentina quedaría en “default técnico” y eso tendría impacto negativo sobre el comercio exterior, el costo del endeudamiento y el nivel de inversión. En este marco, ayer se reavivó a través de las redes sociales la versión de que el venezolano Hugo Chávez podría prestar la plata para pagar .
El abogado Eugenio Bruno opinó ayer que “es una trampa legal , ya que si el país no paga cae automáticamente en default, y si paga, se compra juicios a futuro de los bonistas que ingresaron al canje pidiendo una reparación”, comentó el experto consultado por este diario.

domingo, 25 de noviembre de 2012

3 semanas clave en conflicto con fondos buitre

Fecha límite: un laberinto judicial y muchos millones en juego

El fallo del juez Thomas Griesa dejó a la Argentina a expensas de la justicia norteamericana; la batalla legal podría impactar fuertemente en la economía local
Por Diego Cabot  | LA NACION
Serán tres semanas intensas en las que se jugará gran parte del futuro cercano de la Argentina y sus finanzas. Serán días de nervios y ansiedades. Y lo que es peor: todo se dará en las tradicionales cortes de Nueva York, con una ley extranjera y litigando desde una posición de extrema debilidad.
Desde que el miércoles a la noche, el juez Thomas Griesa estampó la firma en una sentencia en la que condena a la Argentina a pagar alrededor de 1450 millones de dólares a los holdouts -tenedores de bonos que no entraron a los canjes de deuda-, la Argentina quedó sumida en un laberinto judicial cuyo desenlace nadie se atreve a predecir. Ni tiempos ni montos ni consecuencias; todo es incertidumbre.
Lo único real es que por primera vez desde que se declaró el default, en diciembre de 2001, los bonistas que se quedaron con aquellos papeles impagos pusieron al país entre la espada y la pared. La Fragata Libertad, anclada en Ghana a la espera de una solución, quedó como un símbolo pequeño frente a la magnitud del frente judicial que se desató en Nueva York.
¿Por qué esta vez la resolución de Griesa tiene el peso que no tuvo en otras oportunidades? Por varias y variadas razones, pero la más importante es que obliga al país a pagar a los reclamantes, los cuestionados "fondos buitre" NML y Aurelius y 13 bonistas argentinos, 1330 millones de dólares más los intereses antes del 15 de diciembre.
Según varios especialistas consultados por LA NACION, el terreno en el que quedó parada la defensa de la Argentina para atender la apelación es uno de los más fangosos. Y el resultado, muy incierto.
¿Por dónde vendrá la defensa en uno de los temas de debate por estos días?
Lo primero que hay que saber es dónde se está litigando. Martín Caselli, abogado del estudio que lleva su nombre, así describió la justicia americana. "El fallo revela con vigor el sistema judicial americano y su característica singular: es eminentemente práctico, poco le interesan los formulismos cerrados y atiende a la realidad de las cosas aun valiéndose de la percepción judicial proveniente de noticias periodísticas, pero que logran formar convicción. Es decir, da claro el mensaje de que hará todo a su alcance para que su intervención jurisdiccional no sea testimonial sino efectiva."
Quizás estos dichos sirvan para entender qué fue lo que Griesa falló y en qué entorno lo hizo . Puntualmente, la sentencia es para un solo caso. Sin embargo, una vez firme, es posible que inmediatamente se sumen en el mismo juzgado los 6000 millones de dólares que tampoco entraron al canje y que seguramente, con semejante jurisprudencia, intentarán cobrar su parte.
"Griesa fue muy contundente en su fallo. Por un lado, decidió que se pague antes del 15 de diciembre, fecha en la que la Argentina tiene que depositar plata para pagar una cuota de los bonos de los que sí aceptaron la renegociación de deuda. Por otro, le ordenó al sistema bancario americano que cancele a todos los acreedores en el mismo momento, a los que entraron al canje y a los que no. Y finalmente, no otorgó la apelación con carácter suspensivo, es decir, hay que cumplir mientras se resuelve la apelación", contó un abogado que mucho tuvo que ver con los canjes de 2005 y 2010.
Justamente, el de los efectos de la apelación es uno de los temas técnicos más importantes. Sucede que las apelaciones se conceden de dos maneras: con efectos suspensivos o con efectos resolutivos. Las primeras suspenden el cumplimiento del fallo hasta que se resuelva el recurso; las segundas exigen satisfacer la sentencia mientras se sustancia la segunda instancia.
¿Cómo falló Griesa? Pues de la segunda manera, es decir que hay que pagar mientras se sustancia la apelación. Hugo Bruzone, socio del estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi, es especialista en derecho bancario y mercado de capitales. "El tema más urgente para la Argentina es lograr que el Second Circuit, es decir, la Cámara de Apelaciones, restituya el stay [suspensión de los efectos] mientras reconsidera la decisión de Griesa. Eso le daría cierta tranquilidad en relación con los pagos de diciembre", sostiene.
Según su visión, ahí debería concentrarse la estrategia más urgente. Si eso sucediera, el fallo no tendría la gravedad que tiene, al menos por ahora, y en ese caso, el 15-D pasaría como una fecha más.
Una vez resuelto ese punto, hay otras dos cuestiones. Lo primero es la llamada cláusula pari passu . ¿Qué establece? Que hay que darles el mismo trato a todos los bonistas, hayan aceptado el canje o no. "El juez no está obligado a velar por los intereses de los que entraron al canje. Técnicamente, ellos no son actores del juicio, sino terceros que libre y voluntariamente aceptaron entrar en negociaciones con el deudor y aceptar una quita. La decisión tomada voluntariamente por esos terceros no tiene por qué condicionar la integridad del reclamo del reclamante", dice Caselli.
Por imperio de esta cláusula, el juez sostuvo que hay que pagar a todos sin importar los que aceptaron la quita que propuso la Argentina y los que no. De ahí que la fecha en la que se debe ejecutar el pago, 15 de diciembre, coincide con un vencimiento de los bonos que se entregaron con los canjes de deuda de 2005 y 2010. "El magistrado dictaminó, en forma inédita, que antes del 15 de diciembre se depositen 1330 millones [más intereses] en una cuenta de garantía, para que los fondos buitre cobren el 100% de su demanda, sin considerar la condición de la enorme mayoría de acreedores que ingresó en los canjes de 2005 y 2010. Si el depósito judicial no sucede, los acreedores -bajo legislación norteamericana- no cobrarán en el vencimiento de mediados del mes próximo de alrededor de 3500 millones de dólares", opinan en Analítica, una consultora que dirigen Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez.
Un abogado de un importante estudio de Manhattan, que pidió no ser identificado, no está de acuerdo con esta interpretación. "Acá se presenta un particular con un documento y le dice al juez: «Quiero cobrar». Y el juez le da la razón. Eso es todo, no hay animosidad ni discriminación a los que no entraron", opinó en un correo electrónico.
Algo similar opina Caselli. "No hay que perder de vista que no estamos en un proceso colectivo, tipo concursal, donde el juez debe repartir créditos entre los acreedores. Estamos frente a un juicio iniciado por un particular a quien la ley que rige el contrato, americana, pactada voluntariamente por el emisor del bono, le reconoce el derecho a cobrar el 100% de la acreencia contenida en el bono y reclamarlo ante la única jurisdicción pactada voluntariamente", opinó.

Sistema de pagos

La otra parte importante es la postura frente al sistema de pagos de los bancos de Estados Unidos. A ellos el juez les dice que no pueden liquidar los bonos a los acreedores que entraron al canje sin antes cumplir con el pago a los holdouts. ¿Se atreverá algún banco a apartarse de una sentencia de un juez de Nueva York? La respuesta es no.
A estas alturas de la nota, varios se preguntarán por qué el Gobierno no intenta una negociación con quienes ahora reclaman por fuera de los proceso del canje que lograron convencer al 93% de los tenedores de papeles en default. Por una sencilla razón: no puede. ¿El motivo? Cuando se ofrecieron los canjes, el Gobierno dispuso que se haría una quita promedio de un 65% de la acreencia. Como atractivo para que los ahorristas se interesen por la oferta ofreció varios elementos seductores. Uno, la ley de Estados Unidos, y dos, una cláusula mediante la que se comprometió a empardar la oferta si alguna vez ofrecía voluntariamente un pago mejor a los que no se interesaron por la oferta inicial.
"Eso ata de pies y manos al Gobierno para intentar negociar con los llamados fondos buitre. Si paga algo más que lo que cerró en el canje, tiene que mejorar la oferta del otro 93% que aceptó", dijo un abogado de la City porteña.
Aldo Abram, economista y director de la fundación Libertad y Progreso, opina que cuando se acepta una decisión judicial, el Gobierno no está reconociendo que el otro tiene un derecho, sino que el juez le dio la razón a la otra parte; por lo que no se le está otorgando una situación más beneficiosa a nadie. "Un fallo es, siempre, una imposición legal y no debería dar derecho a reclamo de quienes participaron en el canje", dice Abram.
Es decir, si hay sentencia firme, no se dispararía esa cláusula que, además, tiene vencimiento en diciembre de 2014.
Pero más allá de lo que falle el tribunal de segunda instancia, después quedaría la Corte de Estados Unidos. Caselli, que estudió en la Universidad de Washington sobre el asunto, no ve muy probable la apertura de la instancia. "La Corte interviene en asuntos donde se ven comprometidas verdaderas cuestiones federales. Este tema puede tener impacto político, e incluso económico, pero no veo que comprometa al sistema federal de Estados Unidos", apunta.
Nadie adelanta un fallo. Después de todo, la cuestión está en manos de una justicia que no es argentina.

Diciembre llega con un panorama sombrío

La Argentina mantiene una larga cuenta de deuda en default. Según un estudio de Econométrica que realizó Ramiro Castiñeira, la deuda pública que no ingresó en el canje suma US$ 6600 millones de capital, que se extiende a 11.200 millones, al sumar los intereses devengados no pagados desde 2002 a la fecha.
"El 12% de este último monto está en manos de fondos de inversión que prefirieron el camino de la Justicia para reclamar su derecho de cobrar sin quita", dice Castiñeira. Bajo legislación americana está 67% del total, equivalente a US$ 7500 millones, de los cuales 1300 se negocian en este caso. Quedan 6200 millones que esperan desde la gatera su resolución para recibir igual. Además, hay 3500 millones bajo legislación inglesa.
Si la cámara ratifica la exigencia de que el Gobierno haga un depósito como garantía de pago por si la causa termina en su contra, entonces sólo en diciembre el Estado tendrá erogaciones por US$ 5445 millones.
Para el año que viene, la situación parece algo mejor. "Los pagos de la deuda pública en todo 2013 son más holgados que los de este año. Argentina no crecería por arriba del 3,2% este año como para "gatillar" un nuevo pago del Cupón PBI en 2013.
"En consecuencia, sólo tiene compromisos de deuda en moneda extranjera por US$ 4600 millones, magnitud equivalente a menos de 1% del PBI", dice Castiñeira.