3 semanas clave en conflicto con fondos buitre

Fecha límite: un laberinto judicial y muchos millones en juego

El fallo del juez Thomas Griesa dejó a la Argentina a expensas de la justicia norteamericana; la batalla legal podría impactar fuertemente en la economía local

Por Diego Cabot  | LA NACION

    

Serán tres semanas intensas en las que se jugará gran parte del futuro cercano de la Argentina y sus finanzas. Serán días de nervios y ansiedades. Y lo que es peor: todo se dará en las tradicionales cortes de Nueva York, con una ley extranjera y litigando desde una posición de extrema debilidad.

 

Desde que el miércoles a la noche, el juez Thomas Griesa estampó la firma en una sentencia en la que condena a la Argentina a pagar alrededor de 1450 millones de dólares a los holdouts -tenedores de bonos que no entraron a los canjes de deuda-, la Argentina quedó sumida en un laberinto judicial cuyo desenlace nadie se atreve a predecir. Ni tiempos ni montos ni consecuencias; todo es incertidumbre.

Lo único real es que por primera vez desde que se declaró el default, en diciembre de 2001, los bonistas que se quedaron con aquellos papeles impagos pusieron al país entre la espada y la pared. La Fragata Libertad, anclada en Ghana a la espera de una solución, quedó como un símbolo pequeño frente a la magnitud del frente judicial que se desató en Nueva York.

¿Por qué esta vez la resolución de Griesa tiene el peso que no tuvo en otras oportunidades? Por varias y variadas razones, pero la más importante es que obliga al país a pagar a los reclamantes, los cuestionados "fondos buitre" NML y Aurelius y 13 bonistas argentinos, 1330 millones de dólares más los intereses antes del 15 de diciembre.

Según varios especialistas consultados por LA NACION, el terreno en el que quedó parada la defensa de la Argentina para atender la apelación es uno de los más fangosos. Y el resultado, muy incierto.

¿Por dónde vendrá la defensa en uno de los temas de debate por estos días?

Lo primero que hay que saber es dónde se está litigando. Martín Caselli, abogado del estudio que lleva su nombre, así describió la justicia americana. "El fallo revela con vigor el sistema judicial americano y su característica singular: es eminentemente práctico, poco le interesan los formulismos cerrados y atiende a la realidad de las cosas aun valiéndose de la percepción judicial proveniente de noticias periodísticas, pero que logran formar convicción. Es decir, da claro el mensaje de que hará todo a su alcance para que su intervención jurisdiccional no sea testimonial sino efectiva."

Quizás estos dichos sirvan para entender qué fue lo que Griesa falló y en qué entorno lo hizo . Puntualmente, la sentencia es para un solo caso. Sin embargo, una vez firme, es posible que inmediatamente se sumen en el mismo juzgado los 6000 millones de dólares que tampoco entraron al canje y que seguramente, con semejante jurisprudencia, intentarán cobrar su parte.

"Griesa fue muy contundente en su fallo. Por un lado, decidió que se pague antes del 15 de diciembre, fecha en la que la Argentina tiene que depositar plata para pagar una cuota de los bonos de los que sí aceptaron la renegociación de deuda. Por otro, le ordenó al sistema bancario americano que cancele a todos los acreedores en el mismo momento, a los que entraron al canje y a los que no. Y finalmente, no otorgó la apelación con carácter suspensivo, es decir, hay que cumplir mientras se resuelve la apelación", contó un abogado que mucho tuvo que ver con los canjes de 2005 y 2010.

Justamente, el de los efectos de la apelación es uno de los temas técnicos más importantes. Sucede que las apelaciones se conceden de dos maneras: con efectos suspensivos o con efectos resolutivos. Las primeras suspenden el cumplimiento del fallo hasta que se resuelva el recurso; las segundas exigen satisfacer la sentencia mientras se sustancia la segunda instancia.

¿Cómo falló Griesa? Pues de la segunda manera, es decir que hay que pagar mientras se sustancia la apelación. Hugo Bruzone, socio del estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi, es especialista en derecho bancario y mercado de capitales. "El tema más urgente para la Argentina es lograr que el Second Circuit, es decir, la Cámara de Apelaciones, restituya el stay [suspensión de los efectos] mientras reconsidera la decisión de Griesa. Eso le daría cierta tranquilidad en relación con los pagos de diciembre", sostiene.

Según su visión, ahí debería concentrarse la estrategia más urgente. Si eso sucediera, el fallo no tendría la gravedad que tiene, al menos por ahora, y en ese caso, el 15-D pasaría como una fecha más.

Una vez resuelto ese punto, hay otras dos cuestiones. Lo primero es la llamada cláusula pari passu . ¿Qué establece? Que hay que darles el mismo trato a todos los bonistas, hayan aceptado el canje o no. "El juez no está obligado a velar por los intereses de los que entraron al canje. Técnicamente, ellos no son actores del juicio, sino terceros que libre y voluntariamente aceptaron entrar en negociaciones con el deudor y aceptar una quita. La decisión tomada voluntariamente por esos terceros no tiene por qué condicionar la integridad del reclamo del reclamante", dice Caselli.

Por imperio de esta cláusula, el juez sostuvo que hay que pagar a todos sin importar los que aceptaron la quita que propuso la Argentina y los que no. De ahí que la fecha en la que se debe ejecutar el pago, 15 de diciembre, coincide con un vencimiento de los bonos que se entregaron con los canjes de deuda de 2005 y 2010. "El magistrado dictaminó, en forma inédita, que antes del 15 de diciembre se depositen 1330 millones [más intereses] en una cuenta de garantía, para que los fondos buitre cobren el 100% de su demanda, sin considerar la condición de la enorme mayoría de acreedores que ingresó en los canjes de 2005 y 2010. Si el depósito judicial no sucede, los acreedores -bajo legislación norteamericana- no cobrarán en el vencimiento de mediados del mes próximo de alrededor de 3500 millones de dólares", opinan en Analítica, una consultora que dirigen Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez.

Un abogado de un importante estudio de Manhattan, que pidió no ser identificado, no está de acuerdo con esta interpretación. "Acá se presenta un particular con un documento y le dice al juez: «Quiero cobrar». Y el juez le da la razón. Eso es todo, no hay animosidad ni discriminación a los que no entraron", opinó en un correo electrónico.

Algo similar opina Caselli. "No hay que perder de vista que no estamos en un proceso colectivo, tipo concursal, donde el juez debe repartir créditos entre los acreedores. Estamos frente a un juicio iniciado por un particular a quien la ley que rige el contrato, americana, pactada voluntariamente por el emisor del bono, le reconoce el derecho a cobrar el 100% de la acreencia contenida en el bono y reclamarlo ante la única jurisdicción pactada voluntariamente", opinó.

Sistema de pagos

La otra parte importante es la postura frente al sistema de pagos de los bancos de Estados Unidos. A ellos el juez les dice que no pueden liquidar los bonos a los acreedores que entraron al canje sin antes cumplir con el pago a los holdouts. ¿Se atreverá algún banco a apartarse de una sentencia de un juez de Nueva York? La respuesta es no.

A estas alturas de la nota, varios se preguntarán por qué el Gobierno no intenta una negociación con quienes ahora reclaman por fuera de los proceso del canje que lograron convencer al 93% de los tenedores de papeles en default. Por una sencilla razón: no puede. ¿El motivo? Cuando se ofrecieron los canjes, el Gobierno dispuso que se haría una quita promedio de un 65% de la acreencia. Como atractivo para que los ahorristas se interesen por la oferta ofreció varios elementos seductores. Uno, la ley de Estados Unidos, y dos, una cláusula mediante la que se comprometió a empardar la oferta si alguna vez ofrecía voluntariamente un pago mejor a los que no se interesaron por la oferta inicial.

"Eso ata de pies y manos al Gobierno para intentar negociar con los llamados fondos buitre. Si paga algo más que lo que cerró en el canje, tiene que mejorar la oferta del otro 93% que aceptó", dijo un abogado de la City porteña.

Aldo Abram, economista y director de la fundación Libertad y Progreso, opina que cuando se acepta una decisión judicial, el Gobierno no está reconociendo que el otro tiene un derecho, sino que el juez le dio la razón a la otra parte; por lo que no se le está otorgando una situación más beneficiosa a nadie. "Un fallo es, siempre, una imposición legal y no debería dar derecho a reclamo de quienes participaron en el canje", dice Abram.

Es decir, si hay sentencia firme, no se dispararía esa cláusula que, además, tiene vencimiento en diciembre de 2014.

Pero más allá de lo que falle el tribunal de segunda instancia, después quedaría la Corte de Estados Unidos. Caselli, que estudió en la Universidad de Washington sobre el asunto, no ve muy probable la apertura de la instancia. "La Corte interviene en asuntos donde se ven comprometidas verdaderas cuestiones federales. Este tema puede tener impacto político, e incluso económico, pero no veo que comprometa al sistema federal de Estados Unidos", apunta.

Nadie adelanta un fallo. Después de todo, la cuestión está en manos de una justicia que no es argentina.

Diciembre llega con un panorama sombrío

La Argentina mantiene una larga cuenta de deuda en default. Según un estudio de Econométrica que realizó Ramiro Castiñeira, la deuda pública que no ingresó en el canje suma US$ 6600 millones de capital, que se extiende a 11.200 millones, al sumar los intereses devengados no pagados desde 2002 a la fecha.

"El 12% de este último monto está en manos de fondos de inversión que prefirieron el camino de la Justicia para reclamar su derecho de cobrar sin quita", dice Castiñeira. Bajo legislación americana está 67% del total, equivalente a US$ 7500 millones, de los cuales 1300 se negocian en este caso. Quedan 6200 millones que esperan desde la gatera su resolución para recibir igual. Además, hay 3500 millones bajo legislación inglesa.

Si la cámara ratifica la exigencia de que el Gobierno haga un depósito como garantía de pago por si la causa termina en su contra, entonces sólo en diciembre el Estado tendrá erogaciones por US$ 5445 millones.

Para el año que viene, la situación parece algo mejor. "Los pagos de la deuda pública en todo 2013 son más holgados que los de este año. Argentina no crecería por arriba del 3,2% este año como para "gatillar" un nuevo pago del Cupón PBI en 2013.

"En consecuencia, sólo tiene compromisos de deuda en moneda extranjera por US$ 4600 millones, magnitud equivalente a menos de 1% del PBI", dice Castiñeira.